Colombia
La búsqueda de justicia por los “falsos positivos” en Colombia llega a Europa y Argentina

Diego Armando Marín Giraldo acababa de hacer el servicio militar en el cuerpo de Policía Nacional colombiano cuando desapareció un día 6 de febrero de 2008 en Soacha, ciudad vecina a Bogotá. Siete meses después, en septiembre de 2008, un agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) le contó a Rubiela Giraldo, la madre de Diego Armando, que habían aparecido los cuerpos de varios jóvenes en Ocaña, en el departamento del Norte de Santander. “El 1 de octubre me dijeron que mi hijo también estaba allá, fui a Medicina Legal y me lo enseñaron en un computador, era él”, relata la defensora. Cuando el hijo mayor viajó hasta Ocaña a recuperar el cuerpo de su hermano, “le dijeron que lo habían dado de baja en un combate, que era guerrillero, pero ¿cómo? Si él acababa de pagar el servicio militar!”, exclama Rubiela.

Ahora lo sabe, “a mi hijo lo sacaron de cerca de mi casa, se lo llevaron y me lo asesinaron, concretamente la Brigada 15 del Ejército colombiano, el día 8 de febrero. Lo encontré ocho meses después enterrado a 16 horas de distancia de su casa, lo habían hecho pasar por guerrillero”. Ahora sabe que ésta práctica tuvo una sistematicidad entre 2002 y 2008, durante los gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Sabe que tenían un objetivo: mostrar resultados, reportar más “bajas” de guerrilleros y otros grupos subversivos. Y sabe que tenían incluso una recompensa: el fin de estas ejecuciones extrajudiciales era obtener descansos, condecoraciones, retribuciones y reconocimientos por parte de algunos cargos del ejército.

El fin de estas ejecuciones extrajudiciales era obtener descansos, condecoraciones, retribuciones y reconocimientos por parte de algunos cargos del ejército

“A finales de octubre escuché que en la Personería de mi barrio había otras mamás en mi misma situación. Me acerqué y sorpresa: éramos 19 familias que estábamos sufriendo este dolor”, explica Giraldo. Entonces, esa dinámica macabra no era conocida por la sociedad como hoy. Quince años y unos acuerdos de paz después, sabemos que no sucedió solo con jóvenes de Soacha, que no fueron solo 19: según las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, alrededor de todo el territorio colombiano hubo por lo menos 6.402 casos de lo que hoy se conoce popularmente como “falsos positivos”. Una práctica tan extendida en todo el país que es imposible pensar que no era conocida por los altos cargos políticos del momento, tanto el presidente Uribe, como el ministro de defensa de esos tiempos: Juan Manuel Santos, Premio Nobel de Paz en 2016.

“Queremos decirle al mundo que esto pasó”

“Nunca habría podido imaginar que eso estaba pasando en Colombia. Para todas fue una sorpresa”, asegura Rubiela Giraldo desde el Parlamento catalán en representación del emblemático colectivo Madres de Soacha, que 15 años después sigue reivindicando justicia para sus hijos. En el marco de una gira de más de dos meses por toda Europa en la que se han encontrado y articulado con distintos colectivos, entidades y gobiernos, en su paso por Barcelona las Madres de Soacha se han reunido con la Comisión de Acción Exterior, Transparencia y Cooperación, concretamente con parlamentarios de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, el Partit Socialista Català y En Comú Podem. En este encuentro, acompañado por la Taula Catalana por la Paz en Colombia, los políticos catalanes se han comprometido a emitir una resolución en la que se insiste al actual Gobierno colombiano a buscar medidas que garanticen justicia para estos casos.

Según Rubiela Giraldo, el objetivo de esta gira es “decirle al mundo que esto es verdad, que esto pasó, que son hechos reales, no es mentira”, asegura con emoción. Se trata de denunciar que “nosotras como madres y como víctimas de crímenes de Estado, llevamos un dolor que nunca se nos va a quitar, porque cada vez que replicamos esta historia nos duele, pero no nos importa, así nos duela nos toca replicar, porque nos quitaron algo nuestro, nuestros hijos, y no es posible que esto siga repitiéndose y no es posible que aun no se haya hecho justicia”, continúa la madre de Diego Armando.

“Nosotras como madres y como víctimas de crímenes de Estado, llevamos un dolor que nunca se nos va a quitar, porque cada vez que replicamos esta historia nos duele”

Una búsqueda de justicia que, a la vez que las ha conformado hoy en hitos latinoamericanos de la defensa de los derechos humanos del calibre de las Madres de Plaza de Mayo, las convierte en mujeres que reviven continuamente el dolor y la injusticia por el que pasaron 15 años atrás. Y es que cuanto más largo es un proceso de búsqueda de reparación y justicia, más se revictimiza a sus víctimas o sobrevivientes.

La compleja justicia colombiana

A Jaqueline Castillo esta práctica sistemática considerada como crimen de lesa humanidad le arrebató a su hermano. Jaime Castillo desapareció el 10 de agosto de 2008 en Bogotá y apareció muerto dos días después en Ocaña “como un guerrillero dado de baja en combate, cuando él nunca había salido de Bogotá”, relata la activista. “Nunca imaginé que Jaime haría parte de ese acto tan macabro que se estaba viviendo: me alié con las Madres de Soacha y hasta hoy estamos buscando justicia”. Castillo asegura que “las órdenes venían de altos mandos porque si hubiera sido iniciativa de bajos mandos, sus responsables los hubieran destituido y se habría acabado la situación”. Además opina que toda ésta dinámica “estuvo relacionada con el apoyo económico que brindó Estados Unidos en el Plan Colombia para acabar con la guerrilla; la codicia, la ambición y el poder desencadenaron en querer mostrar excelentes resultados a costa de la vida de la gente”.

La búsqueda de justicia de las Madres de Soacha obtuvo, desde su punto de vista, importantes logros cuando mandos medios del ejército fueron condenados a décadas de cárcel por llevar a cabo las órdenes de secuestrar, desplazar, asesinar y hacer pasar por guerrilleros a jóvenes colombianos para acrecentar las lista de “enemigos dados de baja” en una guerra despiadada contra el pueblo. Sin embargo esos logros, enmarcados en la justicia ordinaria colombiana, se vieron perjudicados con la instalación de la Jurisdicción Especial para la Paz, nacida a raíz de los Acuerdos de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Estado colombiano en cabeza de Juan Manuel Santos el año 2016. 

Cargos militares que tenían condenas de 34 a 50 quedaron en la calle después de relatar lo que habían hecho en el marco de la justicia de los acuerdos de paz. Las víctimas siguen sin sentirse reparadas

Los militares que ya habían sido condenados por la justicia común, al acogerse a esa nueva Jurisdicción, apoyada con medidas restaurativas y reparadoras, y explicar la verdad de los hechos para así contribuir en la búsqueda de “garantías para la Verdad, la Justicia, la Reparación y la no Repetición”, se acogían a la vez a un nuevo tipo de sanción que no tiene en cuenta la privación de la libertad. “Militares que en la justicia ordinaria tenían condenas de 34 hasta 50 años se acogieron a la JEP y, si bien contaron la verdad y eso es positivo, estamos muy tristes porque al acogerse a la JEP estas personas quedaron libres”, relata Rubiela Giraldo. Más allá del debate sobre la adopción de medidas punitivistas o restaurativas, la realidad es que las víctimas siguen sin sentirse reparadas.

Una querella en Argentina

Vistas las garantías de justicia que se ofrecen en el país de la parapolítica y los narcoestados, este mes de noviembre el macrocaso de los mal llamados “falsos positivos” ha llegado a la justicia del país en que el dictador Jorge Rafael Videla murió en la cárcel. Familiares y representantes de víctimas de “falsos positivos”, entre ellos el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) y la Corporación Jurídica Libertad han presentado una querella ante la justicia argentina bajo el principio de Jurisdicción Universal, con la que buscan que se investigue la responsabilidad penal que pueda tener el expresidente Álvaro Uribe Vélez en el caso.

Organizaciones colombianas de DDHH presentaron una querella ante la justicia argentina, con la que buscan que se investigue la responsabilidad penal que pueda tener el expresidente Uribe

Según una comunicación pública del CAJAR, “A pesar de sus esfuerzos y avances en la investigación y esclarecimiento, la Jurisdicción Especial para la Paz no cuenta con la facultad de llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios, aún cuando en el marco del macrocaso abierto para investigar los ‘falsos positivos’ se han escuchado versiones de un número importante de militares, algunos de los cuales han afirmado la existencia de una política para la presentación de resultados operacionales fraudulentos, y el presunto involucramiento del expresidente en estos hechos”. Es por eso que toca acudir a la justicia del vecino país del sur que también ha admitido ya querellas contra el Estado de Myanmar por el genocidio contra el pueblo rihingya, contra el presidente de Nicaragua Daniel ortega por crímenes de lesa humanidad e incluso causas de los familiares de asesinados y torturados por la dictadura franquista, incluida la familia de Salvador Puigantich.

“Nos da esperanza porque si no va haber justicia en Colombia en algún lado tendrá que hacerse justicia”, asegura Jaqueline Castillo, “pero nos crea también inconvenientes porque nos pone más en riesgo. A raíz de esta querella han llegado amenazas de militares a nuestro colectivo”, asegura la activista. Quince años después, aún existen grandes intereses para esconder lo que pasó en Colombia en la primera década de los 2000. Ellas lo siguen explicando allá donde van: “Santos, el Nobel de Paz, tenía conocimiento de lo que hacía el ejército y es mentira lo que dijo Uribe de que su ejército lo engañó. Es absurdo, ellos lo sabían”, sentencia Jaqueline Castillo.