Bomberos
Los bomberos exigen una ley común a todo el Estado que regule sus condiciones

Si el cuerpo de bomberos ya estaba de por sí quemado, el fallo del Juzgado de lo Social número 2 de Oviedo, que desestimó la demanda de la familia del fallecido Eloy Palacio en el incendio de Uría y achacó la muerte del bombero a una imprudencia temeraria dos años después de su muerte, fue la gota que colmó el vaso.

El 6 de junio de 2017 la CUBP se reunió con el ministro Zoido para transmitirle la necesidad de una ley reguladora de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento del conjunto del Estado. Miguel Ucles, un bombero del parque municipal de Vigo, comentaba la disposición del ministro a sentarse e iniciar una mesa de trabajo, que a día de hoy todavía no ha llegado. Ucles, al igual que sus compañeros, seguirán “dándole duro” y, si a partir de octubre no tienen esa mesa constituida, pasarán a un siguiente nivel: “Luchar, luchar, luchar y luchar hasta conseguirlo”, según señala.

Ucles remarca además que esta ley es “sumamente necesaria”, dado que existen diferencias de funciones dependiendo de cada una de las administraciones. “De esa forma no tendremos que estar constantemente introduciendo en cada ayuntamiento cada detalle”, indica.

La ley del salvaje de oeste

Son muchos los motivos por los que actualmente se queja este cuerpo: formación, reconocimientos médicos, servicios voluntarios y la privatización del servicio, servicio de prevención, falta de material y falta de personal.

Con respecto a la formación, cabe diferenciar la inicial y la continua. La inicial es diferente en cada provincia y puede ir desde las cero horas hasta más de mil de formación reglada, caso este último de la Generalitat de Catalunya. Por otra parte está la continua, pero estas formaciones, para David Herrero —bombero municipal de Palencia—, “van con cuentagotas”. Herrero indica que se dan “si se protesta y hay suerte”, si no se quedan sin ellas, cuando en teoría deberían estar establecidas, calendarizadas y reguladas por ley.

En Vigo, por ejemplo, existe la Academia Gallega de Seguridad Pública pero Ucles comenta que no se dan cursos para bomberos desde hace 17 años. En Madrid se está vendiendo mucho la formación online pero aprender a utilizar una desbrozadora o una motosierra de forma online…”como que no”, apunta Ucles.

Desde Logroño, Javier Villena cree que este es un tema abandonado por el Ayuntamiento, entre otras cosas porque la figura de técnico de formación “está al descubierto pese a que el ayuntamiento cuenta con 850 trabajadores”. La academia de bomberos de este año ha consistido para Villena en “soltarles” por el parque tres semanas “sin contenido ni tutores” y con dos semanas de teoría difícilmente aplicable a bomberos. Tanto Villena como Ucles reconocen que son muchos los bomberos que se forman por su cuenta, a través de cursos privados y en su tiempo libre.

También se quejan de no tener formación psicológica. Villena expone varios casos: el del rescate de una persona que quiere suicidarse en un río, el de una que tiene discapacidad mental y no quiere salir de una casa que está ardiendo, o el de una que se ha quedado encajonada entre los hierros de un coche y pregunta por su familia mientras ya se conoce que alguien ha fallecido. “Enfrentarse a estas situaciones es ya dantesco, pero mayormente hemos tenido que aprender por inercia, ya que no han sido adaptadas en ningún momento a ningún cuerpo de bomberos”.

Herrero manifiesta que es necesaria esa profesionalidad dado que se dedican al salvamento de las personas y, para salvarlas, necesitan cursos suficientes para poder realizar sus funciones. “No son conscientes de que nos estamos jugando el tipo y en nuestras manos está la vida de la otra persona a la que estamos rescatando”.

Vacío legal

En lo referente a los reconocimientos médicos, en Vigo tienen su revisión anual pero, a no ser que estén especializados, no existe ningún otro tipo de valoración. A nivel psicológico suelen estar en situaciones trágicas que pueden suponer estrés postraumático. “No somos héroes, somos proteccionales, y existe una situación de vacío legal en este aspecto”, expone Ucles. En Logroño hacen un reconocimiento médico cada año, pero nada sobre psicológicos y tóxicos.

Juan Carlos Fernández —conocido como ‘Cuni’—, bombero municipal de Oviedo, afirma que hacía dos años que no les hacían exámenes médicos. La prueba consta de un electocardiograma, un análisis de sangre básico y una espirometría, pero “ninguna prueba de esfuerzo”. Cuni cree debieran existir unos reconocimientos médicos adaptados a los agentes a los que se enfrentan porque existe mucha incidencia de cáncer entre los bomberos. “Recientemente, dos compañeros murieron de cáncer, hay entre tres o cuatro que tuvieron que ser intervenidos y otro se encuentra con leucemia”, lamenta.

Andrés Millán, bombero municipal de Málaga, comenta que, si no se pide, no se hacen. Millán, al igual que el resto de sus compañeros, denuncia también que no existe ningún reconocimiento psicológico ni de tóxicos. En Málaga están actualmente realizando denuncias a Inspección de Trabajo con respecto a reconocimientos psicosociales y en lo relativo a las revisiones de los equipos con contaminantes, pero “van a su ritmo”, remarca.

Profesionalización pública

Otro motivo por lo que el cuerpo de bomberos exige una ley es porque exigen que haya una profesionalización pública del servicio, dado que cada día existen más parques privatizados y cuentan con los servicios de voluntarios.

Para David Herrero, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ha afectado y afecta a que exista cada vez más empresas privadas en el sector, dado que “no se ven afectadas por la tasa de reposición, mientras el ente profesional de los bomberos de carrera va en un decremento al no existir una regulación del sector”. Castilla y León, por ejemplo, tiene el problema de privatización de todo un servicio entero de la Diputación de León. Ahora quieren sacar un cuerpo de bomberos en el que todas las plazas están privatizadas al 100% con dinero público. Pretenden gastar entre 6 y 8 millones para poner un servicio con 75 personas cuando en el sector público, en provincias como Valladolid o Zamora, con funcionarios y estructuras parecidas, cuesta la mitad del dinero. “Los contratos hoy en día son millonarios y se están haciendo servicios a la carta para intereses políticos o empresariales”, critica.

Ucles, parte de que el servicio de bomberos es esencial y entiende que solo se pueda dar esa garantía desde un servicio público. En Galiza, las seis grandes ciudades tienen parque municipal. Silleda fue el primer parque de consorcio que se hizo para cubrir un radio de municipios con una población inferior de 20.000 habitantes y que actualmente sigue siendo el único parque de gestión directa. Estas instalaciones les han servido para hacer un contraste económico y de calidad de servicio en comparación a los que posteriormente se desarrolló por parte del Partido Popular.

Hace 15 años que se comenzaron a instaurar en Galiza parques que dependían de las cuatro diputaciones gallegas mediante la contratación de una empresa para que gestionara el servicio de extinción de incendios. Estas empresas son Matinsa, en Pontevedra; Veicar, en Coruña y Ourense, y Natutecnia, en Coruña y Ourense.
Con los años han comprobando que estas empresas quieren reducir costes, que exista menos personal, que existan menos materiales mantenidos y las dotaciones sean más pequeñas. Ucles critica que, como la empresa privada ya tiene garantizado un beneficio —que ronda en torno a un 8 y un 12%—, todo lo que se saque demás “será más que puedan meterse en el bolsillo”.

Desde Galiza llevan años denunciando esta situación porque creen que el sistema no da garantías laborales a los trabajadores, se les pone en una situación de inseguridad laboral, el servicio es precario y el objetivo de estas empresas es lucrarse. En opinión de Ucles, “este cóctel ha constatado ser un fracaso absoluto”.

Cuni se presentó a las pruebas en Galiza, en concreto en las empresas Veicar y Natutecnia, y comprobó que un compañero suyo aprobó “cuando no podía ni levantar su culo”. Cuni se pregunta, ¿qué servicio de calidad se va a dar a los conciudadanos cuando les dicen que no hagan prácticas con los camiones arrancados para no gastar gasoil o no les dejan practicar con espuma porque se gastan los espumógenos y es muy caro?

Por su parte, Millán critica que hacer un voluntario de un bombero es lo peor que puede pasar y lo relaciona con la profesión de médico: “¿Tú te dejarías operar de vida o muerte por una persona sin estudios de medicina pero con buena voluntad? Pues esto es lo mismo”. El profesional de Málaga recuerda que los bomberos son un servicio profesional y para eso tiene que existir una profesión que tiene que estar regulada por una ley. “Que nadie se le olvide que cuando la gente sale despavorida hacia fuera nosotros vamos escopeteado para dentro y sin pensar en las consecuencias”.

Material que no llega

Uno de los grandes problemas de los bomberos es su dotación en material. La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) tiene la obligación, por ley, de revertir al servicio de bomberos todas las gestiones entre un 2,5% y un 5% para dotación de material. Esto se realiza a través de las administraciones locales pero en muchos ayuntamientos ese dinero no sale de las arcas públicas.

El Ayuntamiento de Logroño debería haber revertido en 2018 599.000 euros al servicio municipal de bomberos solo para reposición de material, lo que, según argumenta Villena, hubiera ayudado a paliar, en gran medida, la situación deficitaria en la que nos encontramos”. En la capital riojana, por ejemplo, tienen un camión con 37 años de servicio en la flota. El gobierno local ha esperado a que acabe la feria del Salón Internacional de Seguridad (SICUR) “para que nos den el que va a estar en exposición porque les cuesta 50.000 euros menos” —argumenta Carlos Bacaicoa, otro bombero de Logroño—. Bacaicoa también se queja de que el 80% de los incendios agrícolas los cubren los guardias municipales con materiales urbanos y, sin embargo, no tienen equipos para incendios forestales.

Villena, por su parte, comenta que el principal equipo de protección individual (EPI) del que disponen. es un traje de intervención en incendio de interior y que no cuentan con botas de agua ni equipación más ligera para intervenciones externas. Asimismo, señala una serie de carencias. Solo hay dos EPI para motosierra, que están incompletos, y una cámara térmica moderna. Ventiladores de presión positiva con caudal admisible solo hay uno, falta mucho material de rescate en altura y no tienen cascos ligeros individuales. La zodiac no tiene iluminación y los neoprenos no tienen reflejantes. Las emisoras son pesadas y no aptas para atmósferas explosivas. En los camiones no se hace el mantenimiento preventivo. Les racionan los guantes de látex y no tienen desinfectante disponible para sangre. Los vehículos no tienen cinturones de seguridad y cuentan con cargas pesadas en cabina. Las escaleras están obsoletas, son pesadas y poco operativas; y muchas linternas no tienen ni marcado CE de Conformidad Europea, entre otras cosas.

Reflejo de España

Herrero cree que Logroño es el reflejo de España y se llama “desestructuración de los servicios”, porque la previsión de compras, a nivel general, se ha hecho dependiendo de “quién esté”, fomentando más la subida de sueldos que en dar buenos medios.

Millán cuenta que en Málaga existe lo que ellos llaman “ciudadanos de segunda a partir de la octava planta”, dado que el brazo articulado para actuar en caso de incendio solo llega hasta ese nivel: “Lleva 4 años roto y no lo reparan”. Este profesional cree que los ciudadanos están pagando unos impuestos para que actúe el cuerpo pero sienten impotencia porque el cuerpo no puede hacer nada “y no lo podremos hacer hasta que ocurra una tragedia para que los políticos se impliquen”.

El problema para Herrero es también falta de regulación porque administraciones y políticos no se dan cuenta de la importancia de las herramientas y materiales. Por ejemplo, se puede quemar una fábrica y dejar a 200 familias en el paro o acudir a un accidente de tráfico y que alguien haya perdido la vida porque no tienen las herramientas necesarias o no han funcionado por estar obsoletas. “Quizá debían de venir políticos a este tipo de accidentes para que se dieran cuenta de la impotencia que sentimos”, añade.

Otro gran problema para los bomberos es la falta de personal. En Oviedo no son más de 60 efectivos para una ciudad de 230.000 habitantes, una cifra que incluye bomberos, mandos y mandos conductores con una media de edad de entre 51 y 52 años. Se jubila gente constantemente pero llevan sin sacar plazas desde 2013. Les han comentado que cada año se va a ir metiendo de plazas de cinco en cinco, “pero va a haber un día que vayan a tener que meter 20 o 30 de un viaje”, se adolece Cuni. Ahora mismo están en un mínimo histórico.

En Vigo están 120 bomberos para una población de 300.000 habitantes; Málaga cuenta con una plantilla de 237 operativos de salida para una población de 600.000 habitantes y Logroño tiene 57 efectivos para un radio de actuación de 350.000 habitantes, lo que supone un bombero por cada 3.700 habitantes cuando la recomendación europea establece que sea de uno cada 1.000.

Para Ucles la Ley Orgánica de la Estabilidad Presupuestaria es “una trampa cojonuda de Montoro”. Según indica, esta ley “se está comiendo” las plazas de jubilación con posterioridad. Es decir, que si este año se jubilan ocho o diez bomberos, hasta dentro de un año como mínimo no se puede sacar plaza (por lo que en ese año faltarán esos ocho compañeros más los anteriores). De esa forma aumenta la media de edad y la forma de “compensarlo” está siendo carísima porque “se realiza a base de refuerzos o guardias forzosas”, apunta.

La mayor parte de parques de bomberos se encuentran en esta situación y esto es un riesgo no solo para el bombero sino para el ciudadano porque se aumenta mucho el tiempo de exposición durante el trabajo. Ucles cree que las guardias localizadas son la solución “recurrente” de los políticos para decir que “hacen algo pero lo hacen para no comprometerse en aumentar la plantilla” y crea un efecto llamada equivocado a la función pública porque los bomberos “nos debemos a los ciudadanos, a los servicios públicos, a unas garantías laborales para dar servicio y no a los caprichos de los políticos”.

Villena asegura que, debido a la falta de personal, el Ayuntamiento de Logroño les obliga a trabajar unas 820 horas más al año en régimen de disponibilidad a 15 minutos del parque.

En caso de dos emergencias simultáneas, cosa que para el ámbito de actuación de los bomberos logroñeses es frecuente, no llegan a garantizar intervenciones seguras poniendo en riesgo no solo a personas, animales o bienes sino sus propias vidas.

“Si se desbloqueara la tasa de reposición sería mucho más barato para la administración y generaría miles de empleos”, concluye Ucles