Actualidad árabe (y más)
Fortunas millonarias que ahogan poblaciones, que reparan invasiones o que alguien esconde en Suiza

Actores sobre el terreno calculan que 23 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en Afganistán mientras Estados Unidos confirma que no devolverá a las autoridades afganas los 7.000 millones de dólares que les pertenecen y que tienen depositados en el país norteamericano. El Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, aprueba por unanimidad el fin del pago multimillonario que Iraq ha estado aportando durante décadas a Kuwait como modo de reparación por la invasión que Bagdad lanzó contra el pequeño país árabe en 1990. En Suiza, una de las mayores filtraciones que jamás haya sufrido una entidad bancaria de aquel país revela los datos de miles de cuentas con fortunas de origen incierto, entre las cuales se encuentran múltiples figuras destacadas del panorama político árabe.

En territorio palestino, mientras tanto, 500 presos palestinos encarcelados bajo detención administrativa se unen en una revuelta colectiva para protestar contra este tipo de arresto contrario al derecho internacional que permite a las autoridades israelíes mantener personas detenidas sin juicios, cargos ni explicaciones.

Los talibanes alcanzan los seis meses en el poder

Los talibanes llegan al medio año en el poder en Afganistán mientras el futuro del país es tan incierto como lo era en agosto de 2021, cuando la comunidad internacional dejó atrás un territorio sumergido en el caos de donde también huyeron las autoridades que hasta ese momento gobernaban el país. La llegada de los talibanes a Kabul culminaba una campaña del grupo para controlar la totalidad del territorio y provocó el desplazamiento de 600.000 personas afganas, el 60% de los cuales eran menores.

Las nuevas autoridades de Afganistán se esfuerzan en mostrar una versión más moderada que la que mantuvieron en su anterior etapa de gobierno, que finalizó en 2001 tras cinco años de exclusión de la mujer de la vida pública y de prohibición de múltiples libertades. Ahora, las niñas están pudiendo asistir al colegio y los talibanes han prometido que a partir de marzo también podrán hacerlo las adolescentes. Fuera de las aulas, la situación es distinta. A pesar de que muchas han regresado a su puesto de trabajo, los talibanes no han manifestado que estén de acuerdo con la reinserción de la mujer en el mercado laboral y ellas son las más perjudicadas por la enorme crisis que atraviesa el país, que ha destrozado buena parte del tejido laboral.

La ONU calcula que 23 millones de personas en Afganistán necesitan ayuda humanitaria, un 30% más que el año anterior. Grupos sobre el terreno denuncian que el 95%de la población no cuenta con bastantes alimentos y que nueve millones de afganos pasan hambre. El ahogo económico que sufre el país tiene parte de su origen en el bloqueo perpetrado por la comunidad internacional, que mantiene congelado el capital que las autoridades afganas tienen depositado en el exterior. Mientras los afganos hacen colas de horas o incluso días para acceder a los 200 dólares semanales que los bancos les permiten extraer, los EEUU retienen 7.000 millones de dólares que no piensan devolver a las instituciones afganas. Se trata de una medida de presión contra los talibanes que múltiples analistas critican, afirmando que solo incrementa el sufrimiento de la población mientras los talibanes siguen en el poder.

En una polémica decisión, Joe Biden anunció la semana pasada que la mitad del dinero afgano retenido, 3500 millones de dólares, irá destinado a proyectos humanitarios en el Afganistán sin pasar por las manos de los talibanes, y que la otra mitad irá destinada a las familias de las víctimas de los atentados del 11S

En una polémica decisión, Joe Biden anunció la semana pasada que la mitad del dinero retenido, 3500 millones de dólares, irá destinado a proyectos humanitarios en el Afganistán sin pasar por las manos de los talibanes, y que la otra mitad, otros 3.500 millones más, irá destinada a las familias de las víctimas de los atentados del 11S. “El 11S no tiene nada que ver con nosotros”, decían 3000 afganos en una manifestación en Washington: “Biden: nos matas, nos bombardeas y ahora nos robas”. En Kabul, lejos de donde se toman las decisiones políticas de los EEUU, el alto cargo de la ONU en el país, Ramiz Alakbarov, afirma que la desesperación entre la ciudadanía es máxima: “La gente está vendiendo sus órganos y sus hijos”.

La única nota que algunos se atreven a destacar como positiva desde que los talibanes dominan el país es el supuesto aumento de la seguridad en Afganistán, por lo menos en cuanto a la cifra de atentados que tienen lugar en el territorio. Grupos humanitarios mantienen que durante los últimos meses han tenido la oportunidad de acceder a territorios que antes quedaban aisladas debido a los combates y los atentados. La aspiración de vivir en un lugar más seguro y el cansancio de las contínuas guerras es precisamente un motivo que lleva muchos afganos a ver con buenos ojos el dominio de los talibanes y la estabilidad que podría brindar a Afganistán, aunque tal cosa comporte la pérdida de libertades fundamentales.

Iraq finaliza el proceso de reparación por la invasión de Kuwait

El Consejo de Seguridad de la ONU votó por unanimidad, a inicios de semana, que se pusiera fin al proceso de compensación por el cual Iraq ha pagado hasta 50.000 millones de dólares a Kuwait durante las últimas décadas, como castigo por la invasión de 1990.

La compensación ha beneficiado a un total de 1,5 millones de solicitantes que habían pedido apoyo, en una campaña organizada por la ONU. El capital invertido en este proceso ha estado apartado de los beneficios que Iraq genera a partir del negocio petrolero. Este sistema de reparación es visto por parte de la ONU como un éxito del mundo diplomático y como un ejemplo de la rendición de cuentas en un escenario multilateral.

Iraq lanzó la invasión contra Kuwait el agosto de 1990 cuando se encontraba económicamente debilitado después de finalizar la guerra de la década de los 80 contra Irán. Kuwait poseía el 20% de las reservas mundiales de petróleo y el entonces presidente iraquí, Sadam Hussein, tenía esa riqueza entre ceja y ceja cuando decidió anexionarse el pequeño país y convertirlo en la provincia iraquí número 19. Las tropas iraquíes se adueñaron del control de la capital en pocas horas, propiciando el exilio del líder kuwaitiano, el jeque Jaber al-Ahmad al-Sabah, a Arabia Saudí.

Una operación internacional para expulsar a Iraq de Kuwait, liderada por los Estados Unidos, contó con la participación de 35 estados. La operación militar se alargó 43 días y supuso el bombardeo de múltiples ubicaciones tanto en territorio de Kuwait como de Iraq. Aunque no hay consenso en las cifras, las hostilidades terminaron en febrero de 1991 tras la muerte de decenas de miles de personas, muchas de ellas civiles, muertes perpetradas desde ambos lados del conflicto. Barrios enteros en Kuwait quedaron en ruinas.

Al término de la invasión, el jeque al-Ahmad al-Sabah regresó a Kuwait durante la reconstrucción del país, mientras que Iraq iniciaba una lenta caída hacia tiempos peores que culminaría en 2003, con la invasión estadounidense y el inicio de un período de guerras y de inestabilidad que perdura hasta de hoy.

Una filtración en un banco suizo revela fortunas árabes de origen incierto 

La falta de mecanismos para evitar que las autoridades políticas se adueñen del capital de los estados que lideran continúa haciendo del mundo árabe un lugar con altos índices de corrupción. Una filtración de los registros del banco suizo Credit Suisse demuestra que la entidad ayudó a dictadores, políticos corruptos y otros funcionarios y delincuentes a ocultar sus fortunas supuestamente ilícitas. La filtración, parte de una de las mayores investigaciones nunca ocurridas en el mundo bancario suizo, apunta directamente contra varias figuras políticas de Oriente Medio.

Según los datos filtrados, el rey Abdallah de Jordania y su mujer Rania habrían estado depositando fortunas millonarias en múltiples cuentas en Credit Suisse al menos desde 2011. Una de ellas llegó a reunir 250 millones de dólares mientras que otra, a nombre de Rania, protegía otros 42 millones. Por su parte, Gamal y Alaa Mubarak, los hijos del ex dictador egipcio Hosni Mubarak, expulsado del poder durante la primavera árabe de 2011, atesoraban 302 millones de dólares en varias cuentas del banco suizo, y existen sospechas de que otra cuenta que amasaba otros 232 millones de dólares podría tener también vinculación con ellos. Otra persona cercana a Mubarak, en este caso quien fuera jefe de espionaje bajo su dirección, abrió una cuenta en 2003 con 52 millones de dólares que se mantuvo abierta hasta su muerte. Se trata de Omar Suleiman, quien supervisara torturas contra miembros de la oposición y fuera nombrado vicepresidente de Egipto justo antes de que Mubarak fuera apartado.

Abdul Halikm Khaddam, que bajo el liderazgo del presidente sirio Hafez el-Asad —padre de Bashar— ocupó distintos cargos, llegó a poseer 98 millones de dólares hasta 2006. Entre otras funciones, Halim Khaddam supervisó la ocupación que Siria mantuvo en Líbano hasta 2005.

Muchos países en Oriente Medio carecen de sistemas de transparencia sobre lo que las autoridades hacen con las arcas públicas, y la ciudadanía a menudo asume como algo inevitable que las élites políticas aprovechen el privilegio que les brindan los cargos públicos para su interés personal

El contenido filtrado revela la información de 18.000 cuentas que son propiedad de usuarios de alrededor del mundo, y destapa a los dueños de un total 8.000 millones de dólares de origen sospechoso. Muchos países en Oriente Medio carecen de sistemas de transparencia y de control sobre lo que las autoridades hacen con las arcas públicas, y la ciudadanía a menudo asume como algo inevitable que las élites políticas aprovechen el privilegio que les brindan los cargos públicos para su interés personal. “Parecen estados y suenan como si fueran estados”, dice el analista Nadim Houry en declaraciones a The New York Times: “pero a la hora de la verdad, cuando se trata de la riqueza del país, muchos líderes políticos actúan como monarcas absolutos disponiendo de propiedades personales”.

El colectivo de presos palestinos se une contra la detención administrativa

El colectivo de presos palestinos continua con una revuelta inédita en las cárceles israelíes. Los 500 presos que están en situación de encarcelamiento bajo detención administrativa iniciaron el 1 de enero un boicot contra los tribunales militares israelíes como protesta contra este tipo de arresto. La detención administrativa, una herramienta legal que Israel hereda de los tiempos de la colonización británica en Palestina, es un tipo de encarcelamiento que permite a las autoridades detener a una persona de forma indefinida sin cargos y sin juicio.

Los 500 presos han declarado un boicot colectivo a los tribunales israelíes que conlleva el rechazo a participar en las sesiones judiciales que les afectan. La protesta exige el fin de este tipo de detención que grupos defensores de los derechos humanos consideran ilegal, y que Israel aplica como forma de represión política. “Esta práctica conlleva la detención arbitraria, que está estrictamente prohibida bajo el derecho internacional”, declara la Comisión de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.

Se calcula que Israel ha aplicado hasta 52.000 detenciones administrativas desde 1967, y algunos presos palestinos han pasado más de 10 años encarcelados bajo esta detención, que permite renovar el arresto cada seis meses sin dar explicaciones a los detenidos ni a sus abogados, lo que hace aún más difícil la defensa legal. Durante los últimos dos años, el judicial israelí habría aumentado el uso de este tipo de detención en un 40% con respecto a los años anteriores.

Addameer, grupo palestino que defiende los derechos de los palestinos presos, hace un llamamiento a los grupos humanitarios locales e internacionales, así como a los estados, para que presionen al estado de Israel. En concreto, la organización palestina —una de las seis recientemente ilegalizadas por el estado israelí, que las ha catalogado como terroristas- pide a la comunidad internacional “que exija al régimen de ocupación y de apartheid israelí poner fin a la práctica de la detención administrativa”, así como la liberación inmediata de todas las personas que se encuentran encarceladas bajo este tipo de arresto.