Análisis
La sanidad pública valenciana y gobierno de la derecha, ¿vuelven las privatizaciones?

Tras los resultados electorales en el País Valencià, la derecha y la extrema derecha pasan a dirigir desde julio de 2023 el gobierno de la Generalitat Valenciana con la sanidad pública valenciana en manos del PP. Un Partido Popular asociado al modelo Alzira que inauguró en 1999 y un conseller, Marciano Gómez, cuyo nombre está asociado a la privatización de la sanidad por su participación destacada en diversos cargos sanitarios en sucesivos gobiernos del PP entre 1995 y 2004. Entre sus primeras medidas, está la realización de una auditoría interna cuya consecuencia inmediata es la  paralización del proceso de la recuperación del Departamento de Salud de Denia y Manises. La auditoria levanta fundadas sospechas de ser una cortina de humo para continuar con la privatización.

En este artículo abordamos las características del modelo privatizador valenciano que cumple 25 años desde la defensa de que el derecho a la salud y sanidad no puede dejarse en manos de corporaciones y empresas privadas que buscan maximizar ganancias como prioridad. Destacamos en la concesión de Denia omisiones de la anterior Conselleria que no impugnó  el cambio accionarial a pesar del informe de la abogacía de la Generalitat y subrayamos la importancia de defender, desde asociaciones de usuarios, plataformas, trabajadoras y sindicatos la sanidad pública valenciana como bien común. Se trata de dejarla fuera de las reglas del mercado y el capital.

El País Valencià elige entre gestión pública o privatizaciones

Tomás Muñoz

Privatizaciones

Elecciones 28M El País Valencià elige entre gestión pública o privatizaciones

Tomás Muñoz

Las elecciones sirven para decidir si continúa el modelo de reversión de servicios públicos o si vuelve a convertirse en la punta de lanza de las privatizaciones.

Características del modelo privatizador de Alzira y consecuencias

El llamado modelo Alzira inaugurado por Zaplana en febrero de 1999 fue rescatado con dinero público en 2002 para volver a caer en manos de la misma concesionaria (UTE Ribera Salud II), eso sí, modificando condiciones para asegurar la rentabilidad del que fuera proyecto estrella del Partido Popular. Tras superar la falta de rentabilidad inicial, el modelo Alzira se extendió y consolidó hasta llegar a cubrir la asistencia sanitaria del 20% de la población valenciana. En este, y a diferencia de la Comunidad de Madrid, las concesionaria gestionan la asistencia sanitaria especializada, primaria y la salud mental (aparte de encargarse de la construcción de hospital y otras inversiones como infraestructura y hostelería).

Los pliegos de contratos fueron diseñados como trajes a medida de las empresas concesionarias que impiden un control adecuado por la Conselleria

Los pliegos de contratos fueron diseñados como trajes a medida de las empresas concesionarias que impiden un control adecuado por la Conselleria. No se establecieron indicadores de calidad, criterios de incumplimiento y tampoco se fijaron sanciones. Las carencias y debilidades de estos contratos  se reflejan en unas liquidaciones que tardan hasta una década en efectuarse tras judicializarse. El modelo de concesiones fue revisado por el tribunal de cuentas europeo y en su informe con el sugestivo título de 2018 Colaboración público-privadas en la UE: deficiencias generalizadas y beneficios limitados revela incumplimientos en condiciones de contratos, retrasos, sobreprecios y fallos en controles.

Entre los incumplimientos  de contrato del modelo Alzira destacamos, entre otros, que no han integrado sus servicios informáticos a los de Conselleria, cosa que impide la historia clínica única entre centros sanitarios, dificulta la labor clínica cuando hay traslados entre hospitales, e imposibilita el control por parte de la Conselleria de información sanitaria relevante (citaciones de cada día, presencia de facultativas,etc) y la logística. Así los datos que da la concesionaria a la administración sanitaria son declarativos, lo que impide el control adecuado de información  tan sensible como las  listas de espera diagnósticas y quirúrgicas que podrían manipularse y no ser las reales.

Son características específicas del modelo Alzira el tener una plantilla sanitaria reducida, con menos  profesionales especialmente enfermeras, técnicas auxiliares de enfermería, celadores y administrativas; menos camas hospitalarias, estancias reducidas, fuertes incentivos a médicas para desestimar ingresos, remitir a especialista o evitar trasladar a pacientes a hospitales de referencia o atraer pacientes de otras áreas.

Pese al mantra de que lo privado funciona mejor, no hay evidencia científica de la superioridad del modelo concesional en sanidad, pero demasiadas pistas ponen en duda sus virtudes

Pese al mantra de que lo privado funciona mejor, no hay evidencia científica de la superioridad del modelo concesional en sanidad, pero demasiadas pistas ponen en duda sus virtudes. Principalmente por el raquitismo de sus plantillas, especialmente en áreas de cuidados maltratados institucionalmente por las élites políticas como el de enfermería. Obviar la importancia que tiene para la seguridad del paciente, especialmente ingresado, una dotación adecuada de enfermería, no es un lujo y puede tener consecuencias adversas para el cuidado adecuado como lo señalan diversos estudios.

Sanidad: un derecho en manos privadas

Ter García Lis Gaibar

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Sanidad

Sanidad: un derecho en manos privadas

Ter García ,  Lis Gaibar

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La aprobación de la Ley 15/97 trajo consigo la entrada de fondos de inversión al sistema sanitario, la devaluación de las condiciones laborales, el recorte en el número de camas y la deshumanización de la atención sanitaria. La pandemia, que ha puesto en evidencia todas las consecuencias de esta privatización, ha despertado la reivindicación de la sanidad pública.

Recientemente una prestigiosa revista médica reveló una mayor mortalidad evitable en pacientes tratados en centros sanitarios privados. Plantillas mínimas son más baratas, pero menos seguras y equitativas, cuestión que las auditorías de la sindicatura no analizan.

El caso de concesión de Denia. La prueba del algodón

La auditoría ciudadana mandatada por les Corts Valencianes en Denia reveló las carencias, incumplimientos y problemas sanitarios que tanto la plataforma como los sindicatos y ayuntamientos habían manifestado anteriormente. El 31 de enero de 2023, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública (CSUSP) comunica a la sociedad Marina Salud S.A.U la no prórroga y consiguiente extinción del contrato prevista para el 31 de enero de 2024.

Hay que destacar que la Conselleria de sanidad en manos del PSOE consintió por omisión las  maniobras desarrolladas por Ribera Salud de compra del paquete accionarial de DKV, pese a que desde la Abogacía de la Generalitat habían indicado (2021) que no podía validarse el cambio accionarial por no haber obtenido la aprobación de la venta de acciones, y, una segunda razón, vulnera el artículo 7.3 de Configuración del Sistema Valenciano de Salud de la Ley de salud de la Comunidad Valenciana. Este artículo impide que una concesionaria tenga más del 40 % de un departamento de salud.

La modificación accionarial fue realizada tras la ley referida, no fue impugnada y sigue actualmente en vigor. Esto lo han señalado, comunicado y presionado a la anterior Conselleria del PSOE todos los sindicatos del comité de empresa del hospital de Denia, para que cumpliera con su obligación. Han tenido que recurrir al Síndic de Greuges por la falta de respuesta de la Conselleria, que no respetó los principios de gobierno transparente y abierto a los ciudadanos, y vulnera los derechos sindicales.

La concesionaria Ribera, que gestiona el departamento de Salud de Denia, ha judicializado el proceso de recuperación y bloquea la información requerida por la Conselleria

Mientras, la concesionaria Ribera, que gestiona el departamento de Salud de Denia, ha judicializado el proceso de recuperación y bloquea la información requerida por la Conselleria. Esta estrategia ya se utilizó para paralizar los procesos de reversión del departamento de la Ribera y de Torrevieja, y, que la justicia ya entonces desechó sus alegaciones y dio la razón a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Ciudadanía de Torrevieja exige acabar con el modelo Alzira

Lis Gaibar

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Lis Gaibar

Vecindario de la Vega Baja impulsa la Plataforma por la Sanidad 100x100 Pública para garantizar que no se renueve la concesión del hospital del municipio alicantino

La política condescendiente del anterior gobierno progresista formado por Compromís, PSPV-PSOE y Unidas Podemos, con el incumplimiento del contrato que obligaba a Marina Salud a cumplir con compromiso de construir el Centro de Salud 2 de Denia, sería motivo suficiente, pero no único, para no prorrogar el contrato. Mientras tanto, algo es innegable: la inseguridad laboral que tiene la plantilla de la concesión sobre su futuro, y lo que es más grave, la merma de calidad asistencial a consecuencia de la huida de personal sanitario ante el panorama de inseguridad que afrontan y para lo que reclaman que la solución no siga posponiéndose.

Nuevo gobierno de la Generalitat, ¿nuevas tácticas de privatización?

Entre las primeras medidas del nuevo conseller Marciano Gómez está la realización de una auditoría interna al conjunto de la sanidad valenciana, es decir, a los 24 departamentos de salud. Una auditoría que pretende, en palabras del conseller, el único objetivo de “la búsqueda de la eficiencia, huyendo de dogmatismos y sesgos ideológicos”. Pero la retórica institucional es una cosa y la realidad va por otro camino, ya que la auditoría en curso está teniendo como consecuencia la paralización de facto de la recuperación del Departamento de Salud de Denia y también del de Manises iniciados por el anterior gobierno.

La auditoría en curso está teniendo como consecuencia la paralización de facto de la recuperación del Departamento de Salud de Denia y también del de Manises iniciados por el anterior gobierno

Esta auditoría, iniciada en plenas vacaciones, está caracterizada por una llamativa opacidad, una falta extrema de participación y levanta justificadas sospechas de ser una cortina de humo para volver a dar a las empresas amigas del PP una parte significativa de la tarta sanitaria, pagada por el conjunto de la clase trabajadora valenciana.

Resulta difícil confiar en que el gobierno del PP y Vox defienda la sanidad pública valenciana, ni su pretendida mirada sea sin sesgo ideológico. Y el tema es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de políticos y consultorías, es necesario llamar a la discusión pública y movilización: la lucha por la defensa de la sanidad pública de calidad busca garantizar derechos y no el lucro para unos pocos.

En esa dirección van las acciones que se han realizado en la comarca de Marina Alta por parte de la ciudadanía, ayuntamientos y todos los sindicatos del comité de empresa de Marina Salud y las trabajadoras de la Concesión, y en la misma dirección están las movilizaciones que  ha convocado la Plataforma en Defensa de una Sanidad Pública de Calidad del Departamento de Salud de Manises cuyos vecinos llevan haciendo un trabajo abnegado desde hace tiempo.

No hay razones para darle al nuevo conseller del PP los 100 días de gracia, ya mostraron la patita. Lo pide la plantilla y el comité de empresa de Denia, lo piden los alcaldes de la comarca con apoyo de ciudadanía. Lo pide la plataforma en defensa de la sanidad pública de Manises. Se esperan nuevos apoyos a las movilizaciones y toma de posiciones en las próximas semanas tras la reunión de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. El momento actual requiere no ser espectadores, sino actores y protagonistas en un tema tan importante como el derecho a la salud. 

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El periodista alicantino Sergi Castillo revela en su investigación La batalla per la sanitat valenciana los entramados de una corrupción sistémica que, durante veinte años, hizo de un derecho un negocio.