Crisis energética
Fortunas de invierno

En la espiral de subida de precios del gas hay millones de perdedores y un puñado de ganadores. La situación no solo es grave, es extremadamente compleja y, en esas circunstancias, la financiarización de la economía contribuye decisivamente a la confusión. Entre los ganadores, los más claros son los gasistas. La fortuna de los grandes magnates de las materias primas —petróleo y gas— han sido las únicas, según Bloomberg, que han crecido en términos relativos respecto a 2019. 

A pesar de que en buena medida todavía se desconocen las cifras de su rendimiento, grupos como el estadounidense Glencore —condenado en el pasado por manipulación del mercado—, el saudí Aramco, Adani Group, Guvnor, Trafigura Group, Mercuria Energy, la española Repsol, Total Energies. Shell o Qatargas, el primer comercializador de gas natural licuado del mundo, aparecen entre los principales beneficiados de un mercado que se ha roto, extremadamente volátil, y que está poniendo en peligro a operadores clásicos del mercado y a los propios estados europeos.  

Un trader con 30 años de experiencia, que por motivos de confidencialidad no puede participar con su nombre en el reportaje, señala que los otros grandes triunfadores del mercado son bancos de inversión como el propio Goldman Sachs, Citi y Macquarie. “A río revuelto, ganancia de brokers”, resume. La banca de inversión hace de asesora intermediaria para las grandes fortunas y los mayores fondos de inversión, que apuestan por el alza de los precios y, como se ha demostrado en crisis anteriores, pueden hacerlo también por su hundimiento.

El tercer grupo de beneficiados lo conforman las grandes eléctricas, los grandes beneficiados del sistema marginalista, el centro de las críticas desde que el precio de la electricidad ha pasado de ser una etapa llana a tener el perfil montañoso de la etapa reina de una carrera que deja vacíos los bolsillos, y los estómagos, de la población europea. Acciona o Iberdrola han visto cómo el diseño del sistema, que equipara el coste de generación de la energía más costosa —procedente de los combustibles fósiles— con el de la producción más asequible —eólica, hidráulica o solar— ha generado los famosos “beneficios caídos del cielo”. En agosto, cuando el precio del megavatio/hora (MW/h) alcanzó picos de 400 euros, las eléctricas obtenían ese sobrecoste por energía producida por apenas 30 euros el MW/h. 

José María Yusta, experto en mercados eléctricos y profesor en la Universidad de Zaragoza, refiere que la situación de caos afecta también a las empresas energéticas. Hay mucho dinero, pero también posibilidad de perderlo rápidamente: el día 15 de septiembre, el índice estadounidense Nymex reportaba una subida del gas natural del 10%; el día 16, el precio caía un 9%. Las fluctuaciones son así de bestias pero, como advierte Yusta, el escenario ya se ha asentado en un nivel de vértigo, inviable para las sociedades europeas, “no hay que perder de vista que el precio que tenemos hoy del mercado del gas español es seis veces el precio que teníamos hace un año”. Algo falla, falla tanto que los operadores del mercado aceptan que es necesario cambiar las reglas del juego.

Las previsiones que, por el poder negociador de Goldman, el primer lobby financiero del planeta, se consideran directrices regulatorias en ciernes, indican que el mayor importador alemán de gas, Uniper, no será la única energética que requerirá inyecciones fuertes de capital público. 

Mientras Glencore ha incrementado sus beneficios en un 90% en apenas un año, Uniper ha pasado de presentar un beneficio de 731 millones de euros en 2021 —un 12% más que el de 2020— a ser rescatada por una cifra en torno a 30.000 millones por parte del Gobierno de Olaf Scholz. Uniper fue rescatado porque no podía cubrir el gas vendido antes de la guerra de Ucrania. Al no poder acceder al gas distribuido por la rusa Gazprom, la compañía no tenía liquidez suficiente para acudir al mercado —no a los precios actuales— y corría el riesgo de incumplir sus contratos de suministro, desatando el pánico entre clientes y acreedores y el desmoronamiento del sistema. 

Además, tanto para las comercializadoras de gas como de electricidad, el precio influye de otra manera: al haber vendido hace tiempo futuros financieros sobre gas y luz a un precio muy por debajo del actual (para asegurarse el precio de venta de parte de su producción, antes de que estallase la guerra de Ucrania), cuanto más sube el precio, las cámaras de futuros les exigen un depósito mayor. El sistema bursátil requieren a petroleras y gasísticas proveer los fondos adicionales necesarios para cubrir las llamadas de margen (margin call), es decir, los mecanismos de seguridad de las instituciones reguladoras se traducen en garantías sobre las operaciones contratadas, en forma de depósitos en efectivo. Y esos depósitos son cada vez más desorbitados, hasta el punto que son un 1.000% superiores a los del año pasado.

El 22 de septiembre, el ministro federal de Economía, Robert Habeck, admitía que el Estado gastará este año 60.000 millones de euros y cien mil millones en 2023 en la compra de energía de fuentes distintas a las actuales

Las exigencias de esos depósitos están absorbiendo la liquidez de las grandes empresas de gas natural, las empresas de trading y las compañías eléctricas, publicaba en septiembre el portal económico Zero Hedge. Equinor, la principal comercializadora europea de gas, ha calculado que el sector energético necesitará al menos 1,5 billones de euros para cubrir esos márgenes. Por poner en perspectiva la cifra, el PIB de la zona euro es de 16,4 billones. Una parte de ese agujero, la está cubriendo ya la banca, pero el rescate de Uniper —comparable al de Bankia que tuvo lugar en 2012 en España— no será el último y las exigencias no se detendrán en los Estados europeos, sino que con alta probabilidad se dirigirán al Banco Central Europeo.

La prensa especializada habla ya del temor a un “momento Lehman”, en recuerdo de la cascada de quiebras que tuvo lugar en torno a las hipotecas subprime en 2008. En el peor escenario, la crisis energética puede reeditar una crisis de deuda en la que Alemania, como país más afectado, no puede ejercer el papel que tuvo en el periodo 2011-2012. El 22 de septiembre, el ministro federal de Economía, Robert Habeck, admitía que el Estado gastará este año 60.000 millones de euros y cien mil millones en 2023 en la compra de energía de fuentes distintas a las actuales.

Gas quemado

Nada más gráfico que la imagen de Rusia quemando 4,34 millones de metros cúbicos de gas al día —diez millones de dólares equivalentes— frente a las costas de Finlandia para mandar un mensaje a la UE. El cierre definitivo en septiembre del Nord Stream 1, y su destrucción por parte de un autor desconocido unas semanas después, principal tubería de transporte desde Rusia a Alemania, ha sido el aldabonazo definitivo de una nueva etapa, caracterizada por la incertidumbre y por el triunfo del Gas Natural Licuado (GNL), mucho más caro que el gas convencional de yacimiento pero “estrella” del mercado europeo. Como explicaba un artículo de Financial Times esta semana: el reciente aumento del interés por el GNL “supone un importante cambio de rumbo para un sector que hace dos años se enfrentaba a una crisis por motivos medioambientales y por la escasa demanda”. Nunca se importó tanto gas en estado líquido y las previsiones para 2023 indican que la tendencia seguirá aumentando. Según la consultora Webber Research & Advisory, citado por Financial Times, las empresas estadounidenses de licuados han firmado contratos por unos 47 millones de toneladas anuales en acuerdos de compraventa con varios países, el último esta misma semana con Alemania.

Ese auge del GNL ha creado una serie de estados ganadores: Estados Unidos, primer productor mundial de gas aumentó sus exportaciones un 12% en el primer semestre del año; Qatar, con una subida del 15%, y otros países productores, como Nigeria y Egipto. En el otro extremo está Rusia, que ha visto cómo su presión para incrementar el precio del gas natural tenía consecuencias para su producción, un 16% menor que la del ejercicio 2021, a pesar de que mantiene abiertas tuberías con otros países del este de Europa y el tubo Turkstream, que conecta con Turquía, Bulgaria, Serbia y Hungría.

Tan importante como los avances y retrocesos en los campos de batalla del Donbass para explicar el comportamiento desquiciado de los precios del gas es la comprensión de los mercados de futuros y cómo estos pueden tensar un sector estratégico como el de la energía. José María Yusta explica que varios elementos han convergido en este incremento de precios, que ha hecho completamente ingobernable el mercado del gas. Hasta hace relativamente poco, el precio del gas natural estaba indexado —se calculaba en relación— al precio del petróleo, con un ajuste establecido en relación a los tipos de cambio. Hace 15 años, los mercados europeos apostaron por desvincular esa referencia. Fue entonces cuando cobró fuerza el mercado TTF iniciales de Title Transfer Facility, con base en los Países Bajos y creado por Exxon Mobil y Royal Dutch Shell. El TTF hoy funciona para fijar los precios en casi toda la Unión Europea, con la excepción de la península Ibérica, donde los precios se determinan en el MIBGAS. 

En un comienzo, este mercado estaba ligado al gas que se extraía en Países Bajos, durante años el primer productor de la Unión Europea, pero las circunstancias han cambiado. Mil terremotos después, y después de haber obtenido 442.000 millones de dólares por el gas extraído, el Gobierno neerlandés decidió reducir la extracción de gas natural. Permaneció, sin embargo, la bolsa minorista TTF, que con el tiempo se abrió a actores ajenos al sector. Una vez se abren estos mercados, estandarizando el tipo de contratos y aumentando el tipo de productos derivados —que, por ejemplo, dejan de estar vinculados a las entregas físicas de gas y pasan a negociar las garantías de entrega, en lo que se conoce como call en la jerga financiera— crece el número de especuladores y se produce el efecto de sobrecalentamiento.

El nivel que alcanzaron los precios a mediados de agosto fue el último detonante que necesitaba la Comisión Europea para romper el dogma de la libertad de los mercados. En su discurso sobre el estado de la Unión, la presidenta Ursula Von der Leyen hizo dos anuncios tan importantes como, hasta el momento, inconcretos. En primer lugar, un esfuerzo recaudatorio —Von der Leyen evitó la palabra impuesto— con el que se canalizarán 140.000 millones desde las empresas con beneficios extraordinarios, las del sector del gas y el petróleo, a la ciudadanía, vía reducción de facturas.

Otra, de la que han trascendido detalles gracias a la filtración de los borradores, trata de la reforma de los mercados: “Nuestro mercado del gas ha cambiado radicalmente: ha pasado de depender principalmente del gas de gasoducto a recurrir a cantidades cada vez mayores de GNL. Sin embargo, el índice de referencia utilizado en el mercado del gas —el TTF— no se ha adaptado”, señaló Von der Leyen.

Los actores del mercado coinciden en que el TTF es un elemento extraño en el paisaje y dan por hecha la reforma del sistema, aunque, como indica Goldman Sachs, se estima que el nuevo marco regulatorio tardará aún uno o dos años en estar operativo. José María Yusta cree que la situación no habría sido tan grave, por ejemplo, si la referencia del gas hubiera seguido ligada al barril petrolero. “Una posibilidad sería volver a la referencia histórica del Brent y el tipo de cambio del dólar, y eso bajaría automáticamente el precio”, señala este profesor. En las web sectoriales se especula con que otra posibilidad sea ligar la referencia europea al precio del gas en el principal mercado asiático JKM, que funciona para Corea del Sur y Japón. 

Un pequeño respiro

El anuncio de Von der Leyen consiguió su primer objetivo, modificar el “estado de ánimo” de los mercados y conseguir una bajada relevante del precio del gas respecto a los máximos de agosto. Al cierre de esta edición, el gas se situaba en 156 euros por MW/h, lejos de los 346 con los que se cerró el mercado TFF el 26 de agosto, pero también de los 28 a los que se pagaba en agosto de 2021. Pero las soluciones duraderas, las que evitan la especulación en el medio plazo, van por otros derroteros, como bien sabe Von der Leyen y la cúpula de la Comisión Europea. Y hay dudas en cuanto a la contundencia respecto a una de las que más se reclaman: el tope del gas. El análisis de la Secretaría de Economía de Podemos reconoce que, aunque el decreto del Gobierno de coalición ha evitado una subida del precio mayor —del 19%—, el alza del precio y el aumento del uso del gas natural en el mix energético de los meses de verano ha seguido encareciendo la factura.

El movimiento para imponer un tope no ha avanzado desde ese discurso, si bien el 6 de octubre, Von der Leyen volvió a valorar esa posibilidad, que reclaman 15 países de la Unión —entre los que están España, Francia o Italia pero no Alemania— que mandaron una carta conjunta al comisario de Energía de la UE, Kadri Simson, para señalar la prioridad de un tope destinado a “mitigar la presión inflacionista, (...) a proporcionar un marco en caso de posibles interrupciones del suministro, y a limitar los beneficios extraordinarios del sector”.

Aunque la excepción ibérica es una salvaguarda contra el aumento que están experimentando los consumidores de Italia, Francia o Alemania —en España el precio ha llegado a ser un 70% inferior al del entorno europeo—, las facturas no volverán a corto plazo a los niveles de 2019 y, si el invierno es duro, podrían situarse en el peor escenario. José María Yusta cree que las medidas anunciadas por Von der Leyen van en buena dirección, aunque matiza que el hecho de que el sistema de topes al precio del gas introducido por España el pasado mes de junio no haya funcionado como se pretendía puede desincentivar a la UE a seguir esos pasos. 

El escenario difiere en los países miembros. Alemania, cuya industria exportadora está en el borde del precipicio por su dependencia del gas ruso, es la más expuesta. Italia, en pleno proceso de cambio de Gobierno, ve ligada su inestabilidad política a una coyuntura en la que apenas tiene capacidad de intervención, más allá de medidas discrecionales como la ya avanzada por el Gobierno español de rebaja del IVA del gas, que a partir de octubre bajará del 21% al 5%, con la consiguiente reducción de ingresos para el Estado.

La contracción del consumo es la vía que Yusta ve más efectiva, tanto la de los hogares como la de las empresas. Una destrucción de demanda provocada por la inflación que tiene un doble filo: puede reducir la inflación pero implica una imagen que la gobernanza europea teme, la de las fábricas paradas. Tras el anuncio de movilización obligatoria lanzado por Vladimir Putin, la posibilidad de un reestablecimiento de las condiciones anteriores parece descartada en el continente. Nadie gana con una contracción de la economía que se acerca a pasos acelerados a un escenario de estanflación —inflación alta y desempleo galopante— que hace zozobrar a las economías china e india. Los signos lanzados por Xi Jinping y Narendra Modi, que cada vez marcan mayores distancias con el Kremlin, indican que el escenario de una crisis global es peligroso para todos los actores en juego. Solo algunos inversores que apuestan desde los centros financieros de Wall Street, Londres o Chicago por exprimir el problema energético a corto plazo hacen su fortuna en el invierno económico de la Unión Europea.