Crisis climática
En busca de la declaración de emergencia climática

Cada semana se conocen nuevos y devastadores datos sobre las consecuencias del cambio climático. El último, el informe de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de la ONU. Salía a la luz el 6 de mayo y denunciaba el aumento “sin precedentes” de las tasas de extinción de especies, un fenómeno conocido como la Sexta extinción masiva de biodiversidad que, como remarcaba el organismo, “se está acelerando”.

Las cifras que pone sobre la mesa el organismo de Naciones Unidas son contundentes: un millón de especies está en peligro de extinción, lo que, de producirse su desaparición, aceleraría aún más el desequilibrio de la biosfera de la que dependen todos los seres vivos del planeta para sobrevivir. El cambio climático, por supuesto, se encuentra detrás de las causas de este declive junto a toda una serie de factores que tienen al ser humano como causante: los cambios de uso de la tierra y el mar, la introducción de especies invasoras y la explotación directa de todo tipo de organismos, principalmente.

No obstante, no todo han sido malas noticias en lo referente al calentamiento global en los últimos días. Los movimientos que abogan por poner en primer término las políticas para frenar de forma radical el aumento de temperatura del planeta se han apuntado un tanto en las últimas semanas: las promulgación de declaraciones de emergencia climática, que han comenzado a enunciarse desde universidades, alcaldías e, incluso, gobiernos estatales.

El gran golpe de efecto ha sido en Reino Unido. A las declaraciones de emergencia climática realizadas por los gobiernos regionales de Escocia y Gales se unía la del parlamento británico el 1 de mayo, a propuesta del laborista Jeremy Corbyn.

La capacidad de Extinction Rebellion —el movimiento que aboga por el uso de la desobediencia civil para obligar a gobiernos, empresas e instituciones a que se pongan las pilas en la lucha contra el cambio climático— de poner contra las cuerdas la movilidad de Londres y otras ciudades tenía su efecto en la cámara británica. Previamente, universidades como las de Bristol o Newcastle ya habían firmado declaraciones similares.

Tímido arranque

España suele ir a la zaga de ciertos países europeos en todo tipo de variables, y en este caso no podía ser menos. La primera institución en declarar el estado de emergencia climática en la península llegaba el 7 de mayo. Ha sido la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a instancia de una moción presentada en el claustro de la institución por un grupo de estudiantes junto a Fridays For Future (FFF) Barcelona, el nodo en la ciudad condal de la organización estudiantil que promueve las llamadas “huelgas climáticas” cada viernes en institutos y universidades.

“Lo que hacíamos al principio era pedírselo al ayuntamiento y a los órganos de gobierno”, indica a El Salto Gemma Barricarte, integrante de FFF Barcelona y una de las personas que ha participado en el proceso de la universidad catalana, “pero la idea de hacerlo en en la UPC surgió a raíz de ver lo que se había hecho en la Universidad de Bristol”.

“No es vinculante, es una declaración simbólica y a efectos legales no supondría crear un gabinete de crisis ni nada por el estilo”, añade Barricarte, “pero lo vemos como una oportunidad que, a nivel mediático, está redirigiendo el debate”

La declaración de la UPC tiene, como señalan desde la misma, un doble objetivo: “Por un lado, presionar a los gobiernos para que tomen conciencia de la situación de crisis ambiental actual y dar ejemplo a otros gobiernos, universidades, instituciones y otros organismos para que hagan lo mismo”. Y como segundo fin, que “desde la UPC se dediquen más esfuerzos para garantizar una sociedad sostenible y que se prioricen todas aquellas medidas para colocar la UPC al frente de esta lucha contra el cambio climático, intensificando el uso de energías renovables, la mejora del uso de recursos y la intensificación de las campañas de reciclaje y reutilización”.

Extender la emergencia

A raíz de la decisión de la UPC, “gente de otras universidades ha visto la veda abierta para reclamarle a sus respectivas universidades que proclamen lo mismo”, cuenta la activista. Entre otras iniciativas ya circula por internet una carta abierta a la Universitat Autònoma de Barcelona para que se sume al carro.

Para FFF Barcelona, la declaración “reconoce el trabajo del Panel Internacional sobre el Cambio Climático (IPCC), máxima autoridad científica en la investigación de este asunto, que recientemente publicó un informe indicando que hay que reducir un 45% las emisiones de CO₂ para el año 2030, y llegar a un escenario de cero emisiones en 2050 para evitar que la temperatura media global suba 1.5 ºc por encima de niveles preindustriales”.

La iniciativa podría además tomar un nuevo impulso en Cataluña si la Generalitat decide sumarse a los gobiernos escocés, galés y británico. La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, señalaba el 7 de mayo que el Govern “ha encargado a los diferentes departamentos de la Generalitat un acuerdo para la emergencia climática”, basándose en los informes tanto del IPCC como del IPBES. “Desde el Govern queremos unirnos a todas que las instituciones que han declarado formalmente una emergencia climática y ambiental”, afirmaba Budó.

Alcance limitado

Como señala el colectivo estudiantil, la promulgación de la UPC “busca dar ejemplo” aunque, por el momento, ninguna otra institución del Estado español ha recogido el guante.

El coordinador de Clima y Energía de la confederación Ecologistas en Acción (EaA), Javier Andaluz, remarca que desde las organizaciones en defensa del medioambiente este fenómeno “no es algo nuevo” y llevan años pidiendo que gobiernos e instituciones realicen este tipo de declaraciones. “Hemos denunciado en numerosas ocasiones el estado de emergencia climática en que nos encontramos, especialmente tras el informe del IPCC del grado y medio”. Sin embargo, atribuye a “la potencia comunicativa” de nuevos actores que han ido apareciendo, en referencia a movimientos como FFF o Extinction Rebellion.

A pesar del apoyo de los ecologistas a este tipo de declaraciones, Andaluz limita su alcance real. “Básicamente supone asumir lo que dice el informe del IPCC, que debemos limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 grados, es decir, una reducción drástica de las emisiones en los próximos diez años de entre un 7% y un 10% anual hasta 2030 y alcanzar la neutralidad de carbono lo antes posible para evitar las peores consecuencias del cambio climático y la pérdida de biodiversidad”.

“No es vinculante, es una declaración simbólica y a efectos legales no supondría crear un gabinete de crisis ni nada por el estilo”, añade Barricarte, “pero lo vemos como una oportunidad que, a nivel mediático, está redirigiendo el debate”. Para la activista, “el hecho de que las autoridades reconozcan públicamente una situación de emergencia, aunque no sea vinculante, es un pistoletazo de salida para lo puede venir después, que sí sería vinculante”.

Bajan pero no lo suficiente

Esta semana Oficina Europea de Estadística (Eurostat) publicaba la última estimación de las emisiones de dióxido de carbono (CO₂)— el elemento que supone en torno al 80% del total de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión— tanto del conjunto de la UE como de sus países miembros. Mientras la UE ha reducido sus emisiones de forma global en un 2,5% en 2018 respecto al año anterior, España lo hacía levemente por encima de la media: un 3,2%, lejos aún de la disminución del 9% que ha conseguido Portugal pero, por suerte, aún más lejos del incremento del 8,5% que registraba Letonia, el país que más había aumentado sus emisiones de CO₂ de la UE.

“Un 3,2% es la menos de la mitad. España tiene que duplicar y triplicar los objetivos que tiene [la Ministra de Transición Ecológica] Teresa Ribera, que tiene un objetivo de reducir un 20% respecto a las emisiones de 1990 para el 2030”. Incluso la consultora PriceWaterhouseCoopers planteaba en octubre, una semana antes de que se publicase el informe del IPCC, que la tasa de descarbonización en España debería ser de, al menos un 6,5% anual.

Habrá que esperar a los datos definitivos de Eurostat para conocer la cifra definitiva de emisiones españolas en 2018. Mientras tanto, la voz de 210 alcaldes —los de Barcelona, Madrid, Málaga, Murcia, Palencia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Vitoria-Gasteiz incluidos— de 28 países europeos se unía a la comunidad científica y a los movimientos ecologistas y estudiantiles este 7 de mayo: en un carta enviada a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, así como al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclamaban la introducción sin demora de medidas efectivas y urgentes para frenar el calentamiento del planeta.