Coronavirus
Políticas públicas para una salida progresista a la crisis del coronavirus

Cuando todavía no nos habíamos recuperado de la crisis financiera del 2008 y sus consecuencias destructivas, una nueva crisis, la del coronavirus, está rompiendo las costuras de un sistema económico cuya salud ya era muy precaria antes de que gobiernos de todo el mundo decretaran diferentes medidas de confinamiento para atajar la expansión del virus. Lo que se cree que empezó en un mercado de animales de Wuhan, se extendió rápidamente a las metrópolis mundiales a la misma velocidad que la libre circulación de flujos de capitales.

La pandemia ya se ha hecho notar en la economía de la eurozona con una caída del 3,8% del PIB en el primer trimestre de 2020, según una primera estimación de Eurostat. Es el desplome trimestral más importante desde que la oficina estadística de la Comisión Europea empezara a registrar los datos del PIB por países en 1995. El PIB de Francia, segunda economía de la zona euro, cae un 5,8%, la más grande desde 1949; el PIB de España, cuarta economía, un 5,2%, la más importante desde la posguerra y el PIB de Italia, tercera más importante, un 4,7%. En Alemania, la economía más importante de la UE, el desempleo ya ha subido un 5,8% en los tres primeros meses del año.

A finales de abril, las reuniones del Consejo Europeo y el Eurogrupo no han concluido con una posición común a la hora de fijar la política económica para afrontar la recesión económica que viene. Las propuestas que se debaten en Europa se parecen más a un rescate a bajo coste, con el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que dispone de un fondo de 410.000 millones para prestar, como primer instrumento; la utilización de 200.000 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI), también en forma de préstamo y un seguro de desempleo comunitario de hasta 100.000 millones que prepara la Comisión Europea. El peligro de que las consecuencias de la crisis económica vuelvan a recaer sobre las espaldas de los trabajadores se torna muy real, ya sea por medidas financieras y sociales insuficientes, ya sea porque se vuelvan a adoptar diferentes variantes de austeridad fiscal dirigidas desde Berlín.

Una salida por la izquierda

Uno de los grandes inconvenientes que tienen las clases populares a la hora de organizarse es que las herramientas políticas de las que disponen están limitadas por las fronteras nacionales, mientras que el capital al que se enfrentan es transnacional. La clase trabajadora no tiene herramientas políticas para enfrentarse a corporaciones transnacionales como Amazon, Blackstone, Blackrock, Apple, Google, Netflix o Facebook, grandes beneficiadas de la crisis económica provocada por el covid-19.

La UE tampoco dispone de mecanismos democráticos para hacer efectivas políticas de redistribución a través de herramientas fiscales comunes. De hecho, según denunció Oxfam Internacional en un informe, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Malta y Chipre serían considerados paraísos fiscales si la UE aplicase a sus Estados miembro los criterios que utiliza para elaborar su lista negra de paraísos fiscales. Uno de los destinos preferidos por su baja tributación es Irlanda, cuyo impuesto de sociedades es del 12,5% —en España es del 25%, el doble— y sede fiscal de Google, Apple, Facebook en Europa. En el caso de Amazon, su sede fiscal en Europa se ubica en Luxemburgo, que dispone de un impuesto de sociedades del 18%. BlackRock, principal accionista del Ibex35, dispuso en 2019 su centro de operaciones en Holanda, mismo destino elegido por Netflix International BV, la matriz de Netflix a través de la cual tributa por sus ingresos en España. Estas corporaciones, además, utilizan complejísimos entramados de ingeniería fiscal para tributar incluso menos.

Richard Murphy, profesor en la Universidad de Londres y experto en fiscalidad, cifró en 190.000 millones de euros los tributos eludidos por las grandes corporaciones, en un estudio publicado el año pasado por el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Si nos centramos únicamente en la evasión fiscal, según el mismo estudio, los países de la UE dejarían de ingresar 825.000 millones de euros (60.000 millones de euros en el caso de España).

En cuanto a la presión fiscal en el conjunto de la UE, según datos de Eurostat, España está cinco puntos por debajo de la media (35,4% respecto al 40,3%) y muy lejos de los países con mayor presión fiscal, con Francia (48,4%), Bélgica (47,2%), Dinamarca (45,9%) y Suecia (44,4%) a la cabeza, seguidos de Austria (42,8%), Finlandia (42,4%) e Italia (42,0%).

A falta de una armonización fiscal europea, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría aplicar una fiscalidad progresiva para que España se sitúe en la media europea. Para concretar algunas de estas cifras en políticas públicas, los 60.000 millones de euros que España deja de ingresar por evasión fiscal, equivalen a un 84% de los 71.145 millones que invertimos en nuestra Sanidad pública. 60.000 millones de euros es más de lo que invertimos en educación, que se situó en 51.275,9 millones de euros en 2018. Y supone más de cuatro veces lo que el gobierno destinó en I+D en 2017, según datos publicados por el INE.

Otras medidas económicas que se pueden aplicar de inmediato son las que han implementado los gobiernos de Dinamarca, Polonia, Francia y Austria, que excluirán de las ayudas públicas a las empresas registradas en paraísos fiscales. Además, Dinamarca y también los Países Bajos, negarán dichas ayudas públicas a las empresas que repartan dividendos.

Los gobiernos europeos han optado, desde los años 80, por una progresiva socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, y de poco serviría la nacionalización estratégica de empresas para evitar su quiebra si, en cuanto dieran beneficios, se volvieran a privatizar

En cualquier caso, economistas liberales como Juan Ramón Rallo abogan por el regreso a la ortodoxia económica y su consiguiente austeridad fiscal. En contraposición, la Comisión Europea da vía libre a la nacionalización masiva de empresas en la UE. Un anuncio que habría que tomar con cautela. Los gobiernos europeos han optado, desde los años 80, por una progresiva socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, en el marco de la economía capitalista en su actual fase neoliberal. De poco serviría la nacionalización estratégica de empresas para evitar su quiebra si, en cuanto dieran beneficios, se volvieran a privatizar. Profundizar en estas recetas económicas supondría un golpe muy duro a un proyecto europeo progresista y alternativo. Desde los años 90, con el desmoronamiento de la Unión Soviética, el mundo ha venido experimentando una progresiva mundialización capitalista. Las izquierdas no han sabido cómo responder a este enorme desafío. Es el momento de imaginar un nuevo horizonte universalista e igualitario que sirva como alternativa al repliegue identitario posfascista, que representan dirigentes como Donald Trump en Estados Unidos, Xi Jinping en China, Vladimir Putin en Rusia, Narendra Modi en la India o Jair Bolsonaro en Brasil. En Europa, el reto de hacer frente a los Orbán, Salvini, Johnson, Le Pen o Abascal no es menor.

Una nueva economía verde

La división internacional del trabajo durante la integración europea abocó a la periferia al sector servicios. Turismo, hostelería, ocio, sol y playa. En momentos históricos como el actual, con una pandemia global que ha paralizado la actividad económica casi por completo, vemos más claro lo arriesgado que es permitir que la economía dependa tanto de un único sector. En el caso de España, cabe añadir la progresiva desindustrialización desde la transición, a excepción de Catalunya y Euskadi. Turismo, sol y playa, ladrillo y poco más. Es evidente que el sector productivo de un país no se puede transformar de un día para otro, pero ya va siendo hora de que la industria de las energías renovables se convierta en un sector estratégico importante de la economía española. Si hacemos una comparativa con el resto de países de la UE, veremos que España es el decimoquinto país en consumo de energía procedente de fuentes sostenibles, con un 17,5%, según datos de Eurostat, muy por debajo de Suecia (54,6%), Finlandia (41,2%), Letonia (40,3%), Dinamarca (36,1%) y Austria (33,4%). Nuestros vecinos del sur, Portugal (30,3%) e Italia (17,8%) también nos pasan por encima. La cifra de consumo, 0,6% inferior a la media europea, también es 2,6% puntos más baja que el objetivo que se fijaron las instituciones comunitarias para finales del 2020.

Este problema tiene difícil solución. Iberdrola, Endesa y Naturgy conforman los pilares del oligopolio eléctrico en España, que junto a EDP y Repsol controlan el 70% de la producción de electricidad y el 90 de las ventas finales. Todas ellas se encuentran entre las 10 empresas más contaminantes del país. En una entrevista con La Marea, Enrique Palazuelos, catedrático de Economía Aplicada de la UCM y experto en energía, subraya la necesidad de que el Gobierno recupere las competencias perdidas décadas atrás y reforme el sistema eléctrico. Para ello, sería fundamental que los movimientos sociales empujen en esa dirección. El pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos incorpora algunas de estas propuestas. No va a ser tarea fácil. El dominio del actual oligopolio eléctrico ancla sus raíces en los privilegios heredados del franquismo y la transición.

El covid-19 es un inconveniente para la movilización social. Éstas son solo algunas de las medidas que se pueden tomar y que se pueden añadir a otras que se han hecho desde organizaciones populares como el Plan de Choque Social, que proponen, entre otras medidas, intervenir la sanidad privada sin compensación económica, prohibir los ERTE en empresas con beneficios, regularizar a las personas migrantes, suspender los alquileres y las hipotecas e introducir una renta básica de cuarentena universal e incondicional, que puede servir como experimento para la futura introducción de una renta básica universal permanente. 

Estas medidas económicas, laborales y fiscales aliviarían las desastrosas consecuencias que el neoliberalismo tiene sobre nuestra salud, nuestra economía y nuestras vidas y permiten imaginar horizontes de superación del capitalismo, que en su actual fase neoliberal, es el período en el que la acumulación por desposesión se ha convertido en hegemónica, en palabras de David Harvey, geógrafo y profesor de Antropología en la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

Las políticas neoliberales, promovidas por centros financieros se basan en la privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, distribución regresiva de la renta y la generación de crisis para acelerar los tres procesos anteriores

Estas políticas neoliberales, promovidas por centros financieros como Washington y acentuadas ahora por el capitalismo digital de Silicon Valley, se basan en la privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, la distribución regresiva de la renta y la generación de crisis para acelerar los tres procesos anteriores.

Las fuertes restricciones de circulación y movimientos debido al coronavirus suponen un gran inconveniente para articular a las organizaciones populares desde las calles con el objeto de debatir, proponer, protestar y exigir a las instituciones españolas y europeas una salida profundamente democrática, progresista, feminista, ecologista y antirracista que sirva como alternativa a los nuevos autoritarismos de derechas que se expanden por todo el globo y que ocupan gobiernos tan influyentes como los de Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China, Brasil o la India. Esta contingencia será aprovechada sin lugar a dudas por las grandes corporaciones tecnológicas, que amenazan con mercantilizar cada vez más aspectos de nuestras vidas y hacernos más esclavos de sus servicios digitales. Estructurar una alternativa desde la base es una necesidad ineludible para que una salida progresista a la crisis pueda prosperar.