Proyecto Castor
El Constitucional declara nula la indemnización que concedió el PP a Florentino Pérez por el Proyecto Castor

El Tribunal Constitucional ha declarado nula, por unanimidad, la indemnización de 1.351 millones de euros que se le pagó a la empresa Escal UGS, de Florentino Pérez, tras renunciar a la explotación de gas en las costas del norte de Castellón, conocida como el Proyecto Castor. El Tribunal estima que no se dieron razones de urgencia y necesidad que la Constitución exige al Poder Ejecutivo para legislar por decreto ley el pago de la indemnización, tal y como se hizo en este caso en octubre de 2014.

El proyecto Castor es un almacén geológico de gas. Un antiguo yacimiento de petróleo que, una vez vaciado, se utilizó para depositar gas. Este gran agujero en la tierra se encuentra a 22 kilómetros mar adentro en la costa del norte de Castellón. En octubre de 2013, más de 1.000 temblores se sintieron en una zona que nunca había sido considera sísmica. Al producirse los terremotos, fue paralizado. Pero los inversores y la empresa de Florentino Pérez, no solo no respondieron por lo daños ocasionados por los terremotos, sino que fueron indemnizados por ello.

La indemnización de 1.351 millones se pagó en un tiempo récord de 30 días y por decreto ley

En octubre de 2014, justo un año después de los temblores, el Gobierno del Partido Popular aprobaba el Real Decreto Ley 13/2014 por el que se aceptaba la renuncia del megaproyecto y se indemnizaba a ESCAL UGS con 1.351 millones de euros, para que la empresa pudiera devolver el dinero a los inversores que habían adquirido bonos emitidos mediante una operación en Luxemburgo. La millonaria indemnización fue pagada en un tiempo récord de 30 días.

La Generalitat, el Parlamento de Cataluña y el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso habían presentado varios recursos contra el real decreto-ley con el que el Gobierno acordó la “hibernación” del Castor. El Constitucional ahora les da la razón y señala que en lo que se refiere al pago de la indemnización y al cargo de la misma a Enagás Transporte, son incostitucionales y nulos.

A esta cifra, también se le debe sumar los 15,7 millones de euros anuales que cuesta el mantenimiento del Castor, que fue denunciado por el grupo parlamentario de Unidos Podemos, tras destapar el coste mediante una pregunta parlamentaria realizada por el coportavoz de EQUO y diputado, Juan López de Uralde, contestada a principios de noviembre.