Costa Rica
Quince balas para acallar a los pueblos indígenas de Costa Rica

“Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas”. Cita el artículo 3 de La Ley 6172 de Costa Rica aprobada en noviembre de 1977. La “Ley Indígena”, como es llamada, fue el resultado del clamor por parte de las poblaciones indígenas originarias del “país más blanco de toda Centroamérica”.

Con solo algo más de un 2% de su población total, unas 104.000 personas, el país de la Pura Vida es uno de los Estados donde los pobladores originarios de las tierras representan un menor porcentaje y donde el racismo, tanto institucional como por parte del resto de la población, sigue condenando a las y los indígenas a una lucha constante por la supervivencia de su cultura y su identidad.

Ocho etnias distintas, repartidas en 24 territorios, llevan décadas luchando para ser “reconocidas como población indígena” y para que dicha Ley se cumpla. Su camino no ha sido, ni sigue siendo, nada fácil. Ante sus logros, sus oponentes han encrudecido la violencia hasta el punto de asesinar a Sergio Rojas, un líder indígena que plantó cara a los terratenientes para devolver a las poblaciones indígenas lo que les corresponde por derecho.

Aunque la situación se ha recrudecido en los últimos años, la represión sufrida por parte de las fuerzas del Estado costarricense no son nuevas. En 1985, la comunidad broran, una de las etnias, se plantó ante una de las principales causantes de su arrinconamiento y asfixia: la industria maderera. “Nuestra lucha es por mantener el bosque”, explica la activista Cindy Ortiz, indígena broran que lleva años formando parte de la lucha por los derechos indígenas y la recuperación de tierras para su etnia y otras vecinas.

Aquel día del 85, los broran, que actualmente cuentan con una población de unas 500 personas que viven en su mayoría en la localidad de Térraba, se plantaron ante la empresa que intentaba sacar varios camiones de madera ya talada de los bosques que por ley les pertenecen. Unas 30 personas fueron detenidas y encarceladas sin cargos durante 72 horas. “Nos metieron en un camión ganadero que estaba lleno de productos químicos y solo nos daban de comer frijoles y papas crudas”, narra Juan Rivera, un broran que contaba con algo más de 20 años de edad cuando aquello sucedió.

Tras esos tres días encerrados fueron liberados sin cargos, pero los broran ya habían tomado la decisión de utilizar la resistencia y la lucha pacífica como su principal vía para hacer valer sus derechos. “Para los indígenas nunca hay justicia”, afirma Roxana Figueroa, indígena bribri, otra de las etnias, “el poder judicial nunca nos ha dado la razón, porque dicen que darnos la razón es abrir la puerta a nuevos conflictos”.

Pese al enunciado de la ley indígena, solo el 20% de las tierras de Térraba (marcado como territorio indígena en el interior del país) … Pero en cuanto a la posesión de las tierras, las cifras son mucho más sangrantes: solo un 20% de ellas están en sus manos, el 80% restante la explotan terratenientes y algunas grandes transnacionales cultivadoras de palma o piñas. Durante los 60 y 70, estos empresarios compraron tierras indígenas, las consiguieron mediante métodos corruptos como falsificando identidades o simplemente las ocupaban sin ningún documento que acreditara que fueran de ellos. “Queremos demostrar que aquellas usurpaciones fueron realizadas con amenazas, agresiones o engaños”, explica Cindy, que coincide con las historias contadas por los Bribri: “Emborrachaban a los hombres y les engañaban, les hacían firmar contratos cuando ellos no conocían las leyes o no sabían leer”, lamenta Julio Figueroa, bribri perteneciente al mismo clan de Roxana, los twariwac o “dueños del pájaro bobo”.

El racismo que han sufrido estas comunidades no se limita a la represión policial o a su indefensión ante la usurpación de las tierras sino que se traduce en diferentes aspectos que afectan incluso a los más pequeños.

La Ley Indígena, en orden de proteger la cultura centenaria de estas comunidades, especifica que las y los profesores de las escuelas en estos territorios deben ser indígenas también. Esta premisa no solo no se cumple, sino que los indígenas denuncian que el trato por parte de muchos de esos profesores no indígenas era denigrante y racista: “Separaban la clase y metían a los no indígenas en una aula que tenía piso y a los indígenas en una con el suelo de tierra”, explica Cindy. “La profesora siempre nos trataba mal a los indígenas y decía que no podíamos conseguir buenas calificaciones porque éramos menos y peores que los blancos”, narra un chico broran de 13 años.

Como respuesta a estos ataques, al incumplimiento de la Ley Indígena y aquel racismo llevaron a los broran nuevamente a la protesta. En 2012 (madres y padres Broran) se encerraron durante tres días en el colegio de Térraba con la exigencia de que se destituyera a la directora y se contrataran profesores nativos para cumplir la Ley.

“Aquel día nos salió sangre de la cabeza”, recuerda Juan mientras narra la brutalidad con la que les sacaron de aquella vieja escuela los policías y terratenientes. “La ADI (el órgano de Asociación de Desarrollo Índigena que se crea desde el estado) fletó autobuses de no indígenas terratenientes para que vinieran a sacarnos a palos”, narra Cindy. La directora acabó siendo destituida y se buscaron nuevos profesores indígenas. Una victoria amarga, muchas de las familias no indígenas de la zona sacaron a sus hijos de aquella escuela y un profesor murió de un ataque al corazón en medio de los altercados.

Todo cambia para que nada cambie para el indígena

Las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADI) son los órganos de representación indígena creados por el estado poco después de aprobarse la Ley. Estos organismos, en teoría regidos bajo el derecho privado pero cooptados por el Gobierno y las élites locales, tienen la labor de proteger el derecho a la tierra de los indígenas en las comunidades y en las distintas regiones. Sus oficinas, que según la ley deberían estar presididas por un indígena, realizan labores de gobiernos locales y deben promover que las reservas sean “regidas por los indígenas en sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes de la República que los rijan”.

Pero, según narran las representantes indígenas de las comunidades consultadas “nunca han protegido al indígena, sino a los terratenientes y empresas que explotan estas tierras”, en 2006 la ADI de Térraba dio permiso a una empresa para que construyera una hidroeléctrica en sus territorios sin que el pueblp broran tuviera noticia de ello. “La Asociación vendía licencias de construcción para hacer casas que iban a ser alquiladas a los trabajadores de la presa”, explica Cindy, “nosotros no nos enteramos de nada de esto hasta dos años después, cuando empezamos también las protestas contra la presa”. Otra batalla que los indígenas han conseguido parar, de momento: “El proyecto se retiró en 2012, pero lo quieren reactivar junto a un fondo noruego”.

La legislación podría dar un vuelco muy positivo para las comunidades, según Cindy, si se aprobara la Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblo Indígenas, presentada en el Congreso en 1998.

Este proyecto incluye reformas en la ley y en las administraciones que dotarían de verdadera autonomía a los pueblos indígenas, como la creación de Consejos Territoriales Indígenas que tendrían forma jurídica para representar a los pueblos ante sede judicial, establecería que los territorios son independientes reglamentariamente de las municipalidades, se les eximiría de impuestos y se les permitiría ejercer en exclusiva la dotación de patentes de explotación comercial que solo pueden ser otorgadas a indígenas. Pero el texto lleva 21 años atascado en el Congreso donde los diputados no la han discutido ni sometido a votación, incluso cuando la Comisión de Asuntos Sociales la ha aprobado hasta en dos ocasiones.

Para protestar contra esa inoperancia política y abandono en 2010 se realizó una manifestación en el Congreso de Costa Rica, personas de todas las etnias entraron en el edificio gubernamental y las autoridades reaccionaron con contundencia. Las y los manifestantes fueron apaleados y expulsados del edificio. Aquel día, decidieron no volver nunca a San José y cambiar de estrategia. Querían recuperar lo que les habían “usurpado” y empezaron a abrir trámites legales y de acción directa. Este verano los broran consiguieron por la vía legal el reconocimiento del Consejo de Mayores Broran como espacio legítimo para impulsar un árbol genealógico no corrupto ni falsificado de indígenas para la cesión y el uso del territorio y hace diez años comenzaron las recuperaciones de tierras por vía de la ocupación.

La recuperación de las tierras

En Salitre, una pedanía de la ciudad costarricense de Buenos Aires donde habita gran parte de la comunidad bribri, decidieron valerse de una Ley Indígena presente pero olvidada para repartir las tierras usurpadas en su territorio con la ayuda la ADI, en este caso dirigida por un reconocido líder de la lucha indígena, Sergio Rojas, quien se encargaba de asesorar y entregar las escrituras a las familias acorde al derecho indígena. Como algunas tierras estaban ocupadas por terratenientes y empresas aplicaron activamente la Ley realizando lo que denominan “recuperaciones”.

Varios integrantes de la familia, con el apoyo de la comunidad Bribri y de otras etnias, entraban en la finca elegida y acampaban pacíficamente por días. En ocasiones, montaban pequeños campamentos junto a la casa de los habitantes y se negaban a marcharse. Si la policía acudía, tenían preparadas las escrituras legales firmadas por la ADI acorde al derecho indígena de las que los dueños terratenientes carecían. Si estos terratenientes intentaban sacarlos por la fuerza, resistían pacíficamente con plantones y paciencia.

Las primeras tomas fueron un éxito. Sergio era la cara más visible, pero “la gran mayoría de recuperaciones han sido lideradas y sostenidas por mujeres”, afirma Roxana . Su hermana, su madre y ella son conocidas en Buenos Aires como “las Figueroa” y en 2010 protagonizaron una de las primeras recuperaciones. Llevan más de ocho años viviendo en un lote recuperado en Salitre y desde entonces han ayudado a otras familias en los procesos de recuperación, no sin tener que pagar un coste a cambio: “Nunca podemos andar solas por la calle y a mi madre incluso la amenazan por redes sociales, porque tienen la imagen de que con nosotras empezaron las recuperaciones”, cuentan.

Desde aquel entonces los ataques contra los indígenas se intensificaron. Los terratenientes y ganaderos, unidos en una organización patronal, empezaron a acosar y amenazar a todas aquellas personas partícipes en las recuperaciones de tierras. Uno de los casos más sonados fue el llamado “conflicto de la cerca”, ocasión en la que llegaron a Salitre autobuses repletos de hombres para amedrentar a más de 50 personas indígenas reunidas de diferentes comunidades para compartir la estrategia de las recuperaciones. Cercaron el espacio, les humillaron, insultaron, lanzaron piedras, agredieron, dispararon al aire y rodearon el espacio partiendo el terreno en dos para aislar a las personas reunidas hasta que la policía obligó, días después, a retirar la valla.

“Cuando los terratenientes nos agredían, la policía simplemente se iba y miraba para otro lado”

En otra de las tomas, los finqueros atacaron a la familia que se encontraba en la parcela de tierra. Allí se encontraba Mainor, un bribri conocido por su corpulencia y su implicación en las recuperaciones. “No podían con él entre varios y cuando consiguieron reducirlo le hicieron lo del hierro”, explican en su comunidad. A Mainor le marcaron el pecho con un hierro candente como los que son utilizados para marcar el ganado. “Matando a Mainor el resto es más débil”, decían aquellos hombres según narra la madre de la familia bribri que presenció aquellos hechos. El finquero que ellos señalan como el autor sigue sin medidas e impune.

La policía tampoco ayudaba mucho: “Cuando los terratenientes nos agredían, la policía simplemente se iba y miraba para otro lado”, narra Julio. También denuncian que entorpecían y boicoteaban las investigaciones no tomando nota de las denuncias, no procesando los documentos o engañando a los indígenas: “Cuando los finqueros disparaban a los indígenas, la policía les decían que cogieran los casquillos del suelo para llevarlos a la fiscalía y mostrarlos, para que las pruebas fueran contaminadas y no sirvieran”, explica Julio.

La presión también aumentó sobre Sergio Rojas. A las amenazas de muerte constantes, se le sumó una campaña judicial en su contra. Rojas fue acusado de malversación de fondos en la ADI. Se le culpaba de haber utilizado el dinero que recibe la organización por la protección de los bosques en fines que no competía a la Asociación. La policía envió a 60 policías a detener a Sergio, lo montaron en la parte trasera de una pick up y lo pasearon por toda la ciudad para que todo el mundo viera que había sido detenido”, explican. Rojas pasó seis meses en prisión sin juicio ni pruebas concluyentes que lo incriminaran. Al soltarlo nadie se responsabilizó ni contestó a sus denuncias. Estuvo encerrado medio año sin que se le pudiera imputar ningún delito.

15 balas por 15 recuperaciones

En marzo de este mismo año, Sergio Rojas fue asesinado en su propia casa. Su vecino más cercano, el cual supo con el primer disparo que escuchó que se trataba de Sergio, narra que los disparos se oyeron pausados y de uno en uno. “Le dispararon 15 veces cuando llevaba justo 15 recuperaciones en Salitre”, explica con rabia Cindy. La vida de Sergio y el principal escollo de los terratenientes se esfumaba en medio de la noche, y a estos no les importaba mostrar su alivio. “Aquella noche los terratenientes desfilaron con sus coches por todo el pueblo”, dice la broran, “tocaban el claxon y gritaban mostrando su alegría delante nuestra”. La policía que llegó a la casa de Rojas nunca persiguió a los asesinos, que huyeron montaña arriba, y hoy, más de medio año después, la investigación no ha dado ningún fruto y las peticiones por parte de sus familiares son totalmente ignoradas.

Además, no solo se perdió la vida de Rojas: “Estábamos preparando una denuncia ante el Derecho Internacional contra el Gobierno de Costa Rica por incumplir la Ley Indígena y toda la información que habíamos recogida estaba en el ordenador de Sergio”, explica Cindy, “cuando llegaron a su casa se llevaron el ordenador, su teléfono, toda la documentación que encontraron y nunca nos la han devuelto”.

Desde entonces las recuperaciones se han parado. Las y los recuperadores de tierra tienen miedo. “Se dice mucho que el próximo que ocupe una tierra será asesinado, como Sergio, y los terratenientes ahora mismo se sienten inmunes para atacarnos”, explican los bribri. Doña Chela, una broran de Térraba de 83 años, rompe a llorar cuando le preguntamos por la represión sufrida por parte de los finqueros: “Todos dicen que Pablo es el siguiente”. Se refiere a su hijo, Pablo Shivas, líder indígena broran, protagonista de uno de las recuperaciones más grandes y que, al igual que Rojas, se ha encargado de asesorar a otras familias en la recuperación de tierras.

Rojas ya no era presidente de la ADI desde 2014, le habían apartado por “ser un incitador a la violencia”. Las elecciones para cubrir el puesto se realizaron justo un mes después de su asesinato: “Claramente lo hicieron para amedrentarnos y que nadie se presentara”, lamenta Julio al relatar que actualmente es un no indígena quien la preside, en contra de lo que especifican sus estatutos y la Ley Indígena, y que su labor actual es la misma que han tenido otras Asociaciones: defender los derechos y privilegios de los finqueros y de las grandes empresas multinacionales de la piña y la caña.

Los hechos y la violencia que han sufrido en los últimos años, sumadas a la inoperancia y el racismo insitucional por parte de las autoridades públicas, colocan a los pueblos indígenas costarricenses ante las cuerdas

Desde el año 2015 estas comunidades son beneficiaras de medidas cautelares dictadas por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que obligan al Gobierno a garantizar su seguridad. Pero los hechos y la violencia que han sufrido en los últimos años, sumadas a la inoperancia y el racismo insitucional por parte de las autoridades públicas, colocan a los pueblos indígenas costarricenses ante las cuerdas.

El parón de recuperaciones desde el asesinato de Rojas se nota anímicamente, “parece que no habrá nuevas recuperaciones hasta que no aparezca un nuevo Sergio”, cuenta uno de ellos. “Ahora ya no tenemos miedo en hablar con un abogado, pero tenemos más cuidado porque sabemos que después del asesinato de Sergio puedan venir más”, explica Juan, aunque la rendición no parece estar entre los planes de estas comunidades indígenas: “Esto me ha hecho muy fuerte, aunque sea vieja”, afirma doña Chela, y se despide alzando el brazo y diciendo: “Sergio murió, pero la lucha indígena sigue”.