Medio ambiente
2017, un año de victorias (y derrotas) medioambientales

El año termina y toca hacer balance. Aunque las direcciones de los mass media no suelen colocar las noticias sobre medio ambiente y ecologismo en la primera plana de periódicos y telediarios, la emergencia de problemas tan vitales como el cambio climático, la contaminación de los ecosistemas, la polución atmosférica, la destrucción de hábitats o la desaparición de especies son preocupaciones globales que se incrementan día a día y que, si no se les pone remedio, pueden poner en juego la sostenibilidad de la vida, y hasta el propio futuro del planeta, la dañada casa común de todos los seres vivos, ávida de reformas en lo que a actividad humana se refiere.

A pesar de que el tiempo corre en contra y de unos datos que no ofrecen un panorama en el que el equilibrio medioambiental sea la tónica, 2017 ha traído victorias por parte de los movimientos ecologistas y compromisos medioambientales por parte de gobiernos y administraciones.

Resaltamos algunos de esos triunfos –así como algunas derrotas– de la batalla por la defensa del planeta y quienes lo habitan.

Cierra Garoña

Una vieja reclamación para una vetusta instalación. La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más antigua de las plantas atómicas construidas en el Estado español, cerraba definitivamente. Tras cuatro años y medio de incertidumbre, al haber estado en situación de “parada segura” desde diciembre de 2012, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunciaba en agosto la decisión de no autorizar la reapertura, con lo que la planta quedaba definitivamente desconectada de la red. La noticia era celebrada por el Movimiento Ibérico Antinuclear, en el que se integran organizaciones ecologistas y cooperativas de consumo de electricidad contrarias al uso de las plantas atómicas, que señalaba que “el buen sentido se ha impuesto”. Para la plataforma, el cierre ponía fin “a un largo proceso plagado de oscurantismo, falta de democracia y de decisiones controvertidas del Gobierno y del Consejo de Seguridad Nuclear”.

Este último organismo se había posicionado a favor de la reapertura de la central nuclear seis meses antes, al emitir un informe favorable a la renovación de la autorización para su funcionamiento. Sin embargo, el documento establecía una decena de condiciones, además de 15 instrucciones complementarias y un programa de pruebas de arranque, a cumplir antes de su puesta en funcionamiento. Con este hecho, el Gobierno era el último que podía parar su reapertura, algo que finalmente ocurrió debido a que, según aseguró Nadal, la planta necesitaba importantes inversiones, con un alto coste económico, para continuar funcionando.

La batalla por la reapertura de Garoña tuvo de fondo la posible ampliación de la vida útil de las centrales del parque atómico español de los 40 años para los que fueron diseñadas hasta los 60, algo que está en la mente de las eléctricas Endesa e Iberdrola. En 2020 vence la licencia de Vandellós II (otorgada para 30 años) y en 2021 las de Ascó I y Ascó II.

Trump y la COP23, otra oportunidad perdida

Las ausencias no pronosticaban nada bueno en la XXIII Cumbre del Clima de las Naciones Unidas (COP23), una cita que tuvo lugar del 6 al 17 de noviembre en la ciudad alemana de Bonn. El presidente norteamericano, Donald Trump, había dado la espalda al planeta en junio en pro de los beneficios empresariales de las compañías de su país al retirar a Estados Unidos de los Acuerdos de París contra el calentamiento global.

La no asistencia de las altas instancias norteamericanas –Trump envió una pequeña delegación y EE UU no tuvo pabellón propio, aunque sí asistió un grupo de gobernadores y alcaldes bajo el epígrafe “We are still in coalition” (“seguimos en la coalición”)– auguraba lo que pasaría después: un pobre acuerdo y el retraso de las decisiones más ambiciosas. Manifestaciones por todo el mundo y acciones como la ocupación de la mayor mina de carbón de Europa, en Hambach (Renania del Norte-Westfalia, Alemania), no conseguían poner el foco en el principal problema medioambiental del planeta.

A su término, los gobiernos reunidos en la COP23 no lograban cerrar los mecanismos que permitirán implementar los Acuerdos de París, retrasando la decisión y pasando la pelota al próximo encuentro: la cumbre del clima programada en Katowice (Polonia) para diciembre de 2018. El planeta tendrá que esperar mientras sube el termómetro, y con él desastres naturales, sequías, inundaciones y hambrunas.

La alianza de una veintena de países para poner fin al carbón era el éxito principal de la cumbre, una paupérrima victoria a la que no se sumaron ni España ni ninguno de los doce principales consumidores de carbón del mundo. El acuerdo establecía que los países firmantes deberán eliminar el uso de este mineral para la generación de energía en sus centrales térmicas antes de 2030.

Un año entre llamas

Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, calificaba 2017 como “annus horribilis” en materia de incendios. No es para menos: es el peor año de una década en los referente a grandes incendios forestales, como se denomina a los que abarcan más de 500 hectáreas. En total, se han producido 53 entre el 1 de enero y el 30 de noviembre, cuando la media anual es de 19, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El saldo de tierra quemada: 176.587,62 hectáreas. Otra de las facturas del cambio climático.

De las llamas no se han salvado ni los parques nacionales. El incendio que se declaraba el 24 de junio en La Peñuela (Huelva) tardaría cuatro días en ser controlado. A su paso arrasó 8.500 hectáreas de matorral y arbolado, 6.800 de las cuales en el interior del parque nacional de Doñana.

La ya tristemente tradicional escabechina de todos los veranos no acabaría en septiembre este año. En octubre, Portugal y Galicia sufrirían una ola de incendios de brutales consecuencias. En el país luso, los fuegos registrados a mediados de mes –solo entre los días 15 y 16 se contabilizaron más de 700– dejaban más de 40 muertos. Era la segunda vez que sucedía este año: el incendio de Pedrógão Grande, declarado en junio, había dejado un saldo de 64 fallecidos y más de 250 heridos.

En Galicia, más de 250 incendios fueron declarados a mediados de octubre en una ola de emergencia que llegó a las mismas calles de Vigo. La Consellería de Medio Rural cifraba las hectáreas de zona quemada en 49.171, 26.000 de monte arbolado y 23.000 de raso. Cuatro personas fallecieron.

La sexta extinción, a toda máquina

Desde el siglo XX, la desaparición de especies se ha acelerado cien veces, según señalaba el estudio Entering the sixth mass extinction. El término sexta extinción ya no es utilizado solo en los ámbitos académicos: es un hecho que la expansión del ser humano acabó con centenares de especies allí donde llegaba a lo largo de los milenos de su existencia sobre la tierra.

Sin embargo, ese proceso se ha acelerado desde que el homo sapiens comenzó su actividad industrial, haciendo que su desarrollo sea mucho más rápido que las anteriores cinco extinciones masivas que, según conocemos hoy, ha sufrido el planeta. Y hoy en día está al orden del día.

En el caso español, a pesar de que sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor biodiversidad de Europa –con más de 85.000 especies–, la biodiversidad sigue menguando. El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha declarado en 2017 “en situación crítica” especies como el urogallo cantábrico, la cerceta pardilla, el alcaudón chico, el visión europeo, la jara de Cartagena, la náyade auriculada y la nacra común.

Además, según SEO/Birdlife, “al menos una de cada tres aves con presencia habitual en España durante la primavera –aves comunes como el gorrión o la golondrina– experimentó un declive poblacional en su número de efectivos”.

La sequía que viene

El Resumen del Año Hidrológico 2016/17 –entre octubre de 2016 y septiembre de 2017– realizado por la Agencia Española de Meteorología (Aemet) señala que el periodo ha sido muy seco, con un 15% menos de lluvias a nivel general en todo el Estado, llegando a un 30% en algunas demarcaciones. Los meses de octubre y noviembre, especialmente secos, con valores de solo el 33% y el 55% de la precipitación media para dichas fechas, respectivamente, han aumentado unas alarmas que ya venían sonando desde hace tiempo.

La sequía está aquí y sigue sin llover lo necesario. La gestión de las reservas de agua, ineficiente para multitud de actores del sector, ha hecho descender los niveles de agua embalsada. A 18 de diciembre, los embalses se encontraban al 37,7%, cuando la media para esas fecha en los últimos diez años es del 55,5%, y el año pasado era del 51,1%.

En un árido país donde el 84,3% del agua se dedica a la agricultura y el 15% de la superficie agrícola se dedica al regadío, el despilfarro y la ineficacia están en el punto de mira. Greenpeace lo denunciaba con su mayor pancarta desplegada en el Estado español: “Mala gestión igual a sequía”, se podía leer en una lona de 1.500 m² y 120 kilos bajo el puente Ingeniero Carlos Fernández Casado, que cruza el valle seco del embalse de Barrios de Luna (León), al 11,3% en la misma fecha.

El impuesto al sol se queda (de momento)

La Alianza por el Autoconsumo, formada por 40 organizaciones ecologistas y sociales, estaba de enhorabuena el pasado 28 de noviembre. La Comisión de Energía del Parlamento Europeo aprobaba una serie de enmiendas a las normas que regulan las energías renovables en la Unión Europea. Suponía, de facto, el reconocimiento de mayores derechos a la ciudadanía para producir, vender e intercambiar su propia electricidad renovable. Para la organización, el polémico peaje “pasaría a ser ilegal según las normas de la UE”.

Sin embargo, unas semanas después llegaba un jarro de agua fría para los defensores del autoconsumo eléctrico. El Consejo Europeo decidía apoyar el peaje vigente en España, que grava a los usuarios que posean un sistema de generación eléctrica autónomo conectado a la red, como es el caso de las placas solares.

Con la decisión, los Estados miembro de la UE acordaban una posición común para negociar la futura normativa comunitaria sobre el mercado eléctrico y apostaban por dar libertad para fijar precios a proveedores junto a los mecanismos de regulación de los países. El impuesto al sol seguirá vigente.

La indemnización por Castor, declarada nula

La indemnización de 1.351 millones de euros que el Estado pagó a la compañía Escal UGS, propiedad de Florentino Pérez, en concepto de compensación por el fin de las operaciones de explotación de gas en las costas del norte de Castellón –el llamado Proyecto Castor, un almacén geológico de gas bajo el mar–, fue declarada nula por el Tribunal Constitucional el pasado 22 de diciembre. El alto tribunal consideraba que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de la indemnización, abono que se hizo en un tiempo récord de 30 días.

La millonaria cantidad repercute directamente en el bolsillo de los consumidores, ya que serán estos los que paguen el pufo por el fallido almacén de gas responsable de más de mil temblores en una zona sin actividad sísmica, a través de sus facturas eléctricas a lo largo de 30 años.

A pesar de la decisión, el BOE anunciaba una semana más tarde el pago, a lo largo de 2018, de más de 80 millones de euros con cargo al sistema gasista, una cifra que, de nuevo, terminarán abonando los consumidores mediante un incremento en las facturas debido al aumento en los peajes.