La proyección de docenas de parques eólicos o el plan de la celulosa de Altri en ocasiones proyectan sobre el conjunto de la población una sensación de impotencia ante los planes de depredación del territorio desplegados por empresas que solo buscan el beneficio privado. Al otro lado de la cadena, encuentran en las instituciones, y concretamente en la Xunta de Galicia, un punto de apoyo sobre el que desplegar sus política de despojo. Frente al relato de la indefensión, hay experiencias en los movimientos vecinales que, como en el caso de la serra da Groba (en el sur de Pontevedra), marcan un camino de resistencia ciudadana contra los planes de las multinacionales ante la expansión eólica en Galicia. Esta es su historia.

La guerra del viento

Javier H. Rodríguez

Medio ambiente

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Fracturas sociales y brechas medioambientales en la implantación descontrolada de la energía eólica en Galicia.

Macroproyectos energéticos Caballos salvajes, tesoros arqueológicos y despoblación: las amenazas de 77 nuevos parques eólicos gallegos

En el año 2005, llegan por vez primera a las vecinas y vecinos del Val Miñor (Pontevedra) noticias sobre la instalación de un parque eólico en la sierra da Groba, el Albariño 1. Dos décadas después, su movilización ha conseguido la eliminación en fase administrativa del 100% de los proyectos eólicos —un total de 8— previstos en el Val Miñor y en el Baixo Miño, constituyendo un ejemplo de cómo la organización colectiva y el trabajo en común pueden traducirse en victorias a favor del patrimonio ecológico y cultural.

Este 2024, el Instituto de Estudios Miñoráns (IEM) cumple 25 años. Su fundación, por parte de un grupo de entusiastas con diferentes intereses que van desde la arqueología hasta la zoología, pero con el elemento común de querer relacionarse, proteger su entorno y darlo a conocer a las demás junto con un claro afán de conservación y divulgación, permite entender la capacidad de movilización que en la zona del Val Miñor tiene la Plataforma SOS Groba. En base a diferentes estrategias de concienciación e información, junto con un ingente trabajo por parte de sus miembros, fueron capaces de eliminar en fase administrativa los 8 parques eólicos previstos en el Val Miñor y en el Baixo Miño.

Esta asociación surge en el año 2007, al calor de las protestas vecinales que otras plataformas como Salvemos Monteferro comenzaron en verano de 2005, cuando llegaron las primeras noticias sobre el proyecto Albariño 1, un parque eólico que amenazaba el patrimonio natural e histórico de la Groba. Su trabajo, inspirado por la oposición frontal contra este tipo de macroparques, se acerca a la sociedad miñorana en forma de charlas, conferencias, visitas guiadas por la zona, publicaciones de diversa índole, campañas informativas o salidas escolares, llegando a las vecinas y consiguiendo una enorme respuesta ciudadana, como muestran las múltiples movilizaciones con las que, desde el año 2019, mostraron su contrariedad ante los planes de la Xunta.

Este tipo de proyectos, que tenían y tienen como marco el Plan Sectorial Eólico del año 1997, y que por lo tanto no cuenta con la evaluación ambiental pertinente que se exige desde 2013 —año en lo que entra en vigor a Ley de Evaluación Ambiental— incumplen normas y presentan prácticas fraudulentas como la fragmentación artificiosa de los parques para eludir el control estatal, ya que la Xunta puede tramitar aquellos que tengan una potencia de hasta 50MW. Todo este tipo de faltas que se tratan de emplear por parte de los promotores, en connivencia con la Xunta, son las que desde SOS Groba emplearon para impedir que los eólicos llenaran la zona del Val Miñor, llegando ate el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Tras ese primer intento en el año 2005 y unos años en los que los proyectos eólicos quedaron en segundo plano ⎯aunque la zona siguió amenazada por una mina aurífera y un campo de golf⎯, 2019 marca un nuevo punto de revitalización de estos proyectos que, como señalan desde la asociación y también hacen otros expertos como los consultados por este mismo medio en ocasiones anteriores, son puramente especulativos. Desde SOS Groba insisten en que el negocio de las energías renovables, y en concreto de los parques eólicos, está en su instalación y montaje y no tanto en la producción de energía y es precisamente desde esta crítica a la lógica especulativa, donde arrancan tanto su oposición así como toda la estrategia desplegada para luchar contra este fenómeno que incide en los procesos de despojo del territorio.

Un método propio para ejercer presión colectiva

Una de las herramientas que han diseñado desde SOS Serra da Groba con la finalidad de hacer más visibles las formas de depredación sobre el territorio es el trazado de las poligonales —el área afectada por la instalación de un parque eólico— sobre el terreno, apoyándose para esto en aplicaciones de mapas. De este modo, representan de forma clara la fragmentación fraudulenta y la compartición de elementos comunes como torres meteorológicas o elementos de canalización y evacuación de la energía producida. En la práctica, esta condición exigiría la evaluación de los proyectos como uno solo si estos son compartidos ya que, al cartografiar los parques, se hace muy evidente como sus áreas se solapan, incluso en los casos en los que sobre el papel hablamos de proyectos presentados por empresas diferentes —como Acciona, Greenalia o Naturgy—, que crean ad hoc promotoras que no cuentan con experiencia previa ni con la capacitación técnica para llevar a cabo estos proyectos. Además, el trazado de estas poligonales sobre el terreno revela que, en muchos casos, las áreas afectadas ocupan territorios particulares, viviendas, infraestructuras industriales y montes comunales. En la práctica, esto convierte estos terrenos en susceptibles de expropiación siempre y cuando sean cedidos en concesión a las promotoras para su uso como suelos industriales, específicamente para producir energía eléctrica.

La propia Xunta de Galicia ha realizado, en el momento en el que se escribe este reportaje, dos modificaciones en leyes con el fin de agilizar la instalación de los parques y dificultar el acceso a la información de los y de las interesadas y para hacer susceptibles de expropiación los terrenos y propiedades afectadas al considerarlas suelo de uso industrial, con la particularidad de que obtienen esta cualificación solo para ser empleados para la producción de energía eléctrica en concesión exclusiva para las empresas promotoras.

Así, la Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia (2021) reduce los plazos de acceso a la información a la mitad, pasando de 30 a 15 días, y la Ley Gallega de medidas fiscales y administrativas permite al Gobierno gallego declarar unilateralmente de interés pública superior los polígonos eólicos autonómicos. Además, desde el 16 de septiembre de este año, sabemos también que la Comisión Europea avala la decisión de la Xunta de impulsar la Ley de administración ambiental simplificada de Galicia que, alineada con las dos ya aprobadas en los años 2021 y 2023, ahonda en la reducción de los plazos de actuación por parte de aquellos interesados e interesadas en conocer el alcance de los proyectos industriales —en los que se incluyen, por supuesto, los parques eólicos— y allana el terreno a las empresas, que durante los últimos años vienen afirmado que existe una gran “inseguridad jurídica” a causa de las denuncias recibidas y la paralización de los eólicos proyectados reduciendo las trabas administrativas.

Estas llamadas a facilitar la implantación de nuevos parques, pasando por encima de los mecanismos de control y evaluación ambiental vienen acompañadas de acusaciones de carácter personal a miembros del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como Luis Villares, magistrado de la sección tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo y candidato de En Marea en las elecciones autonómicas de 2016, cuestionando así la independencia de su trabajo y sus decisiones. Hasta el año 2022, la tramitación de los parques eólicos era competencia de la Consellería de Industria, pero en el gobierno actual de Alfonso Rueda depende de Medio Ambiente, por lo que las nuevas alegaciones que lleguen al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pasan ahora por la sección segunda, en un nuevo intento de garantizar la “seguridad jurídica” para los promotores.

Por si fuera poco, y como apuntan desde SOS Serra da Groba, la Xunta está incumpliendo el Convenio de Aarhus, un tratado internacional en vigor desde el año 2001 y ratificado por España en 2004. Este convenio y la consecuente ley estatal que lo traspuso señalan que los plazos máximos para la entrega de la información ambiental son de un mes, y desde la asociación llevan esperando por la entrega de los informes pertinentes sobre los parques que están en poder de la Xunta desde el 2021, año en lo que llevaron a cabo a solicitud formal previo pago de las tasas pertinentes.

Las victorias acumuladas y los próximos objetivos

¿En qué se traduce toda la actividad que llevan a cabo desde SOS Groba y otras asociaciones con las que colaboran como Petón del Lobo o Galicia Atlántica y Verde? Hablamos de una serie de colectivos que, trabajando conjuntamente, fueron capaces de presentar 80 recursos administrativos, uno por cada parque eólico proyectado en Galicia. Actualmente, y gracias a su trabajo y el de muchas otras asociaciones, han conseguido la paralización cautelar de 59 proyectos. Estos “éxitos administrativos” son el resultado de un trabajo que ha dado lugar a alegaciones de más de 600 páginas que además de incluir los trazados de las poligonales se caracterizan por su composición multisectorial, producto de la colaboración de los miembros del IEM, que provienen de diferentes campos. Estos enormes documentos fueron resumidos en en lo que llaman un “documento de titulares” que incluye de una manera más esquemático las ilegalidades y daños al patrimonio, facilitando así su comprensión para todas las personas interesadas.

Pero su tarea no finaliza aquí: en el marco más próximo como son las Sierras da Groba, del Gallinero y Aloia, aspiran a conseguir que sean declaradas de figuras de protección especial, estatus que garantiza la seguridad del patrimonio histórico y natural de la zona prohibiendo definitivamente esta clase de proyectos en el área. Advierten de que la situación se repite en todo el territorio gallego y que estas victorias son solo una pequeña muestra de todo lo que se puede conseguir.