Educación pública
Ley Maestra: la libertad de elección según el gobierno de Ayuso

Treinta y dos veces aparece mencionada la palabra libertad en el anteproyecto de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educatica de la Comunidad de Madrid. Un documento en el que se habla mucho —relacionándose con la idea de libertad— de educación concertada: “La existencia de una doble red de centros escolares, públicos y privados, mediante un sistema de conciertos permite conseguir una prestación efectiva del servicio público y social de la educación, de manera gratuita, en condiciones de igualdad y en el marco de la programación general de la enseñanza”, postula en sus primero párrafos.

El pasado 9 de abril el anteproyecto de ley obtuvo un dictamen positivo en el Consejo de Educación, hecho que le valió al consejero para afirmar la continuidad en su tramitación. Una afirmación que impugnan desde la comunidad educativa. Recuerdan que este órgano no tiene la potestad de aprobar una ley, competencia que corresponde a la Asamblea de Madrid, disuelta tras el anuncio de elecciones anticipadas por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuya campaña electoral se basa en el mismo mantra tan repetido en el texto sobre educación: libertad.

El Pleno del Consejo Escolar de @ComunidadMadrid ha votado la aceptación del Anteproyecto de Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa.
La Consejería de Educación trabajando por la educación madrileña y con toda la Comunidad Educativa. pic.twitter.com/e7tpd3xNzT

— Nacho Martín Blasco (@Nachetemartin) April 9, 2021

“La Ley Maestra, enuncia la libertad de elección de centros, pero es simplemente una forma de justificar que se puedan seguir derivando recursos para la privada-concertada, que se puedan seguir aumentando las plazas en la privada-concertada y disminuyéndolas en la pública”, afirma Sandra Villa, portavoz de Asamblea Marea Verde Madrid. Ante el recorte de plazas en la pública se manifestaron el pasado sábado 17 de abril. Entre sus reivindicaciones, la bajada de ratios, los 18 periodos lectivos, el fin de la construcción por fases de los centros, la reducción de las tasas de universidad y formación profesional, y una mayor participación de la comunidad educativa.

Justamente, critica Villa, a ésta se le ha hurtado poder participar en la formulación de la ley: “Había un periodo para presentar enmiendas: no lo hicimos porque era hasta el 29 de marzo, pero Ayuso convocó elecciones el 10, con lo cual entendimos que todas las leyes decaían y no hicimos las enmiendas, aunque parece que ha seguido adelante y que lo han presentado en el Consejo Escolar”.

“La Ley Maestra, enuncia la libertad de elección de centros, pero es simplemente una forma de justificar que se puedan seguir derivando recursos para la privada-concertada, que se puedan seguir aumentando las plazas en la privada-concertada y disminuyéndolas en la pública”

Fue en ocasión de la manifestación del pasado sábado que la Federación de Educación de Comisiones Obreras en Madrid empezó a difundir su informe final sobre las supresiones de aulas para el curso 2020-2021. Para su portavoz, Isabel Galvín, hay una correlación clarísima entre el espíritu de la Ley Maestra y el “anuncio de recortes importantísimo, que es lo que ya planeaban para antes de la pandemia. Vemos recortes en la enseñanza pública en cursos clave en infantil, secundaria y bachillerato”. El documento, elaborado en base a las plazas ofertadas en el sistema de matriculación Raíces y contrastada con los centros, con un 86% contactado, apunta a la supresión de 4.432 aulas Covid, a las que se suman otras 232 supresiones adicionales.

“Dicen que es una ley educativa, pero no es una ley de educación al uso, pues no aborda los grandes temas que debería abordar una ley de educación”, para la sindicalista el proyecto se enmarca en el relato de confrontación con el gobierno central —habla de concertada, lengua vehicular, educación especial— “es una ley para los suyos, está pensada para satisfacer los intereses de los sectores educativos que apoyan al gobierno de Ayuso, y para atraer a Vox, o para comérselo”, ironiza Galvín. El anteproyecto insiste, por ejemplo, en afirmar que la segregación por sexos no es discriminación.

Con este proyecto, el gobierno de Ayuso intentaría sustraerse del marco estatal regulado por la LOMLOE (Ley orgánica de Modificación de la LOE). “Madrid aplicó la LOMCE antes de que se implantara en el resto del Estado, y el objetivo es que así se siga. Se salta las competencias para blindar los conciertos y la privatización”. Apunta Galvín sobre una ley que considera que se aleja de la realidad de una educación marcada por la “desigualdad, desequilibrio, falta de plazas escolares públicas, o la masificación en las aulas”.

“La enseñanza pública está sometida anualmente a una revisión de las unidades, y además la administración realiza esa revisión antes de empezar el proceso de matriculación, con lo cual limita la oferta”

“Se establece que se garantizará la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, se contempla la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”, se afirma en el anteproyecto. Si bien en el texto no se explicita cuánto durarán las concesiones, Galvín no tiene dudas de que la intención es extenderlas en el tiempo hasta los 10 años, quizás mediante un decreto de conciertos. “La enseñanza pública está sometida anualmente a una revisión de las unidades, y además la administración realiza esa revisión antes de empezar el proceso de matriculación, con lo cual limita la oferta”. Sandra, de la Marea Verde, pone un ejemplo: el CEIP Arcipreste de Hita, donde “se cerró un aula de tres años. Llegaron 44 matrículas que daban para dos aulas, pero como solo quedaba una acabaron derivando a esas familias a la privada-concertada”.

En estos casos desde CCOO ven una vulneración del principio de igualdad, “nuestro equipo jurídico está trabajando con la idea de seguir la línea que hubo en Sanidad, cuando se produjo una derivación de pacientes hacia centros de gestión privada habiendo oferta pública, sería la misma idea. Estando Lasquetty en el gobierno no es raro que sigan con la misma orientación”. El hecho de que el proyecto de ley carezca de memoria económica y presupuesto apunta en la misma dirección, la de fomentar: “la externalización y la derivación de dinero público a través de los conciertos”.

¿Libertad de elección?

“Nosotros nos quedamos escuchando a Ayuso perplejos mientras habla de libertad, cuando llevamos más de 20 años con recortes en la escuela pública, con cientos de niños y niñas en espera para ser atendidos por los equipos de educación especial, con centros educativos con obras interminables. ¿A qué se refiere con esa libertad, si no es a la libertad de unos pocos?”, se pregunta Mari Carmen Morillas de la FAPA Giner de los Ríos.

Morillas coincide con Galvín en lo que se refiere a las deficiencias de la ley que, dice, obvia las necesidades reales de la educación y además, no solo carece de una memoria económica sino también de un calendario de implementación: “Tal como está parece mas bien una herramienta partidista en campaña electoral”.

La FAPA es también muy crítica con el procedimiento, entiende que no está justificada la tramitación de urgencia, y sobre todo, recuerda que no es potestad del Consejo Escolar aprobar leyes. Por otro lado apunta que fue escaso el margen por el que salió adelante el anteproyecto y que contó con los votos de la administración —responsables, consejeros…— “la comunidad educativa, sindicatos, estudiantes, familias, dijimos que no”, plantea. Mientras, el dictamen alternativo emitido por FAPA, CCOO, y UGT fue rechazado.

A Galvín de hecho le preocupa no solo que se haya forzado al Consejo Escolar violentar sus propias funciones, sino que el trámite deberá repetirse al haber un cambio de gobierno, lo que implicará gastos. “Hemos preguntado el coste del trámite de este dictamen que será alto, pues hay unas dietas de los consejeros, se reúne el pleno, se reúnen las comisiones, no nos han contestado, aún. Ese dinero es un despillfarro”.

“Nosotros somos de la filosofía de que el mejor colegio es el que esta cerca de tu casa. Si todos los centros están bien dotados y bien cuidados, el discurso de la libertad de elección deja de sostenerse”

Volviendo a lo que defiende la ley, es en los nuevos desarrollos urbanos donde se ve de manera más clara la voluntad de privilegiar la educación concertada del PP, explica Enrique Villalobos de la FRAVM. “El primer colegio que se crea es un colegio concertado, mediante cesión de suelo a unos precios irrisorios. Evidentemente a la gente entre llevar a las hijas e hijos a 3 y 4 km de distancia, le sale más fácil llevarlos al que le han puesto”, colegios donde el alumnado puede pasar toda su vida escolar, y en los que probablemente se quedarán hasta el bachillerato, etapa no cubierta por el concierto. Villalobos pone un ejemplo cercano, el del Ensanche de Vallecas donde hay “cuatro centros concertados con colegio, secundaria y bachillerato frente a un solo instituto de secundaria con bachillerato”.

Frente a la circunscripción única que defiende el PP como vector de libertad y en la que insiste en el texto de la ley: “Nosotros somos de la filosofía de que el mejor colegio es el que esta cerca de tu casa. Si todos los centros están bien dotados y bien cuidados, si la estabilidad del profesorado es adecuada todos los colegios se homogenizan y la diferencia de los proyectos educativos alude a cosas muy concretas: ahí el discurso de la libertad de elección deja de sostenerse”, plantea Villalobos. Una idea, la de la libertad de elección, que para el portavoz de la FRAVM tiene que ver con la inoculación de la idea de que los concertados tienen mejor calidad frente a una educación pública que se quiere degradar: “Esa obsesión de muchos padres y madres de dotar de la mejor educación a sus hijos es un espejismo muy construido de ese modelo neoliberal en el que se supone que unos son elegidos para unas cosas y otros para otras”.