Análisis
Denuncia de fraude electoral en Venezuela: una vieja estrategia con nuevos elementos

La operación realizada para desconocer la reelección del presidente Nicolás Maduro reúne estrategias y tácticas ya utilizadas por la oposición venezolana en episodios anteriores de la confrontación política, aunque con los ajustes propios de los tiempos actuales.

El acto en sí mismo rememora el año 2019, cuando —en un hecho por completo insólito—un desconocido diputado, Juan Guaidó, se autojuramentó en calidad supuesto presidente interino, y como tal fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte del vecindario latinoamericano. 

En el caso actual, el candidato Edmundo González Urrutia —un exdiplomático también muy poco conocido— no se juramentó a sí mismo, pero lo hizo la dirigente María Corina Machado, asumiendo el rol de autoridad electoral. Otro acontecimiento definitivamente insólito.

Machado no participó oficialmente en las elecciones por estar inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos, pero en la práctica fue la candidata presidencial opositora, siendo González Urrutia una especie de mascarón de proa.

Negarse a reconocer la facultad constitucional exclusiva del CNE ha sido la marca de fábrica de Machado, a través de la ONG Súmate (de su propiedad), que ha pretendido erigirse en autoridad electoral paralela

El organismo con autoridad y competencia en la materia, el Consejo Nacional Electoral (CNE), dictaminó, en un primer boletín, al filo de la medianoche de la jornada electoral, que Maduro ganó las elecciones con 5.150.092 votos, mientras González Urrutia obtuvo 4.445.978 votos. La oposición de derecha y ultraderecha, coaligada en la Plataforma de la Unidad y liderada por Machado, sostiene que su abanderado triunfó con 7.119.718 votos, contra 3.225.819 de Maduro.

La pretensión de desconocer la autoridad del CNE  es una de las más viejas de la oposición venezolana. Lo hizo en abril de 2002, en el decreto mediante el cual se pretendió instaurar un gobierno provisional.  Lo hizo repetidamente cuando se negó a participar en elecciones (parlamentarias de 2005 y 2020; presidenciales de 2018 y varias municipales y regionales). Pero, sobre todo, ese propósito de negarse a reconocer la facultad constitucional exclusiva del CNE ha sido la marca de fábrica de Machado, a través de la ONG Súmate (de su propiedad), que ha pretendido erigirse en autoridad electoral paralela.

La respuesta judicial

Las vías para la impugnación de las elecciones están establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, y consiste en hacer reclamos concretos ante el CNE y, como ente de alzada, el Tribunal Supremo de Justicia. La oposición no ha emprendido ninguna de estas rutas.

En una movida sorpresiva, fue Maduro quien acudió ante el TSJ y solicitó un amparo para que se cotejen los resultados del CNE con las actas emitidas por las máquinas de votación. De esta forma le volteó la tortilla a la oposición, que se dedicó a publicar parte de sus copias de actas en una página web.

La publicación de los resultados, mesa por mesa de votación (cerca de 29.000 en todo el país) es un deber del CNE que normalmente lo hace en cuestión de dos o tres días. Esta vez no ha podido cumplirlo debido a que la página web del organismo ha sufrido ataques recurrentes que la mantienen fuera de combate, según los rectores del ente comicial.

La denuncia de fraude electoral que se formuló el lunes 29 de julio es un rasgo recurrente de parte del sector opositor

La denuncia de fraude electoral que se formuló el lunes 29 de julio es un rasgo recurrente de parte del sector opositor. En 2004, la coalición entonces llamada Coordinadora Democrática dijo haber sido víctima de un fraude en el referendo revocatorio intentado contra el presidente Chávez. La dirigencia prometió presentar pruebas en las siguientes 24 horas, pero ya están por cumplirse 20 años de este evento electoral y nunca se consignaron los indicios de las proclamadas irregularidades.

En 2013, en las elecciones sobrevenidas tras la muerte de Chávez (quien había sido reelecto en 2012, para el período 2013-2019), el candidato opositor Henrique Capriles Radonski denunció fraude y llamó a sus seguidores a “descargar su arrechera” (ira), pero su comando de campaña no logró demostrar ninguna irregularidad.

En la elección presidencial de 2018, en la que Maduro fue reelecto, el principal candidato opositor, Henri Falcón, hizo una tímida denuncia de fraude, pero no llegó a profundizar en ella. En ese proceso no participó el sector opositor mayoritario, que alegó falta de legitimidad, aun cuando la decisión de abstenerse fue propia.

El papel de los medios

Otra similitud de lo que está ocurriendo con respecto al pasado es el fuerte componente comunicacional de la operación. En 2002, en el golpe de Estado que derrocó brevemente a Hugo Chávez, fue crucial el peso de los grandes medios de comunicación existentes para el momento: prensa, radio y televisión.  Esos medios ya no tienen tan descomunal poder, pero la oposición los ha reemplazado por un amplio dominio de las redes sociales y otras plataformas digitales. 

Muy reveladora, en este sentido, ha sido la solidaridad el magnate Elon Musk, dueño de la red social X, con la candidatura de González Urrutia. También la bullente participación de medios internacionales con sede en EE UU, Europa y América Latina, con un nada oculto sesgo en contra de Maduro.

Los viejos y los nuevos medios han sembrado, de manera contumaz, matrices de opinión contra todas las instituciones nacionales y sentimientos de odio y violencia hacia el chavismo y las organizaciones populares que este encarna.

En los disturbios ocurridos tras las elecciones han participado diferentes estratos sociales, y no exclusivamente en las clases medias, como había ocurrido en años anteriores lo que algunos analistas interpretan como una señal de alarma para el chavismo

El resultado ha sido muy parecido a lo largo de dos décadas. En 2002, durante las 47 horas de gobierno dictatorial, se desató la persecución de dirigentes y militantes revolucionarios (incluyendo ministros, gobernadores y diputados) y fue asediada la embajada de Cuba en Caracas. En los años 2014 y 2017, olas de protestas violentas sacudieron al país, con expresiones de odio, linchamientos y otras barbaridades. La represión de dichas acciones ha sido presentada ante el mundo como la única cara de la moneda y conforma la base de las acusaciones contra Maduro y sus colaboradores  por delitos de lesa humanidad. 

En los disturbios ocurridos luego de las elecciones, las expresiones de odio e intolerancia han vuelto a aparecer. Una diferencia significativa en esta oportunidad es que los brotes de protestas se han presentado en diferentes estratos sociales, y no exclusivamente en las clases medias, como había ocurrido en años anteriores. Analistas de diversa tendencia han observado que esta es una señal de alarma para el chavismo.

Ofensivas en varios frentes

La operación ha tenido también un componente tecnológico, expresado en el ya mencionado sabotaje a la red de transmisión de datos del CNE, en la jornada electoral; y de la página web del organismo, un poco después.

Venezuela fue víctima de ataques parecidos en 2019, cuando el gobierno denunció que uno de los grandes apagones de ese año fue inducido por un pulso electromagnético contra la central hidroeléctrica Simón Bolívar, en el sureste del territorio nacional.

Estados Unidos intentó descalificar la hipótesis, aunque, de manera casi simultánea, el presidente Donald Trump promulgaba una ley para prevenir ese tipo de ataques.

Un elemento permanente en la trama contra la Revolución Bolivariana, que ahora adquiere más intensidad, ha sido la presión de EE UU, sus aliados y satélites en el contexto global.

En 2002, Washington fue el primero en reconocer al gobierno de facto del dirigente de la patronal, Pedro Carmona Estanga, seguido por la España de José María Aznar.

A partir de 2013, tras la muerte de Chávez, se conformó una alianza de gobiernos en permanente pugnacidad hacia Caracas, que adoptó forma diplomática concreta a través del Grupo de Lima. En la actitud hostil destacó siempre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a pesar de que Venezuela anunció su retiro de ese organismo en 2017.

La actitud hostil contra Maduro está encabezada por ultraderechista Javier Milei, como antípoda del socialismo venezolano, pero se han sumando gobernantes nominalmente de izquierda, como Gabriel Boric

En los días que corren  ha tomado forma una nueva coalición que encabeza esta vez el ultraderechista Javier Milei, como antípoda del socialismo venezolano, y a la que se han ido sumando incluso gobernantes nominalmente de izquierda, como Gabriel Boric.

El empeño en intervenir en asuntos internos de Venezuela, que caracteriza no sólo a factores injerencistas como Estados Unidos y la Unión Europea, sino también a muchos otros, es muestra clave de lo que está en juego en el país suramericano. Para el poder imperial es fundamental meter a esta nación de nuevo en su redil, por los cuantiosos recursos naturales que posee y por la influencia política que ha ejercido en la región latinoamericana a los largo de este siglo. 

A grandes rasgos, no es nueva ninguna de las estrategias y tácticas usadas en estos días contra Maduro. Todas las ha enfrentado el movimiento bolivariano durante 25 años en el poder. ¿Podrá sobreponerse de nuevo a estas expresiones de la guerra multidimensional? Es lo que está por verse en las próximas semanas.