Gobierno de coalición
Silencio cómplice

Cuarenta años después de que Felipe González y sus compañeros con chaqueta de pana tomaran el palacio de la Moncloa en nombre de los descamisados, para traernos una España tan cambiada que no la iba a reconocer ni la madre que la parió (Alfonso Guerra dixit) otra promoción de prometedores líderes de masas nos ha situado en la tesitura de confiarlo todo en quienes nuevamente concitan grandes esperanzas de cambios, aunque sin ningún programa serio que los fundamente, la verdad sea dicha.

No negaremos que con un gobierno de derechas las cosas podrían ir todavía peor, ni se nos escapa que el actual ejecutivo PSOE-UP ha tomado algunas medidas positivas en materias como la memoria histórica, el ingreso mínimo o la igualdad salarial. Pero reconocer que se producen pequeños avances no equivale a dar por sentado que estén cumpliendo sus promesas o que se esté gobernando a favor de los de abajo. Tampoco la coincidencia con la pandemia de la covid-19 puede justificar que no se haya hecho más en asuntos donde la clase trabajadora esperaba una verdadera transformación.

Antes de la llegada de este gobierno progresista parecía existir un consenso entre las gentes de izquierdas (para entendernos) sobre leyes a anular y reformas a introducir. Entre otras cosas se entendía que la derogación de la ley Mordaza, las reformas laborales, los recortes de las pensiones, los desahucios o la privatización de los servicios públicos eran objetivos prioritarios para un gobierno que llegaba para aplicar las promesas que ni González ni Zapatero habían cumplido.

Hoy todos esos objetivos se han quedado tan pendientes como antes y las parciales mejoras introducidas son presentadas por los partidos gobernantes como auténticas victorias.

Sin embargo, la rutina informativa cotidiana nos recuerda poco después que los desahucios se siguen produciendo, que el IMV apenas llega al 10% de las familias que lo necesitan, que la ley Mordaza se sigue aplicando a quienes ejercen su derecho a manifestar sus quejas, que los contratos-basura y la precariedad siguen creciendo, que las empresas privadas aumentan su participación en sectores esenciales como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la asistencia a mayores, etc.

Que los partidos gobernantes se excusen en la crisis o en las normas europeas para no cumplir lo que nos habían prometido puede ser la constatación de que el juego parlamentario tiene mucho de farsa teatral, pero que colectivos sociales y militantes con muchos quinquenios de compromiso guarden un preocupante silencio ante esta enésima traición al pueblo al que las clases dirigentes dicen servir y representar es mucho más preocupante.

Y tanto o más grave que el silencio cómplice es la actitud grotesca de gran parte de ese sector politizado que practica una adhesión incondicional a la línea oficial de los partidos afines, sin admitir crítica alguna cuando sus líderes meten la pata hasta el corvejón y exagerando el alcance de las escasas medidas populares que desde el gobierno amigo se adoptan. Esa postura  les lleva a censurar (con razón, por supuesto) los casos de corrupción de los contrarios y a callar o restar importancia frente a los de los de partidos de la cuerda; que también los hay, y gordos.

En otros asuntos, bastante impopulares, como las reformas laborales o los recortes de las pensiones, con agresiones tanto de gobiernos de derechas como de izquierdas (suponiendo que el PSOE sea de izquierdas) la posición es todavía más insostenible: siguen exigiendo (al menos en las redes sociales) que se deroguen (ahora ya sólo parcialmente) las reformas aplicadas por el PP sin hacer lo propio respecto a las de los supuestos socialistas, que han sido incluso más lesivas que las de la derecha y que, para mayor escarnio militante, han contado en muchos casos con la firma de UGT y CC.OO., la cara B del izquierdismo biempensante.