Derecho a la vivienda
Macrodesahucio en el Raval: “Ningún gobierno puede prohibir los desahucios en el capitalismo”

Son las siete de la tarde y María ya está organizando y preparando comidas para el día siguiente, a la vez que apila los cacharros a un lado de la cocina. Un ritual cotidiano que realiza desde hace dos años en ese piso en el corazón del Raval, el tercero de la calle del Carme, 106, donde vive junto a su hija y otros cuatro menores. 

Àlex vive un piso más arriba y suele llegar algo más tarde a casa, a eso de las ocho. Las tardes se alargan mientras se saca la carrera de Derecho, pero la convivencia junto a sus otros dos compañeros de piso le amenizan la rutina. En el piso de enfrente vive Martí junto a otro joven, y no pasa mucho por casa porque tiene horarios rotativos en el puerto de Barcelona.

Llevan vidas diferentes, pero les unen muchas cosas: viven en un bloque de uno de los fondos inversores más grandes del mundo, están organizados con un sindicato de vivienda y podrían ser desahuciados el próximo miércoles 21 de febrero en un macrodispositivo que ha centralizado sus procedimientos en un mismo desalojo. 

CONCLUSIONS DESPRÉS D'ATURAR ELS DESNONAMENTS D'AVUI

Avui, gràcies a l'organització col·lectiva i a la coherència política, hem enfrontat dos desnonaments molt importants, al Raval (Carme 106) i l’Eixample a (@XHabitatgEE).

Destaquem alguns punts importants. pic.twitter.com/sa3I7rTSxL

— Sindicat Habitatge Casc Antic (@shcascantic) October 4, 2023

Pasar de un desahucio a cuatro 

El pasado octubre El Salto informaba del caso del desahucio de Àlex en Barcelona, que finalmente fue aplazado por presión sindical. Lo que no esperaban ellos ni los colectivos de los que forman parte, el Sindicat d’Habitatge del Raval y el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic, es que meses después varios procedimientos hayan sido unificados en un mismo desalojo. Un macrodispositivo con la presencia confirmada de los antidisturbios de Mossos d’Esquadra que plantea la expulsión de los inquilinos del mismo bloque, además de los de otro piso en el barrio que se encuentra a escasos metros y donde reside Omar, también militante de los citados movimientos. 

Los vecinos del bloque han denunciado anteriormente que la propiedad, una filial de Cerberus, compró las viviendas en 2015 para duplicar el precio de alquiler de 700 a 1.400 euros

“No es una coincidencia que hasta cuatro jueces diferentes se hayan puesto de acuerdo para echar a la calle el mismo día a más de una decena de personas que viven en pisos diferentes y que resulta que todas ellas están organizadas en un sindicato de vivienda. Es un macrodesahucio doblemente flagrante; primero por echar a la gente a la calle y segundo, por el componente represivo que implica. Nosotros nos organizamos, pero ellos también”, cuenta Àlex a El Salto.

CONCLUSIONS DESPRÉS D'ATURAR ELS DESNONAMENTS D'AVUI

Avui, gràcies a l'organització col·lectiva i a la coherència política, hem enfrontat dos desnonaments molt importants, al Raval (Carme 106) i l’Eixample a (@XHabitatgEE).

Destaquem alguns punts importants. pic.twitter.com/sa3I7rTSxL

— Sindicat Habitatge Casc Antic (@shcascantic) October 4, 2023

A María, cabeza de una familia numerosa migrante, le preocupa que pueda ser desahuciada en menos de 48 horas y aún nadie les haya explicado las alternativas de alojamiento a las que podría optar junto a sus hijos y nietos. Según la entrevistada, aunque su hija mayor es la única que aporta económicamente en la familia, no ha llegado a obtener la certificación de familia vulnerable porque a su abogada “se le olvidó echar los papeles”. “El trato con Habitatge ha sido fluido, pero de Servicios Sociales no tenemos información. Nos echan a la calle y aún no nos han dicho nada”, admite. Martí sostiene su desesperación: “El trato con Servicios Sociales ha sido prácticamente inexistente porque solo te hacen caso cuando ya estás en la calle, no es que te prevengan de nada. Obviamente no es culpa de los trabajadores, es algo mucho más amplio porque ni el Ajuntament ni el Estado son capaces de gestionar toda la miseria que el sistema capitalista genera, que se ve claramente en los desahucios”, anota el joven. 

“Okupar no es agradable para nadie, pero es una decisión política y legítima: nos negamos a irnos a la calle, a vivir en unas condiciones de miseria, infravivienda o hacinamiento”, defiende Àlex

De acuerdo con los entrevistados, el bloque de Carme 106 es un edificio que lleva años en lucha. Los vecinos del bloque han denunciado anteriormente que la propiedad, Optimum RE Spain, filial del fondo de inversión Cerberus, compró las viviendas en 2015 para reformarlas y duplicar el precio de alquiler de 700 a 1.400 euros. “Esta Socimi se dedica a comprar fincas viejas para transformar sus pisos en viviendas de alto standing y expulsar a las antiguas vecinas, que no pueden pagar estos nuevos alquileres abusivos y desorbitados”, indicaban entonces desde el Sindicat de Llogateres. En el presente, según el Sindicato d’Habitatge del Raval, la propiedad no estaría interesada en renovar los contratos de arrendamiento ni en realizar alquileres sociales conforme a la ley antidesahucios catalana, la 24/2015, que prevé esta posibilidad para los pisos desocupados de grandes tenedores. Por esta misma razón, María, Martí, Àlex y sus convivientes se encuentran ocupando en el presente, al indicar que no tienen otra opción de vivienda digna. 

“La gente cree que okupamos porque nos da la gana y tienen una imagen totalmente distorsionada de las personas que se ven obligadas a hacerlo. Okupar no es agradable para nadie, pero es una decisión política y legítima: nos negamos a irnos a la calle, a vivir en unas condiciones de miseria, infravivienda o hacinamiento mientras otros agentes como los fondos buitre se enriquecen a costa de la clase trabajadora. Defendemos que la vivienda ha de ser gratuita, digna y accesible, porque poder tener un techo bajo el que dormir no puede depender de lo que puedas pagar por ella”, defiende Àlex. 

No es habitual encontrar la reivindicación de la vivienda como algo gratuito, pero es la línea discursiva central de estos sindicatos desplegados en Ciutat Vella. “No es que queramos que los alquileres o la vivienda sean reguladas, es que defendemos y reclamamos que sean gratuitas y de calidad. Lo demás es vender humo. Las medidas que hemos visto poner en marcha por los diferentes gobiernos, desde la 24/2015, hasta la moratoria de desahucios, no han tenido un impacto significativo en la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por lo general, solo han servido para aplazar lo inevitable: tener a gente en la calle o en infraviviendas. Ningún gobierno puede prohibir los desahucios en el sistema capitalista, el poder de las instituciones está totalmente limitado por la propiedad privada. No puede entenderse el acceso a vivienda digna sin la superación de este sistema”, señalan desde el Sindicat d’Habitatge del Raval. 

Turistificación, securitización y restricción de derechos 

La aceleración del macrodesahucio se produce en un momento en el que la gestión del espacio público en Barcelona cambia significativamente conforme a los meses anteriores. La victoria municipal del PSC, partido que aboga por los desahucios exprés en los casos de okupación, ha dado paso a una política más permisiva con los alojamientos turísticos. El partido de Collboni ha propuesto como una de sus estrategias centrales el Pla Endreça. Un planteamiento en el que el Ajuntament invertirá 435 millones de euros hasta 2027, y que está basado en intensificar la seguridad y la limpieza en la ciudad, cargando contra los “actos incívicos”, entre los que recoge “la venta ambulante”. 

En este sentido, la gestión de los desahucios, de acuerdo con el propio PSC, no ha cambiado respecto al mandato anterior, aunque la ex-alcaldesa Ada Colau sí reprochó la gestión de su sucesor, Jaume Collboni, tras el polémico desahucio de Blanca, una mujer de 78 años expulsada de su casa por un impago de 88 euros, tras un desacuerdo con la propiedad del que su colectivo vecinal, Resistim al Gòtic, culpa al Ajuntament de Barcelona. 

🔴 La Blanca ha estat desnonada per culpa del canvi de criteri polític de l'Ajuntament, que ha trencat a última hora un acord que estava fet.
Un canvi de criteri que podria afectar molts més desnonaments👇🏽 https://t.co/Ud490mer77 pic.twitter.com/UJP72NeL4C

— Resistim al Gòtic (@resistimalgotic) February 1, 2024

De acuerdo con el Sindicat de Habitatge del Casc Antic, todos estos hechos están interconectados y ponen de evidencia un giro represivo del Estado. 

“La gestión del PSC a través del Plan Edreça y la tónica de acelerar los procesos judiciales en caso de desahucio, son dos fenómenos que responden a una misma tendencia, un refuerzo autoritario del Estado y, como consecuencia, un recorte en los derechos y libertades políticas de la clase trabajadora, y en este caso, concretamente, contra los sindicatos de vivienda. Por un lado se reprime judicialmente a la gente que se organiza, mientras se ponen en marcha políticas antiproletarias para limpiar las calles de pobres y ponerle la alfombra roja al turismo y los fondos de inversión. Esto, como ya hemos visto miles de veces en ciudades como Barcelona, se traduce en más represión; contra los sindicatos, contra los manteros, contra las personas que viven en la calle… básicamente, contra las personas que no tienen nada”, señalan desde el Sindicat. 

Los sindicatos de vivienda junto a otros agentes del Moviment per l’Habitatge llaman a la convocatoria del macro desalojo el próximo miércoles 21 de febrero a las 8 horas. Un operativo simultáneo que se prevé como uno de los más complicados del curso, tanto por la magnitud de la convocatoria como por el apoyo vecinal que se espera recibir.