Hemeroteca Diagonal
Treinta años buscando justicia para Mikel Zabalza

Era la madrugada del 26 de noviembre de 1985. Un comando de la Guar­dia Civil irrumpió en la vivienda de Mikel Zabalza, navarro de 32 años, residente en Donostia y conductor de la compañía municipal de autobuses. Esa misma noche también fueron detenidos su novia, dos de sus hermanos y un primo, además de otro joven de 21 años sin relación con ellos. El día anterior ETA había matado a dos soldados y un guardia civil, y los jóvenes fueron arrancados de sus camas acusados de pertenecer a un comando de la banda.

Todos ellos fueron trasladados al cuartel de Intxaurrondo, todos ellos fueron torturados y todos acabaron días más tarde en libertad sin cargos, excepto Zabalza. Su cuerpo apareció flotando y esposado en el río Bidasoa 20 días después de su detención.

Treinta años después, pocos son quienes creen la versión oficial, que mantenía que Zabalza, que no sabía nadar, se había lanzado maniatado al río para huir hacia Francia, una historia que el propio gobernador civil de Guipúzcoa de la época, Julen Elorriaga, calificó de “rocambolesca”.

Treinta años después, pese a que todos los indicios apuntan a que Zabalza murió por las torturas que sufrió en el cuartel de Intxaurrondo, la familia sigue sin tener un reconocimiento oficial y nadie ha sido condenado. “La pelea sigue abierta en los mismos términos que hace 30 años. Queremos saber la verdad, que se reconozca un asesinato por torturas en un sitio de fatuo recuerdo como es Intxaurrondo. Seguimos trabajando en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación”, dice a Diagonal Karlos Bueno, de la iniciativa Mikel Zabalza Gogoan.

Objetos perdidos

Por ello, esta plataforma, junto con Ahotsa.info, Filmotek, Piztu.info y Eguzki Bideoak, se ha lanzado a la búsqueda de la verdad a través de un proyecto documental en elaboración, Objetos perdidos, llamado así porque la fría frase “si ha perdido a su hijo, vaya a buscarlo a objetos perdidos” fue la respuesta de un guardia civil a la madre de Zabalza cuando ésta fue a buscarlo a Intxaurrondo.

“Hay un montón de cuestiones que dejaban la versión oficial desnuda en su más pura crueldad”, dice Bueno. En primer lugar, los relatos de quienes sufrieron las torturas con Za­balza esa misma noche. Su primo, que lo oyó en la habitación contigua “como si se estuviera ahogando”, o su novia, que vio en una camilla un cuerpo de su misma complexión física esa misma noche en Intxau­rrondo.

O Ion Arretxe, el joven de 21 años que también fue torturado allí y que tardó casi 30 años en ser capaz de plasmar lo vivido aquella noche y aquellos días a través de un libro: Intxaurrondo, la sombra del nogal. Arretxe, hoy guionista, director de arte y escritor, explicaba en la presentación del documental en Madrid que en aquella época “Intxaurrondo ya era un símbolo de terror”, y se muestra convencido de que “a Mikel lo mataron la primera noche, y mi testimonio podría servir para esclarecer su muerte”.

Pero su testimonio no ha sido escuchado en este caso. Tampoco tuvo efecto el de los dos forenses del Juzgado de Instrucción número 1 de San Sebastián que en 1996 rebatieron la versión del primer forense que afirmaba que se había ahogado en el Bidasoa. Entre otras cosas, el cuerpo no presentaba signos de arrastre ni mordeduras de peces, y la cantidad de materia tóxica que contenía era once veces superior a la de los niveles del río, lo que “no se explica por una sumersión vital, ni siquiera responde a criterios científicos”.

Tampoco tuvieron consecuencias las revelaciones que apuntaban directamente a la muerte violenta de Zabalza a manos de la Guardia Civil, como la declaración del testigo Pedro Luis Miguéliz, que afirmó ante el juez en 1996 que los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo, ambos condenados posteriormente por el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala en 1983, mataron a Mikel Zabalza mientras lo torturaban en una bañera.

O la grabación de diciembre de 1985 en la que el agente del Cesid Gómez Nieto revelaba a su superior Juan Alberto Perote, en referencia también a Felipe Bayo, que “Zabalza se le ha ido de las manos, se le ha quedado en el interrogatorio. Nunca se va a poder descubrir de esa manera. Posiblemente fue una parada cardíaca como consecuencia de la bolsa de plástico en la cabeza”.

O las declaraciones del agente Vicente Soria a varios periodistas en las que afirmaba que había visto el cuerpo del joven en Intxaurrondo. O el documento del Cesid donde se detallaba que “el cuerpo de Zabalza es trasladado a una charca donde se le sumerge y se le deja allí hasta el momento de trasladarlo nuevamente al Bidasoa”. A pesar de todo ello, el caso fue archivado por segunda vez en 2009 por “falta de pruebas”.

Pero el Caso Zabalza “no es un caso aislado”, indican los autores del documental, que buscan también analizar el impacto de la tortura en Euskal Herria. “La tortura ha sido uno de los cimientos fundamentales de este régimen, ha sido el pan nuestro de cada día durante décadas, y lo sigue siendo”, decía durante la presentación el diputado de Amaiur Sa­bino Cuadra, que añadía que esta práctica “une el pasado más negro franquista con el presente negro del PP”, pasando por los años de plomo del PSOE de los GAL. Hace tan sólo un año 30 jóvenes acusados de pertenecer a la organización juvenil Segi denunciaron haber sido torturados durante su detención.

“La tortura ha sido un arma de Estado contra la disidencia vasca que se ha aplicado de forma sistemática en el marco legal de la Ley Anti­terrorista”, dice Miguel Ángel Lla­mas, Pitu, uno de los autores de Ob­jetos perdidos. Tam­bién Ion Arretxe recuerda que “todo esto se hizo bajo los auspicios de la Ley An­ti­te­rro­rista”, que permitía diez días de incomunicación, sin derecho a abogado, ni médico ni a informar a los familiares del lugar de detención. Para que todo parara, él habló. Contó todo lo que no había hecho pero que los guardias querían oír, explica.

Hoy se permiten 13 días de incomunicación, y España ha sido condenada seis veces en cinco años por el Tribunal Eu­ropeo de Derechos Humanos por no haber investigado denuncias de torturas a personas incomunicadas. “Todo esto existe por tres motivos: una normativa que permite que la tortura se dé y que ampara al torturador, una judicatura que no investiga ni condena, y que los poquísimos condenados son indultados por el Go­bierno”, indica Cua­dra.

De momento, la familia Zabalza sigue buscando justicia ante la indiferencia de las instituciones. A pesar de la decla­ración que el Gobierno vasco hizo en 2005 para que Zabalza fuera reconocido como víctima del terrorismo, los distintos gobiernos del Estado “se han anclado en la versión oficial para no dar respuesta”, dice Bueno, pero “para la solución del conflicto es necesario el reconocimiento de todas las víctimas”, concluye.