Aborto
Gibraltar vota hoy si despenalizar el aborto

Imprisonment for life. Cadena perpetua. Es el término recogido en la actual legislación del Peñón para castigar a las mujeres abortistas. Un anacronismo que el pequeño territorio británico situado al sur de la Península Ibérica vota hoy si derogar o no. Las urnas abrieron a las 9 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Está previsto que los resultados estén para la 1 de la madrugada.

Gibraltar, con amplia autonomía respecto de Londres en asuntos locales, no aplica la en su día vanguardista ley del aborto británica. Muy por el contrario, la interrupción voluntaria del embarazo solo está autorizada cuando corra riesgo la vida de la madre y previa autorización de un médico y del fiscal general del Peñón.

La legislación propuesta por el Parlamento gibraltareño continua siendo bastante restrictiva, siguiendo un modelo de supuestos, similar al español de 1985: prevenir un daño grave y permanente para la salud física y mental de la madre gestante, cuando la continuación del embarazo ponga en riesgo su vida o si el feto está sufriendo una anormalidad fetal fatal. Bajo estos tres casos, la interrupción del embarazo no tendría límite de tiempo. Hay un cuarto supuesto, algo más amplio y sometido a plazos. “El embarazo, no superado la duodécima semana y que la continuación del embarazo entrañaría un riesgo mayor que si se interrumpiera el embarazo, de lesión de la salud física o mental de la gestante” se dice en el texto legal que se somete a votación. Nada se afirma explícitamente sobre los casos de violación, que podrían quedar al amparo de daños mentales, siempre bajo prescripción médica. La libre elección y las razones socio-económicas quedan completamente fuera.

Las activistas pro-choice gibraltareñas son conscientes de lo limitado de la legislación que defienden aprobar. “Dicen que es lo más liberal y no es verdad, pero tenemos que ir pasito a pasito” afirma Sonia Duarte Pisarello, una de las responsables de la campaña del sí. A pesar de lo literal del texto, la campaña del no continúa afirmando que la ley propuesta es extrema. “La ley que se quiere poner es bastante extrema, en la práctica va a permitir abortar hasta los nueve meses” asegura Karenza Morillo, del Gibraltar Pro-Life Movement. Duarte Pisarello, indignada, responde “están diciendo que se puede abortar hasta los 9 meses. Que me digan dónde. Solo es a menos que sea una cosa grave, de accidente. Los médicos y las parteras ha salido diciendo que es mentira. Nosotros tenemos a nuestro lado a la ciencia, y ellos tienen abogados. Sí, están haciendo una campaña de fake news”.

La periodista linense María Jesús Corrales, experta en asuntos del Peñón, califica la actual ley de “draconiana”. “Es una de las más atrasadas de Europa”. Explica que la propuesta hecha por el Parlamento de Gibraltar pretende “despenalizar, que no legalizar. Bajo varios supuestos. Esa es la diferencia, no es que pueda abortar quien quiera cuando le da la gana”. Y considera que “cae por su propio peso tener una ley más actual, ni siquiera progresista”.

“Yo me he enterado ahora de amigas mías que abortaron hace años” lamenta la activista feminista.

Tan solo Andorra, San Marino, Malta o El Vaticano tienen leyes igual o más duras que la gibraltareña sobre el aborto ¿Cómo sobrevive hasta el año 2021 una ley tan restrictiva en una sociedad europea? En el caso de Gibraltar, como en otros muchos asuntos de este pequeño exclave británico, en la frontera está la respuesta.

Cruzar la frontera para abortar. Regresar y no hablar por el tabú.

Home. Safe. Legal. En casa, de forma segura y legal. Ha sido uno de los lemas más repetidos de la campaña del sí. Un eslogan que visibilizaba una realidad ocultada durante décadas. Que las mujeres gibraltareñas cruzan al vecino Campo de Gibraltar para poder abortar. Solas en muchos casos. La vuelta, en silencio. Porque a la penalización legal se le suma la social. “Hay mujeres que lo han pasado muy mal” confirma Duarte Pisarello. La campaña del sí insiste en que la despenalización permitirá romper el tabú social y con ello también el miedo a pedir ayuda y apoyo. Tanto profesional como personal. “Yo me he enterado ahora de amigas mías que abortaron hace años” lamenta la activista feminista. Ermelinda, hermana de Sonia y también activista del sí, apunta a la importancia de la condición de clase. “Esto afecta más a la mujer que no tiene dinero que la que sí. La gente que no puede costearse una clínica privada. La ley jode más a la gente de clase baja” denuncia. Alertan incluso de que ha habido mujeres que han cruzado la frontera en época Covid, cuando estaba cerrada. “Cuando una mujer necesita abortar, va a abortar, ya se caiga el mundo”. Por esta razón la campaña del sí ha insistido en la idea de “cuidados y compasión” en casa, en el propio sistema sanitario gibraltareño, porque la realidad del aborto es inevitable.

En la ausencia de un sistema de apoyo es en lo único en lo que coinciden las promotoras del no. El movimiento antiabortista reconoce la realidad transfronteriza del aborto en Gibraltar. “No podemos parar que nadie vaya a una clínica de España o Reino Unido” asumen pero opinan que “si en una ley se implementa, si está en la ley, quiere decir que es algo bueno, es permisible, que se facilita”. Morillo asegura que “en todas las naciones donde se ha implementado, cada vez ha ido subiendo más y más los abortos”. Los datos, en el caso de España, la desmienten. Tras la aprobación en 2010 de la ley de plazos, hubo un pico histórico con 12 abortos por 1.000 mujeres en 2011 para luego descender y mantenerse estable en torno a los 10/1.000, según estadísticas del Ministerio de Sanidad.

Corrales apunta a que esa realidad transfronteriza es justamente la que ha permitido que la ley actual permanezca sin que existiera una demanda social de reformarla. “La ley es dura, castiga con penas de cárcel. Lo que pasa es que jamás se ha aplicado, nunca ha habido ninguna condena, porque debido a la cercanía a España, cuando existe una necesidad de abortar, esas mujeres se vienen a España y abortan aquí, pero lo hacen fuera de la ley”.

Una sociedad pequeña y conservadora, dividida por el aborto

Pero la ola feminista internacional también llega a Gibraltar y empezaron a cuestionarse cosas. Sobre todo, a partir del referéndum de mayo de 2018 en Irlanda que legaliza el aborto libre. Algunas mujeres gibraltareñas comienzan a moverse, a dialogar por redes sociales y a conectarse. Las activistas feministas reconocen el papel clave del social media para organizarse y crear conciencia. Tres años después de aquellos primeros pasos y una pandemia global que obligó a aplazar la votación inicialmente prevista para el 19 de marzo de 2020, las hermanas Duarte Pisarello se muestran exhaustas. En un perfecto andaluz, Sonia asegura “si sale que no, no veas que fregao”. Pero prometen continuar la batalla.

“Gibraltar es una sociedad conservadora. El tema del aborto es muy delicado en una sociedad pequeña como esta, donde todo el mundo se conoce” afirma la periodista María Jesús Corrales

“Estáis haciendo un pedazo de trabajo” le dice una vecina de Gibraltar a Sonia mientras camina por Main Street. Es de las pocas que se para con la activista feminista. A pesar de faltar horas para que se abran las urnas y de que la campaña dura hasta las 12 de la noche, no hay efervescencia en las calles gibraltareñas. Frente a la catedral católica de Santa María La Coronada, un par de mesas y media docena de promotoras del no informan a feligreses y viandantes de la importancia de acudir a votar hoy. “Saben cuál es su público objetivo” apunta Pisarello, consciente del peso de la religión en la sociedad gibraltareña, razón por la que la campaña del sí ha huido de ninguna confrontación religiosa.

Algo que confirma María Jesús Corrales. “Sí, Gibraltar es una sociedad conservadora, en estos temas al menos. Hay una representación de todas las religiones pero la religión católica tiene un gran peso. Estos temas siempre son controvertidos, pero en los otros dos casos (divorcio y matrimonio igualitario) las barreras sociales se han roto, pero el tema del aborto es mucho más delicado en una sociedad pequeña como Gibraltar, donde todo el mundo se conoce”.

Para las hermanas Duarte Pisarello, es justamente ese reducido tamaño lo que explica que muchas personas no quieran posicionarse. “Todo el mundo se conoce, por un lado u otro. Hay gente que no quiere problemas con la familia. Nosotras lo que pasa es que hablamos claro. Somos siete hermanos, hablamos todos, el que no habla se lo comen” ríen. Un hermano de ellas, muy religioso, está en la campaña del no. “Este debate, hace tres años, tuvimos que dejarlo. Cuando se dio cuenta de lo metidas que estebábamos con este tema, a él le costó. ¿Tú crees que yo mataría a un niño?, le pregunté. Bueno eso es lo que estáis haciendo, me dijo” responde Sonia. “Me llevo bien con él. Pero ahora mismo no estamos teniendo mucho contacto” asegura Ermelinda.

“Estas cosas de derechos humanos no deberían de votarse. Si hubiésemos tenido que votar el matrimonio gay, imagínate la que se hubiera liado. Y en el no estaría la misma gente” asegura Sonia Duarte. Su hermana Ermelinda, en llanito, afirma “¡se pasa el bill (ley) y full stop (y punto)!”

Frente al templo católico, la perspectiva de las promotoras antiabortistas sobre el tamaño del Peñón cambia. Lo ven como una oportunidad. “Tenemos que trabajar como comunidad, en un sitio tan pequeño, para implementar políticas y ayudar a las familias a tirar para adelante. No hay razón para que una mujer se quede embarazada no pueda tener un hijo y continuar con su vida, sus estudios, su trabajo” asegura Karenza Morillo. Pero niega totalmente que la mujer tenga derecho a elegir sobre su cuerpo. “¿Derecho de la mujer de matar a su hijo? ¿Por qué?”

Pese a la influencia de la religión, la periodista linense apunta a que existe una “profunda división social. “Realmente no se sabe lo que va a pasar, es una incógnita. Los partidarios del no se han hecho más presentes, pero puede existir una mayoría silenciosa a favor del sí, que no quiera pronunciarse en la calle pero sí lo haga con su voto” analiza.

El parlamento no legisla pero los partidos entran en la campaña

De hecho, para Corrales es justo esa “división de opiniones” lo que ha conducido a esta resolución del conflicto. Un referéndum popular. En 2018 “se alcanzó un acuerdo de todos los partidos para llevarlo a referéndum. El no hacer una ley directamente es simplemente para respetar esas diferencias de opinión, que además se han demostrado en estos meses de campaña. Existe un lobby importante en los dos lados”.

El texto legal concreto que se refrenda, sin embargo, es de 2019. Una reforma que, aunque limitada, es fruto de la presión social. En octubre de 2018, el movimiento No More Shame hace su primera convocatoria de protesta. “Estábamos cagadas, pensábamos que íbamos a venir cuatro” explica Sonia Duarte. No fue así. Tras eso vinieron propuestas de ambos sectores y finalmente el texto que se vota hoy. Una solución que, sin embargo, no contenta demasiado a nadie.

“Estas cosas de derechos humanos no deberían de votarse. Si hubiésemos tenido que votar el matrimonio gay, imagínate la que se hubiera liado. Y en el no estaría la misma gente” asegura Sonia. “Yo no lo comprendo, lo acepto, pero no lo comprendo” refrenda Ermelinda. En llanito, afirma “¡se pasa el bill (ley) y full stop (y punto)!”. Corrales escribe en el Diario Área, donde colabora, que una figura tan alejada de las feministas como el obispo católico de Gibraltar, Carmel Zammit, tampoco se ha mostrado favorable a la votación, porque la ciudadanía “dará una respuesta emocional a esta cuestión”. Aunque ha entrado en la campaña por el no. 

Desde la campaña del no, el referéndum es la constatación de la división interna en la principal fuerza del gobierno autónomo, el Partido Socialista Laborista del ministro principal Fabían Picardo. Su portavoz, Karenza Morillo, asegura que la ley propuesta es anticonstitucional porque la Carta Magna de 2002 “defiende el derecho a la vida en todas las personas”. Aunque lo cierto es que, jurídicamente, el texto que se vota es una modificación del Código Penal, no de la Constitución.

Lo cierto es que el ministro principal ha mantenido un papel discreto en el debate, aunque su esposa, la abogada Justine Picardo, sí ha sido muy activa en favor del sí. Pero en la última semana de campaña los líderes de tres de los cuatro partidos con representación parlamentaria: Picardo del Partido Socialista Laborista, el viceministro principal Joseph García del Partido Liberal y Marlene Hassam del progresista Together Gibraltar lanzaban un comunicado conjunto pidiendo el sí. Por el contrario, el líder de la oposición, Keith Azopardi, del conservador Partido Socialdemócrata de Gibraltar, ha anunciado su voto contrario a la ley. Una postura que también genera díscolos en el bloque conservador, ya que el diputado Elliot Philips expresaba su voluntad de votar que sí, como relataba Corrales en el Área.

La periodista linense apunta que, pese a estas diferencias notables, e incluso transversales, “la sociedad gibraltareña es una sociedad pacífica, tranquila, que huye de la confrontación social, son todos vecinos/as, piensen de un modo u otro”. Hoy Gibraltar hará historia. La incógnita es si a favor o en contra de los derechos de las mujeres.