Juicio del 1 de Octubre
Carme Forcadell: “El Constitucional quería convertir el Parlament en un órgano censor”

La séptima jornada del juicio del Procés se ha cerrado con la declaración de la última de las acusadas: Carme Forcadell. La expresidenta del Parlament de Catalunya, acusada por la Fiscalía de rebelión y de sedición por la Abogacía del Estado, por haber 'modulado' la realización del referéndum y haber aprobado la legislación de apoyo para celebrarlo, contradiciendo la doctrina del Tribunal Constitucional. Por ello se le piden 17 años de prisión.

El día de su declaración ante el Tribunal Supremo se ha sabido también que ha sido la primera de los presos catalanes en elevar su caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al considerar excesiva la prisión preventiva, que cumple desde el 23 de marzo de 2017.

Ya ante el Supremo, Forcadell, al contrario que Jordi Cuixart, que la ha precedido, sí ha decidido responder a las preguntas de la Fiscalía y de la Abogacía. Al igual que todos los acusados, ​​no ha dado respuesta a los abogados de Vox. Así, la fiscal Consuelo Madrigal se ha referido a que la función de Forcadell, como presidenta del órgano legislativo catalán, era “impedir tramitaciones que van contra el derecho o la Constitución, según los autos del Tribunal Constitucional”, en referencia a las Leyes de Transietoriedad Jurídica, que se aprobaron los días 6 y 7 de septiembre de 2017, así como la ley del referéndum, anuladas por el Tribunal Constitucional.

La ex presidenta respondió que está “obligada” a no admitir resoluciones si no se presentan en el tiempo y la forma correctos, pero que la función de la Mesa del Parlamento no es “valorar la constitucionalidad de las tramitaciones parlamentarias. No hace falta ni que las leamos”. Y ha añadido que la esencia de la democracia es que “la palabra sea libre, debe poderse hablar de todo en un Parlamento”.

En respuesta a estas palabras de Forcadell, la fiscal se ha remontado a 2009, cuando la Mesa no admitió a trámite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con una propuesta de referéndum, por falta de competencias. Forcadell ha respondido afirmando que los únicos casos en los que la Mesa tiene obligación de “leer y entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias” es ante ILP, para comprobar que estén de acuerdo con las leyes que las regulan. Así, Forcadell ha reiterado varias veces que votó a favor de la tramitación del referéndum que se acabó celebrando el 1 de Octubre “sin leerla”.

Forcadell ha afirmado que, a pesar del cambio de jurisprudencia que se dio en el momento en que el Constitucional impugnó estas resoluciones, el Parlamento “tenía el deber de garantizar los derechos fundamentales y la libertad de expresión”.

—La resolución del Constitucional iba contra el Parlamento. No podíamos dejar que se convirtiera en un órgano censor. Se debe poder debatir de todo —declaró Forcadell—. 
—¿Se puede debatir, pues, sobre la legalización de la trata de personas? —preguntó la fiscal—. 
—El único límite para el debate es el respeto por los derechos humanos. 
—¿Quién declara los derechos humanos? ¿Usted los dicta?
—Están en la Constitución, que defiende el pluralismo político, la libertad de manifestación, reunión. Y esto demuestra que el Tribunal Constitucional, que es quien debe valorar el texto, está politizado.

Así, Forcadell ha afirmado que “entendíamos que lo que nos pedía el Constitucional era convertirnos en un órgano censor que vulnerara los derechos fundamentales y la separación de poderes. No lo podíamos hacer”. Como respuesta, la fiscal espetó a Forcadell: “¿Considera que está por encima del Tribunal Constitucional?”. “No, yo lo respeto muchísimo, pero eso no quita que esté politizado”. Con este cruce de palabras, la expresidenta del Parlamento y la Fiscal se han entrelazado en uno de los momentos más tensos vistos en el juicio hasta ahora, hasta el punto que el magistrado Marchena ha tenido que intervenir.

Respecto el día 6 de septiembre, cuando se debatieron, votaron y aprobaron las leyes de Transitoriedad Jurídica —sesión que duró hasta la 1 de la madrugada, ya entrado el día 7—, Madrigal ha preguntado por qué fue tan rápido el debate y la aprobación de la ley, sobre todo habiendo sido esta suspendida por el Constitucional. A esto, Forcadell consideró haber “cumplido con los deberes que impone el Tribunal Constitucional. Siempre teniendo en cuenta que nuestra intención no era desobedecer, pero que teníamos la obligación de garantizar los derechos de los diputados y ciudadanos”.

Avanzando un poco más en las fechas, la fiscal ha hecho referencia al 20 de septiembre, jornada en la que se dieron las movilizaciones masivas en las puertas de varias consejerías en que la acusación fundamenta las acusaciones de rebelión por los Jordis. Madrigal ha citado un tuit que, presuntamente colgó Forcadell el día 20 de septiembre, pidiendo una respuesta masiva en las urnas ante la “injusticia” vivida ese día. La expresidenta, que no ha reconocido como suyo el tuit, ha pedido a la fiscal que se lo mostrara, petición que no ha podido ser satisfecha, ya que, según ha reconocido la misma Madrigal, “no se encuentra recogido en la nube”, en referencia a Lexnet, medio por el que se ha dado acceso —aunque, según han denunciado las defensas, no al completo— a las pruebas admitidas en el proceso.

Finalmente, a pesar de no encontrarse el tuit, la fiscal ha mostrado un vídeo de un acto del 21 de septiembre, ante el TSJC, en el que Forcadell llamaba, micrófono en mano, al voto el 1 de Octubre: “No tenemos miedo. Ante las provocaciones del Estado, respondamos de manera pacífica. Y votemos. Votad sí o votad no, pero votad”. Al ver este vídeo, Madrigal ha preguntado a Forcadell si, llamando al voto y pidiendo no tener miedo, consideraba estar ejerciendo correctamente su cargo de presidenta del Parlamento, con lo que supuestamente debía representar tos los ciudadanos. “Por eso llamé a todos los catalanes a votar, tanto a los del sí como los del no. Pero a votar, porque votar no es delito. Ni tampoco se debería tener miedo en democracia”.

Ya llegando a la celebración del referéndum y preguntada sobre las advertencias recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para no permitir la celebración de la votación, Forcadell ha afirmado conocerlas, pero ha comentado que estas informaciones no tenían nada que ver con el órgano legislativo que ella presidía y reiteró “no estar saber nada de lo que correspondía al gobierno”. También respondió que “le gustaría saber quién compró y de donde salieron las urnas, pero nadie lo sabe”.

Respecto los resultados de este referéndum y trasladándonos al día 10 de octubre, en el que Puigdemont declaró la famosa República de los 8 segundos, Forcadell ha reconocido que 72 diputados firmaron una declaración, fuera del Parlamento, en el que se comprometían a trabajar para aplicar el resultado del 1-O, pero aseguró que fue “una resolución política, sin trascendencia jurídica”. En los mismos términos se ha referido Madrigal a la jornada del 27 de octubre: “¿Se declaró la independencia el 27 de octubre?”. Forcadell ha repetido: “Se votó y leyó un preámbulo, una declaración política sin consecuencias jurídicas”.

Después de un pequeño receso, Forcadell se ha sometido a las preguntas de la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ha hecho incidencia en las mismas cuestiones legislativas y procedimentales que la fiscal Madrigal. La celeridad a la hora de tramitar las leyes de Transitoriedad Jurídica ha sido uno de los aspectos en los que se ha hecho más inciso, reconociendo Forcadell que “no es normal que se haga tan rápido, pero en ningún caso es irregular”.

Ya pasando a las defensas, y en respuesta a su abogada, Olga Alderiu, Forcadell ha reconocido que el programa de Junts pel Sí nunca se llegó a llevar a cabo: no se aprobaron los presupuestos, por lo que el presidente Puigdemont se sometió a una moción de confianza que derivó en la convocatoria del referéndum. Esta resolución, según recordó Forcadell, nunca llegó a ser impugnada por el Constitucional.

El Pacto Nacional por el Referéndum, que fue firmado por varias entidades y grupos parlamentarios, fue pensado para una “consulta pactada con el Estado español”, ha apuntado Forcadell. Sobre el derecho al debate parlamentario, que ha captado buena parte de la intervención de la expresidenta del Parlament, Forcadell ha explicado que “desde los 80 se han debatido una o dos veces por legislatura sobre cuestiones relativas al derecho a decidir. Y nunca se han impugnado”.

Respecto el 27 de octubre, día que se aprobó la resolución de la independencia, Forcadell ha recordado que no se publicó nunca en el Documento Oficial de la Generalitat de Catalunya, porque, según afirma, esto hubiera contradicho las normas del Ejecutivo.

Preguntada sobre si sus compañeros le acompañaban o estaban presentes en jornadas como la del 20 de septiembre, Forcadell ha respondido que sí y que no entiende por qué, “si han hecho los mismos trámites parlamentarios que yo, yo estoy siendo juzgada por este tribunal y mis compañeros están atestiguando, acusados ​​de desobediencia, ante el TSJC. Bueno, sí lo entiendo”.

Sobre la supuesta violencia que hubo por parte de la sociedad catalana, Forcadell ha dicho que en ningún caso se podría imaginar que la población llevara a cabo ningún acto de violencia. “Nos imaginamos que el 1 de Octubre sería tan pacífico como el 9N. Yo nunca apoyaría ningún acto que incitara de la manera más mínima la violencia. Antes renunciaría a mis convicciones”, concluyó.