Sanidad pública
Una ILP para echar a las empresas de la sanidad pública

La Coordinadora Antiprivatización Sanitaria (CAS) entrega en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la recuperación del sistema nacional de salud que ataca a la figura de colaboración público-privada responsable de “una privatización sanitaria encubierta”.

“A raíz de la pandemia creemos que era un buen momento para poder recuperar y poder hacer otro tipo de gestión sanitaria. Los que estamos como trabajadoras sanitarias y también como pacientes vemos que esto ha servido para devaluar la gestión y se ha perdido una oportunidad de oro para poder gestionar de otra manera. La pandemia se ha convertido en una ganancia para las empresas privadas”. Son palabras de Natalia Flores, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización Sanitaria (CAS), organización que entregó el pasado viernes una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud.

Una iniciativa que hacía su entrada en las Cortes, y que si se admite a trámite deberá de recaudar más de 500.000 firmas, para ponerle coto a la conocida como “colaboración público privada” que para el CAS no es más que “un burdo encubrimiento del hecho central del proceso de privatización: el necesario desmantelamiento del sector público para que funcione sin trabas el negocio privado”.

Lo que piden derogar es la Ley 15/97  que fue aprobada por casi todos los grupos parlamentarios del momento y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que habla sobre los conciertos

“El objetivo es modificar las leyes que permiten la privatización de la sanidad y contemplar otros temas como la universalización de la asistencia”, explica Flores a El Salto. Centrando el tiro, lo que piden derogar es “la Ley 15/97 que fue aprobada por casi todos los grupos parlamentarios del momento, exceptuando IU y BNG, y el artículo 90 de la Ley General de Sanidad que habla sobre los conciertos y permitió que las empresas puedan entrar en el sistema público de salud”, relata la portavoz del CAS.

“Las Administraciones Públicas Sanitarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas”, reza el artículo 90.1 de la Ley General de Sanidad. Esto, entre otras cosas, ha posibilitado, por ejemplo, la aparición de hospitales de gestión privatizada en comunidades como Andalucía, Catalunya o País Valencià. Y a día de hoy y, pandemia mediante, permite que la Comunidad de Madrid establezca contratos con entidades privadas para realizar el rastreo o la vacunación, tal y como recuerda Flores.

Vacunas
Comunidad de Madrid La mano privada que mece la campaña de vacunación de Ayuso
Indra, Telefónica y Cruz Roja se han llevado ya más de 8,2 millones de euros en seis meses; mientras El Corte Inglés, Acciona o Grupo Santander comienzan a vacunar.

“En la Comunidad de Madrid se han decidido mediante dedazos contratos privados para el tema de los rastreadores o para la vacunación; así como la construcción de nuevos hospitales faraónicos pandémicos que ahora no sirven para nada. Una vez pasado todo lo que nos ha arrollado el covid, es hora de poner sobre la mesa la existencia de estas leyes que permiten estos contratos. Hubiera sido adecuado derogarlas hace mucho tiempo pero llegado este punto hay que hacerlo”.

“Creemos que el PSOE no lo va a apoyar porque fue uno de los que votaron a favor de la ley. Con el PP y Vox tampoco contamos. Quedaría la izquierda más minoritaria como ERC y BNG. No sabemos lo que haría Unidas Podemos, ojalá y la apoyen pero tengo mis dudas”

Tras la presentación de la ILP lo que toca es buscar apoyo político para que salga adelante. Y la portavoz del CAS no lo ve fácil. “Creemos que el PSOE no lo va a apoyar porque fue uno de los que votaron a favor de la ley. Con el PP y Vox tampoco contamos. Quedaría la izquierda más minoritaria como ERC y BNG. Algunos de estos partidos sí que llevan la derogación de la ley en su programa electoral”, explica Flores. “No sabemos lo que haría Unidas Podemos, ojalá y la apoyen pero tengo mis dudas”, añade.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Comunidad de Madrid
Sanidad privada Denuncian ante Inspección a un hospital de Quirón por poner en riesgo a una trabajadora embarazada
El sindicato CCOO ha denunciado al Hospital La Luz por forzar a enfermeras embarazadas a trabajar sin una adaptación a sus puestos, realizando tareas asociadas a riesgos como la exposición a químicos o radiaciones.
Asturias
Borja Llorente, CC OO Asturias “Hay que extinguir Muface y eso se puede hacer de muchas maneras”
El sindicato asturiano, como el castellano leonés, el cántabro y el riojano, se ha descolgado del apoyo de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO a las movilizaciones a favor de la sanidad privada.
Energía
Península ibérica Apagón masivo en toda España: se desconocen los motivos
Cortes eléctricos en todo el país y en Portugal. Los cortes comenzaron a las 12:30h del 28 de abril.
Comunidad de Madrid
Paros 28 y 29 de abril Huelga total en la educación pública madrileña
Infantil, Primaria, Secundaria, FP, Educación Especial, Universidad. Las plantillas de todos los niveles de la educación madrileña pararán este lunes 28 de abril por la “infrafinanciación” que Ayuso mantiene en la enseñanza.
Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid Facultades cerradas en Madrid para denunciar la precarización y la infrafinanciación
Los piquetes están informando de la huelga en universidades como la Complutense y la Autónoma, en la que ha habido algunos incidentes con personal de seguridad y con la extrema derecha.
Palestina
Genocidio Israel asesina a cien personas en Gaza durante las últimas 48 horas
Esta semana comienza una vista oral en la Corte Internacional de Justicia que examina la ilegalidad de la decisión israelí de cortar la cooperación con la agencia de derechos palestinos de la ONU, UNRWA.
Laboral
Laboral Trabajar para vivir, morir por trabajar
El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la necesidad de la implementación de medidas ante la siniestralidad laboral, que dejó en el país en 2024 la muerte de 796 personas.
Genocidio
Genocidio Activistas crean la embajada de Palestina en Bruselas mientras Israel prosigue con su asedio en Gaza
Mientras los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza ya han dejado más de 51.490 muertos, activistas han rociado de sangre un edificio que simula ser la embajada de Palestina, dejando un rastro de pintura roja hasta la embajada del Estado sionista.
Sevilla
Sanidad Pública Profesionales de Atención Temprana advierten del colapso del servicio en Andalucía
El servicio que atiende a más de 32.000 niñas y niños de entre 0 y seis años se encuentra en una situación crítica, con profesionales precarizados y listas de espera que incumplen la Ley de Atención Temprana aprobada en 2023

Últimas

Eventos
Evento Un Salto al periodismo desde el barrio: acompáñanos en un directo sobre periodismo situado
El Salto organiza un evento centrado en el potencial de los formatos sonoros para transmitir información veraz y fiable de forma cercana. Para hacer periodismo desde el barrio y barrio desde el periodismo.
Análisis
Análisis La izquierda donde rompe la ola
El crecimiento electoral de un amplio abanico de fuerzas de extrema derecha desde hace unos años complica la consecución de decisiones a nivel de la UE.
Ayuntamiento de Madrid
Paros en Madrid Fin de la huelga de basuras en Madrid
La plantilla ha votado a favor de la última propuesta, en un paro que comenzaba el pasado 21 de abril y con el que se demandaba la actualización de un convenio que se ha quedado obsoleto.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Comunidad de Madrid
LGTBifobia Femen protesta contra las terapias de conversión en un acto de la familia de psiquiatras Rojas Estapé
El movimiento Femen ha querido denunciar públicamente la relación de esta familia con sectores ultraconservadores de la Iglesia y su postura abiertamente contraria a los derechos del colectivo LGTBIQ+
Más noticias
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición Sánchez piensa en un paréntesis legislativo para evitar roces con los socios tras una semana explosiva
El choque bronco por el caso de las compras de balas israelíes a cargo de Grande Marlaska puso sobre la mesa como nunca la ruptura de la coalición, aunque nunca fue una opción.
La vida y ya
La vida y ya Espacios de encuentro
Me contaba que, al final del día, le dolían mucho las manos y que había dejado de escribir. Que ya no llevaba el cuaderno pequeño que tenía para anotar ideas que luego se transformarían en artículos o poemas.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.

Recomendadas

Senegal
Migraciones El mito de la migración ordenada: la denegación de visados por el Consulado de España en Dakar
Maltrato institucional. Estas dos palabras son las más escuchadas cuando se pregunta a personas descontentas con el Consulado de España en Dakar. Cada vez más personas denuncian denegación de visados que no consideran justificados.
Guinea-Bissau
Internacional Guinea-Bissau arranca una ola de represión tras el sabotaje popular de una mina de arena en un parque natural
Una acción liderada por las mujeres del pueblo de Varela provocó un incendio en la bomba de extracción de la mina de arena pesada. El Gobierno ha llevado a cabo la detención de 16 personas, entre las que se encuentran líderes locales.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña y Ourense compraron material policial a Israel por medio millón de euros en solo cuatro años
El alcalde ourensano, Gonzalo P. Jácome, adjudicó un contrato por 70.000 euros días después del siete de octubre. Abel Caballero firmó otro de más de 200.000 euros y la alcaldesa de A Coruña siguió la estela con un contrato de 170.000 euros.