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Alimentación
Larga vida a los mercados de abastos
El pasado mes de abril, Justicia Alimentaria lanzaba su campaña «Los mercados se mueren» en la que analizaba las causas del declive de este servicio público y proponía darle un impulso, bajo el lema «¡Reclama tu mercado!», asignándole un papel clave en las políticas alimentarias locales sostenibles que se deberían impulsar desde las administraciones.
La campaña desató cierto revuelo mediático por la polémica que suscitó con los propios mercados. La Confederación de Mercados Tradicionales de Abastos de España (METRAE) pidió su retirada, negando el discurso pesimista de la ONG, y considerando inaceptable que una campaña financiada con fondos públicos (del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030) ocasione un impacto negativo en la percepción de los mercados municipales al asociar su estado con distintas frutas mohosas.
Si bien, esto no quiere decir que todos los mercados de abastos, ni que todos sus puestos, vayan mal, sí que muestra una tendencia negativa general. Y esta tendencia no se ha podido revertir a partir de las distintas iniciativas puestas en práctica en los últimos años para su fomento, que se agrupan en los siguientes tipos de actuaciones:
- Imitación del modelo de la gran distribución, con ampliación de horarios de apertura, establecimiento de la posibilidad de compra por Internet, construcción de zonas de aparcamiento…
- Remodelación de los mercados, en muchos casos necesaria, que en algunos casos han ido acompañadas de la incorporación de un supermercado en el mismo, y en otros, de procesos de monumentalización, convirtiéndose en posibles polos de gentrificación o lugares de atractivo turismo.
- Incorporación de locales de ocio y de hostelería a los mercados, que en ciertas ocasiones han derivado en espacios gourmet.
Pese a que estas iniciativas hayan podido favorecer a algunos mercados o puestos, se pueden extraer dos conclusiones claras, en cuanto a su incidencia sobre el sector:
- Por la diferencia de volumen y medios, enfrentar a los mercados municipales y a los supermercados en competición directa solo conduce a la derrota de los primeros.
- Según se avanza en las estrategias de diversificación y elitización se pierde el sentido de servicio público con que fueron creados los mercados municipales, el de garantizar el abastecimiento de alimentos a la población, en especial de los alimentos frescos.
Frente a esto, la campaña de Justicia Alimentaria reivindica el papel clave que podrían tener los mercados de abastos, una de las pocas infraestructuras alimentarias que, al menos en parte, está todavía en manos públicas, en el establecimiento de estrategias institucionales de alimentación que combatan un sistema producción y distribución deslocalizado, en el que la agricultura industrial avanza sustituyendo a la campesina, al igual que la gran distribución con el comercio tradicional.
La ONG propone una política de alimentación pública basada en circuitos cortos de distribución para productoras/es de proximidad, en la que los mercados de abastos tienen un papel clave en dicha distribución, ofreciendo a las vecinas/os alimentos locales sostenibles y asequibles. También servirían de centros de dinamización alimentaria en los barrios, incorporando elementos como cocinas comunitarias para comedores colectivos, obradores cooperativos, espacios de formación y educación alimentaria… A la vez que se vincularían a redes de compra de centros educativos, sociosanitarios o comedores sociales…, promoviendo el acceso a una alimentación saludable para toda la población.
Ante la propuesta, se puede considerar que los mercados no tienen por qué cambiar su modelo de negocio, cuando llevan muchísimo tiempo desarrollándolo, y sea cual fuera el enfoque que dan a su trabajo, no son ellos los principales responsables de los impactos del modelo alimentario, dominado, como hemos dicho, por grandes empresas productoras y distribuidoras. Por ello, habría que matizar, que el cambio propuesto para los mercados debe ser consensuado, progresivo e incentivado.
Además, hay que considerar que las demandas fundamentales de la campaña de Justicia Alimentaria van destinadas a las administraciones locales, a las que se les pide la puesta en marcha de políticas de alimentación pública ante su obligación de actuar frente a distintas problemáticas como la crisis climática y ambiental, el abandono del medio rural, el desempleo, etc., a la vez que se garantiza un derecho humano como la alimentación para todas las vecinas/os. Y es dentro de esta estrategia, donde se propone una diferenciación en el modelo de los mercados, acentuando su carácter de servicio público, que además sirva como forma de protección frente a la gran distribución. Protección, que además, deberá ir acompañada de ciertas medidas restrictivas para este tipo de negocios, como la limitación de horarios.
Por otro lado, estamos acostumbrados a las campañas publicitarias en las que las grandes empresas nos muestran, de forma artificial, su conciencia social o ambiental, defendiendo diferentes valores con los que nos identificamos. Se trata de una forma de fidelizar al cliente, que sin embargo, rara vez se ha impulsado desde las administraciones locales con los mercados de abastos, aunque en este caso, no sería necesaria ninguna manipulación en la comunicación publicitaria, pues estos mercados son en sí un servicio público que representa diversos valores sociales. Entre ellos, valores que comparten con el pequeño comercio en general, como:
- La creación de empleo, dado que este tipo de negocios son más demandantes en mano de obra que el modelo de la gran distribución, incluido el comercio electrónico.
- Contribución a un reparto más justo de la riqueza, pues los puestos del mercado son fundamentalmente negocios familiares, frente a la concentración que representa la gran distribución.
- Contribución a la vida de barrio, pues los mercados constituyen puntos de encuentro y socialización para mucha gente, sobre todo mayor, y además contribuyen al tránsito peatonal en el entorno, con el consiguiente beneficio para la seguridad.
Visto desde este punto de vista, el de la fidelización del consumidor, el papel propuesto por Justicia Alimentaria para los mercados, como dinamizador de los sistemas alimentarios locales, contribuye a aportar valores adicionales a éstos, como:
- El cuidado de la salud de las vecinas/os, al basar su actividad en la venta de alimentos saludables y sostenibles.
- El menor impacto ambiental de sus productos, al apostarse por productos de origen ecológico y local, con menor necesidad de refrigeración, de envases…
- El sostenimiento de la actividad de pequeñas/os agricultoras/es locales, al recurrir a canales cortos de distribución, contribuyendo al sostenimiento del medio rural…
Con todo ello, junto al cambio de modelo en los mercados, deberían desarrollarse campañas de difusión, promovidas desde las administraciones locales, en las que se resaltará su valor de servicio público, subrayando los valores que representan.
En definitiva, conforme a todo lo dicho y considerando la deriva liberalizadora y de tendencias en las formas de compra, parece, que a la larga y de forma general, la única manera de que no se cumpla la máxima capitalista de que «el grande acaba comiéndose al pequeño» es desarrollando un proceso de diferenciación del modelo de negocio de los mercados, mediante el impulso de un sistema de distribución en el que el consumidor y la consumidora se sientan representados, y por qué no, cuidados.