Derechos Humanos
“Detrás de un preso existe todo un sistema plagado de violaciones a sus derechos”

Imagina que una madrugada, mientras duermes, un grupo de diez policías rompe las ventanas y entra en tu casa. Imagina que te arrojan al suelo y te golpean. Imagina que te tapan la vista, te sacan a rastras de casa y te meten a la fuerza en una camioneta. Imagina que no sabes adónde te llevan, ni por qué. Imagina que durante el camino te golpean con un tubo de metal, que te rompen el hombro y la nariz. Imagina que te hablan en un idioma que no entiendes. Imagina que te dicen que te han detenido por un crimen que no has cometido. Imagina que te torturan para obligarte a que digas que sí lo cometiste. 

Juan de la Cruz tenía 22 años cuando en 2007 más de diez agentes entraron en su casa y le detuvieron sin orden de captura ni explicación de qué estaba ocurriendo. Estuvo retenido tres días, en los que sufrió todo tipo de torturas. 

“Le sentaron en una silla y le electrocutaron con corriente eléctrica en sus partes íntimas. Le golpearon con las manos cubiertas. Le asfixiaron con una bolsa de plástico en la cabeza. Después le introdujeron por la nariz una mezcla de agua con gas y chile en polvo”, describe Susana de la Cruz, hermana de Juan e integrante de Familiares de Presos en Lucha, un colectivo en defensa de presos indígenas que denuncian haber sido detenidos arbitrariamente y torturados en Chiapas (México).

Al final del tercer día, los agentes entregaron a Juan unos documentos y le dijeron que, si los firmaba, le soltarían. Los documentos estaban escritos en castellano, una lengua que Juan desconocía, ya que solo hablaba el tzotzil, la lengua de su pueblo. En estos documentos constaba que Juan reconocía ser culpable del homicidio de un vecino de su comunidad. Cuando Juan firmó los papeles, tenía los ojos vendados. 

Después, le trasladaron a la Fiscalía indígena en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, adonde le esperaba su familia. Cuando Susana pudo entrar a ver a su hermano, Juan estaba encorvado, no se tenía en pie, se sujetaba en los barrotes de la celda y tenía la nariz hinchada por los golpes. Antes de que pudiera explicarle lo ocurrido, un agente les interrumpió asegurando que todo había sido un error y que ya iban a liberar a Juan. 

Pero no era cierto: al poco tiempo Susana vio salir a Juan esposado, con los pies encadenados y custodiado por dos agentes que lo sujetaron por los brazos, le fotografiaron para su ficha policial, y le llevaron a prisión. Juan de la Cruz estaba acusado de homicidio calificado, y la Fiscalía pedía para él once años de prisión.

“Después de que mi hermano estuviera un año en prisión, le fabricaron otro delito, esta vez por extorsión. Y si él ya estaba en la cárcel, ¿cómo iba a extorsionar a nadie?”

“En el proceso hubo muchas irregularidades, empezando por la tortura”, explica Susana de la Cruz. “Después de que mi hermano estuviera un año en prisión, le fabricaron otro delito, esta vez por extorsión. Y si él ya estaba en la cárcel, ¿cómo iba a extorsionar a nadie?”, se pregunta.

La organización de los presos

El de Juan no era un caso aislado. Durante el tiempo que estuvo en prisión, conoció a otros presos indígenas que también habían sido detenidos sin orden de captura y habían sufrido torturas, y decidieron organizarse. Enviaron cartas y comunicados denunciando que habían sido detenidos injustamente y reclamando la revisión de sus expedientes judiciales, y su libertad. Desde fuera de la cárcel, los familiares hicieron manifestaciones y plantones, se organizaron en el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha y el grupo de trabajo No Estamos Todxs, y recibieron el apoyo de entidades como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba). Pero las autoridades se negaban a atenderles y, cuando lo hacían, no daban ninguna solución.

“La mayoría de las cárceles en Chiapas están cubiertas por población indígena. Las detenciones siguen los mismos patrones: nunca se dio una orden de aprehensión, los detenidos no tuvieron traductor a la hora de su declaración”

 “La mayoría de las cárceles en Chiapas están cubiertas por población indígena. Las detenciones siguen los mismos patrones: nunca se dio una orden de aprehensión, los detenidos no tuvieron traductor a la hora de su declaración. Las confesiones son arrancadas bajo torturas. Son personas que no saben cómo debe ser un proceso judicial, que no saben cuáles son los derechos que tienen a la hora de enfrentarse a la Justicia, y que no hablan el mismo idioma. La mayoría son tzotziles o tzeltales, y son personas que viven en comunidades donde el hambre te obliga a trabajar a una edad muy temprana, y no han podido ir a la escuela. Es la cárcel la que les obliga a aprender castellano”, explica Susana de la Cruz. 

Como última medida de presión, los presos iniciaron una huelga de hambre en marzo de 2019, que duró 135 días, durante los cuales solo ingerían agua y miel. Durante ese proceso, la familia de Juan descubrió que las autoridades habían resuelto su liberación ya en 2016. Tres años atrás. Pero nadie se lo había comunicado.

Finalmente, Juan fue liberado a finales de 2019. En total, estuvo preso más de 12 años.

“Toda la familia está presa”

Cuando habla, Susana de la Cruz salpica su relato de un inventario de irregularidades y abusos del sistema judicial. Compañeros de Juan que, tras la huelga de hambre, vieron triplicada su sentencia de 25 a 75 años de prisión. Otros presos que, ya en la cárcel, fueron acusados de nuevos delitos que era imposible que hubiesen cometido. Procesos judiciales que se alargan durante más de 14 años, sin que nunca se presenten pruebas o testigos en contra del acusado. Cárceles abarrotadas donde la comida está en mal estado, el agua sale de una tubería sucia y la asistencia médica no existe. Presos que sufren, además de una condena injusta y sin pruebas, las peores condiciones del encierro. 

Pero la defensora advierte: las detenciones y encarcelamientos arbitrarios no solo tienen un impacto en la persona que es detenida, sino en toda su familia. 

“Si tienes un preso en tu familia, pues eres criminalizado. Más aún siendo personas indígenas: aparte de la discriminación, está la criminalización. Es como un señalamiento para todos”

“Si tienes un preso en tu familia, pues eres criminalizado. Más aún siendo personas indígenas: aparte de la discriminación, está la criminalización. Es como un señalamiento para todos. Después de la detención de mi hermano, algunos vecinos con los que teníamos amistad nos han dado la espalda, ya no nos dan ni los buenos días. Cuando las autoridades hacen detenciones arbitrarias, fabrican delitos y exhiben a la víctima, la presentan a la sociedad como culpable. Lo que la sociedad no sabe es que detrás de un preso hay todo un sistema plagado de irregularidades. Y el trabajo de los familiares es visibilizar en qué condiciones están los presos, demostrar que un preso no siempre es culpable. Cuando detienen a un familiar no solo lo detienen a él, sino que está presa toda la familia, porque en ese momento se queda ahí estancada tu vida, y no puedes hacer otra cosa más que defenderle”, expresa.  

También subraya que el impacto de estas detenciones va más allá del señalamiento, y sus consecuencias se extienden a las parejas y los hijos e hijas de las personas detenidas. 

“Quienes estamos al frente de la lucha somos la mayoría mujeres que tenemos que sacar adelante a los hijos y la familia. Tenemos que tomar ese papel que antes tenían los esposos. Por ejemplo, tenemos dos compañeras (esposas de presos) que viven en una comunidad  y tienen hijos, y también los niños tuvieron que madurar a golpes y a la fuerza para ocupar un lugar y una responsabilidad que no les corresponde. Lo que hacía el papá, ahora lo tienen que hacer ellos: ir a trabajar al campo, sembrar maíz y frijol. Las esposas, de igual manera, se quedan con la responsabilidad de toda la economía. Lo poquito que entraba en su hogar cuando estaban los esposos, ahora ya no está. Así que ellas, para a visitar a sus esposos al penal, van cada cuatro o cinco meses, porque más a menudo no pueden ir, por lo que cuesta el transporte y lo alejadas que están las cárceles. Cuando te detienen, te mandan a las prisiones más alejadas para romper todo el vínculo familiar, y evitar que al menos puedas tener el consuelo de ver a tus hijos”, dice Susana de la Cruz. 

Susana recibió varias amenazas de muerte, entre ellas un mensaje con su nombre escrito con sangre. Ante esta situación, tuvo que abandonar su casa y desplazarse a un lugar protegido dentro del estado de Chiapas

Las amenazas y la salida

Además de los impactos emocionales y económicos de las detenciones, los familiares de los presos también sufrieron ataques y amenazas. Susana recibió varias amenazas de muerte, entre ellas un mensaje con su nombre escrito con sangre. Ante esta situación, tuvo que abandonar su casa y desplazarse a un lugar protegido dentro del estado de Chiapas. Fue en este lugar donde recibió la noticia de la liberación de Juan.

“Me acuerdo que yo estaba cocinando y llegó una de las abogadas de Frayba y me dijo: “¿Qué crees, Susi?”. Y yo me volteé a ver, porque traía una cara de alegría... Y me dice: “Tenemos a Juan en Frayba”. Y me muestra las fotos, y me pongo a llorar, me empiezan a temblar los pies de la emoción y de las ganas de querer salir, ir a abrazar a mi hermano y creerme que de verdad estaba allí”, recuerda Susana de la Cruz. 

El reencuentro, sin embargo, tuvo que esperar: a Susana le desaconsejaron abandonar su refugio, por miedo a que las amenazas contra ella o contra su hermano se recrudecieran. Finalmente, en diciembre de 2019, pudo regresar a casa. 

“Estuve un año conviviendo con mi hermano. Fue un 20 de diciembre que me dijeron que preparara la maleta, que ya me iba a casa. No veía la hora de llegar a mi casa y poder ver a mi familia. Cuando llegamos, el que fue a recibirme fue mi hermano. Y me contaba mi mamá: “Te extrañaba mucho tu hermano, porque desde que salió no lo había visto llorar de la emoción de ver a un familiar”. Pudimos estar juntos, pero no podíamos salir con libertad a la calle, siempre teníamos que salir custodiados, con acompañantes, o trasladarnos en vehículos o taxis”, expresa la defensora. 

Por su seguridad, Juan debió refugiarse en el extranjero, donde está acompañado por un familiar. El día de la despedida de Juan, Susana recibió una propuesta del Frayba: acogerse al programa de acogida temporal para personas defensoras de derechos humanos que promueve la Generalitat de Catalunya, con la colaboración de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado, y con el apoyo de la Taula per Mèxic en el caso de Susana y otras defensoras mexicanas.

“Yo no lo podía creer. Ni siquiera había salido nunca del estado (de Chiapas). ¡No conocía ni el mar!”, expresa Susana de la Cruz. 

Se muestra agradecida con el programa de acogida, que le ha brindado la posibilidad de viajar a Barcelona y realizar diferentes acciones de visibilización e incidencia política de la situación de los presos indígenas en Chiapas: entrevistas, charlas, reuniones con representantes políticos, exposiciones de los dibujos de sus compañeros encarcelados... 

La defensora agradece también la posibilidad de, durante un tiempo, olvidarse de las amenazas y moverse con libertad. 

“Agradezco que brinden un espacio de seguridad y protección y te permitan conocer otros mundos, porque este es otro mundo para mí. Y que pueda salir a la calle y decir “voy a caminar sola porque aquí estoy segura”. Cuando llegué aquí no sentí ese miedo de salir a la calle y decir: “Bueno, ¿dónde están? ¿Quién me está vigilando? ¿En qué momento me van a detener? ¿En qué momento me van a matar?”. Y sentí esa paz y esa tranquilidad que durante muchos años no había sentido”.