Frontera sur
Cada una de las veces cuenta

En las últimas semanas varias menores han sido entregadas a las autoridades marroquíes. La violación del Derecho en general, y de los derechos de las menores en particular, ha sido ominosa. Ni procedimiento, ni decisión expresa en la que se valoren las circunstancias personales y familiares de cada menor. Este Gobierno ha optado por una peligrosa vía de hecho, que erosiona uno de los fundamentos mismos del Estado de Derecho: el sometimiento de su actuación a las leyes. Y cada una de esas veces en que lo hace, cuenta
pancarta Ceuta
Pancarta ante la delegación del gobierno Kike Castro

Abogada. Observatorio del Racismo Institucional RAIN, Comisión Legal Sol.

Abogada de Red Jurídica
17 ago 2021 20:32

A veces parecería que, en las fronteras, las normas jurídicas no constituyen el marco de actuación de los poderes públicos. A veces, demasiadas veces, parecería que en realidad no son de obligado cumplimiento: que el Ministro-policía de turno puede emitir órdenes que claramente conculcan la legislación vigente.

Las directivas, leyes y reglamentos que regulan la entrada y la permanencia de las personas extranjeras en este país, como en el resto de la Unión Europea, tienen por finalidad esencial generar la ilegalidad de esas personas y mantenerla en el tiempo; impedir que ejerciten derechos inherentes a la ciudadanía y perpetuar su desigualdad. Y, aún así, a veces parecería que al poder le sobran, le molestan. Y opta por desobedecerlas.

Es lo que viene ocurriendo desde que en mayo de este año Marruecos hiciera la vista gorda para que pudieran entrar en Ceuta, a nado, entre seis y ocho mil personas marroquíes, de las cuales cerca de dos mil eran menores de edad. Desde entonces, vienen ejecutándose casi a diario devoluciones ilegales de adultas y de niños. Ilegales. Ciertamente, tan ilegales, por mor de esas leyes insolidarias y restrictivas, como las entradas que efectuaron esas personas en el territorio español. Pero con la gran diferencia de que en cada una de las deportaciones quien viola de forma flagrante el ordenamiento jurídico, y a sabiendas, es la autoridad: justo quien debería garantizar que se aplica.

Todas las niñas y los niños necesitan y merecen ser protegidas, especialmente cuando no están al cuidado de sus familias. Y a este respecto, la condición de menor debe prevalecer sobre la posible condición de extranjera/o. Por eso, las leyes españolas, cumpliendo con lo establecido en los convenios internacionales (Convención de Derechos del Niño, Carta Europea de Derechos del niño) obligan a que el Estado dispense idéntica protección a las niñas y niños extranjeros que a las y los nacionales. Para unas y otros, en toda decisión que se adopte, debe prevalecer el interés superior de la o del menor. Por encima de cualquier otro. Si un(a) menor se encuentra en situación de desamparo, el Estado debe asumir su tutela, y si es de nacionalidad extranjera no puede deportarla/o a su país de origen sin previamente haber adoptado una serie de garantías.

Para devolver a menores marroquíes a su país de origen, en particular, recuerda que es de “observancia estricta la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y (...) lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño” el artículo 5 de un convenio específico que celebraron España y Marruecos en 2007 (vigente desde 2012) con el fin de evitar la entrada de menores marroquíes en España y facilitar su deportación: el Acuerdo sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado. Esto significa que, taxativamente (sin excepciones, excusas ni mentiras), conforme a lo previsto en este Acuerdo, se debe tramitar un procedimiento administrativo para cada menor. En el marco de este procedimiento deben poder realizar alegaciones la o el menor, por supuesto con asistencia letrada y de intérprete, pero también el Ministerio Fiscal y la entidad que ostente la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda del niño o la niña. Además, tienen que practicarse la pruebas que se propongan y dar traslado nuevamente al Ministerio Fiscal y al resto de las partes, antes de adoptar decisión alguna. Porque, obviamente, ha de emitirse una decisión expresa para cada menor. Todo lo anterior lo exige la ley española: esa que ha de ser “de observancia estricta”, según un Acuerdo que, insisto, tiene por objetivo favorecer el retorno de menores marroquíes. Pero también es obligado, conforme a las “normas y principios del derecho internacional” a que se refiere el Acuerdo, y en particular según la Observación General núm. 6 (2005), del Comité de los Derechos del Niño, sobre Trato a los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su país de origen (CRC/CG/2005/6, 1 de septiembre de 2005), que se realice una evaluación pormenorizada del riesgo que comporta el retorno (de persecución, abusos, o explotación); que se examine la capacidad de la familia del o de la menor de dispensar los cuidados adecuados y que se tomen en consideración las opiniones de dicha familia acerca del retorno; que se realice un diagnóstico de las condiciones de acceso a la alimentación, la vivienda, los servicios sanitarios, la educación, la formación profesional y las oportunidades de empleo en el país de origen; y que, en definitiva, de adoptar una decisión a favor del retorno, es porque no quepa duda de que responde al interés superior del niño o la niña.

Nada de esto se ha hecho, nada, cada una de las veces que se ha entregado, en las últimas semanas, a un(a) menor (o a un grupo de menores) a las autoridades marroquíes. La violación del Derecho en general y de los derechos de las y los menores en particular ha sido ominosa. Ni procedimiento, ni decisión expresa en la que se valoren las circunstancias personales y familiares de cada menor. Este Gobierno ha optado por una peligrosa vía de hecho, que horada uno de los fundamentos mismos del Estado de Derecho: el sometimiento de su actuación a las leyes. Y cada una de esas veces, cuenta. Cuenta, negativamente, claro, en el saldo del devaluado balance democrático.

Por esta razón, también cuenta cada victoria. Y conseguir que se paralicen estas deportaciones, siquiera temporalmente, es una victoria importante. Ayer, las abogadas de Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces, Patuca Fernández y Paloma García de Viedma, lograron que un juzgado de Ceuta recordara al Ministerio del interior que la legislación está para cumplirse, que hay que respetar las reglas del juego.

Muchas desearíamos unas reglas bien distintas, sabedoras de que las cartas, en el actual tablero, están claramente marcadas. Lo están, a favor del mantenimiento del bienestar de las sociedades europeas: un bienestar fundado en la explotación y la injusticia que, por otra parte, si hoy peligra, no es por que se diluyan las desigualdades con otras sociedades, sino porque se agudizan en su propio interior. Y es que cuando se vulneran impunemente los derechos de otras personas, que son los derechos que les hemos reconocido, se crea el caldo de cultivo para la violación de los derechos de cualquier otra. Los derechos laborales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Nuestros derechos, que son o tienen que ser los de todas. Y es que los derechos humanos son eso: humanos. Si se le niegan a una persona, se nos niegan a todas.

Puede escocer, desde este punto de vista, que obligar al Gobierno a que acate normas tan terribles como lo son las de Extranjería (no olvidemos que lo que hacen, en definitiva, es protocolizar deportaciones forzosas, incluso de niñas y niños) sea motivo de alegría. Pero sí. Hoy creo que tenemos que alegrarnos de que no se haya deportado a nueve niños marroquíes, porque gracias al esfuerzo y la obstinación de colectivos de defensa de derechos humanos, y gracias a que siguen creyendo en la dignidad de todas las personas, hemos ganado todas.

Sobre este blog
Este es un blog coordinado por la cooperativa jurídica madrileña Red Jurídica, con colaboraciones ocasionales de profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado, en el que intentamos explicar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica
Ver todas las entradas
Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Ceuta
Fronteras El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirma que las devoluciones en caliente son ilegales
La resolución del TSJA reconoce que la devoluciones que está realizando la Delegación del Gobierno de Ceuta sobre personas que entran nadando o en embarcaciones a la ciudad no tienen amparo legal
Ceuta
Fronteras Ceuta: de El Tarajal a las alambradas administrativas
Once años después de la masacre de El Tarajal (Ceuta) los obstáculos administrativos y la falta de vías seguras para migrar, siguen produciendo cientos de muertes en la frontera cada año.
Control de fronteras
Fronteras Las muertes del Tarajal se han convertido en el símbolo de la lucha contra las políticas fronterizas
Se cumplen 11 años de la muerte de 14 personas en la frontera con Ceuta, y nuevamente colectivos y familiares realizaron una manifestación en conmemoración y para exigir se declare el 6 de febrero como Día de las Víctimas de las Fronteras.
Sobre este blog
Este es un blog coordinado por la cooperativa jurídica madrileña Red Jurídica, con colaboraciones ocasionales de profesionales del mundo jurídico de distintas partes del Estado, en el que intentamos explicar, desde una perspectiva crítica, la actualidad jurídica
Ver todas las entradas
Comunidad de Madrid
Paros 28 y 29 de abril Huelga total en la educación pública madrileña
Infantil, Primaria, Secundaria, FP, Educación Especial, Universidad. Las plantillas de todos los niveles de la educación madrileña pararán este lunes 28 de abril por la “infrafinanciación” que Ayuso mantiene en la enseñanza.
Laboral
Laboral Trabajar para vivir, morir por trabajar
El 28 de abril se conmemora el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo con la necesidad de la implementación de medidas ante la siniestralidad laboral, que dejó en el país en 2024 la muerte de 796 personas.
Genocidio
Genocidio Activistas crean la embajada de Palestina en Bruselas mientras Israel prosigue con su asedio en Gaza
Mientras los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza ya han dejado más de 51.490 muertos, activistas han rociado de sangre un edificio que simula ser la embajada de Palestina, dejando un rastro de pintura roja hasta la embajada del Estado sionista.
Sevilla
Sanidad Pública Profesionales de Atención Temprana advierten del colapso del servicio en Andalucía
El servicio que atiende a más de 32.000 niñas y niños de entre 0 y seis años se encuentra en una situación crítica, con profesionales precarizados y listas de espera que incumplen la Ley de Atención Temprana aprobada en 2023
Análisis
Análisis La izquierda donde rompe la ola
El crecimiento electoral de un amplio abanico de fuerzas de extrema derecha desde hace unos años complica la consecución de decisiones a nivel de la UE.
Senegal
Migraciones El mito de la migración ordenada: la denegación de visados por el Consulado de España en Dakar
Maltrato institucional. Estas dos palabras son las más escuchadas cuando se pregunta a personas descontentas con el Consulado de España en Dakar. Cada vez más personas denuncian denegación de visados que no consideran justificados.

Últimas

Eventos
Evento Un Salto al periodismo desde el barrio: acompáñanos en un directo sobre periodismo situado
El Salto organiza un evento centrado en el potencial de los formatos sonoros para transmitir información veraz y fiable de forma cercana. Para hacer periodismo desde el barrio y barrio desde el periodismo.
Ayuntamiento de Madrid
Paros en Madrid Fin de la huelga de basuras en Madrid
La plantilla ha votado a favor de la última propuesta, en un paro que comenzaba el pasado 21 de abril y con el que se demandaba la actualización de un convenio que se ha quedado obsoleto.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Comunidad de Madrid
LGTBifobia Femen protesta contra las terapias de conversión en un acto de la familia de psiquiatras Rojas Estapé
El movimiento Femen ha querido denunciar públicamente la relación de esta familia con sectores ultraconservadores de la Iglesia y su postura abiertamente contraria a los derechos del colectivo LGTBIQ+
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición Sánchez piensa en un paréntesis legislativo para evitar roces con los socios tras una semana explosiva
El choque bronco por el caso de las compras de balas israelíes a cargo de Grande Marlaska puso sobre la mesa como nunca la ruptura de la coalición, aunque nunca fue una opción.
Más noticias
La vida y ya
La vida y ya Espacios de encuentro
Me contaba que, al final del día, le dolían mucho las manos y que había dejado de escribir. Que ya no llevaba el cuaderno pequeño que tenía para anotar ideas que luego se transformarían en artículos o poemas.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Galicia
Galicia Cuidar sin derechos: la lucha de las trabajadoras en las residencias privadas de Galicia salta a la huelga
Sin tiempo ni medios para ofrecer unos cuidados adecuados, alertan de una situación insostenible en los centros y denuncian la privatización de un servicio a costa del bienestar de las personas mayores y dependientes.

Recomendadas

Guinea-Bissau
Internacional Guinea-Bissau arranca una ola de represión tras el sabotaje popular de una mina de arena en un parque natural
Una acción liderada por las mujeres del pueblo de Varela provocó un incendio en la bomba de extracción de la mina de arena pesada. El Gobierno ha llevado a cabo la detención de 16 personas, entre las que se encuentran líderes locales.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña y Ourense compraron material policial a Israel por medio millón de euros en solo cuatro años
El alcalde ourensano, Gonzalo P. Jácome, adjudicó un contrato por 70.000 euros días después del siete de octubre. Abel Caballero firmó otro de más de 200.000 euros y la alcaldesa de A Coruña siguió la estela con un contrato de 170.000 euros.
Turquía
Pinar Selek “Turquía sigue gobernada en base al miedo”
La profesora y socióloga turca, quien ha sufrido además de cárcel, un acoso judicial por 27 años, habla de la falta de independencia del poder judicial, del adoctrinamiento social y de la formación de la sociedad turca.