Tribuna
Una necesaria reflexión tras el acuerdo en los Centros de Iniciativa Social de Euskadi

La firma de este acuerdo merece, ya en un momento de mayor sosiego, después de 16 días de huelga, otras tantas mesas de negociación y un agónico acuerdo in extremis, de un profundo análisis, porque aunque el sentimiento de triunfo es general entre trabajadores y trabajadoras, no es menos cierto que permanece una impresión en la conciencia de todas y todos los que hemos participado en esta movilización y esta negociación de que estamos ante un cambio de ciclo y ante la necesidad de un cambio de modelo.

Allá por 2010, la crisis financiera mundial provocó una reacción en cadena de contención y recortes en financiación y salarios que tocó de lleno los presupuestos del Estado y la comunidad autónoma. El sistema de financiación pública de los centros concertados, religiosos e ikastolas, se vio afectado de pleno. Para los profanos en el sector, hay que explicar que ambos convenios de iniciativa social de Euskadi e Ikastolas tienen la potestad y obligación de acordar las tablas salariales año a año con las respectivas patronales. Esas tablas siempre se negociaban teniendo en cuenta la evolución de la economía y la financiación pública, es decir las tablas de “pago delegado”. No es fácil explicar este concepto, pero hagamos un intento: un trabajador de la concertada tiene, digamos, un sueldo de 100, que es lo que se ha pactado en la negociación colectiva y “es ley”. El Gobierno Vasco, en base a sus presupuestos financia públicamente 99 de esos 100, a través de una transferencia directa al banco del trabajador o trabajadora, siendo esos 99 parte de unas tablas salariales que es lo que llamamos “tablas de pago delegado” cuyo importe decide de forma autónoma el Gobierno Vasco en base a sus presupuestos, como hemos dicho. Para poder cumplir “la ley”, es decir el convenio, los colegios e ikastolas privadas y concertadas tienen que aportar un euro de su bolsillo, llegando así a los 100.

Pues bien, en 2010, por la crisis, y a través de un decreto, el Gobierno decidió bajar el salario a todos los funcionarios, y como son vasos comunicantes, también las tablas de pago delegado, bajando de 99 a 89 su importe. A partir del 1 de julio de 2010, toda la concertada tenía que aportar no uno, sino 10 en cada sueldo para cumplir la ley.

Los colegios religiosos y las ikastolas, viendo el perjuicio económico en ciernes, decidieron “incumplir la ley” y bajar también el salario

Los colegios religiosos y las ikastolas, viendo el perjuicio económico en ciernes, decidieron “incumplir la ley” y bajar también el salario hasta los 89. Y a partir de ese momento empezaron dos batallas diferentes, aunque con un objetivo común en ambas redes: ligar “la ley” es decir el convenio a las tablas de pago delegado, eliminando de la ecuación el riesgo que supone para las patronales tener que cerrar unas tablas propias en la negociación colectiva. Estas batallas son el meollo de toda la problemática en este sector hasta la actualidad.

Kristau Eskola: así coloca el PNV a sus candidatos en las directivas de centros religiosos concertados

Ahoztar Zelaieta

Educación concertada

Colegios religiosos Kristau Eskola: así coloca el PNV a sus candidatos en las directivas de centros religiosos concertados

Ahoztar Zelaieta

La nueva directora de la red de centros de Kristau Eskola, María Eugenia Iparragirre, representó al PNV en el Senado junto al actual consejero de Educación del Gobierno Vasco, Jokin BildarratZ.

En Ikastolas, LAB, sindicato mayoritario, y patronales decidieron “aceptar la situación” en bien de los proyectos de ikastolas, convenciendo a la mayoría de su personal trabajador a que renunciara a reclamar “que se cumpliera la ley”, es decir, a seguir cobrando 100. Así desde 2011 hasta 2019. En los centros de Iniciativa social, sin embargo, comienza una lucha sindical que continúa, como hemos visto, hasta hoy: una sentencia del tribunal supremo, 34 días de huelga en total e infinidad de negociaciones consiguieron que el 1 de enero de 2016 Kristau Eskola y AiCE (y resto de patronales) volvieran a “cumplir la ley” y volvieran a pagar lo que las tablas, en ese momento vigentes, del convenio de 2009 imponían, y además que entre 2016 y 2019 devolvieran toodo el dinero que no habían pagado, forzando un acuerdo de fin de huelga histórico en noviembre de 2019 que además lograba importantes aumentos salariales para 2017, 2018, 2019 y 2020, años en los que las Ikastolas, mientras tanto, seguían cobrando, básicamente, con algunos incrementos propios mínimos, lo que estipulaban las tablas de pago delegado, que a su vez también habían ido subiendo, aunque a un ritmo mucho más modesto, aceptando LAB e Ikastolas, en la práctica, y a cambio de la paz social, ligar salarios a financiación pública.

Se ha conseguido limitar las irregularidades en jornada y desempeño de la Formación Profesional, con unas especificidades muy concretas que han mejorado mucho las condiciones de trabajo de este personal

No es esta una cuestión baladí. Si observamos la evolución del convenio colectivo de Ikastolas, pero también el convenio colectivo estatal de los centros financiados total o parcialmente con fondos públicos, que también tienen sus salarios ligados a la financiación pública a través de lo que se llama “complemento salarial autonómico”, podemos observar que, los avances en mejoras de condiciones laborales no salariales (jornadas lectivas, anuales de todos los colectivos, permisos, jubilaciones, complementos IT, etc.) son pocos o poco relevantes, independientemente de la diferencia en la calidad del texto de origen, indudablemente mejor en el caso de las Ikastolas. Pero si observamos la evolución del convenio de Centros de Iniciativa Social en el mismo período, el avance y la mejora de las condiciones laborales es tremenda. Además de incrementos salariales que compensaron la pérdida de poder adquisitivo y la crisis económica de esos años, se han conseguido reducciones significativas de las cargas de trabajo en todos los colectivos, sobre todo en los más feniminizados como Especialistas de Apoyo Educativo y Técnicas de Jardín de Infancia, y también para el Personal de Administración y Servicios. Se ha conseguido limitar las irregularidades en jornada y desempeño de la Formación Profesional, con unas especificidades muy concretas que han mejorado mucho las condiciones de trabajo de este personal, se ha establecido un procedimiento obligatorio para la recolocación del personal que puede perder su puesto de trabajo a causa del descenso de la natalidad y cierre de aulas por falta de matrícula y financiación y sobre todo, se ha establecido la jubilación anticipada a través del contrato de relevo como un derecho individual, sin pacto con la empresa que lo condicione, de todo el personal de los centros al 75%25, un logro que ningún otro convenio del sector contempla.

Todos estos logros han venido de la fuerza y el tesón de la movilización de los trabajadores y trabajadoras a través del liderazgo sindical en todo este turbulento período, y cuya herramienta fundamental, la negociación colectiva de convenios y, necesariamente, salarios, ha sido objeto de ataque directo por dos agentes muy concretos, que han intentado anular su efecto, pero que, afortunadamente, han tenido que claudicar ante la fuerza de la movilización.

En el periodo 2010 2019 fueron las patronales Kristau Eskola, AICE, Elizbarrutiko Ikastetxeak y alguna más que nos dejamos en el tintero, las que, con ahínco, y por motivos estrictamente financieros, pretendieron imponer el modelo que Escuelas Católicas y otras patronales estatales mantienen en el resto de comunidades autónomas, con una negociación colectiva maniatada por unos salarios ya definitivamente esclavos del complemento autonómico. Aquello provocó, en esencia dos períodos de huelgas de 5 y 27 días respectivamente.

Y un segundo período, el acutal, que ha culminado ahora con el acuerdo del 5 de febrero, cuyo principal agente ha sido el Departamento de Educación, con el consejero Jokin Bildarratz, y los viceconsejeros Xabier Aizpurua, Begoña Pedrosa, y la directora de gestión económica del departamento de educación Ane Urkiola, que han manejado los hilos que movían cuerpo y boca de María Eugenia Iparragirre en los tiempos de este conflicto y la negociación de este acuerdo.

En su día, la firma en 2019 del histórico acuerdo de fin de huelga en los centros de iniciativa social, y sobre todo el acuerdo de recolocación y la obligación de jubilar al 75%25 a través del contrato de relevo, fue posible, en gran parte, por la participación, sobre todo económica, del entonces departamento de educación liderado por la viceconsejera Olatz Garamendi (no recordamos quien era la consejera). Garamendi favoreció la firma de un acuerdo económico a tres, Departamento, patronales y mayoría sindical, para la financiación de ese acuerdo de recolocación y jubilación anticipada. Pero inmediatamente después de su firma y del fin de las huelgas en el sector, se celebraron elecciones al parlamento vasco, y el equipo del departamento de educación renovó por completo integrantes y objetivos.

Entre estos últimos se encontraba, principalmente, el desarrollo de una nueva ley educativa vasca, cuya tribulada generación, definición y firma conocemos sobradamente. La redacción de esta ley es crucial en la comprensión de cómo se ha generado y cómo se ha desarrollado este nuevo período de conflicto en los centros de iniciativa social, puesto que hasta la aprobación de la ley, que ha llegado tarde y muy lejos de los consensos iniciales, se ha impedido, por orden directa del departamento, que Kristau Eskola, que adolece claramente de capacidad, atienda la negociación colectiva, a pesar de que ya se habían celebrado más de diez huelgas en el sector.

El Departamento de Educación había puesto en la firma de la ley y en la constitución del “Servicio público Vasco de Educación”, que, a nuestro juicio, perpetúa la dualidad público-privada de nuestro segregador sistema educativo

Efectivamente, el Departamento de Educación había puesto en la firma de la ley y en la constitución del “Servicio público Vasco de Educación”, que, a nuestro juicio, perpetúa la dualidad público-privada de nuestro segregador sistema educativo y que pretende igualar ambas redes en “derechos y obligaciones” y por supuesto también en financiación; había puesto, decíamos, la casilla de salida para las negociaciones y posibles acuerdos de las redes concertadas, iniciativa social e ikastolas. En ese sentido, no hay que olvidar que, previamente a la firma de la ley, el departamento intentó allanar el camino con una cita en el santuario de Aránzazu, intentando pactar un “acuerdo global para la mejora de las relaciones laborales de toda la enseñanza vasca” con todos los sindicatos con representación en la educación privada y pública, allanando también el camino de la intención equiparadora de la ley entre lo que es público y lo que es privado.

Significativamente, y más teniendo en cuenta que las ikastolas hacía muchos años (desde 2010 recordemos) ya habían ligado salarios a financiación y no tenían mucho que perder en este sentido, el único sindicato firmante de ese acuerdo propuesto por la administración fue LAB, que, junto con EH Bildu, comparte con la sociedad y desde ese especial momento, la idea de que las Ikastolas concertadas no son ya privadas, sino “escuelas comunitarias vascas” pretendiendo iniciar un debate social sobre si “únicamente lo que es de titularidad pública es público” y si en ese concepto de “lo público” podrían entrar unas ikastolas que en su origen “han salido del pueblo y pertenecen al pueblo”.

Además de no conseguir ningún apoyo sindical más para “su plan”, el departamento tuvo que ver cómo la aprobación de la ley educativa vasca se retrasaba, obligando a Kristau Eskola a mantener el freno pisado y a no presentar ninguna propuesta de negociación viable y favoreciendo que la mayor empresa sindical que existe en este país, cuya política de ralentizar negociaciones para sacar luego rendimiento afiliativo de los conflictos, no encontrara mejor coyuntura y alimentara este conflicto.

Así, tras trece mesas negociadoras de convenio, y sin una sola propuesta de Kristau Eskola encima de la mesa, y una jornada de huelga en el mes de abril de 2023, convocada a modo de aviso de lo que podía venir, en septiembre en los centros de iniciativa social de Euskadi estalla de nuevo el conflicto en toda su intensidad, con una unidad sindical entre CCOO Irakaskuntza, ELA y STEILAS reforzada, con una participación problemática de LAB y con una UGT, que como suele, unos días ha dicho una cosa, y otros lo contrario; pero con una masa trabajadora, de nuevo entregada a la movilización y a la consecución de sus objetivos, que no son otros que trabajar en mejores condiciones y por un sueldo justo.

El 21 de diciembre se precipitan los acontecimientos y el parlamento vasco aprueba la ley educativa vasca. Inmediatamente después, en enero de 2024, LAB e Ikastolas firman un preacuerdo de convenio en el que se habla de una “homologación salarial” del personal de las ikastolas con sus homólogos de la educación pública. Y a la vez, Kristau Eskola presenta, por primera vez, una “propuesta” en la mesa negociadora, que no es otra que la misma, literalmente, equiparación salarial presentada en ikastolas, y cuya esencia radica en ligar salarios a financiación.

A partir de ese momento, “este es una oportunidad que no se puede dejar escapar” y “no se puede pedir lo que no es posible” se convierte en un mantra al que Kristau Eskola renuncia de un viernes a un lunes, convirtiendo en posible lo imposible, y aceptando “lo que no se puede pedir” ante la perspectiva clara y contundente de que los trabajadores y trabajadoras del sector le obligaran a renunciar al tren de los millones públicos que no se puede dejar escapar.

El acuerdo, pues, está servido. De nuevo es un buen acuerdo, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo perdido estos años de inflación, no liga los salarios a financiación, permitiéndonos seguir decidiendo nuestro futuro, alivia cargas de trabajo, mejora condiciones laborales de colectivos precarizados, que los hay en nuestros centros, regula las especificidades de la FP, ayuda al mantenimiento del empleo, favorece la jubilación anticipada, y vuelve a suponer un triunfo de la clase trabajadora.

Es cierto que la eficacia de este acuerdo es corta en el tiempo, pero no lo es menos que Kristau Eskola y el Gobierno tienen en su mano retomar las dinámicas que ya ponían en práctica antes de 2010, comprendiendo que el único camino posible es la negociación colectiva dinámica y continuada, y entendiendo y aceptando de una vez que este sector nunca va a permitir que se liguen los salarios a la financiación.

Desgraciadamente observamos en la patronal una actitud de derrota, que solo es achacable a su manifiesta incapacidad para sostener de una manera ordenada, cordial y adecuada una negociación colectiva más favorable para ambas partes, obligándose siempre a tener que firmar acuerdos in extremis, con huelgas, movilizaciones y un claro desasosiego social, acuerdos que luego siempre les cuesta hacer cumplir a sus empresas asociadas, que esa es otra.

Y es que una vez más, la determinación, el tesón y la convicción de hacer lo correcto de los trabajadores y trabajadoras y su movilización ha llevado a un triunfo frente a la soberbia gubernamental, de un departamento que ha querido anular la negociación colectiva, y frente a la incapacidad patronal, que pretende disfrazarla apelando a ficticias coacciones y presiones.

No creemos que este sea el camino y haremos todo lo posible para que de hoy en adelante, estas patronales, el sindicato mayoritario y este gobierno, o el nuevo que derive de las elecciones al parlamento vasco, tomen el camino de una negociación más pausada, más tranquila, más reflexionada, y que evite, en la medida de lo posible, que tengamos que llegar a nuevas convocatorias de movilizacion y huelga. Pero, sin olvidar que, si nos vemos obligados, trabajadoras y trabajadores del sector volveremos a la carga. Somos fuertes, estamos unidos, y eso es lo que hace grande a este colectivo.