País Vasco
Estrasburgo desnuda los juicios políticos contra la izquierda abertzale

Golpe al golpe. Más de nueve años después de la última macrorredada jurídico-policial contra las estructuras políticas de la izquierda abertzale, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha dictaminado que los condenados en el denominado proceso Bateragune carecieron de un juicio justo, lo que levanta un manto de sospecha sobre otros procesos similares seguidos contra el independentismo vasco.

El último capítulo de esta larga historia empezó con las ilegalizaciones de todas las marcas políticas de la izquierda abertzale gracias a la Ley de Partidos impulsada en 2002 por el gobierno de José María Aznar y respaldada en el Congreso por PSOE, CIU, Coalición Canaria y el Partido Andalucista. Aquella iniciativa no solo permitió dejar fuera de la legalidad a los votantes de la izquierda soberanista, sino que también se incluyó a Batasuna en los listados de “organizaciones terroristas” que manejaban la UE y EE UU.

El golpe de gracia llegó el 13 de octubre de 2009. Coincidiendo con los pasos que se estaban dando en el entorno independentista de cara a abrir un nuevo ciclo sin violencia, la Audiencia Nacional, por orden del juez Baltasar Garzón —uno de los magistrados que dirigió los principales operativos contra ese sector político, siempre bajo el argumento de conexión o pertenencia a ETA—, lanzó una redada policial contra varios dirigentes abertzales, entre los que se encontraban Arnaldo Otegi y el secretario general del sindicato LAB, Rafa Diez. Garzón les acusaba de querer reconstruir las estructuras de Batasuna.

A pesar de esas trabas, la izquierda abertzale consiguió llevar adelante el proceso iniciado para abrir un nuevo escenario sin la violencia de ETA. Los efectos prácticos llegaron en febrero de 2011, cuando se presentó su nueva marca política: Sortu. En sus estatutos quedaba claro que apostaba por estrategias exclusivamente pacíficas. Mientras tanto, Otegi, Rafa Diez y los también militantes independentistas Sonia Jacinto, Miren Zabaleta y Arkaitz Rodríguez continuaban encarcelados fuera del País Vasco.

En septiembre de ese mismo año —un mes antes de que ETA anunciara el cese indefinido de sus acciones—, la Audiencia Nacional condenó a Otegi y Diez a diez años de prisión, mientras que Jacinto, Zabaleta y Rodríguez recibieron penas de ocho años. Otros tres acusados en ese mismo sumario —Amaia Esnal, Txelui Moreno y José Manuel Serra— fueron absueltos.

Los derechos de Otegi

Entonces empezó el largo camino judicial iniciado por los condenados, quienes recurrieron primero a los tribunales españoles y luego, una vez agotada esa vía, apostaron por Estrasburgo. Ha sido precisamente allí donde este martes se ha dictaminado que todos ellos no fueron objeto de un juicio justo debido a la falta de imparcialidad de la magistrada Ángela Murillo. De esa manera, el TEDH establece que en este caso se vulneró el artículo 6.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo.

El fallo de Estrasburgo no solo supone un duro cuestionamiento sobre el modo de proceder de la Audiencia Nacional en los casos relacionados con independentistas vascos, sino que abre un nuevo escenario para Otegi, máximo referente de ese espacio político. El dirigente aún tiene sobre su espalda una inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta 2021, lo que ya le impidió presentarse a las últimas elecciones autonómicas y podría dejarle fuera de las próximas, previstas para 2020.

Sin embargo, la resolución del TEDH abre la puerta a un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo, que a la vista de ese fallo deberá decidir si mantiene a Otegi inhabilitado o si, por el contrario, permite que recupere todos sus derechos.

“Herramienta de guerra”

“En términos políticos, Bateragune fue un intento deliberado del Estado español de impedir el tránsito de una estrategia político-militar a otra exclusivamente pacífica y democrática”, afirma a El Salto Arkaitz Rodríguez, condenado en este caso y actual coordinador de Sortu. La noticia le sorprendió en el encuentro semanal de la ejecutiva de su partido. “En términos humanos —continuó— ha supuesto que pasáramos seis años encarcelados. ¿Quién se hace cargo de todo esto?”, se preguntó. 

A su juicio, “para los vascos y catalanes difícilmente va a haber justicia en el Estado español”. “En el caso de Euskal Herria —remarca—, en muchos casos las sentencias se basan en inculpaciones o autoinculpaciones arrancadas bajo tortura, mientras que en otros se retuercen las leyes para mantenerles en prisión más allá de las penas que les hubiera correspondido”. “El Estado continúa utilizando la justicia como una herramienta de guerra en su cruzada contra el proceso soberanista en Catalunya y en Euskal Herria”, añade. 

Judgment Otegi Mondragon and Others v. Spain - Court Panel's Impartiality in Doubt by El Salto periódico on Scribd