Memoria histórica
Además de las medallas a los torturadores, deben anularse los juicios franquistas

Leo hoy en las redes sociales un texto que comparto de principio a fin, firmado por Remedios Palomo, en el que se alude a las condecoraciones que un grupo de policías recibieron casi dos años después de la muerte del dictador (13 de junio de 1977) y casi al mismo tiempo que se celebraron la primeras elecciones democráticas en España después de la dictadura.

Aquellos eran tiempos en que se repetía machaconamente la canción "porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la habrá". En los primeros comicios no se pudo presentar ningún partido que contuviera en sus siglas o nombre calificativo o referencia alguna a la república. El Partido Comunista logró presentarse con una autorización muy tardía de la que tuvimos noticia apenas sin tiempo para organizar su campaña electoral.

Bien, pues en esas fechas electorales, según órdenes publicadas en el BOE del 1 de julio siguiente, dos torturadores de la dictadura, Roberto Conesa y Antonio González Pacheco, fueron condecorados. En el caso del segundo, al menos, viene percibiendo por ello desde su jubilación un 15 por ciento más en su pensión merced a sus servicios en contra de quienes lucharon por la libertad y la democracia en este país. Añado, según una reciente información publicada por Infolibre, los casos de Jesús González Reglero, Jesús Martínez Torres y Pascual Honrado de la Fuente. Un quinto expolicía, Félix Criado Sanz, recibió también condecoración, pero sin percepción económica adicional.

Ahora, cuarenta años después y luego de varios gobiernos socialistas al frente del país durante más de tres lustros, tres, el nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez va a tratar de retirar esa distinción al apodado como Billy el Niño (González Pacheco), al que durante cuarenta años hemos suministrado los españoles -incluidos quienes lo sufrieron- un plus por su dilatado ejercicio como torturador, el mismo que reciben sus otros tres colegas de inquisitorial oficio.

Aprovechando lo planteado por el actual ministro del Interior, se pregunta Remedios, cuyo abuelo fue ejecutado por el gobierno fascista de Burgos el 20 de diciembre de 1936, si anular las sentencias que condenaron a tantos abuelos y padres republicanos no debería figurar ya también y por fin en la agenda de un miniestro del Interior como Grande Marlasca nada más tomar posesión de su cargo. Como ilustración, adjunta Remedios la fotocopia de la condena a muerte de su abuelo Lorenzo Palomo Chozas y otro familiar.

Miles de sentencias como esa están archivadas en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, esperando lo que todos los descendientes de esas víctimas de la dictadura y todos los demócratas consideran justo en un régimen democrático, a modo de nuevo, explícito y definitivo repudio a una dictadura condenada nacional e internacionalmente.