Junta de Extremadura
Presupuestos de Extremadura y violencia de clase

Los presupuestos no están concebidos para implicarse en una lucha decidida contra el atraso económico-social que avanza cada vez con más fuerza en nuestros pueblos. Son, por ejemplo, totalmente insuficientes para atacar de raíz el desempleo o para proporcionar una protección adecuada a quienes sufren las consecuencias de la crítica situación económica-social. Tampoco van a combatir la precarización y la explotación laboral.

Antes de comenzar este análisis sobre algunos aspectos de los presupuestos regionales es necesario recordar una propuesta general a todos los sectores sociales oprimidos por las políticas nacionales y regionales. La participación Y organización es elemento fundamental para la defensa de nuestros intereses, es lo único que puede darnos la fuerza social necesaria para conseguir que las Administraciones Públicas y Privadas tengan una mayor sensibilidad a las demandas de las clases trabajadoras y sectores sociales populares. La gente tiene que participar y organizarse para no estar al albur de las decisiones de quienes, de un modo u otro, aplican la violencia de clase. 

La gente tiene que participar y organizarse para no estar al albur de las decisiones de quienes, de un modo u otro, aplican la violencia de clase
Es ingenuo creer que la sociedad se transforma por los partidos que se llaman progresistas, que obtienen una mayoría parlamentaria en el juego electoral. Bajo las condiciones objetivas de la sociedad capitalista, los partidos de las clases dominantes son leales con sus intereses, y en lo que llamamos democracia, controlan la economía y los medios de comunicación para hacernos creer falsedades como que están al servicio del pueblo.

Rosa Luxemburgo en los textos escritos a principios del siglo XX en “Una vez más el experimento belga” nos indica como las normas y leyes que establece el Estado expresan la violencia de la burguesía contra la clase trabajadora, y subraya con fuerza que las pequeñas concesiones que hace la burguesía y sus aparatos de poder por ínfimas que sean son el resultado del efecto invisible y latente de las luchas de la clase obrera. Este texto está plenamente vigente y se ajusta perfectamente a algunas facetas del comportamiento del aparato político-administrativo de nuestra Comunidad Autónoma que a fin de cuentas forma parte de la estructura general del Estado burgués, y por tanto sigue sus criterios y directrices.

Aquellas reflexiones nos inducen a poner de relieve algunos ejemplos concretos que muestran como la violencia de clase está inscrita en múltiples elementos legales que proceden de las decisiones y acuerdos que se toman en las instituciones políticas o económicas que deciden la marcha de la sociedad, tales como los presupuestos, las normativas que regulan aspectos laborales, ayudas sociales u derechos que afectan a las clases trabajadoras, las mismas contrataciones laborales, la economía sumergida y las decisiones que en un momento concreto decide la Consejera o el consejero de turno. En la mayoría de los casos son formas legales o ilegales consentidas de imponer la violencia sobre los sectores sociales más humildes.

La violencia de clase está inscrita en múltiples elementos legales que proceden de las decisiones y acuerdos que se toman en las instituciones políticas o económicas que deciden la marcha de la sociedad, tales como los presupuestos o las normativas que regulan aspectos laborales
Por no ir muy lejos, la situación de pobreza y precariedad que tenemos en Extremadura es el resultado legalmente consentido y estructurado por medio del aparato político-administrativo estatal y el de la comunidad autónoma. Como ocurre en estos momentos en nuestra Comunidad, las instituciones autonómicas como elementos de la estructura del aparato del estado, gestionan los intereses económicos de las burguesías regionales y nacionales dentro del plan general que sigue el estado capitalista para someter a las clases populares. 

En este sentido, consideramos que los presupuestos regionales se enmarcan dentro de lo que señalamos, y tenemos claro que no van a provocar transformaciones importantes que mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras extremeñas, ni van a combatir la precarización y la explotación laboral. No obstante, servirán para que ciertos sectores minoritarios y empresariales coligados con el poder político sigan disfrutando y obteniendo buenos réditos a costa de las partidas presupuestarias.

Como ocurre en estos momentos en nuestra Comunidad, las instituciones autonómicas como elementos de la estructura del aparato del estado, gestionan los intereses económicos de las burguesías regionales y nacionales 

Una breve ojeada a algunas partidas nos lo confirman que no es otro que la violencia contra los pobres está inscrita en las decisiones parlamentarias de la comunidad extremeña.

En general, los presupuestos no están concebidas para implicarse en una lucha decidida contra el atraso económico-social que avanza cada vez con más fuerza en nuestros pueblos; totalmente insuficientes para atacar de raíz el desempleo y para proporcionar una protección adecuada a quienes sufren las consecuencias de su crítica situación económica-social. Particularmente, cuando nos centramos en las partidas contra el paro, comprobamos como el PSOE con su mayoría absoluta destina conscientemente pequeñas partidas que no sirven ni de lejos para combatir esta lacra que genera y necesita para sobrevivir el sistema capitalista. Por mucho que se insista, las cifras que se manejan ni siquiera dan para tranquilizar la conciencia de quienes ocupan las instituciones políticas. 

La violencia legal se afina aún más con las acotaciones establecidas para el acceso a las ayudas y subsidios sociales. Los reglamentos, normas y preceptos legales que las regulan llevan en su redacción los impedimentos y las limitaciones necesarias para que muchas familias no puedan recibir el amparo institucional preciso para poder soportar el angustioso estado y la inestabilidad que proporciona la precariedad.

El combate contra el desempleo es una ironía y una burla de la Junta de Extremadura. El Plan de Activación para el Empleo que se va a poner en marcha con retraso no dispone de dinero suficiente para ser efectivo y por tanto, no evitará que se reproduzca la situación de desamparo de miles de personas desempleadas. Los puestos de trabajo que se van a crear por este plan suponen unos porcentajes mínimos que no llegarán ni al 0,9 % de la población trabajadora oficialmente desempleada. De este modo, la pobreza seguirá incrementándose paulatinamente y en los próximos meses la población extremeña superará los altos niveles actuales de exclusión y pobreza social.

El combate contra el desempleo es una burla de la Junta. El Plan de Activación para el Empleo que se va a poner en marcha con retraso no dispone de dinero suficiente para ser efectivo y por tanto, no evitará que se reproduzca la situación de desamparo de miles de personas 
Por tanto, consideramos que no sólo hay que aumentar la bolsa de los fondos destinados a las políticas de empleo, sino que también hay que cambiar la naturaleza y el destino de los mismos. En este sentido, sería importante que estuvieran orientados hacia el aprovechamiento de los recursos naturales que tiene nuestra Comunidad, la construcción de viviendas sociales, la creación de cooperativas para el aprovechamiento de bolsas de tierras, la promoción desde lo público de actividades relacionadas con las tecnologías, la ganadería, reforestación, etc.

Sin embargo, según ha manifestado la Consejera de Educación y Empleo “sus preferencias estarán enfocadas al fomento del empleo privado y a la contratación de personal orientador para que las personas desempleadas sean correctamente canalizadas hacia los puestos de trabajo que genere el sector privado”. Nos parece un tremendo error el machacar sobre hierro frío, hay que dejarse de actuaciones de las que sólo se benefician un reducido número de empresarios privados y que no solucionan absolutamente nada, hay que poner en valor, con decisión actividades e inversiones públicas. Las recientes declaraciones de la Consejera de Empleo no nos descubren nada nuevo, sino que vienen a ratificar lo que indican los presupuestos regionales aprobados por importe de unos 6.000 millones de euros.

“Los gastos en Transferencias corrientes” se consignan en una cantidad superior a los 1.943 millones de euros, entre los que destacan por encima de todo las transferencias a empresas privadas, unos 917 millones de euros, y las transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro, unos 630 millones de euros. Así, se destaca en la memoria general “la partida más relevante” de este capítulo se recoge en el artículo 47, denominado “Transferencias a empresas privadas”, que representan el 47,2% de las transferencias corrientes y un 15,3% del total del presupuesto, experimentando un incremento del 1,4%, cuyo importe se registra principalmente en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio (que recoge el 74,6% de este artículo) para realizar, entre otros, los objetivos de la Política Agraria Comunitaria.

Sería importante que los presupuestos estuvieran orientados hacia el aprovechamiento de los recursos naturales que tiene nuestra Comunidad, la construcción de viviendas sociales, la creación de cooperativas para el aprovechamiento de bolsas de tierras, la ganadería, reforestación, etc
Los gastos en Transferencias de Capital no llegan a los 300 millones de euros que en un buen porcentaje van a las empresas privadas, unos 170 millones de euros, mientras que a familias e instituciones sin ánimo de lucro, otros 70 millones de euros.

En el capítulo de inversiones, aparecen unos 371 millones de euros, “destacando principalmente las partidas financiadas con fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional)”, y las cantidades destinadas a infraestructuras de carreteras. Aquí, se consideran tanto las inversiones nuevas como las inversiones de reposición que se realizarán por las diferentes consejerías de la Junta de Extremadura en materia de obras e infraestructuras agrarias, etc.

La Junta de Extremadura dispone de medios y de un amplio horizonte para llevar a la practica el derecho al trabajo al que tienen todas las personas. Hay enormes posibilidades invirtiendo fondos públicos que mejoren la calidad de los servicios públicos que recibimos los extremeños y extremeñas: la educación, la sanidad, la atención a las personas mayores y dependientes, la atención a la infancia, etc. La política para la mejora de la calidad de los servicios públicos puede generar múltiples puestos de trabajo; las contrataciones de personal docente y no docente en los centros educativos y de personal sanitario para los centros de salud y centros hospitalarios, que sirva a su vez se reduzcan las listas de espera; la calidad asistencial en los centros de mayores, residencias, centros de atención a la infancia y a los dependientes, etc. Hay que crear iniciativas laborales para nuestra juventud, para que no se vayan de nuestras localidades.

Hay enormes posibilidades invirtiendo fondos públicos que mejoren la calidad de los servicios públicos
La violencia de clase aparece en los comportamientos extemporáneos de carácter antisocial que realiza la Junta de Extremadura con el objetivo de contentar a las organizaciones de agricultores, como compensación a la subida del del Salario Mínimo. Desde este punto de vista, está dispuesta a incrementar la explotación laboral en el campo pidiendo a las comisiones de los Planes AEPSA que queden en suspenso y que no se ejecuten en ciertos períodos en los que hay faenas agrícolas. Este hecho nos pone de manifiesto una vez más que el gobierno del PSOE en la Comunidad extremeña no tiene nada de socialista.
La violencia de clase aparece en los comportamientos extemporáneos de carácter antisocial que realiza la Junta de Extremadura con el objetivo de contentar a las organizaciones de agricultores, como compensación a la subida del del Salario Mínimo
La paralización de los Planes AEPSA facilitará que el mercado disponga de una abundante mano de obra agrícola, con la correspondiente bajada de los salarios y el incremento de la economía sumergida. Todo esto, es una prueba más de la violencia de clase de la que nos habla Rosa Luxemburgo y pone bien a las claras que nuestro gobierno regional es un administrador al servicio de la clase capitalista. El objetivo de su intervención facilitará la explotación de la clase obrera agrícola; son estas acciones políticas las que conducen a ciertos sectores de trabajadores al fascismo.

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