Medio ambiente
El proyecto de una planta de biogás en Cubas de la Sagra levanta la oposición de ocho pueblos limítrofes

El Ayuntamiento de la localidad ha emitido tres informes diferentes: dos desfavorables y otro favorable. Los vecinos afectados quieren que la Comunidad de Madrid no otorgue la autorización ambiental integral a Acciona para que el proyecto nunca llegue a materializarse en esa zona.
Biogás Torrejón de la Calzada, protesta
Concentración contra una planta de biogás en Torrejón de la Calzada

La planta de biogás que Acciona pretende construir en Cubas de la Sagra podría afectar a unos 55.000 vecinos de las ocho localidades limítrofes. Con Torrejón de la Calzada a la cabeza, el municipio que mayor impacto negativo sufriría con la factoría, la ciudadanía lucha para revertir el proyecto. Más de 4.000 alegaciones intentan frenar su tramitación en la Comunidad de Madrid al mismo tiempo que la Asociación y la Plataforma que lideran la oposición inciden en los informes contradictorios emitidos por el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra.

Gonzalo Huelves, vicepresidente de la Asociación Vecinal Luchando por Torrejón de la Calzada, es uno de los cientos de vecinos afectados por la factoría de biogás proyectada: “Llevamos organizándonos desde el 14 de marzo de este año, apenas unos días después de que nos enteráramos de la noticia”, introduce. A pesar de que la planta estaría en el término municipal de Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada sería uno de las localidades más afectadas, ya que apenas a 300 metros hay viviendas, y en 160 metros, un colegio y, alrededor, fincas habitadas, confirma Eduardo Adán, presidente de la Asociación.

Torrejón de la Calzada sería uno de las localidades más afectadas, ya que apenas a 300 metros hay viviendas, y en 160 metros, un colegio

Acciona es la empresa que está detrás del proyecto, auspiciado económicamente y en parte por fondos europeos, informan desde los colectivos. “El Ayuntamiento que ha otorgado su beneplácito para la construcción es el de Cubas de la Sagra, pero hemos visto que se han dado algunos hechos un tanto raros”, añade Huelves. Él mismo recuerda que el proyecto se fragua desde hace un par de años, en los cuales se han valorado diferentes ubicaciones para la planta de la discordia siempre en Cubas de la Sagra, hasta que decidieron materializarla en la parcela contigua a Torrejón de la Calzada.

Informes contradictorios en Cubas de la Sagra

Ya en 2023, Acciona solicitó un informe al técnico urbanístico del Ayuntamiento de Cubas sobre la viabilidad del proyecto, informe que fue desfavorable. Más tarde, la compañía volvió a consultar al citado Consistorio, esta vez a su secretario, quien valoró el proyecto como favorable. “Ese primer informe nadie lo tiene, solo sabemos que existe porque el propio secretario lo mencionó”, enfatiza Huelves. Por su parte, el Ayuntamiento de Cubas de la Sagra no ha respondido ante los numerosos intentos por parte de El Salto de recabar sus explicaciones.

El técnico urbanístico alegó que el suelo en el que quieren levantar la planta de biogás es agrario, y no industrial, por lo que el proyecto no tendría cabida. Más tarde le contradijo el secretario, que aseguró que ese suelo era dotacional, así que sería viable la factoría. “El secretario debería apoyarse en el informe del técnico, especialista en la materia, y no concluir lo que él considere”, se queja el vicepresidente de la asociación vecinal.

Debido a la peligrosidad del material que se tratará en la planta y las incomodidades que causará a la ciudadanía de alrededor, desde Torrejón de la Calzada y otros municipios limítrofes intentaron revertir el proyecto durante su periodo de alegaciones ante la Administración pública, competencia de la Comunidad de Madrid. De esta forma, indicaron que, según la norma urbanística de Cubas de la Sagra, una planta de este tipo no puede a estar a menos de 2 kilómetros de un núcleo poblacional, cuando apenas a 300 metros de la parcela destinada a ella hay vecinos de Torrejón de la Calzada.

Las alegaciones, una nueva lucha

Los afectados intentaron forzar al secretario de Cubas de la Sagra a pronunciarse en contra del proyecto, lo que intentaron a través del pleno municipal con el apoyo de un tercio de los concejales, algo que consiguieron gracias a PSOE y Vox. “Esa misma noche del 25 de abril, a horas intempestivas, el Ayuntamiento publicó un escrito de su técnico municipal elaborado diez días antes como respuesta a una solicitud por parte de la Comunidad de Madrid. Ahí dice que el proyecto es desfavorable porque el suelo no está destinado a uso industrial”, relata el mismo Huelves.

Al mismo tiempo, el secretario de Cubas, con cinco días para responder a las demandas planteadas por los afectados en el pleno, contestó que no se podía posicionar en el asunto. “En teoría, él ya había escalado las dudas a la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid y nadie le había respondido”, añade el vecino de Torrejón de la Calzada. En cambio, los afectados utilizaron el nuevo informe desfavorable del arquitecto municipal para adjuntarlo en sus alegaciones y así intentar que la Consejería de Medio Ambiente no expidiera a Acciona la autorización ambiental integral, necesaria para levantar la planta de biogás.

“Quieren que la Dirección de Urbanismo haga un informe sobre la viabilidad del proyecto, pero es que ya hay dos informes de técnicos que aseguran que no es legal”

Presentaron más de 4.000 alegaciones a través de la Asociación y la plataforma que crearon para proteger su territorio de este tipo de industria. La sorpresa llegó cuando vieron que el Ayuntamiento de Cubas había presentado sus propias alegaciones y las había hecho públicas. “Quieren que la Dirección de Urbanismo haga un informe sobre la viabilidad del proyecto, pero es que ya hay dos informes de técnicos que aseguran que no es legal”, se queja Huelves.

La respuesta social frenará el proyecto

Las reuniones mantenidas han sido infructuosas en todo momento. Por ejemplo, mantuvieron un encuentro con Acciona antes de presentar las alegaciones. Les dijeron que ellos entendían que no había ningún problema para la salud. “Nosotros les llevamos un estudio que acreditaba 100 muertes solo en un año en una planta alemana de similares características”, apunta el vecino. En cambio, la empresa defendía que su tecnología era muy diferente a la del país centroeuropeo y que no habría ningún problema de ese tipo.

Eduardo Adán, presidente de la asociación vecinal y portavoz de la Plataforma Vecinal de Torrejón de la Calzada piensa que el proyecto lo pararán las alegaciones. “Hay una directriz europea que señala que este tipo de plantas no deben entrar en conflicto con los intereses de la ciudadanía, y la movilización está siendo total”, aclara.

“Tenemos probado que la toxicidad podría llegar a hasta 12 kilómetros a la redonda”

También remarca que la cifra de 55.000 personas de los ocho pueblos mayoritariamente afectados podría verse incrementada cualquier día que se mueva el aire. “Tenemos probado que la toxicidad podría llegar a hasta 12 kilómetros a la redonda”, comenta. A pesar de ello, Adán se muestra esperanzado por la respuesta social que ha encontrado el proyecto: “Somos unos pueblos muy luchadores y estamos llevando a cabo un movimiento que ni Acciona ni la Comunidad de Madrid se esperaban”, apunta.

Ecologistas piden el cambio de ubicación

Por la parte ecologista del asunto, María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción (EeA) en la región madrileña, subraya que su organización no se opone frontalmente a este tipo de plantas, aunque depende de sus características y localización. En el caso concreto de Cubas de la Sagra, desde EeA consideran que estaría situada muy cerca de núcleos poblacionales que se podrían ver afectados. “Quieren utilizar restos de animales, de matadero o de la comercialización, para producir biogás, y lo sobrante de eso mezclarlo con restos vegetales para producir compost”, explica la experta.

Así pues, el problema radicaría en que un trato negligente de estos componentes podría producir malos olores en la zona, “además de que este tipo de molestias también estarían presentes durante su traslado, lo que afectaría a los vecinos más próximos”, enfatiza Nieto. En cuanto a la futurible autorización de una actividad industrial en suelo agrícola, la integrante de EeA señala que suele ser habitual en este tipo de operaciones. “No nos oponemos a la planta, porque si funcionara adecuadamente los vecinos no tendrían problemas de olores ni se producirían vertidos, pero sí tendrían que modificar su ubicación”, concluye.

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