Brasil
Quiénes están detrás del frustrado golpe en Brasil

A medida que las investigaciones avanzan se van conociendo más hechos clave de la intentona de golpe del pasado 8 de enero en Brasil. La tesis que tiene más peso hasta ahora es que fueron actos planeados al detalle con la participación de varios miembros del gobierno saliente. Como era de prever, se confirma la implicación a fondo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, no ya por omisión, sino con su actuación directa en los hechos.

A diferencia de lo que ocurrió en el Capitolio estadunidense hace dos años, evento que sirvió de modelo, los ultras no tuvieron que enfrentarse a la resistencia de la policía: los grupos de extrema derecha contaron con el apoyo de los militares y la colaboración de la policía del Distrito Federal (DF) quienes les permitieron invadir, y permanecer algunas horas, en las sedes de los tres poderes, tiempo suficiente para arrasar el interior de los edificios. La obligación de proteger la explanada de los ministerios era exclusiva del Gobierno del Distrito Federal (GDF), que es un nido de bolsonaristas radicales. Su aún gobernador, Ibaneis Rocha Barros, fiel seguidor de Bolsonaro, acogió como consejero de Seguridad al ex ministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres. Torres es hasta ahora el principal acusado en el GDF de colaborar con el intento de golpe, pue el sábado 7, cambió unilateralmente y sin avisar el protocolo acordado con el Ministerio de Justicia, y abrió la explanada de los ministerios a los extremistas.

A falta de finalizar las investigaciones, lo más probable es que uno de los objetivos de los golpistas fuera sembrar el caos en la Capital Federal, para infligir, como mínimo, una derrota moral al Presidente y al Supremo Tribunal Federal

Tras las invasiones en Brasilia tuvieron lugar actos de menor entidad en otras partes del país. Fueron abortados intentos de sabotaje en las refinerías de petróleo de los estados de Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo y Paraná. Se sincronizaron con tres ataques a líneas de transmisión del Sistema Nacional de Energía (líneas hidroeléctricas de Itaipú no Paraná y del Complexo de Madera en Rondônia). Ese mismo día hubo manifestaciones de apoyo en otros puntos del país, como la Avenida 23 de mayo en São Paulo. Al mismo tiempo, en el frente político-mediático, figuras como el senador bolsonarista Sergio Moro aprovecharon la situación de caos para acusar al gobierno “de reprimir las protestas de quienes tienen opiniones divergentes” y la cadena extremista de TV Joven Pan se apresuraba a defender a los invasores.

A falta de finalizar las investigaciones, lo más probable es que uno de los objetivos de los golpistas fuera sembrar el caos en la Capital Federal, para infligir, como mínimo, una derrota moral al Presidente y al Supremo Tribunal Federal. Este debía activar una cadena de violencia en todo el país hasta ofrecer las condiciones para que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) impusieran al gobierno federal decretar la temida Garantía de la Ley y del Orden (GLO), Decreto Presidencial que les ortoga amplios poderes para controlar las calles. Esto supondría, por un lado, la pérdida de autoridad del Presidente recién investido, y por otro, el sometimiento del ejecutivo al chantaje de los militares. Aunque, según la Revista Fórum y la Folha de São Paulo, el ministro de Defensa José Múcio Montero, un hombre conservador influenciable por el circulo militar, aconsejó eso al presidente, Lula da Silva se dio cuenta de la trampa, y alejó pronto esa posibilidad. El presidente sospechó que las FF.AA. le estaban tendiendo una trampa que buscaba alzarse como un poder moderador, convirtiendo al Presidente en una mera figura decorativa.

La respuesta brasileña al golpe estuvo a la altura

En el momento de la invasión, Lula da Silva se encontraba en la ciudad de Araraquara, interior del estado de São Paulo (SP), visitando las zonas inundadas por las fuertes lluvias. El Jefe de Estado fue rápido y certero. Para evitar la GLO, inmediatamente hizo público el Decreto de Intervención Federal en la seguridad pública de Brasilia, por el que se apartaba a Torres del control de la policía del DF se nombraba su sustituto como interventor a Ricardo Cappelli, el vice ministro de Justicia de Flavio Dino. La acción gubernamental para frenar el golpe se dio en dos bandas: desde el ministerio de Justicia en Brasilia y desde Araraquara (SP), donde estaba el Presidente, por una conexión telefónica permanente. Los dos principales actores in loco fueron Dino y Cappelli al frente de las acciones dentro del edificio del Ministerio de Justicia.

Según ha narrado el propio Dino, la cronología fue siguiente: 1. La explanada fue invadida cerca de las 14.40 h de Brasilia; 2. El ministro Flavio Dino, cerca de las 15.15 h, ya estaba en el interior del edificio del Ministerio de Justicia para comandar las acciones contra el golpe. A partir de ese momento Dino y Lula da Silva prepararon el Decreto de intervención en la Seguridad del GDF. El presidente firmó el Decreto en Araraquara y envió una foto por whatsapp a Dino, quien de inmediato ordenó a Cappelli bajar al teatro de operaciones para ordenar el desalojo de los edificios atacados. Gracias a las nuevas tecnologías la coordinación entre el ministro Dino y el Presidente Lula da Silva fue constante y no hubo en ningún momento un vacío de poder, aunque de facto las sedes de los tres poderes estaban siendo atacadas, jurídicamente el gobierno estaba en pie y logró controlar la intentona de golpe en cuestión de pocas horas.

Acto seguido, el presidente cogió el avión de vuelta a Brasilia para hacerse cargo de la situación e hizo acto de presencia en la zona atacada. El lunes se reunió con el gabinete ministerial, convocó en Brasilia a los gobernadores de los 27 Estados de la federación y se reunió con los jefes de los otros dos poderes de la República para demostrar unidad político-institucional y aislar a los fascistas y sus apoyadores. Para ello, protagonizó un acto inédito en la historia de la República brasileña, una simbólica caminata desde el Palacio del Planalto hasta la sede la Suprema Corte, ambos arrasados.

El gobierno había parecido usar una estrategia de tolerancia negociadora hacia los campamentos bolsonaristas, que habían proliferado frente a los cuarteles por todo el país desde las elecciones del 30 de octubre pidiendo una intervención militar

El gobierno electo, apenas una semana antes, se estrenó con un reto de gran magnitud. La invasión fue precedida de la llegada a la capital de cerca de un centenar de autobuses fletados por empresarios bolsonaristas, que fueron recibidos en el campamento situado frente al área militar de Brasilia. Hasta entonces el gobierno había parecido usar una estrategia de tolerancia negociadora hacia los campamentos bolsonaristas, que habían proliferado frente a los cuarteles por todo el país desde las elecciones del 30 de octubre pidiendo una intervención militar contra Lula da Silva. Ante los nuevos hechos, el presidente tiene las manos libres para actuar con todos los elementos que le confiere el Estado de Derecho contra los ataques a las instituciones democráticas. Más aún, Lula da Silva tiene la obligación de usar todos los medios a su alcance para defender la constitución brasileña.

Hasta la élite económica del país, incluida la poderosa Federación de la Industria de São Paulo (FIESP) y la Confederación Nacional de la Industria (CNI), enemigas declaradas del gobierno popular, tuvieron que declarar su apoyo aunque a regañadientes, a las autoridades del país frente al golpismo. En particular, porque la agresión se dirigió no solo a la figura del Presidente, sino también al Congreso y al Supremo. Los mismos medios de comunicación tradicionales, naturalmente con excepción de los de extrema derecha, que antes de las elecciones no tuvieron el menor pudor en igualar al demócrata Lula da Silva con el fascista Bolsonaro, ahora piden al Presidente mano dura contra los abusos de los asediadores a los poderes de la República. Las élites brasileñas empiezan a tener miedo del monstruo fascista que ellos mismos han ayudado a crear

El mismo lunes 9, el magistrado del Supremo Alexandre de Moraes ordenó la detención del consejero de Justicia del DF, Anderson Torres, que curiosamente, en el momento del asalto a los edificios de los tres poderes, estaba de vacaciones en Orlando, EE.UU., muy cerca de donde está hospedado el ex presidente Bolsonaro. El sábado 14, Torres fue detenido por la Policía Federal al desembarcar en el aeropuerto de Brasilia. Durante el registro de la casa de Torres la Policía Federal encontró un borrador de documento por el que el ex presidente Bolsonaro decretaría el Estado de Defensa en la Justicia electoral, para interferir en el resultado de las elecciones. Ese documento ya es una prueba material de las intenciones del gobierno anterior de preparar el golpe de estado.

Ahora, lo principal para De Moraes es poner nombre a las fuentes de financiación del golpe. Las FF.AA. proporcionaron la logística para el asalto y hasta hicieron la vista gorda cuando sus oficiales y soldados engrosaron la invasión a los edificios en la Plaza de los Tres Poderes. Sin embargo, el dinero para mantener más de dos meses los campamentos junto a los cuarteles y reclutar personas en todo el país para acudir a Brasilia viene de fuentes empresariales muy próximas a la extrema derecha.

El Supremo ya estaba investigando el origen de la financiación de los actos antidemocráticos que tuvieron lugar durante el periodo electoral, por lo que De Moraes ya había solicitado la entrada y registro en las oficinas de grandes empresarios bolsonaristas como Luciano Hang (uno de los hombres mas ricos del país, dueño de la grandes superficies Havan), Afranio Barreira Filho (dueño de la red de restaurantes Coco Bambu), Luis André Tissot (dueño del grupo Mormaii de ropas de Surf), Marco Aurélio Raymondo (dueño de los centros comerciales de la Red Multiplan), José Isaac Peres (dueño de Tecnisa, una empresa del sector inmobiliario), Ivan Wrobel (dueño de la constructora W3 ingeniera), José Koury (dueño del grupo Sierra de importación de mueble de lujo) y Meyer Joseph Nigri (dueño de los Centros comerciales Barra World Shopping). Entre los motivos figura el incitar al golpe de Estado en caso de que Lula da Silva ganara las elecciones. Además, el magistrado ya tenía una lista de 33 empresas y 10 personas físicas que apoyaron actos golpistas; la mayoría del sector agrícola, de materiales de construcción y de transportes de carga. Con todo ello, tiene medio camino andado para rastrear las fuentes de financiación del golpe. Detener la financiación ilegal de los grupos fascistas es fundamental para acabar con el sabotaje al Estado Democrático en Brasil.

La implicación internacional en el intento de golpe

Entre los líderes internacionales que llamarón a Lula da Silva para condenar el intento de golpe, no estuvo solo el presidente Biden, sino también Obama y Clinton. Las palabras del Presidente de EE.UU. suenan a cantos de sirena. La actual administración estadunidense, al tiempo que rechaza el golpe de Estado de los socios de Trump en su patio trasero, parece haber colaborado con los insurgentes en Brasil. Según el siempre bien informado periodista brasileño Pepe Escobar, los hechos de Brasilia tienen también las huellas de la CIA, que deseaba un Maidan en Brasil, buscando reorganizar su política exterior en América Latina. Uno de los motivos para ello es la reafirmación del Presidente en desempeñar un rol central en el fortalecimiento de los BRICS junto a China, Rusia e India. Nada nuevo bajo el sol, teniendo en cuenta la participación directa del departamento de Estado en el golpe de lawfare 2016 contra Dilma Roussseff (en la era Obama) y la prisión del propio Lula da Silva en 2018.

Resolver la cuestión militar

El retrato de los hechos nos deja aún muchas interrogantes: ¿Por qué sólo fueron desmantelado los campamentos en frente a los cuarteles en todo territorio del país después del golpe, tras la decisión del STF? ¿Por qué no han exonerado al coronel Paulo Jorge Fernandes da Horta, comandante del Batallón de la Guardia Presidencial que aparece en un video dentro del Palacio del Planalto intentando proteger a los invasores? ¿Dónde estaba el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), una estructura militar encargada de la protección de la presidencia de la República, el día del intento de golpe? Durante el gobierno de Bolsonaro, el GSI estaba dirigido por un general abiertamente fascista, Augusto Heleno. Lula da Silva le sustituyó por el general Gonçalves Dias. No se sabe bien porqué la estructura del segundo escalafón del órgano seguía dirigida por los mismos generales del gobierno anterior. Hasta la intentona golpista seguía en el cargo de vice ministro el general Carlos José Russo y como consejero de Seguridad y Coordinación Presidencial el general Carlos Feitosa Rodrigues, militares de ultraderecha que no escondían su odio a la izquierda y a Lula da Silva y su alineamiento con Bolsonaro. No se sabe porqué el nuevo gobierno no ha extinguido ese órgano militar o cambiado por otro de naturaleza civil. ¿Acaso no hubo tiempo para realizar dichas sustituciones? En cualquier caso, 8 días después de la investidura del presidente, todavía quedaban muchos de los cargos ocupados por militares. Quizá ello ayude a explicar la facilidad con que los manifestantes entraron en los tres edificios.

Una vez desalojados los edificios oficiales, la Policía Militar (PM), cumpliendo ordenes del interventor Cappelli, se dirigió al campamento golpista en el sector militar de Brasilia, en una tentativa de detener algunos participantes de los actos golpistas, pero fue recibida por tanquetas blindadas, por lo que tuvo que retroceder y negociar con el cuartel para intentar cumplir la ley. Los militares en clara insubordinación, protegieron a los golpistas. Las ordenes para que el ejército impidiese la acción de la PM fue del comandante de ejército, del mismísimo comandante del ejército, general Julio César de Arruda. Ya amparados por una orden judicial emitida por un magistrado del Supremo, el interventor federal tuvo que negociar con César Arruda y volver en el día siguiente, cuando la mayoría de los golpistas ya había sido evacuados por el ejército. Hasta el momento actual las FF.AA. no han emitido ningún comunicado sobre el intento del golpe de Estado en Brasilia. El silencio del ejército es ensordecedor.

Además las Fuerzas Armadas brasileñas se han acercado con demasiada rapidez a la corrupción y al fascismo. Desde el primer día el gobierno popular, aunque de forma incipiente, empezó a exonerar los nombramientos espurios que se calcula que pueden afectar a más de 6.000 altos cargos de la administración federal civil, usurpados por militares a las expensas del gobierno anterior. El actual ministro de Presidencia Rui Costa afirmó en el programa “Roda Viva” de la TV Cultura de São Paulo, que los miembros de las FF.AA. no tenían porqué estar ejerciendo funciones civiles que quedaban fuera de sus atribuciones. Sin duda, esa aberración del gobierno anterior es una herencia maldita que le va a costar a la nueva administración más de un quebradero de cabeza. A pocos días de tomar posesión de sus cargos, el gobierno entrante denunció un agujero de 300.000 millones de reales (cerca de 52.000 millones de euros) en las arcas públicas por parte del gobierno civil-militar saliente. La reciente revocación del decreto de silencio de 100 años sobre los gastos, impuesto por el gobierno anterior, empieza la revelar la profunda corrupción en todos los niveles de la administración estatal.

A pocos días de tomar posesión de sus cargos, el gobierno entrante denunció un agujero de 300.000 millones de reales (cerca de 52.000 millones de euros) en las arcas públicas por parte del gobierno civil-militar saliente

Tras la tentativa de golpe, combatir al fascismo debe convertirse en una prioridad para el gobierno de Lula da Silva. Los hechos han atropellado la agenda y se abre una oportunidad histórica de acometer la tarea gigantesca de ponerse al frente de la lucha antifascista. Renunciar a esa responsabilidad sería condenar a su gobierno a seguir siendo rehén de los violentos. El pasado 1 de enero durante la ceremonia de transmisión de cargo de Lula da Silva en Brasilia en medio del discurso del presidente, en la multitud no se paraba de gritar “sin amnistía”, pidiendo responsabilizar al ex presidente y sus colaboradores por los crímenes que cometieron durante su mandato. El grito se ha repetido en las manifestaciones de rechazo al intento de golpe.

El Supremo ya instruye investigaciones que involucran a Bolsonaro en el marco de las llamadas causas sobre las fake news, los actos antidemocráticos y las milicias digitales. El público de la toma de posesión de Lula exigía que no se repita lo que pasó con el informen de la Comisión de la Verdad (CNV), presentado por la ex presidenta del Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff, que investigó más de 434 muertos y victimas de la dictadura militar brasileña. Ese informe quedó en papel mojado debido a las presiones de las FF.AA.

El gobierno debe retirarle a la cúpula las FF.AA. la potestad de aprobar el nombramiento de oficiales. También es necesario cambiar el currículo de las escuelas militares, introduciendo valores democráticos (todavía se dice a los cadetes que no hubo golpe militar en Brasil). Ambas medidas tienen como objetivo evitar el uso espurio de las Fuerzas Armadas para fines dictatoriales y democratizar una estructura militar arcaica, y cada vez mas contaminada por la ideología fascista de la nueva extrema derecha internacional. Un proyecto para introducir esos cambios fue contestado con furia durante el gobierno de Rousseff. Resta saber si con el nuevo tiempo que se abre tras la intentona golpista fracasada es posible introducir valores democráticos en las Fuerzas Armadas brasileñas.

Basta de tolerar a las fuerzas antidemocráticas; la política de pacificación hacia los cuarteles ha tenido resultados catastróficos para el país. Hace falta desmontar el nido del golpismo

Lo que ha quedado claro es que no se puede seguir contemporizando con los golpistas. Ni el gobierno de Lula da Silva, ni el Supremo Tribunal Federal tendrán paz mientras el actual generalato siga al comando y los empresarios fascistas continúen financiando actos contrarios al orden constitucional. Basta de tolerar a las fuerzas antidemocráticas; la política de pacificación hacia los cuarteles ha tenido resultados catastróficos para el país. Hace falta desmontar el nido del golpismo. Eso significa entrar directamente en conflicto con los militares insubordinados; exonerar del cargo al ministro de Defensa Múcio Montero, que dijo que tenia familiares entre los acampados frente a los cuarteles y que ellos eran manifestantes demócratas, y poniendo en su lugar a un político fuerte que no tolere la insubordinación de la cúpula militar contra su comandante en jefe (el Presidente de la República), como es propio en una democracia en pleno funcionamiento; y, por último, enviar a la reserva a todo el generalato fascista que se ha crecido en la era Bolsonaro. Por ahora, Lula da Silva mantiene a Múcio en el cargo, pero no se sabe hasta cuándo.

La necesaria respuesta de las organizaciones civiles

Las organizaciones sociales, a través de los colectivos Pueblo Sin Miedo, Brasil Popular y Coalición Negra por Derechos, que agrupan a sindicatos y sociedad civil, se reunieron la misma noche del domingo para decretar la movilización permanente en defensa de las instituciones democráticas del país. Parece que los trágicos eventos del 8 de enero han despertado en Brasil la necesidad de decir un basta definitivo a los actos golpistas. El día siguiente, el lunes 9, se produjeron manifestaciones en defensa de la democracia en más de 57 ciudades.

Los movimientos sociales, responsables en gran medida de la victoria del Frente Amplio, están preparados para enfrentar a los fascistas. Tras la conmoción nacional provocada por la brutalidad de las invasiones, es el momento idóneo de convocar al pueblo para defender los espacios de tolerancia, ya que ninguna fuerza política democrática se atreverá a aceptar la normalización de semejante barbarie. Además, desde el primer momento Lula da Silva ha estado a la altura de las circunstancias. Si se sigue conduciendo así, cosechará un consenso entre las fuerzas políticas y la sociedad para exigir responsabilidad a quienes atentaron contra el Estado democrático, aún mayor que el que tuvo en su victoria electoral.