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Para comenzar a hablar de las experiencias municipalistas más recientes en el Estado Español debemos mirar un poco al pasado. A partir de 2015 observamos cómo una marea de organizaciones políticas municipalistas comienza a gestarse en una buena parte de municipios a lo largo de todo el Estado Español. Los partidos tradicionales se ven destronados de su ejercicio de gobierno en los ayuntamientos de capitales de provincia y se ven acompañado de estos en buena parte de los ayuntamientos de todo el país, perdiendo más de cuatro mil concejales y cerca de tres millones de votos en todo el Estado.
Estas organizaciones, configuradas jurídicamente bajo partidos instrumentales o agrupaciones de electores, nacen en gran medida del impulso de las bases de Podemos, ante la negativa aprobada en Vistalegre I de presentarse a las elecciones con sus siglas, y de una base social previamente organizada en asociaciones y plataformas de luchas sociales en sus territorios.
Claramente podríamos hacer un mapeo donde encontraríamos particularidades en cada uno de los territorios en torno a la formación de estas organizaciones municipalistas (con más vocación electoralista que transformadora por desgracia) en las que descubriríamos muchos matices de lo más interesantes, sin obviar que el punto de encuentro es la ola de indignación popular y la crisis de representación vivida en los últimos tiempos materializada en el 15M y el surgimiento de nuevas formas de organización popular para combatir conflictos concretos de recortes en servicios públicos, vivienda, etc.
Confundido muchas veces con lo que engloba la política institucional local (que también), el municipalismo podría ser definido como el conjunto de procesos políticos que materializan al municipio como sujeto político propio con virtud soberana sobre su territorio. El municipalismo es, sin duda, una afirmación de democracia y soberanía desde la propia convicción de su potencial transformador. La composición jerárquica y centralista del Estado hace del municipalismo un movimiento contracultural con el objetivo práctico de obtener la legitimidad social y un horizonte constituyente capaz de dilucidar un nuevo modelo de sociedad.
Contrapoder como estrategia central
Retomando a Daniel Bensaïd, referente en la teorización y la importancia de la estrategia, el objetivo base es la conquista del poder político, poco tiene que ver con conquistar las instituciones del Estado. Desarticular los instrumentos de dominación económica, política y cultural va mucho más allá de la conquista del Estado. Pero aquí presentamos la pregunta del millón: ¿El municipalismo como instrumento estratégico para vencer? Sin duda puede ser una punta de lanza que bebe del desprecio de las élites por los municipios como base organizativa y política social.
Culturalmente vivimos constantemente ese desprecio por los municipios pequeños y rurales, la capital como esa representación de acumulación y poder que todo lo que se aleje de la urbe no es significante. Algo contrario ocurre en Andalucía en comparación con el Estado español. Quizá sea el alto porcentaje de municipios rurales y su historia, la cultura andaluza tiene mucho que ver con lo rural, una serie de relaciones materiales que suelen ir muy ligadas a su pueblo y que nada tiene que ver con el desprecio.
Esto se refleja en parte con el Proyecto de Constitución Federal de Antequera en 1883, teniendo al municipio como la unidad básica de la que emana la soberanía y el resto de estructuras democráticas de organización territorial.
La estrategia de construir un movimiento de contrapoder con carácter municipalista no es una idea desorbitada en un momento de restauración del régimen del 78, que en la vuelta al gobierno del PSOE el Estado encuentra la cara "progre" con gestos simbólicos que normalizan y continúan las medidas neoliberales del anterior gobierno buscando la legitimidad de una UE en plena crisis.
En un momento de desfragmentación de las identidades y un neoliberalismo e individualismo hegemónico que aleja a las personas en un bucle de inestabilidad, movilidad (o exilio); buscar en lo cercano las respuestas de cómo configurar identidades colectivas arraigadas a un territorio puede ser cuanto menos una buena hipótesis sobre la que comenzar a debatir.
La estrategia del contrapoder es una respuesta para reafirmar que el "partido" aún no ha acabado, pero tiene que tener un doble sentido: Por un lado, resistir en una lucha que señale a los antagonistas, evidencie sus contradicciones y consiga victorias cercanas en luchas concretas. Por otro lado, la construcción de una base social que acumule experiencias y dilucide alternativas.
Ante un repunte de las movilizaciones con la marea de pensionistas y el movimiento feminista nos encontramos con elementos de experiencia de lucha y la de un movimiento con vocación a poner un sentido común nuevo para entender la vida, ambas entienden la organización colectiva como una necesidad para afrontar la pelea. En los municipios trabajar en la articulación de estos movimientos y otras problemáticas de nuestro territorio nos permite tejer redes que sigan construyendo nuevos frentes ante problemas comunes.
Cierto es que el ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía tiene una contradicción enorme por causa de la centralización del poder: problemas cercanos con soluciones burocráticas lejanas. Esta cuestión desanima a la organización popular ante una imagen de parlamento de lenta burocracia que ve insignificante las reclamaciones de los municipios, sobre todo los más pequeños. Por ello, queremos empezar a poner en valor la estrategia del movimiento de contrapoder.
En todos los municipios nos encontramos luchas y problemas comunes en torno a la privatización de servicios públicos, recortes en sanidad, corrupción o gastos faraónicos. Organizar la lucha de esos conflictos concretos y la retroalimentación entre ellos, ganar la legitimidad popular y poner las incoherencias de un equipo de gobierno en la mesa, pueden ser partes de un primer paso hacia la resistencia y la construcción de nuevas instituciones populares que pongan alternativas reales para la gestión de lo común y los derechos básicos. La tarea fundamental de cualquier proyecto transformador que entra en conflicto con el statu quo: Una base social amplia y fuerte capaz de ensanchar el marco de lo posible.
El error del “cambio”
La política del “cambio” está cayendo en el error de pensar que las transformaciones sociales se producen con una victoria electoral o un gran abanico de representación, una visión corta del conflicto y la lucha por la hegemonía en los municipios. En estos momentos la representación institucional debe ser útil para el movimiento y no para sí. Facilitar información y elevar debates a la palestra es necesario, pero no un fin. Ya hemos visto la cantidad de mociones caídas en saco roto, municipalizaciones paralizadas por un tribunal, oficinas anti-desahucios inútiles o el pago de la deuda con el total o el 50% superávit.Uno de los mejores ejemplos de los límites de la institución lo encontramos un 9 de abril de 2013: La coalición PSOE-IU en el gobierno andaluz aprueba el decreto-ley propuesto por IU para asegurar la función social de la vivienda. Una medida con capacidad de expropiación forzosa temporal a favor de familias en riesgo de exclusión con el objeto de garantizar el derecho a la vivienda algo que habían tomado los bancos con el único objeto de especular y que dejaban a miles de familias en la calle y con una deuda a sus espaldas. El decreto-ley fue declarado inconstitucional. Es una prueba evidente de los límites de la institución y que demuestra que el terreno de juego no se encuentra en el parlamento o un ayuntamiento, algo que para la conquista de derechos ha sido más que evidente.
El otro ejemplo se produjo en diciembre de 2017, el gobierno del “cambio” en Madrid se enfrenta a las imposiciones de Montoro y el bendecido artículo 135 (que lo trajo el PSOE y PP, no Dios) para ajustar un plan económico financiero dedicado a amortizar deuda, dejando a los madrileños y madrileñas sin 530 millones de euros de inversión.
El gobierno de Ahora Madrid en esa lucha representaba mucho más que a su propio ayuntamiento, abría un marco de posibilidades al resto de municipios. El posible gesto de desobediencia quedó en la destitución del concejal responsable de la reducción de deuda y otro modelo de gestión más eficiente para ayuntamiento. El plan de Montoro fue aprobado por el Partido Popular y una parte del grupo municipal de Ahora Madrid evidenciando un punto fuerte de ruptura con su base social y las organizaciones que la componen. La derrota supuso el cierre de un debate central sobre la legitimidad y la soberanía, entre otros elementos para confrontar con las posturas neoliberales. Sin duda este ejemplo da para debatir y profundizar muchísimo más que estas pinceladas que solo tiene el objeto de poner una vez más los errores y límites del “cambio” como paradigma de construcción sobre significantes que no terminan de echar raíces en lo material.
¿Y ahora qué? Tocar repensar la estrategia de todas aquellas organizaciones que buscan una sociedad alternativa, otro modelo de vida. Las próximas elecciones que se aproximan en 2019 evidenciarán el trabajo realizado en el terreno. Si la llegada de otras caras bonitas con mejor discurso usurpa los avances aprovechando nuestros errores o si hemos sido herramienta de construcción para ganar posiciones en lo social y que eso se refleje en la futura corporación.
Con todo esto no hacemos un llamamiento al desánimo, sino todo lo contrario. Tal vez sea necesaria una profunda revisión y autocrítica para aprender de los propios errores. Quizá sea momento de cambiar el paradigma y tomarse en serio el municipalismo como estrategia de contrapoder y poder así transformar desde lo cercano. Es momento de encontrar posiciones de construcción, de acumulación de experiencias y conseguir victorias. Es la hora de la resistencia.
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https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/alcalde-Cadiz-antepone-trabajo-dilema_0_811919512.html
Sí que podéis, desalmados fascistas.
Como Desideratum está muy bien y lo comparto.
Pero la realidad da baños de desilusión por los límites económicos, legales y de preparación para construir un mundo alternativo de muchos alcaldes y concejales.