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País Vasco
La empresa que ha contratado el Gobierno Vasco para la cibervigilancia del 21A trabaja con el CNI
El servicio para desplegar un operativo de cibervigilancia de cara a las elecciones autonómicas de Euskadi en 2024 comenzó el pasado 8 de marzo y se prolongará un año, hasta el 8 de marzo de 2025. La memoria justificativa del contrato señala que la “situación geopolítica incita a pensar” que el proceso electoral “debe ser tratado de manera especial en materia de ciberseguridad”. Asimismo, el Gobierno Vasco considera que “el carácter extraordinario de las elecciones” supone “un aumento de la posibilidad de recibir ciberataques sobre los sistemas de información corporativos y sobre los sistemas específicos puestos en marcha para el proceso electoral”, y existe una “probabilidad de intentos de intrusión, interacción o alteración de dicho proceso”.
Bajo estos supuestos, el Gobierno Vasco ha requerido a la adjudicataria del contrato, S2 Grupo, “monitorizar” los “contenidos relevantes a las elecciones” que circulen “por canales digitales conectados a Internet” con el objetivo de realizar “una autenticación sin métodos invasivos ni ilegales”. Para ello, el pasado 14 de febrero la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) adjudicó un contrato de 89.887 euros a la empresa con el objetivo de que despliegue un “operativo de cibervigilancia para las elecciones autonómicas de Euskadi en 2024”.
La memoria justificativa del contrato recoge que la intención es hacer frente a posibles fake news. Esto sucede precisamente después de varios años de denuncias por parte de EH Bildu contra “fake news” vertidas desde el PNV contra la anterior candidata a lehendakari, Maddalen Iriarte, o contra la gestión de la coalición abertzale en consistorios como Bakio (cuya alcadía alcanzó gracias a una acuerdo con la coalición Bakio Bai) o Durango (que gobernó en coalición con Herriaren Eskubidea).
También es relevante señalar que el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, llegó a utilizar en un mitin electoral un vídeo, publicado en redes sociales con ayuda de trolls jeltzales donde a través del empleo de “fake news” se pretendía cuestionar al diputado de EH Bildu Oskar Matute.
Según datos recabados por Hordago-El Salto, la firma S2 Grupo fue elegida por el Gobierno Vasco para el servicio del “operativo vigilancia elecciones 2023”, y para la “monitorización de proceso electoral 2020”. También dio soporte al Parlamento Vasco en su “adecuación al Esquema Nacional de Seguridad (ENS)”, así como al programa Ciber para centros educativos impulsado por la Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Además, forma parte de la Asociación de Industrias de Ciberseguridad de Euskadi Cybasque y de la Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología Aplicada de Euskadi (GAIA).
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Colaboración con el CNI
Como estrecho colaborador del servicio secreto español, y apoyado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), esta empresa ha desarrollado el proyecto CARMEN (Centro de Análisis de Registros y Minería de EveNtos), presentado como “la capacidad nacional para la identificación de amenazas persistentes avanzadas, en concreto, del malware avanzado asociado a dichas amenazas”.
Por otro lado, S2 Grupo y el Centro Criptológico Nacional (CCN), también adscrito al CNI, han desarrollado una herramienta, denominada GLORIA, “pionera de análisis de ciberataques con capacidades de inteligencia artificial para la detección precoz de ciberamenazas en España”.
La firma que ha contratado el Gobierno Vasco para cibervigilar las elecciones fundó una empresa que participa en el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, ligada a Eduardo Serra, quien en su día justificó el espionaje ilegal a Herri Batasuna.
La presidenta del Consejo Asesor de S2 Grupo, la donostiarra Cristina Garmendia, fue ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando le salpicó la trama Gürtel. También es fundadora de una empresa que recibe fondos de la administración pública vasca y participa en el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, Satlantis, a su vez ligada a la carrera del exministro de Defensa Eduardo Serra, quien en su día justificó el espionaje ilegal a la formación política Herri Batasuna.
En el consejo de administración de S2 Grupo se sienta el abogado valenciano Manuel Broseta, hijo de un secretario de Estado con UCD muerto en atentado de ETA en 1992. Sus vínculos con las administraciones públicas le han valido el calificativo de “abogado del poder”. Es hermano del secretario autonómico del Sector Público Empresarial con el PP, Bruno Broseta, de ahí que su despacho creciera al calor de la contratación pública, tanto en la época de Edurado Zaplana como después con Francisco Camps como presidente.
El nombre del bufete de Manuel Broseta ha sido mencionado en diversos casos de corrupción e investigaciones parlamentarias sobre la gestión del PP valenciano, y una investigación policial llegó a situar a su despacho como cerebro de la “estructura” del Gran Premio de Fórmula 1.
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Polentzi Urquijo detrás de la adjudicación
El contrato para el operativo de cibervigilancia durante las elecciones se realizó “considerando las facultades concedidas” por la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) “a favor de D. Polentzi Urquijo Sagredo”, viceconsejero de Administración y Servicios Generales del Gobierno Vasco desde el año 2020. Licenciado en Informática por la Universidad de Deusto en 1995, Urquijo se colocó dos años más tarde en la entidad Lantik, Sociedad de Tecnología e Innovación de la Diputación de Bizkaia. En esta entidad trabajó hasta 2013, cuando fue nombrado Director de recursos materiales e infraestructuras del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura, y más tarde, en 2017, pasó a ostentar el cargo de Director de Infraestructuras, Recursos y Tecnología del Gobierno Vasco.
Existe una fotografía de la etapa de Polentzi Urkijo en las juventudes jeltzales donde aparece posando con Asier Atutxa, exburukide que fue elegido responsable de PwC para convertirla en una importante contratista de la administración pública vasca, también en materia de ciberseguridad. Cabe señalar que la estrategia de la Agencia Vasca de Ciberseguridad (Cyberzaintza) está en manos de la consultora PwC, mientras que el servicio de soporte de infraestructuras y de seguridad para la mencionada agencia corre a cargo de S2 Grupo.
La delegación de la firma valenciana S2 Grupo está ubicada en Donostia, a cuya inauguración en 2021 acudieron cargos del PNV como Cristina Uriarte, Comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, o Estibaliz Hernáez, viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital. Con su incursión en Euskadi en 2021 también pretendía poner en marcha Enigma Euskadi, presentada como “la escuela de ciberseguridad y ciberinteligencia de S2 Grupo para fomentar el talento del ámbito universitario y la empleabilidad en este sector”. Para ello, presumía de contar con acuerdos con centros de formación en materia de ciberseguridad como Mondragon Unibertsitatea.