Medio ambiente
Ayuso prosigue su cruzada para mantener la estación de Navacerrada pese a la continua ausencia de nieve

Ecologistas en Acción ha recurrido la resolución de la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal por la que se aprueba el nuevo pliego de condiciones administrativas de la pista de Guarramillas, y que califican de despropósito legal, ambiental y social.
Estacion esqui Navacerrada
La estación de esquí de Navacerrada desde el camino Smith. David F. Sabadell

Primavera en enero. Las altas temperaturas que se han vivido en buena parte del primer mes de 2024, y lo que llevamos de febrero, han hecho que la sierra de Madrid haya caído apenas nieve. Pero no solo este año, Ecologistas en Acción afirma que desde la década de los años 70, la temperatura media en el Puerto de Navacerrada ha aumentado 1,95ºC y la nieve se ha reducido un 25%. En la temporada 2022/23 la estación de esquí que se ubica en este punto solo pudo abrir dos días.

La temperatura media en el Puerto de Navacerrada ha aumentado 1,95ºC y la nieve se ha reducido un 25%

Fue en el año 2019 cuando se anunció que este lugar dedicado al deporte del esquí se cerraba, no porque las nevadas eran cada temporada más escasas, si no porque ese año caducaba la licencia de explotación de la empresa Puerto de Navacerrada. Estación de Esquí SA. Sin embargo, el complejo ha seguido funcionando sin haber devuelto los terrenos públicos, propiedad de los municipios de Cercedilla y Navacerrada, y sin pagar el canon correspondiente.

Desde Ecologistas en Acción denuncian que Irene Aguiló Vidal, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid firmó, el pasado 21 de diciembre, la resolución por la que se aprobó el pliego de condiciones administrativas que abre la vía a una nueva ocupación temporal de la estación de esquí de Navacerrada, en la pista de Guarramillas. A partir de este pliego serán los ayuntamientos propietarios del monte, sobre el que se localizan las instalaciones y edificaciones de la estación de esquí, los que tienen que aprobar el pliego de condiciones jurídico-económicas. Se trata de trámites que son necesarios como paso previo al inicio del proceso de concurrencia competitiva al que deben someterse las concesiones en montes de utilidad pública antes de adjudicarse.

“Lo que realmente se está haciendo es una renovación de la ocupación al mismo titular, expresamente prohibido por la Ley de Montes para legalizar su situación”

Para Ecologistas en Acción, “lo que están haciendo las administraciones autonómica y local, para perpetuar una estación de esquí sin nieve, tropieza con la legalidad”. Se refieren a que, a pesar de que el título habilitante caducó hace cuatro años, la empresa ha seguido desarrollando sus actividades como si nada. Consideran que como no se han devuelto los terrenos públicos a la administración, esta no estarían en posesión de los mismos ni de las instalaciones de la estación de esquí y, por tanto, no puede someterlos a concurrencia pública. “Lo que realmente se está haciendo es una renovación de la ocupación al mismo titular —expresamente prohibido por la Ley de Montes— para legalizar su situación” afirman.

Más kilómetros y más baratos

Otra cuestión que ha sorprendido a los ecologistas es que la nueva concesión ofrece seis veces más superficie de ocupación y reduce el precio del metro cuadrado que tendrá que pagar la empresa concesionaria. En 2004 la superficie de monte ocupada —concesión ahora caducada— fue de 8.839,25 m2 y el canon se estableció en 11.844,59 euros al año, mientras que el nuevo pliego eleva la superficie a 54.195 m2 y el canon a pagar a 32.017,45. Por tanto, en 2004 el metro cuadrado de monte se valoró a 1,34  euros por m2 y hoy se reduce 0,59 euros/m2. “Esta reducción del canon no tiene justificación, perjudica al interés general, ya que el dinero lo reciben los ayuntamientos y el monte y solo beneficia a la empresa que explota la estación de esquí”, subrayan desde el colectivo.

Esta no sería la única irregularidad. Actualmente está en vigor una normativa medioambiental que, de aplicarse, haría inviable la autorización de las instalaciones de esquí alpino en el Puerto de Navacerrada, ya que los remontes, las pistas de esquí y las edificaciones que existen aquí nunca se han sometido al procedimiento de evaluación ambiental. Hoy sería obligatoria y, con mayor razón, cuando se produce un considerable incremento de superficie. Los ecologistas señalan además que la parte superior del remonte DE Guarramillas se sitúa en zona de máxima protección del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y es espacio protegido de Red Natura 2000.

Despropósito legal, ambiental y social

Resulta incoherente que, en 2022, fue la misma Consejería de Medio Ambiente la que declaró la extinción por caducidad de la autorización para la práctica de deportes de invierno en Navacerrada y desestimó la solicitud de renovación, decisión que valoró positivamente la organización ecologista. Incluso se inició el proceso de renaturalización —desmantelando remontes y edificaciones en desuso— de la parte de la estación de esquí que ocupa 7,6 hectáreas del monte Pinar de Valsaín, en la provincia de Segovia, y que es propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Todas estas irregularidades “convierten la aprobación del pliego de condiciones de la nueva ocupación, en un acto administrativo nulo”, afirma Ecologistas en Acción, que ha recurrido la resolución de la Consejería de Medio Ambiente

A juicio de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid todas estas irregularidades “convierten la aprobación del pliego de condiciones de la nueva ocupación, en un acto administrativo nulo”. Es por ello que la organización ha recurrido la resolución de la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal ante la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. En el recurso de alzada piden la retirada y el desmantelamiento de la estación de esquí en el lado madrileño.

En opinión de la organización ambientalista —con todo este contexto— carece de sentido el empeño de la Comunidad de Madrid por mantener abierta la estación de esquí. “Sería mucho más beneficioso para las poblaciones del entorno y para el medio ambiente, restaurar este enclave y abrir nuevas formas de disfrute de la naturaleza. La nueva ocupación que se está tramitando ignora la situación climática actual y elude la normativa ambiental de aplicación”.

Embrollo judicial

Este nuevo intento del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid para intentar mantener la estación de esquí es el último capítulo del embrollo protagonizado por los Ejecutivos regionales madrileño y castellanoleonés por salvar una estación de esquí con serios problemas de viabilidad económica y en la que apenas cae ya nieve debido a la crisis climática.

El pasado 31 de enero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ordenó el desmantelamiento de la estación de esquí en su vertiente segoviana, pues las instalaciones se encuentran enclavadas en el límite del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (son una isla en el mismo, si tiene en cuenta el Área de Especial Protección del Parque Nacional que suponen los pinares de Valsaín), con terrenos repartidos entre la Comunidad de Madrid y la provincia de Segovia.

Medio ambiente
Espacio público Un polvorín a punto de estallar en pleno Parque Nacional de Guadarrama

La concesión sobre la que se asientan 400 viviendas construidas en monte de uso público en el Puerto de Navacerrada y la colonia de Camorritos, en Cercedilla, acaba de finalizar tras 99 años vigente. Sus ocupantes podrían verse obligados a abandonar los inmuebles.


En concreto, el fallo dictamina que el Ejecutivo castellanoleonés, gobernado por PP y Vox, debe declarar la caducidad de la concesión sobre los terrenos públicos sobre los que se asienta, algo a lo que se negó al considerar que no tenía competencias para ello, en un intento de mantener las instalaciones abiertas.

El Gobierno de Castilla y León anunció su disconformidad con la enésima sentencia contra la explotación y anunció que estudiará un recurso contra la misma.

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