Colombia
Una nueva semana de violencia amenaza el sueño de cambio de Colombia

A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, en Colombia sigue creciendo la tensión política que marca la campaña de los dos principales competidores, el candidato de centro-izquierda, Gustavo Petro, que desde hace meses viene liderando las encuestas, y Federico Gutierrez, que representa la continuidad con la derecha actualmente en el Gobierno. 

La encrucijada de las elecciones colombianas avanza con un creciente clima de  amenazas a los principales candidatos del Pacto Histórico, Petro y Francia Márquez, y en un contexto nacional donde cerca de 70 mil personas sufrieron el desplazamiento forzado de sus territorios desde comienzos de este año, ya son 71 los asesinatos de líderes y lideresas sociales y 18 ex combatientes, además de 39 masacres registradas desde enero de 2022 según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.

Es en este marco que la violencia política escaló en la semana del 5 al 8 de mayo pasados, con el paro armado llamado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), como reacción a la extradición del jefe del grupo paramilitar (también conocido como Clan del Golfo) Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel.

El paro armado en campaña electoral

En Colombia el paro armado es conocido como una acción estratégica empleada tanto por los grupos guerrilleros como desde las formaciones paramilitares para confrontar la presencia institucional del Estado en un territorio y - de esa forma - demostrar su capacidad de fuego y control tanto a las fuerzas públicas como a los demás actores armados ilegales.  

El grupo armado patrulla las carreteras y hace retenes, sustituyendo y reemplazando las funciones del Estado. La población civil es la principal víctima de este tipo de acción armada que impone el toque de queda, limita la movilidad y el tránsito del transporte público, que termina afectando la distribución de alimentos y medicinas, así como el funcionamiento de las escuelas, y obliga en definitiva a un confinamiento a la población civil. 

Si bien Colombia conoce el tipo de acción representada por un paro armado (el último, en febrero de 2022, fue realizado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional), es un hecho inédito que se realice durante las últimas semanas de campaña electoral. 

En cuatro días, entre el 5 y el 8 de mayo, la acción armada de las AGC ha afectado a 10 departamentos y 178 municipios ubicados principalmente en la zona norte de Colombia donde el grupo armado tiene mayor presencia, ha producido la quema de cerca de 200 vehículos, entre camiones y transporte público, y se han denunciado seis asesinatos según el Ministerio de Defensa (3 civiles, 2 militares y un policía) mientras la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reporta un total de 24 homicidios a civiles. 

Por otro lado, durante el paro armado no se han registrado fuertes enfrentamientos con la fuerza pública ni confrontación con otros actores armados presentes en el territorio colombiano, señales que muestran la cohesión territorial de las AGC, mientras el gobierno habla de su dispersión organizacional y minimiza su poder de fuego. 

La extradición de Otoniel

La extradición a Estados Unidos de Otoniel, que desencadenó la acción armada de las AGC, es el último acto de un operativo que el gobierno de Iván Duque presentó, cuando logró la captura del jefe del Clan del Golfo en los cerros de Necoclí (Antioquia) en octubre de 2021, como el mayor golpe al narcotráfico desde la época de Pablo Escobar. Sin embargo, las estructuras económicas y paramilitares de las AGC (formaciones sucesoras de las Autodefensas Unidas de Colombia) están lejos de haber sido desarticuladas, pues su mando militar se ha descentralizado y su poder de acción se ha expandido como una red a nivel territorial. 

El incumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados en 2016 con las FARC-EP y el abandono estatal en los territorios han generado en los últimos años un espacio propicio para la expansión de los demás grupos armados; entre ellos, las AGC se volvieron el más influyente, ya que han sabido articular redes de alianzas con bandas criminales y grupos residuales locales, así como con carteles de la droga transnacionales para la exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. 

En unaentrevista a EFE, Gustavo Petro lamentó que se haya tramitado la extradición de Otoniel justo en estas semanas pre electorales, porque aparece como una estrategia “para evitar que el jefe del Clan del Golfo confesara sus relaciones con la política y el poder que al final  iban a afectar la campaña del candidato del gobierno”. 

En abril Otoniel fue citado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad. En sus declaraciones se pudo comprobar la complicidad y la participación del ejército colombiano en la masacre paramilitar de Mapiripán (julio de 1997), cuando Otoniel operaba de jefe en el Bloque Centauro de las Autodefensas Unidas de Colombia. A la par, confirmó la práctica de los “falsos positivos”, impulsada desde la institucionalidad y perpetuada por el general Mario Montoya. En Estados Unidos será imputado por cargos de narcotráfico, mientras que quedarán impunes los crímenes de lesa humanidad y las violaciones al derecho internacional humanitario en su vinculación a los grupos paramilitares. 

La audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En plena contienda electoral, el pasado 12 y 13 de mayo, el Estado colombiano ha sido denunciado en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Costa Rica, solicitada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Ccajar), una organización de defensores de derechos humanos y del territorio. 

El Ccajar presentó un informe sobre las acciones de inteligencia del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que, mediante su grupo G3, se encargó de llevar a cabo una estrategia de persecución y criminalización hacia las principales Ong 's y organizaciones de derechos humanos presentes en el país. La denuncia del Ccajar hacia el Estado colombiano abarca la política de persecución sistemática, los hostigamientos, las amenazas ejecutadas durante la estrategia contrainsurgente hacia sus integrantes, a lo largo de los últimos treinta años. 

El testimonio de Alirio Uribe, abogado fundador del Ccajar, evidenció los riesgos de su trabajo como representante de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. “La década del ‘90 fue muy violenta y en el marco de los casos que yo llevaba se presentaron muchísimas amenazas, personas que trabajaban conmigo fueron asesinadas, desaparecidas y exiliadas. Yo tuve que entrenar a mis hijos para escaparse por el baño y el techo. Fueron muchos hechos de terror. De tortura psicológica permanente”.

La destitución del alcalde de Medellín

La semana pasada, la tensión política ha vuelto a subir tras la decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde de la ciudad de Medellín, Daniel Quintero, por la filtración de un video en que manifiesta su apoyo al candidato Gustavo Petro. La procuradora general colombiana Margarita Cabello, figura muy cercana al oficialismo del gobierno de Iván Duque y vinculada al uribismo, argumentó la necesidad de suspender a Quintero de su cargo por la participación activa en la contienda electoral, acción prohibida por el ordenamiento colombiano, que impide a funcionarios públicos hacer campaña para los candidatos.   

La destitución del alcalde de Medellín representa una injerencia del poder judicial en la vida política, con un claro sesgo ideológico. En efecto, la procuraduría no habría reaccionado, como órgano imparcial y super partes, frente a las declaraciones tanto del presidente Duque contra Gustavo Petro, así como la intervención del general Zapateiro que el pasado abril abrió una polémica política con el candidato del Pacto Histórico.   

Dicha maniobra del poder judicial ha provocado las duras reacciones por parte del Pacto Histórico y el mismo Daniel Quintero que ha denunciado la medida calificándola como un golpe de estado, un intento desde el establishment de revertir las encuestas de los últimos días que desvelan una creciente ventaja del candidato Gustavo Petro, a pocos días de las elecciones presidenciales. Por otro lado, desde el Pacto Histórico, se acusa a la procuraduría de aplicar dos pesos y dos medidas, una doble moral en función del objetivo político, y de deslegitimar su ventaja política.

Es así que Colombia se prepara a las elecciones del próximo 29 de mayo, en un clima tenso y de fuerte polarización política entre una potente expectativa de cambio, representada por el Pacto Histórico que apunta a ganar en primera vuelta a pesar de las amenazas y la creciente inseguridad de su candidato, y por otro lado la continuidad política de los últimos veinte años promovida por Federico Gutiérrez, y que viene aparejada también con una exacerbación de los mecanismos de violencia que el país ya conoció durante el último gobierno de Ivan Duque.