Violencia sexual
Así operan los mitos sobre la violencia sexual en los cuerpos policiales que atienden a las víctimas

“Él no me creía. Solo cuando le dije que tenía una grabación cambió y me dijo ‘si el lo admite, será porque es verdad’. Pero hasta ese momento me sentí muy cuestionada y eso duele”. Es el testimonio de una superviviente de violencia sexual que denunció los hechos en una comisaría de Barcelona. Su experiencia muestra cómo los mitos y estereotipos sobre las violencias sexuales —que se han vuelto a desplegar con toda la furia que permiten las redes tras la sentencia por la agresión sexual a una menor en Aranda de Duero— operan también entre los cuerpos policiales que deben atender a estas víctimas.

“Hay una idea concreta de cómo se producen las violencias sexuales, y lo que no encaja en esta idea produce mayor violencia institucional porque redunda en el cuestionamiento de la víctima superviviente”, explica Sara Tobío, técnica de género de Centro Iridia y autora del informe La violencia después de la violencia, que ha presentado este viernes la asociación. Esta es la principal conclusión del informe: que la atención de los cuerpos policiales a las víctimas de violencia sexual produce más violencia y además es revictimizadora. 

El estudio se limita a la ciudad de Barcelona y se basa en entrevistas a supervivientes de violencia sexual, abogadas especializadas, mossos d'Esquadra y una asesora del Ayuntamiento de Barcelona. Pese que, reconoce el colectivo, la muestra es pequeña, el enfoque cualitativo con entrevistas semiestructuradas permite identificar algunas claves. Tobío cree que aunque la muestra sea local, el informe pone el foco en un problema estructural.

El mito del violador desconocido

Las estadísticas desmienten el mito del violador desconocido que aguarda a su víctima en un rincón oscuro. Según la Primera Encuesta de Percepción Social de la Violencia Sexual, de 2018, solo el 18,6% de las violaciones que se producen fuera del ámbito de la pareja son cometidas por desconocidos. En cuanto a los espacios en los que tienen lugar, la mayoría de las agresiones suceden en casa de la víctima o del autor, según la encuesta de la European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) de 2014, lo que confirma que los agresores son personas conocidas.

Sin embargo, un mosso se expresa así en una de las entrevistas del informe: “Evidentemente a una persona que no sale de casa no la va a agredir nadie en principio nunca. El riesgo está dónde está la persona, en función de la edad. Según qué horas y según qué sitios es más probable que te pueda pasar”.

La vinculación del riesgo con espacios determinados, dice el informe, puede llevar a una culpabilización de la víctima, más o menos consciente, ya que se atribuye como causa de esa violencia la presencia en determinados espacios.

En una entrevista del informe, un mosso expresa que “a una persona que no sale de casa no la va a agredir nadie en principio nunca”, pese a que las estadísticas indican que muchas violaciones tienen lugar en el domicilio de la víctima 

Pero este mito no es el único prejuicio que el informe detecta en los cuerpos policiales. “Todo lo que no es una víctima totalmente desprotegida no les encaja”, dice una abogada especialista en violencias machistas en otra entrevista para explicar los comentarios de un mosso ante una víctima que decide ir a denunciar con una abogada (“qué preparado lo traes”). Porque, junto el estereotipo del violador del callejón, está el de que una víctima no solo debe serlo, sino parecerlo. El exigir a las víctimas encajar en una idea preconcebida o mostrar una resistencia heroica son otros estereotipos que impregna la decisiones policiales y judiciales, como ya denunciaron algunas expertas tras la primera sentencia de La Manada.

Como consecuencia, “en muchas ocasiones las mujeres atendidas se sienten cuestionadas por los y las policías que las atienden en espacios que deberían ser seguros y de protección para ellas”, explica el informe.

revictimización estructural

Además de la violencia institucional, una violencia que se produce por los prejuicios y las actuaciones individuales dentro de los cuerpos policiales, el informe alerta de otra consecuencia que es estructural y se da por las propias características del proceso: la revictimización de las denunciantes.

Entre las fallas estructurales, el informe refiere la inexistencia de mecanismos efectivos de comprobación para el cumplimiento de los protocolos establecidos, unos protocolos que brillan por su ausencia en el contexto estatal pero que sí existen en los cuerpos policiales catalanes. “Existe un protocolo de para los Mossos y otro en la Guardia Urbana; aunque son de acceso restringido, lo que hemos podido ver en la investigación es que la visión de los protocolos varía según el mosso, y sobre todo, que hay una diferencia brutal entre el relato de cómo es este protocolo y cómo se aplica”, explica Tobío. Por ello, “existe una violencia institucional continuada, independiente de que el protocolo esté bien o mal planteado, porque no se da una uniformidad en su aplicación”.

El informe argumenta este extremo en las entrevistas en las que los mossos dan descripciones diferentes del procedimiento de atención, de modo que se priorizan unas actuaciones u otras dependiendo del agente. 

Los agentes priorizan la recogida de información, dejando en un segundo plano el derecho a la información o la asistencia las víctimas

Los propios agentes comprenden que el proceso no siempre pone en el centro a la víctima. El informe detecta cómo los cuerpos policiales son conscientes de este aspecto, pero lo vinculan únicamente al número de veces en los que la mujer relata los hechos. 

Sin embargo, dice el informe, la revictimización además de esta cuestión incluye muchas más conductas. Entre ellas, la posición secundaria en la que se coloca a la víctima a lo largo del procedimiento cuando para los agentes prima la denuncia y la obtención del relato de los hechos frente a la información de los derechos de la víctima y de los servicios asistenciales. 

“La experiencia que nos suelen contar cuando ya llegan con la denuncia es bastante mala, es un territorio hostil en el que no sabes cómo va todo, te hacen muchas preguntas, es muy largo, te hacen esperar muchísimo… Al final es que es necesario una formación en como mínimo derechos humanos, de saber como tratar a una persona que pasa por estas situaciones”, explica en una de las entrevistas una abogada.

El informe incide en que el caso más grave de revictimización es el que sufren las mujeres migrantes en situación irregular, puesto que las leyes no garantizan su protección. Presentar una denuncia conlleva la apertura de una expediente expulsión, especialmente en los casos en los que no es su pareja o expareja el agresor. En la mayoría de situaciones estas mujeres no denuncian: “Si la víctima esta en una situación irregular, esto es determinante…Cuesta muchísimo que denuncie, pero claro, aquí el problema es la ley”, dice otra abogada especializada en violencias sexuales.

Por último, se han encontrado grandes diferencias en la formación sobre violencias sexuales dentro del cuerpo de Mossos d’Esquadra, explica Tobío. Mientras que las agentes del Grupo de Atención a la Víctima sí tienen mayores conocimientos, en el resto de unidades depende más de la voluntad de sus miembros en recibir una formación especializada que es voluntaria.

Peor en los juzgados

Pese a ello, Tobío cree que de este informe y del publicado por Iridia en 2018 se desprende una conclusión clara: la de que, dentro del conjunto del procedimiento judicial, la fase ante los cuerpos policiales no es la más revictimizadora para las supervivientes. “Donde más se produce esta revictimización es frente a los jueces y juezas”, explica a El Salto.

Sobre los motivos, Tobío considera que, aunque de manera poco incisiva, sí se ha hecho una revisión en los cuerpos policiales sobre la revictimización que puede suponer para las víctimas, cosa que no ha ocurrido en los juzgados. De hecho, junto al informe, Iridia ha presentado una Guia de Bones Pràctiques per cossos policials de la ciutat de Barcelona  que llegará a los cuerpos de fuerzas de seguridad de Catalunya.