Empresas públicas
Paralizada la comisión de investigación sobre las empresas públicas de Extremadura

El 12 de enero de 2018 el Grupo Parlamentario Popular presentó en el registro de la Asamblea de Extremadura la solicitud para crear una comisión no permanente de investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de Extremadura. 

Según el este escrito de solicitud, esta comisión es necesaria porque “las empresas públicas se han convertido en agencias de colocación al servicio del Partido Socialista de Extremadura”, al tiempo que “tras un año de silencio informativo con respecto a encomiendas de gestión y contrataciones de personal en la empresa pública GISVESA, entre otras, el Grupo Popular ha conseguido destapar una red clientelar donde de 41 encomiendas de gestión, 19 están ocupadas por cargos en activo y ex cargos del Partido Socialista”. Asimismo, sigue argumentando, “nuestra región cuenta con toda una administración paralela plagada de contrataciones de personas afines al Partido Socialista” y “los procesos de contratación de personal en determinadas empresas públicas han pasado de ser transparentes (…) a ocultarse el estado, aspirantes y contratados sin motivo jurídico alguno”.

La creación de la comisión de investigación es aprobada en el Pleno de la Asamblea por unanimidad, formando parte de ella quince diputados, seis del PSOE, seis del PP, dos de Podemos y uno de Cs. El objeto de la comisión lo acotan a la investigación sobre la contratación de personal y, en general, todo aquello que esté relacionado con las políticas de personal, transparencia y buen gobierno en las empresas públicas de la Junta (GEPEX, GESPESA, GEBIDEXSA, AVANTE, GISVESA y URVIPEXSA), un sector donde trabajan más de 1.000 personas.

PSOE Y PP SALPICADOS

La comisión de investigación abarca desde el año 2007 hasta la actualidad, es decir, desde la séptima legislatura hasta la novena, afectando a gobiernos del PSOE y del PP (2007 al 2011 el PSOE, 2011 a 2015 el PP, y desde 2015 hasta la actualidad el PSOE).

El 28 de julio de 2005 se creó la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, S.A.U, (GPEX), sociedad anónima de capital público que nació al amparo de la Ley 4/2005, donde acabaron fusionándose el grueso de las empresas públicas autonómicas. Su objeto social lo constituye la realización obligatoria de las prestaciones que le encargue la Junta, sus organismos e instituciones, y en general, cualquier poder adjudicador del Sector Público Autonómico, mediante encomiendas de gestión.

No se publican aspectos como las lista de aspirantes a los puestos de trabajo, las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos, los tribunales de selección, la notas finales o las bolsas de empleo resultantes

Desde entonces, la selección de personal de las empresas públicas ha estado envuelta en la polémica y se han puesto en evidencia las graves deficiencias respecto a las garantías de transparencia, publicidad, neutralidad e igualdad de oportunidades. A pesar de que el personal de estas empresas puede ser calificado como empleados públicos desde un concepto amplio, el procedimiento para su selección no se rige por el Estatuto Básico del Empleado Público ni por la Ley de Función Pública de Extremadura, sino por instrucciones internas.

La vigente instrucción para articular los procesos de selección de personal externo de GPEX data de julio de 2017, que sustituye a la anterior 8 de abril de 2013 (que a su vez derogó la de 7 de febrero de 2012), con lo cual abarca tanto los periodos de gobierno socialistas como populares.

En estas instrucciones se regulan los procesos de selección, que consisten básicamente en inscribirse la persona candidata en el portal de GPEX y cumplir los requisitos de admisión que la oferta determina, superar una prueba de conocimientos, la fase de méritos y, por último, una entrevista. Por otro lado, los concretos procesos de selección pueden realizarse por medios propios o encomendándose a un tercero (por ejemplo, una consultora privada especializada en recursos humanos).

Es muy frecuente que el personal asignado a las empresas públicas en la Junta de Extremadura desarrolle tareas y puestos propios de funcionarios, como ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones el Tribunal de Cuentas

Los procesos de selección en empresas públicas también adolecen de graves deficiencias en publicidad y transparencia, pues no se publican aspectos como las lista de aspirantes a los puestos de trabajo, las listas provisionales y definitivas de admitidos y excluidos, los tribunales de selección, la notas finales o las bolsas de empleo resultantes.

Otra cuestión envuelta en la polémica es que las encomiendas de gestión que se realizan con las empresas públicas, según la legislación, no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo. Sin embargo, es muy frecuente que el personal asignado a las empresas públicas en la Junta de Extremadura desarrolle tareas y puestos propios de funcionarios, como ya ha puesto de manifiesto en varias ocasiones el Tribunal de Cuentas.

Así, por ejemplo, según el Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

“3ª.- En algunos casos el objeto de los trabajos encomendados, en lugar de ser concreto y ceñido a tareas técnicas de apoyo o a la realización de actividades materiales complementarias a la actividad puramente administrativa, ha dado lugar a la sustitución fáctica del órgano en el ejercicio de sus tareas propias por la entidad encomendada. Asimismo, en otros casos se han detectado encomiendas que pueden implicar, directa o indirectamente, el ejercicio de funciones o potestades públicas o el ejercicio de funciones atribuidas a los funcionarios públicos, al comprender tareas de valoración o tratamiento de documentos administrativos o tareas organizativas de los expedientes."

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas recomendó a Extremadura evitar el recurso a las encomiendas de gestión para suplir las carencias de personal en la Administración, en vez de hacerlo a través de personal funcionario o laboral y tirando de las bolsas ya constituidas a estos efectos.

GERENTES MIEMBROS DEL PSOE

Según el listado de cargos públicos que aparece en el Portal de transparencia de la Junta, los puestos de dirección de GPEX, URVIPEXSA, GISVESA o AVANTE pertenecen a la categoría de alto cargo. Según la Ley de regulación del Estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la designación de los altos cargos se regirá por lo dispuesto en la norma o estatuto de la entidad que prevé su creación.

Pero el caso más polémico fue el nombramiento de Salustiano Flores Marabel (...) fue alcalde del municipio pacense de Salvaleón de 1991 a 2007, año en el que fue condenado a cinco meses de prisión por falsedad documental cuando era presidente de EXPORSA, empresa encargada de gestionar el matadero de la localidad en la que se produjo una estafa de 2,4

Así pues, se desconocen los requisitos para nombrar los puestos de dirección o gerencia de las empresas públicas, más allá de que su nombramiento se efectúa por decreto del Consejo de Gobierno. Pero lo que sí se conoce es que, en la actualidad, todas esas personas al frente de las empresas públicas están vinculadas al PSOE. El director general de GPEX, José María Sánchez Sánchez, era el alcalde de la Coronada. Para dirigir GISVESA y URVIPEXSA eligieron a Lorenzo Francisco de la Calle Macías, que fue concejal del PSOE en Cáceres. Como director general de AVANTE, a Miguel Bernal Carrión, que fue secretario general de UGT en Extremadura entre 1994 y 2009 y en la anterior legislatura diputado del PSOE. Por su parte, al frente de GESPESA nombraron a José Mª Carrasco Ledo, exalcalde socialista de Mirandilla, que fue denunciado por el PP cuando estaba al frente de la Mancomunidad Centro por desfalco de dinero sin justificar.

Pero el caso más polémico fue el nombramiento de Salustiano Flores Marabel como director gerente de GEBIDEXSA. Salustiano fue alcalde del municipio pacense de Salvaleón de 1991 a 2007, año en el que fue condenado a cinco meses de prisión por falsedad documental cuando era presidente de EXPORSA, empresa encargada de gestionar el matadero de la localidad en la que se produjo una estafa de 2,4 millones de euros. Muchos vecinos de la localidad perdieron todos sus ahorros como consecuencia de la venta fraudulenta de acciones. Podemos ha preguntado a Vara recientemente sobre este nombramiento, que también fue criticado por PP e IU. Tras la polémica desatada, Salustiano se vio obligado a renunciar al cargo.

Como nuevo responsable para sustituir a Salustiano, el gobierno de Vara nombró al frente de GEBIDEXSA a Pedro Álvarez Palomino, que era concejal socialista en Valdefuentes y fue jefe de gabinete en la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

PARALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Tras su constitución, el presidente de la comisión propuso celebrar una reunión para establecer el método de trabajo y de funcionamiento, para determinar, entre otras cuestiones, la posibilidad de solicitar información y comparecientes por parte de los diputados de los distintos partidos integrantes de la comisión.

Los diputados del PSOE, con la abstención del PP, rechazaron las comparecencias de los consejeros de Administración Pública desde 2007 hasta la actualidad. A su vez, se rechazaron las comparecencias de 19 trabajadores y trabajadoras de empresas públicas que el PP había solicitado.

Señalar que entre los que sí deberán comparecer se encuentra el actual secretario de organización en la provincia de Badajoz de Ciudadanos, Fernando Baselga, como ya adelantamos en este medio, ya que fue gerente de GESPESA entre los años 2013 a 2015.

Aunque el trámite de comparecencias (un total de 30) estaba previsto para el pasado mes de septiembre, e iban a sustanciarse en cinco sesiones distintas, se acordó por parte del PP, Podemos y Ciudadanos suspenderlas por la falta de documentación que habían pedido los diferentes grupos parlamentarios.

Durante varios meses desde que se creó la comisión de investigación, la Junta de Extremadura ha enviado miles de folios y documentos con la información que le han solicitados los diferentes diputados, pero, sin embargo, la oposición ha reclamado que faltaba documentación esencial para poder desarrollar la comisión. Estas trabas administrativas conllevan la postergación sine die de la comisión y, por tanto, la no asunción de responsabilidades por parte de la Junta.