Derechos Humanos
Consolidar desde Extremadura una red solidaria internacionalista con Colombia

Las movilizaciones que se vienen sucediendo en Colombia desde hace meses responden al cúmulo de situaciones de inequidad, de desigualdad y de la falta de oportunidades que tiene el pueblo colombiano en ámbitos como la educación, la salud o la participación política. Es la visión de Thais Aloma Ruiz Daza, de la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas, sobre el porqué la gente se echó a la calle en noviembre de 2019 y se reactivó con un Paro Nacional el 28 abril de este año, a pesar de la incidencia de la covid-19.

Thais Aloma, que procede de Valledupar (al norte del país), es una de las cuatro personas defensoras de derechos humanos que han participado en una gira por Extremadura. Ella, como sus otros tres compañeros, está acogida durante seis meses por el Programa Valenciano de Protección Integral y Acogida a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (València Defensa). Durante su estancia han podido estrechar lazos con diferentes colectivos, mantener encuentros y compartir aprendizajes y experiencias con varias organizaciones extremeñas, así como dar a conocer la realidad que se vive en Colombia.

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Protesta militarizada y masacres Colombia: el Paro Nacional entierra la reforma tributaria y pone en jaque al Gobierno de Duque

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En medio de una gigantesca movilización y una brutal represión de la policía y el ejército, el Gobierno colombiano retira la impopular reforma tributaria con la que pretendía hacer frente a la crisis económica provocada por el coronavirus.

La Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia diseñó un programa que ha incluido charlas y reuniones con entidades que forman parte de dicha plataforma, así como con representantes de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). Entre esas organizaciones está el Colectivo Cala o las compañeras de Feministas Cooperando. Además, pudieron conocer varios enclaves como Mérida, Cáceres, Alburquerque o la comarca de La Vera, donde participaron en varias actividades culturales y lúdicas.

Las protestas prosiguen

Thais Aloma Ruiz se reafirma en la profunda desigualdad del país sudamericano como un problema fundamental: “En Colombia hay estratos sociales que viven en la opulencia y al lado hay otros en extrema pobreza”. Desde el pasado 28 de abril, a raíz de una protesta ante una decisión gubernamental muy desacertada (una reforma tributaria para fortalecer al sector financiero y sumar más carga tributaria a la ciudadanía), el pueblo colombiano dijo “no más inequidad y salimos a la calle, pese a la pandemia”, dado que esta “no puede ser el pretexto frente a esos altos niveles de corrupción existentes” y que se sigue favoreciendo al sector financiero y a las élites.

Su compañera Laura Fonseca Peña, de la Corporación Semillas de Dignidad y el Congreso de los Pueblos, desde Ibagué (departamento de Tolima), pone el acento en las personas jóvenes y en las muestras de espontaneidad de las protestas por el Paro Nacional iniciado en abril: “La situación actual en Colombia responde a la necesidad de la gente de estar en la calle, sobre todo los jóvenes”.

El pueblo colombiano dijo “no más inequidad y salimos a la calle, pese a la pandemia”, dado que esta “no puede ser el pretexto frente a esos altos niveles de corrupción existentes”

Además, prosigue, “esa espontaneidad hace que la gente entienda que sobrepasa su individualidad y hoy todos ponen un granito de arena: saliendo a la calle, montando una olla comunitaria, pensándose cómo se construye con el otro…”. Una construcción que parte desde sectores diferenciados y diversidades: campesinos, indígenas, estudiantes… Lo importantes es pensar “cómo fortalecernos, que los cambios no llegarán con unas elecciones, sino que es un proceso consistente en ir aprendiendo desde la espontaneidad y desde nuevas formas de construir”.

En la Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM-C), Thais Aloma Ruiz ha acompañado la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC, especialmente su enfoque de género. Según cuenta, ha percibido el incumplimiento sistemático del Estado colombiano con dichos acuerdos, lo que les ha llevado a realizar las respectivas denuncias y de ahí procede, en parte, el hostigamiento, el seguimiento, las amenazas e incluso los intentos de asesinato. Algo que les obliga a salir del territorio, en su caso mediante un acompañamiento de su organización junto al programa València Defensa.

Para Thais Aloma Ruiz, “el Gobierno actual ha venido desarrollando estrategias para hacer trizas los Acuerdos de Paz”. Según señala, “prueba de ello es que con los firmantes ya van más de 287 excombatientes asesinados, más de 1.400 líderes y lideresas sociales que han acompañado el proceso con problemas de seguridad, intentos de asesinatos, asesinados…”. En su departamento, cerca de Valledupar, hay dos espacios territoriales de normalización y reincorporación, en el que se pueden ver las condiciones infrahumanas en que viven los excombatientes de las FARC que firmaron el Acuerdo de Paz. “Ellos sí han cumplido; el Estado, no”, expresa.

En cuanto a lo pactado para hacer la reparación a la ciudadanía en los territorios donde actuaban las FARC, también han incumplido a través de los planes de desarrollo con enfoque territorial puesto que los han politizado, y “los están desarrollando a cuentagotas y favoreciendo sobre todo a congresistas, a través de la contratación de infraestructuras”.

Exilio de activistas

¿Qué obliga a líderes y lideresas comunitarias, entre otros activistas, a huir del país? Laura Fonseca lo tiene claro: “La falta de garantías en un estado social de derecho, entre comillas, está haciendo que Colombia sea el país con mayor riesgo para ser defensor de derechos humanos”. A su juicio, el Estado colombiano practica el genocidio no solo político de una organización o la masacre de personas, sino que con sus actuaciones trata de generar un “temor histórico”, sobre quien se organiza y reclama al Estado.

Todo ello genera que defensores que denuncian violaciones en el marco de la protesta social sufran hostigamiento, también quienes revelan la venta y entrega del territorio a multinacionales, las alianzas del narcotráfico con el ejército y la fuerza pública, junto a grupos paramilitares, o las alianzas de corrupción por parte de clanes o grupos económicos, que malgastan fondos del erario público para el beneficio de entidades privadas y negocios.

“esa espontaneidad hace que la gente entienda que sobrepasa su individualidad y hoy todos ponen un granito de arena: saliendo a la calle, montando una olla comunitaria, pensándose cómo se construye con el otro…”

Y es que la exigencia del derecho a la educación, para que esta sea pública, gratuita y de calidad; el derecho a un trabajo digno o a la salud están entre las exigencias de quienes salen a la calle sin miedo, pese a la represión y los abusos ejercidos por fuerzas como el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional.

Cambiar represión por inversión

Luis Enrique Díaz Calcedo es coordinador de la Guardia Cimarrona en el Consejo Comunitario “Afro Renacer del Micay” en el municipio del Tambo (Cauca). Se trata de un territorio muy rico en minerales y en recursos hídricos disputado entre paramilitares y disidencias de las FARC, pero sobre todo por narcotraficantes. El departamento del Cauca, una de las regiones más olvidadas históricamente por mandatarios y que más ha sufrido múltiples violencias, adolece de la inexistencia de políticas públicas durante décadas.

“El Gobierno tiene que cambiar las políticas de represión por inversión. En nuestro territorio no invierte nada, en infraestructuras… lo que tenemos es gracias al Consejo, pero nos han echado atrás por la represión del mismo Estado”, argumenta Díaz, quien explica que en el cañón del Micay llevan ya dieciocho meses de confrontación armada entre grupos paramilitares, el ELN y el ejército.

La exigencia del derecho a la educación, para que esta sea pública, gratuita y de calidad; el derecho a un trabajo digno o a la salud están entre las exigencias de quienes salen a la calle sin miedo, pese a la represión

“Llevo dieciocho meses desplazado, amenazado de muerte y fui rescatado en un helicóptero por la Defensoría del Pueblo”, afirma este líder comunitario afrocolombiano y campesino que, asegura, apenas ha salido de su región y fue muy poco tiempo al colegio, ante las carencias educativas en su zona, “resultado del abandono histórico del Estado”.

Asimismo, toda la directiva del Consejo y de la Guardia de la que él forma parte está desplazada en el territorio, han sufrido desplazamiento 400 familias y han asesinado a más de 100 personas en tres masacres; entre los asesinados hay 3 guardias cimarrones. “La intención del Gobierno y de los grupos paramilitares que no se desmovilizaron es destruir… porque nuestro territorio es un lugar estratégico para el desarrollo de megaproyectos como la hidroeléctrica ‘Arrieros del Micay’ y las rutas del narcotráfico”, asevera.

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Entrevistamos a Alejandro Rodríguez, defensor de derechos humanos y coordinador de la plataforma ¨Grita¨, proyecto para la investigación y denuncia de la violencia policial en Colombia

El cuarto defensor colombiano que ha estado en Extremadura es Julián Andrés Gil Reyes. Las persecuciones hacia Julián comenzaron a detectarse en 2017 y dos años después fue detenido en su lugar de trabajo, en las oficinas del Congreso de los Pueblos, en Bogotá, en el marco de un montaje judicial. Su documentación fue falsificada y conllevó su privación de libertad desde 2018 a 2020. En noviembre de 2020, tras treinta meses de injusta privación de libertad en una cárcel de alta seguridad, su defensa (asumida por la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos) pudo probar que fue víctima de un montaje judicial, y por ello salió absuelto en todos los cargos en su contra. El tiempo en que estuvo en un penal participó en el Movimiento Nacional Carcelario (MNC), que es una expresión organizativa de las personas privadas de la libertad, sus familiares y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

“Llevo dieciocho meses desplazado, amenazado de muerte y fui rescatado en un helicóptero por la Defensoría del Pueblo”, afirma este líder comunitario afrocolombiano y campesino

Las dos defensoras y los dos defensores de derechos humanos han destacado la buena acogida en España y, fruto de esta gira, la importancia del intercambio de experiencias y aprendizajes entre Colombia y Extremadura, en aspectos como las reivindicaciones de las mujeres, de las feministas en su territorio.

Giras como la que han realizado por Extremadura animan a consolidar una red solidaria internacionalista que permita seguir avanzando en las luchas. “Nuestro propósito es estar estos seis meses para nutrirnos, para oxigenarnos y para seguir en la reivindicación de nuestros derechos en Colombia”, concluye Thais Aloma Ruiz Daza.