Servicios públicos
Galicia, Aragón y Castilla y León usaron el aumento del presupuesto en dependencia para sanear sus cuentas

Castilla y León, Galicia y Aragón, todas gobernadas por el Partido Popular, “hicieron caja” con el aumento del presupuesto destinado a la dependencia en el marco del Plan de Choque (2020-2023), aprobado por el Gobierno tras la pandemia. Así lo refleja un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que señala que, en dicho periodo, la aportación del Gobierno del Estado a la dependencia creció en un 138%, frente a un aumento del 9% por parte de las comunidades autónomas.

En este contexto, tres comunidades autónomas disminuyeron su gasto en la atención a personas dependientes durante el citado plan: Castilla y León (-34,7), Galicia (-6,4) y Aragón (-3,2). La asociación califica como “especialmente sangrantes los recortes” en Galicia, que tiene el porcentaje más bajo de personas atendidas sobre la población potencialmente dependiente (16%), en comparación con el promedio nacional del 23%.

El estudio revela que en 2023 la inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 11.522 millones de euros, de los cuales 8.230 millones provinieron de las comunidades autónomas (71%) y 3.292 millones del Gobierno central (29%), mostrando una “acusada desigualdad territorial”. Las comunidades que más invierten por persona potencialmente dependiente al año son País Vasco (2.848 euros), Extremadura (2.599 euros) y Navarra (2.413 euros). Otras comunidades como Baleares destinan 2.031 euros, La Rioja 2.116 euros, Castilla y León 1.967 euros, Madrid 1.921 euros, Andalucía 1.888 euros, Castilla-La Mancha 1.876 euros y la Comunidad Valenciana 1.825 euros.

Por debajo de esta cifra se encuentran Cantabria, con 1.700 euros; Cataluña, con 1.649 euros; Asturias, con 1.604 euros; Aragón, con 1.536 euros; Murcia, con 1.504 euros; Canarias, con 1.248 euros; y, finalmente, Galicia, con 1.073 euros.

El informe subraya que la financiación autonómica frente a la estatal mostró una tendencia al alza entre 2015 y 2020, pero se rompió en 2021, “cuando el incremento de la financiación aportada por el Estado mediante el plan de choque fue utilizado por algunas comunidades para reducir su propia aportación”. De este modo, el peso de las comunidades en la financiación bajó un 13% entre 2021 y 2023, mientras que la Administración General “reforzó la financiación del sistema”. La entidad señala que estos recortes “han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque”.

Por otro lado, las comunidades que destinan mayor porcentaje de sus presupuestos a la Atención a la Dependencia son País Vasco (83,9%), Navarra (80,8%) y Extremadura (78,2%). Mientras que el promedio de financiación autonómica en España es del 71%, algunas comunidades como La Rioja (59%), Galicia (59,3%), Andalucía (62,3%) y Castilla y León (63,2%) se sitúan por debajo de esa cifra.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que cada 15 minutos muere una persona esperando las prestaciones de dependencia

Ante estos datos, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha destacado, coincidiendo con los 18 años de la Ley de Dependencia, el “incumplimiento de las Administraciones Públicas, que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel”.

“Se trata de una política que interesa a la ciudadanía, dado que en un importante porcentaje está vinculada al ciclo natural de la vida, y muchos de nosotros terminaremos en situación de dependencia”, señalan. Además, recuerdan que actualmente 292.792 personas están en listas de espera y que “cada 15 minutos fallece una persona” atrapada en el proceso burocrático de la Ley. “Desgraciadamente, para las 45.360 personas que fallecieron el año pasado, los presupuestos no llegaron a tiempo”, lamenta la entidad.