Extrema derecha
Deseo de dictadura y gobierno de la escasez

Lo que cohesiona la maraña de figuras e intereses contradictorios y contrapuestos que orbitan alrededor del deseo de dictadura, es un programa político de cierre de derechos por abajo (al trabajo, a la sanidad, a la educación, a las ayudas o subsidios...) como el mecanismo que virtualmente ordenaría el acceso a las condiciones materiales y establecería las jerarquías de un programa de reparto tanto de los medios de subsistencia como de los recursos, el espacio y el territorio. Incluso aquellos proyectos que quieren presentarse a sí mismos como antioligárquicos, se centran en políticas de expulsión por abajo, mientras que su actividad contra el stablishment se limita a algunos brindis al sol.   

La Plaza

Deseo de dictadura y conciencia de escasez

Miguel Martín

7

Extrema derecha

Reflexiones sobre la extrema derecha Deseo de dictadura y conciencia de escasez

Miguel Martín

7

¿Por qué personas que no se identifican como fascistas, es más, amplios sectores sociales que se consideran a sí mismos moderados, promueven opciones como mínimo autoritarias?

El deseo de dictadura está ensayando su propia propuesta jurídica, que no solo quiere radicalizar la diferenciación ya existente entre ciudadanos y anticiudadanos (concepto que desarrolla Shahram Koshravi en Yo soy frontera, Virus, 2021) sino que también tiene la vocación de reestructurar el propio estatus de ciudadanía, su contenido y su significado. Como todo proyecto autoritario, trabaja sobre la utopía de ordenar todos los cuerpos en una estructura estratificada de funciones y necesidades, que no trata solamente de excluir a los otros o de situarlos en un grado de inferioridad de derechos —útil tanto para su represión como para la devaluación de su precio como fuerza de trabajo—, sino de disciplinar y poner en su sitio a aquellos cuerpos considerados como los nuestros. La exclusión de las personas migrantes del espacio del derecho, el retorno tradicionalista de las mujeres una vida familiar y puertas adentro o el ataque a los derechos reproductivos, están vinculados por un proyecto que quiere dictar una determinada economía de los cuerpos y un papel de estos en la economía, como resume aquí Nuria Alabao:

Con esta doble ofensiva —a mujeres y migrantes— se pone en el punto de mira a dos de las fuentes de trabajo barato de nuestro sistema económico. De una parte, los migrantes y/o personas racializadas son discriminados en el mercado laboral; muchas veces carecen de ciudadanía plena —no se les reconocen todos los derechos precisamente para controlar su movilidad y mantenerlos atados a sus condiciones de explotación— [...] De otra parte, las mujeres —que ya realizan en los hogares buena parte del trabajo de reproducción de forma gratuita—, también, y precisamente por esta causa, ocupan los puestos de trabajo más precarios y tienen las tasas más altas de pobreza. Si se trata de migrantes y mujeres al mismo tiempo, probablemente, estarán condenadas a los sectores donde se dan las formas más fuertes de explotación: trabajo doméstico, agricultura o prostitución («Defender la familia contra migrantes y mujeres», en vv. aa.: Familia, raza y nación en tiempos de posfascismo, Traficantes de Sueños).

No obstante, ese cierre del espacio de derechos necesita articular una nueva noción mayoría/minorías adaptada a un contexto social e histórico de alta complejidad social y económica. Mientras ciertas facciones de la izquierda han hecho de la diversidad un problema, la ultraderecha trabaja para moldearla en sus propios términos, reescribiendo su código para producir un nuevo tipo de ilusión de homogeneidad social y cultural que reproduzca diferentes imaginarios sobre «los de casa» y «los de fuera». El intento de Vox de atrapar a las comunidades gitanas en su concepto de españolidad y tradicionalismo o de confrontar la migración latinoamericana con la arabomusulmana, son ejemplos de que incluso los proyectos menos sofisticados han aprendido que la complejidad social es un componente sin el cual hoy es imposible hacer una política real, y que incluso aquellos a quienes quiere mantener subordinados los requiere identificados con su proyecto: “Queremos favorecer a los inmigrantes de América Latina porque compartimos una historia, una cultura: integrarlos es mucho más fácil”.

Pero no se trata solo de acciones de marketing, discurso o ingeniería social de partido. Hay componentes de grupos sociales habitualmente sometidos por la norma patriótica, clasista, racista o heteropatriarcal, que se están posicionando en línea con los discursos de corte autoritario, y a la vez están reconfigurando y enriqueciendo su dimensión de construcción del enemigo. El papel activo de grupos de gays y lesbianas en Alternativa por Alemania (donde ocupan cargos de alta dirección política) trasciende la mera instrumentalidad de un tema que pueda realizar una organización. A través de un compromiso con una nueva homogeneidad sexoafectiva constituida en términos abiertamente conservadores (como muestra la organización gay de la AfD Alternativa Homosexual), estos sectores están vinculando sus intereses a una vía ultraconservadora y autoritaria:

la aho «rechaza el uso de la palabra homofobia y otras propias del discurso políticamente correcto de la extrema izquierda». Es un discurso de «organizaciones supranacionales incontrolables que tratan de dictar algo (sic) a los Estados nación». aho «exige una política familiar fuerte en beneficio de los niños. Los homosexuales y sus parejas (sic) no se oponen a esto, sino que comparten plenamente los valores conservadores para la preservación de la nación».

Por tanto, no se trata solo de un eventual uso oportunista de una determinada organización, sino del desplazamiento de algunos grupos —no necesariamente representativos pero sí significativos— que han decidido adquirir un compromiso con un programa de refuerzo de las estructuras heteropatriarcales, en este caso aplicadas al concepto de familia homosexual. En cambio, respecto a la ley alemana de autodeterminación de género, el partido ha adoptado una posición abiertamente transfóbica: 

La deuda nacional se ha disparado. Siete millones de trabajadores tienen un trabajo de jornada reducida y cientos de miles de personas temen por su sustento. ¡Y los Verdes están pidiendo centros integrales de asesoramiento sobre identidad de género!

Como en el caso del voto latino a Trump en relación a sus políticas de inmigración o el electorado de origen arabomusulmán de Marine Le Pen, en este caso determinados sectores gays y lesbianas capitalizan su identidad a favor de un programa de restricción de derechos para otros sujetos. Obviamente, para poder ser incluidos en la maquinaria de exclusión, estos sectores deben construir a su vez argumentos excluyentes respecto a sus semejantes y puentes de afinidad con universos ideológicos que hasta entonces los expulsaban del perímetro de la humanidad misma. 

Aunque parezca un oxímoron, la igualdad de derechos se configura como un bien escaso que debería distribuirse de manera desigual, que pertenece a aquellos que lo habrían conquistado en un determinado momento pero que no es extensible o equiparable a sujetos con opresiones análogas. La ampliación de derechos se lee también como la desviación de recursos públicos a necesidades «no prioritarias», la entrega de un estatus a quienes no lo merecen o no se lo han ganado, y la merma del capital social y jurídico de quienes ya son titulares de unos determinados derechos.  Es, por tanto, un bien también escaso que ha de repartirse entre sus legítimos propietarios y no más allá. 

La escasez como modelo de gobierno

Pero identificar el deseo de dictadura y su agenda exclusivamente con la ultraderecha, puede dejar en un ángulo ciego buena parte de su penetración social y política. Lo que se ha venido a llamar «la austeridad» no es otra cosa que la escasez y su gestión como modelo de gobierno, que ha jugado un papel decisivo en la configuración de las subjetividades actuales y de las diferentes mutaciones políticas que se vienen produciendo.  

El gobierno mediante la escasez —limitación del gasto, segmentación y reducción de ayudas, recorte de servicios, precarización laboral y salarial...— es un estándar que se manifiesta en cada país de manera diferente según su posición en el orden de relaciones económicas, pero que conforma un único manual de instrucciones con apartados diferentes según el perfil usuario. La versión en francés o en alemán —que no solo imponen políticas de austeridad al sur mediterráneo sino también en su propio patio interior— indica configuraciones diferentes a la versión en griego, castellano o portugués, pero en todos los casos austeridad y escasez —aplicadas de manera patente tanto en las políticas interiores como en las relaciones geopolíticas— son el marco inevitable de las políticas de Estado.

Al respecto, el actual modelo de políticas sociales, en la medida que es un mecanismo de reproducción de la miseria funciona como un instrumento de producción de las condiciones de división social propicias al deseo de dictadura. Por escoger un ejemplo, el ingreso mínimo vital, en la medida en que ofrece un recurso cuantitativamente mezquino, limitado a un sector muy específico de población y con una capacidad nula de revertir la miseria estructural, solo alimenta de manera radical una subjetividad de guerra entre pobres. El investigador Albert Sales, explica así el mecanismo psicológico que genera la producción de miseria vinculada a las actuales políticas sociales: 

hay una delegación por parte de las administraciones supramunicipales en los ayuntamientos y las ONG. […] Acaba pasando que en cada municipio aparece una constelación de ayudas y ayuditas, a lo que se añaden las ayudas y ayuditas de las ONG […], pero que sumadas todas no te dan ni para vivir. A partir de ahí, el discurso asumido es que de alguna forma has de priorizar.

[...]

La persona que se siente orgullosa de tirar adelante a pesar de las circunstancias, se quiere desmarcar del pobre ocioso, que no merece ayuda pero que, al final, acaba recibiendo ayuda. Y es un arma de ruptura de vínculos en los barrios humildes.

Quizás no es el método empírico más adecuado, pero quienes en el ámbito militante tenemos compañeras que se enfrentan tanto a la crisis social como a la miseria burocrática de los servicios sociales, los departamentos de vivienda y los estamentos asistenciales, nos encontramos cotidianamente con conversaciones donde opera en diferente grado ese agravio comparativo que asocia la carencia vital propia con el presunto privilegio de quienes «viven de las ayudas». Esto genera otra reacción psicológica, esta vez entre las clases acomodadas, propia de todo mecanismo que no es ni redistributivo ni universal. Como se dio con las personas perceptoras del per en Andalucía o en los países anglosajones con quienes reciben las ayudas familiares, las clases medias construyen alrededor de este tipo de mecanismos la imagen de las clases mantenidas —o, en términos menos amables, ociosas y parasitarias— sometidas a auténticas guerras culturales de estigmatización y degradación pública.

Sin embargo, no se trata solamente de los efectos indirectos o indeseados de un determinado modo de gobierno. Una parte del programa de restricción de derechos, bienes y recursos está ya instalada en los aparatos institucionales y las políticas de austeridad. Gobiernos que no son de ultraderecha, ya están poniendo en práctica políticas en sintonía con las lógicas de segregación. Si observamos los hechos que llevaron en febrero del 2021 a la dimisión en pleno del Gobierno de los Países Bajos, podemos ver como buena parte del proyecto político de exclusión autoritaria ya tiene escritas algunas líneas de su software en la acción política e institucional convencional. Desde 2014, como una política de Estado y con la implicación sistemática del funcionariado de la Hacienda neerlandesa, 26.000 familias de origen turco y marroquí fueron denunciadas por supuesto fraude en las ayudas familiares y obligadas a la devolución de miles de euros por procesos administrativos cuyos fundamentos se han demostrado falsos. Esta política de reversión de derechos y recursos para un perfil de población muy concreto, que sería propio del ultraderechista pvv de Geert Wilders, fue ejecutada por un gobierno de coalición entre el centro-derecha y la socialdemocracia laborista. Cabe apuntar que, un mes después de la dimisión del Gobierno, el laborismo se hundía en las urnas, pero el vvd de Marc Rutte volvía a ganar las elecciones. 

La superposición entre la agenda de la austeridad y la agenda autoritaria puede resultar simbiótica en la medida en que la radicalización de los recortes, la precarización y el empobrecimiento necesitan a la vez construir perfiles de poblaciones culpables para conseguir un nivel suficiente de consentimiento social. Así, aquellas medidas que suelen identificarse como moderadas en materia económica son en realidad un potente fertilizante de efectos radicales sobre los surcos en los que se dibujan las subjetividades autoritarias. 

El depurado deseo de dictadura del capital global

Pero lo que más nos debe preocupar es un aspecto que generalmente queda fuera de las lecturas sobre los fenómenos autoritarios, y que en esta coyuntura puede resultar decisivo. Con todas las batallas, competiciones y contradicciones internas de la clase oligárquica global, si algún consenso existe en su seno es una pasión desenfrenada por Gobiernos con el menor control democrático. A la vez, si a algo tienden los Gobiernos es a una relación cada vez más estrecha con el sector privado y cada vez menos democrática en todos los aspectos que afectan a los bienes comunes y a los derechos sociales. Saskia Sassen recuerda cómo, pese al hábito de pensar que el Estado ha perdido poder, la realidad es otra: 

la globalización neoliberal permitió que algunas partes del Estado en realidad obtuvieran más poder del que tenían hasta entonces. Los ministerios y organismos estatales dedicados a la construcción de un espacio desnacionalizado para las operaciones de las empresas extranjeras son ejemplo de ello [...] El Ejecutivo también adquirió un tipo particular de poder gracias a que el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros organismos globales de regulación, sólo negocian con esa rama del gobierno (Territorio, autoridad y derechos. De los ensamblajes medievales a los ensamblajes globales, Katz)

Los rasgos principales de esa relación ya están inscritos y acumulan una rica experiencia. En el marco político, institucional y legislativo actual, ya contamos con un conjunto de experiencias que son una suerte de entrenamiento de alto nivel para modelos de Gobierno autoritario capaces de integrar los intereses corporativos de manera orgánica. En este sentido, más interesante que la evidente relación entre los grandes capitales y determinadas tiranías, son las formas de integración de los intereses corporativos en los Estados denominados como desarrollados y democráticos. Solo por citar algunos ejemplos: la reciente contratación del fondo Blackrock para la elaboración estratégica del Pacto Verde europeo; la guerra económica de la UE contra Grecia —liderada por Mario Draghi, un hombre de Goldman Sachs— para imponer una determinada política económica; cambios en leyes fundamentales como la modificación del artículo 135 de la Constitución Española; procesos de entrega y extracción de recursos naturales vía decreto ley y adjudicación directa como el caso de la plataforma petrolífera Castor; el papel de las consultorías corporativas en la asesoría de los fondos Next Generation; los gobiernos tecnocráticos de Mario Monti (2011-2013) y el actual de Mario Draghi en Italia; el papel anfibio de figuras como Nadia Calviño, popularmente aceptadas como policías del poder corporativo para la vigilancia de la acción política gubernamental. Son muestras significativas de una interfaz entre el mercado y las instituciones nacionales y supranacionales, que lleva construyéndose décadas.

Pese a que figuras como Salvini o Trump han querido darle una clave soberanista y una apariencia antioligárquica a la encarnación del deseo de dictadura, este es sobre todo una condición y una tendencia de la clase corporativa global que, por otra parte, la tiene mucho más elaborada y depurada estratégicamente, acumula una prolongada experiencia en su puesta en práctica y cuenta con recursos ingentes para poner en su favor cualquier proceso de concentración del mando político. 

Lo que genera esa confluencia entre involución democrática de los Estados y la acumulación de poder e influencia corporativa —que me atrevo a decir que no es una hipótesis sino un work in progress— es un horizonte de radicalización de los procesos que Rita Laura Segato ha denominado de dueñidad o señorío:

un pequeño grupo de propietarios son dueños de la vida y de la muerte en el planeta [...] los dueños de la riqueza, por su poder de compra y la libertad de circulación offshore de sus ganancias, son inmunes a cualquier tentativa de control institucional de sus maniobras corporativas, que se revelan hoy desreguladas por completo. Esta inmunidad del poder económico inaugura una fase apocalíptica, completamente anómica del capita. (Rita Laura Segato: La guerra contra las mujeres, Traficantes de Sueños)

El deseo de dictadura no es, por tanto, la pulsión de unos supuestos perfiles ignorantes, desinformados, confundidos en su malestar, sino que está tiene su terreno más fertil en el gobierno de la escasez y está en el corazón del proyecto de futuro de los principales centros de poder capitalista.