Libertades
La justicia rechaza por tercera vez investigar posibles abusos sexuales en un caso de infiltración policial

Primero la Fiscalía, luego el Juzgado 21 de Barcelona y ahora la Audiencia Provincial de Barcelona. Por tercera vez la justicia ordinaria resuelve no investigar los casos de infiltraciones policiales en movimientos sociales de la capital catalana. 

La organización de derechos humanos Iridia anuncia que recurrirá al Tribunal Supremo y agotará todas las vías judiciales para unos “hechos tan graves”.

El jueves pasado se conocía la decisión de la Sección Quinta de la Audiencia Nacional de Barcelona, que confirmaba que rechazaba la querella criminal por el caso de D.H.P., un policía infiltrado en colectivos sociales del barrio de Sant Andreu. En la resolución, en sintonía con la postura de la Fiscalía y el Juzgado 21 de Barcelona, la Audiencia vuelve a rechazar que se hayan cometido delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, de revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

Los abogados de la acusación, pertenecientes a Irídia y al sindicato CGT, anuncian que recurrirán ante el Tribunal Supremo, ya que consideran que resultaría “especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedara sin investigar”. 

Los abogados de Irídia y CGT, anuncian que recurrirán antes el Tribunal Supremo: “Es especialmente grave que una denuncia por delitos de tortura y contra la integridad moral quedara sin investigar”

El agente D.H.P., según destapó la Directa, estuvo infiltrado desde mayo de 2020 hasta fines de octubre de 2022 y tuvo relaciones sexuales y afectivas con diferentes personas de los colectivos en los que participaba. Según Irídia, se trataba de un “mecanismo para iniciar y consolidar el vínculo de confianza” para obtener información con el “aval y la cobertura del resto de la estructura policial”.

El 23 de mayo de 2023, ocho personas afectadas por la actividad de este agente encubierto interpusieron una querella contra el agente, contra sus superiores en el cuerpo y contra el Ministerio de Interior, que hasta ahora, dicen desde Irídia, “no ha dado explicaciones claras sobre este tipo de operaciones injustificadas”. 

Entre las acusaciones, cinco mujeres acusaron a D.H.P. ante la justicia de “abusos sexuales”, ya que, según argumentan, nunca hubieran tenido relaciones con esa persona si hubieran sabido que era un agente. Según el texto de la querella, la conducta del policía infiltrado “no solo transgrede los límites legales de la actuación de infiltración” de los cuerpos policiales, sino que “traspasa los límites éticos, atentando contra el núcleo esencial de estas mujeres y de su autonomía sexual”. Una vez más, y ya es la tercera, la justicia se ha negado a investigar.