Coronavirus
Colectivos migrantes reclaman actuaciones urgentes frente al estado de alarma en la frontera sur

Con cinco casos confirmados de coronavirus en Ceuta, veinticuatro en Melilla y 1.515 personas diagnosticadas en toda Andalucía, la crisis sanitaria desatada por el covid19 está poniendo en evidencia las condiciones de precariedad y vulneración que viven las personas migrantes, y los Derechos Humanos, en la frontera sur. Está claro que el virus no entiende de situaciones administrativas, pero también parece evidente que sus consecuencias son aún más graves para determinados grupos.

Colectivos y organizaciones locales de la zona están impulsando reivindicaciones y denuncias: exigen la actuación inmediata para hacer frente a la situación de emergencia. El desamparo de menores migrantes que están en situación de calle, el bloque de trabajadoras transfronterizas en Ceuta y en Melilla o las condiciones de vulnerabilidad laboral y de vivienda en las temporeras de los campos de Huelva son solo algunos de los colectivos migrantes con mayores dificultades para afrontar el estado de alarma actual.

El desamparo de menores en situación de calle, el bloque de trabajadoras transfronterizas o las condiciones de las temporeras en los campos de Huelva son solo algunos de las dificultades que han de afrontar colectivos migrantes

Desde el pasado 13 de marzo, Marruecos mantiene cerradas sus fronteras con España para evitar contagios procedentes del continente europeo y se ha aislado por tierra a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ambas mantuvieron las comunicaciones con la península hasta el pasado martes 17 de marzo, cuando las autoridades locales anunciaron el cierre de los puertos para ferrys y aviones de pasajeros, manteniendo únicamente la entrada de buques mercantes con los que garantizar el abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad.

RESILIENCIA DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS EN CEUTA Y MELILLA

Los colectivos locales que trabajan con cientos de menores no acompañados, niños y niñas que migran solas y que están en situación de calle tanto en Ceuta como en Melilla, denuncian que, o bien no se está abordando la ayuda desde ninguna administración, o bien está llegando tarde y de forma muy precaria.

Aun con el estado de alerta decretado en todo el Estado español desde la medianoche del domingo, en Ceuta no se tomaron medidas de protección de la población migrante en situación de calle hasta el pasado miércoles, cuando se les empezó a trasladar desde el puerto hacia el polideportivo de Santa Amelia. Más de 130 jóvenes están ahora afrontando el estado de emergencia desde este centro improvisado, donde reciben alimentación, higiene, y controles periódicos de temperatura.

En Ceuta no se tomaron medidas de protección de la población migrante en situación de calle hasta el pasado miércoles, cuando se trasladó a más de 130 jóvenes a un centro improvisado

Desde Maakum, un colectivo local que trabaja desde hace años en acompañamiento a menores migrantes en Ceuta, hacen un llamamiento “para que ante una situación de emergencia como ésta, las personas vulnerables no sean siempre las últimas en recibir el apoyo y la protección”.

La ONG ha difundido, a través de las redes sociales, algunos testimonios de jóvenes denunciando la falta total de información, y la respuesta policial durante los primeros días de alerta, sobre la que cuentan que les empujaban fuera del centro de la ciudad y les obligaban a permanecer aislados en las rocas de la escollera. “Sin información, sin comida, sin techo…. Si ven que alguien nos da comida no les dejan y dicen que está prohibido. Les preguntamos si podemos salir a Maruecos y nos dicen que no, que nos tenemos que quedar aquí en las piedras”, declaraban algunos de los jóvenes que ya han sido alojados temporalmente en el centro deportivo de Santa Amelia.

“Sin información, sin comida, sin techo…. Si ven que alguien nos da comida no les dejan y dicen que está prohibido. Les preguntamos si podemos salir a Maruecos y nos dicen que no, que nos tenemos que quedar aquí en las piedras”, narran los jóvenes

“Hay 137 personas pero la cifra iba aumentando porque si los agentes de la Policía ve algún menor en la ciudad, los traen al polideportivo”, declaraba el sábado Mustafa Abdelkader, responsable de Luna Blanca, la ONG que está asumiendo la ayuda en este centro de acogida improvisado. “Aquí nosotros estamos atendiendo las necesidades de comida caliente, aseo personal y algunas actividades lúdicas para facilitar el confinamiento grupal con los jóvenes. No podemos olvidar que vienen de vivir en la calle”, explicaba.

Preocupante es también la realidad de los jóvenes migrantes no acompañados en Melilla, una ciudad autónoma de sólo 12 kilómetros cuadrados y con tres centros de menores, un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) donde viven cerca de 1.600 solicitantes de asilo, y más de 120 jóvenes que permanecen en situación de calle.

Según denuncia la plataforma Red Melilla, cerca de mil niños están actualmente durmiendo en La Purísima, donde la situación de falta de espacio e insalubridad hace que las medidas de confinamiento e higiene resulten totalmente imposibles de asumir. “Aquí en Melilla hay tres centros de menores, uno de niñas, uno mixto y otro de chicos. El de chicos, que es el de La Purísima, es un antiguo cuartel militar con 350 plazas y donde ahora mismo hay cerca de 1000 niños.” explican una enfermera y activista.

La Red Melilla denuncia que cerca de mil niños están durmiendo en La Purísima, donde la situación de falta de espacio e insalubridad hace que las medidas de confinamiento e higiene resulten totalmente imposibles de asumir

Se espera que durante este fin de semana se haga el traslado de unos 150 menores hacia un camping que se está habilitando en el norte de la ciudad. Si finalmente se da este traslado, La Purísima —con más de 800 niños— seguiría siendo un lugar de confinamiento insalubre y es por ello que se siguen reclamando medidas. “Están completamente hacinados, duermen en el suelo uno al lado del otro incluso debajo de las literas porque no hay más espacio físico para dormir, para poderse estirar”, declaran desde la plataforma que está aglutinando a otros colectivos como SolidayWheels y la No NameKitchen.

A eso hay que sumar los más de 120 jóvenes que, según informaciones recibidas el pasado viernes, continúan en la ciudad en situación de calle y sin ningún tipo de protección. La mayoría son extutelados de los centros de menores y vivían en los alrededores del puerto para intentar hacer el risky —colarse en un contenedor y llegar a la península en barco—. Ahora se esconden en otras zonas de la ciudad para no ser perseguidos por incumplir el estado de alarma del covid19. “Esto viene de antes, pero ahora con el coronavirus van recogiendo de la calle a los chavales que se escapan de allí, porque aquello es insalubre y prefieren seguir en la calle” denuncian desde Melilla.

LA PRECARIEDAD LABORAL DE LAS TRANSFRONTERIZAS

Otro colectivo fuertemente afectado está siendo el de las mujeres transfronterizas, que cruzan habitualmente la frontera, ya sea para trabajar como porteadoras en el comercio atípico —desde los últimos meses el porteo sólo está permitido en Melilla— o como trabajadoras del hogar y los cuidados, tanto en Ceuta como en Melilla.

Con el cierre de la frontera marroquí, muchas mujeres quedaron de repente sin poder llegar a sus trabajos y sin fuente de ingresos para afrontar la alerta sanitaria desde sus casa en Marruecos, con sus familias. Además, la gran mayoría son trabajos que ya eran precarios, muchas veces informales y sin contrato, por lo que tampoco habría disponible para ellas ningún tipo de protección por desempleo. “Hay cerca de 8.000 mujeres que cruzan diariamente a Ceuta como trabajadoras del hogar. Su salario oscila entre 250 y 400 euros al mes y sólo el 20% de ellas tienen contrato laboral”, denunciaba la Caravana Abriendo Fronteras en su paso por Ceuta, el verano pasado.

La mayoría de trabajos de las transfronterizas eran ya precarios, muchas veces informales y sin contrato, por lo que tampoco habría disponible para ellas ningún tipo de protección por desempleo

En un contexto de emergencia como el actual, y en unos territorios fronterizos donde el bloqueo y las vulneraciones se hacen mucho más evidentes, las más afectadas están siendo claramente las más precarias. “Hay tantísima gente Marroquí afectada. Toda la gente que vivía del porteo, toda la gente que venía de día a trabajar, muchísimas mujeres que trabajan en Melilla que se han quedado sin sustento para sus familias”, explican activistas de la Red Melilla.

En este sentido, Laura Ganado, activista de Maakum, plantea una interrogante que se va generalizando y que tiene mucho más sentido en una población que no cuenta con medios económicos para hacer frente al estado de alarma sin salir de casa, y sin trabajar. “Las trabajadoras transfronterizas del hogar que venían a Ceuta a diario se han quedado todas sin trabajo. Muchas veces eran trabajos informales y sin contrato, pero eran su sustento y para ellas no se ha tomado ninguna medida. ¿Cómo van a alimentar a sus familias para poder quedarse en casa?”.

JORNALERAS EXIGEN PROTECCIÓN Y medidas EN LOS CAMPOS

En cuanto a las jornaleras y trabajadores del campo en Huelva, el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha demanda que se faciliten de manera urgente los medios para activar las medidas de seguridad que permitan proteger la salud de los y las trabajadores que continúan trabajando sin ningún de protección en el sector agrícola onubense.

El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha recibido más de 400 denuncias a empresas agrícolas que no respetan las medidas de protección que requiere el estado de alarma por el coronavirus.

400 jornaleras de Huelva y Almería denuncian que se incumplen las medidas frente al covid19

Francisco Javier Huete

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400 jornaleras de Huelva y Almería denuncian que se incumplen las medidas frente al covid19

Francisco Javier Huete

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El Sindicato Andaluz de Trabajadores ha trasladado a la Inspección de Trabajo numerosas denuncias a empresas agrícolas que no respetan las medidas de seguridad impuestas por la epidemia de coronavirus.

“No se están respetando las medidas de prevención. En los almacenes trabajan más de cien personas codo con codo, no se están repartiendo guantes ni mascarillas, no se cumplen las distancias de seguridad y en algunos tajos en el campo ni siquiera cuentan con agua para lavarse las manos”, denuncia Ana Pinto, portavoz del colectivo.

“Existe mucha preocupación, no solo por la salud de las trabajadoras sino también por el miedo a ser despedidas si deciden quedarse en casa para protegerse o si deciden reclamar que se cumpla el protocolo de seguridad”, agregaba la portavoz en un comunicado emitido el pasado jueves.

Muchas de las personas que llegan para trabajar en los campos de Huelva, y especialmente en Lepe, viven en condiciones muy precarias de asentamientos y chabolas en las que no disponen de agua corriente y donde el aislamiento preventivo marcado por el Gobierno también se hace prácticamente imposible. En toda la provincia de Huelva hay casi 50 asentamientos de este tipo, todos relacionados con el trabajo de las migrantes jornaleras en los establecimientos agrícolas.

Muchas de las personas que llegan para trabajar en los campos de Huelva viven en condiciones muy precarias, no disponen de agua corriente y su aislamiento preventivo es prácticamente imposible

“Reclamamos que todas las personas en los asentamientos y chabolas no pueden quedarse en casa. Se les puede pedir que estén en casa pero sólo si se les proporciona alimentos y agua. La situación es muy precaria y la mayoría de personas no puede dejar de trabajar porque necesitan el dinero para comprar comida”, advierte Antonio Abad, activista y miembro del colectivo Asisti.   

“Estamos reclamando que se necesita agua urgentemente, para que por lo menos la gente en las chabolas y en el campo pueda lavarse las manos. Como mínimo necesitamos un punto de agua en cada asentamiento, porque aquí en Lepe van a colocar dos puntos más pero dentro del pueblo, con lo cual mucha gente tendrá que seguir haciendo dos kilómetros para acceder al agua”, denuncia el activista desde Lepe, donde más de 1.000 personas viven en los diez asentamientos que rodean la localidad. Este viernes, el Colectivo de Trabajadores Africanos envió una solicitud al Ministerio de Sanidad del Gobierno para que tome medidas urgentes y garantice el acceso al agua en Lepe y al menos otros cuatro municipios.

El pasado sábado, la Red Andaluza del Agua y la Fundación Savia enviaban también una solicitud al Ministerio de Sanidad, instándole a “que tome medidas urgentes para garantizar el suministro de agua a los asentamientos chabolistas”. Según este comunicado, cerca de 5.000 personas viven en chabolas en toda la provincia de Huelva.

El colectivo también exige una serie de medidas complementarias para solucionar problemas básicos de dignidad humana que se vienen arrastrando desde hace años. “Limpieza de las zonas en las que se encuentran los asentamientos. La creación de módulos o planes de vivienda digna para las trabajadoras temporales que vienen a nuestros campos, la instalación de contenedores y la gestión de basuras en todos los asentamientos”, son algunas de las necesidades básicas sin cobertura en estos asentamientos de plástico repartidos por toda la provincia onubense.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) envió también, el pasado lunes, una denuncia a la Junta de Andalucía, poniendo sobre la mesa la necesidad de proteger urgentemente el derecho a la salud de las personas sin hogar. Es necesario, añade la asociación, poner en marcha  protocolos “para agilizar de forma inmediata el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria de todas aquellas personas que no disponen de la misma a causa de no contar con domicilio fijo”. También que se trabaje por la continuidad de los comedores sociales, para garantizar la atención social en todos los municipios andaluces tomando las medidas de seguridad que el decretado estado de alarma implica.