Derecho a la vivienda
Viviendas autogestionadas para controlar el abusivo mercado inmobiliario y sus repercusiones en la naturaleza

Viviendas cooperativas, autogestionadas, colaborativas o terrenos compartidos son algunas de las modalidades que permiten hacer una vivienda para todos los bolsillos, pero también que las personas se impliquen en sus domicilios y el ecosistema que les rodea.

“Cuándo la vivienda es producida por la gente, sabe dónde va a vivir, se preocupa más por la vivienda, por los aspectos ambientales y busca una calidad mayor que la que le ofrece el mercado o el Estado, es decir, la mejor manera de vivir con un coste más reducido”, explica Bea Varnai, encargada de proyectos de Urba Monde, que vela para que exista un modelo de sociedad más sostenible.

Según el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la vivienda es un derecho fundamental al que todas las personas del planeta deberían de tener acceso. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifiesta que alrededor de 1.600 millones de personas habitan en casas inadecuadas y 900 millones en asentamientos informales o campamentos, unas cifras que no recogen las de sin techo.

Para revertir esta situación, Varnai considera que se deben de potenciar formas más participativas tanto de producción como gestión de la vivienda, que se pueden apoyar en tres ámbitos: facilitar el suelo a bajocoste como podría ser a través de un banco de tierra que permita alquilarlo a un precio reducido o que desde la esfera pública se realicen acciones para acceder al suelo con fines de no lucro; facilitar el acceso de las personas al financiamiento fuera del ámbito de los bancos, que tienen intereses muy elevados y condiciones poco favorables; facilitar asistencia técnica a aquellas personas que quieran autogestionarse su vivienda.

Para Varnai, estas medidas serían las imprescindibles, pero también habría otras necesarias como ofrecer más facilidades a las viviendas cooperativas en comparación a las inmobiliarias que buscan incrementar sus beneficios económicos.

Sistemas de autogestión

Inmobiliarias cooperativas: ofrecen un servicio de venta de inmuebles cooperativos, con un precio reducido y una vivienda autogestionada. Por ejemplo, en Alemania es una formula muy extendida. 

Viviendas cooperativas: son hogares donde las personas ponen una cuota para construir el edificio o bien alquilarlo y forman parte de una cooperativa que gestiona la vivienda. En este caso, dependiendo de la legislación del país o del código de la cooperativa, tendrán más o menos espacios de autogestión. Este sistema tiene como finalidad poder construir vivienda a bajo coste para que todos los bolsillos puedan tener acceso a la vivienda. Vernai pone como ejemplo Uruguay, donde existen alrededor de 600 cooperativas de vivienda social para trabajadores que su sueldo no les alcanza para adquirir un alojamiento.

Por su parte, en la ciudad suiza de Zurich existe una ley que el 33% del parque habitacional debe estar en manos de productoras sin fines de lucro, de las cuales, principalmente, un 20% son cooperativas.

Vivienda colaborativa, participativa o cohousing: en esta modalidad diferentes personas adquieren una propiedad juntas y comparten los espacios comunes.

Grupos de ahorros organizados: son personas que manejan grupos de ahorros de manera conjunta para crear o reconstruir viviendas.

Community Land Trust: es una corporación, sin fines de lucro, extendido en Gran Bretaña y Estados Unidos. Éstos ofrecen que las personas puedan acceder a la tierra y mantener su tenencia a través de viviendas asequibles u otros tipos de espacios comunitarios y necesarios. 

Precisamente, esta idea de que otro modelo de vivienda más sostenible es posible es lo que HIC, red mundial con la que trabaja Urba Monde, expresó que era necesario en la COP25 que concluyó la semana pasada en Madrid.

“En estos espacios de negociación y políticas internacionales, queremos explicar la importancia del derecho de la ciudad, de la producción social del hábitat, de las personas de producir su propia vivienda o hábitat, el derecho de la vivienda en sí e incidir en los tratos internacionales y negociaciones internacionales”, apunta Varnai.

Por derecho a la ciudad, aclara Vernai, se refiere el acceso de los ciudadanos a la vivienda, los espacios públicos, a tener un mínimo de condiciones seguridad, a frenar los desalojos, en que las personas participen en las construcciones de las localidades.

RADIOGRAFÍA DE PISOS COOPERATIVOS EN CATALUÑA

Este mapeo se presentó en el marco de la Feria de la Economía Social y Solidaria (FESC) que tuvo lugar el último fin de semana de octubre. En ese entonces, David Guardia, de Sostre Cívic, relató que era la primera vez que se hacía un proyecto de estas características en Cataluña. Para elaborarlo, se han realizado una cincuentena de encuestas y se prevé que se actualice de forma anual. “Le hemos puesto el nombre de llargavista (larga vista) porque son unas gafas que nos permiten ver al detalle, pero también a largo plazo”, precisó Guardia.

Por su parte, Mreia Sierra, de la cooperativa El Risell, relató que estos proyectos ofrecerán un total de 326 viviendas que darán o dan casa a más de 800 personas. La mayoría de las que solicitan vivir en estos espacios son mujeres, un 57%. Ahora bien, cuando se habla de grupos de definición hay más mujeres que hombres, pero en los de convivencia más hombres que mujeres. Eso se debe que las mujeres no acaban yendo a vivir en estos pisos cooperativos.

Por su parte, Arnau Andrés, La Dinamo y Lacol, relató que se han encontrado diferentes adversidades a la hora de consolidar proyectos de pisos colaborativos como, por ejemplo, la dificultad de acceder al suelo y a una financiación razonable. Por ello, reclamó que se deben realicen “más políticas públicas” desde todos los sectores de la administración desde ayuntamientos a la Generalitat de Cataluña. En esta línea, recuerda, que este modelo de vivienda da una respuesta a los colectivos más vulnerables.

Además, Lali Daví, también de La Dinamo, resaltó que es esencial recuperar suelo privado para destinarlo a vivienda cooperativa, así como dar una financiación muy asequible a través de la banca pública.