Argentina
¿Dónde está Santiago Maldonado?

Argentina fue, junto a Francia, el país que promovió desde 2003 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuyo texto fue adoptado por unanimidad en la Asamblea de Naciones Unidas en 2006 y entró en vigor en 2010.

También desde 2003, en Argentina se propició una política que luego se consolidó como de Memoria, Verdad y Justicia. Es en ese marco de actuación del Estado en el que se derogaron las leyes de Obediencia Debida (1987) y Punto final (1986), que habían sido impulsadas y prologadas por el gobierno de Raúl Alfonsín para anular lo actuado por los Juicios a las Juntas, que él mismo había promovido, e impedir nuevas instancias judiciales. Las presiones de los militares y de las diversas corporaciones fueron el contexto en el que Alfonsín firmó esas herramientas que dieron impunidad por casi dos décadas a los represores. En esos años las organizaciones de derechos humanos siguieron una lucha solitaria.

Todos los avances que se dieron en los doce años de kirchnerismo por el esclarecimiento de lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar comenzaron a ser interrumpidos y minados desde la llegada de Macri al poder, en diciembre de 2015. No solo se frenaron los juicios, con la anuencia del sistema judicial, por supuesto, sino que empezaron a cuestionarse las cifras de desaparecidos por parte de integrantes del Gobierno nacional, incluido el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj. También se recortaron los fondos para esa Secretaría y los aportes a las instituciones vinculadas a la política de Memoria Verdad y Justicia, como el Banco Nacional de Datos Genéticos.

Al igual que antes del golpe de Estado de 1976 y durante la dictadura, un sector importante de la sociedad argentina pareciera no estar interesado en los aspectos esenciales de la institucionalidad democrática. El reclamo por Santiago Maldonado se ha extendido muchísimo pero no puede decirse que sea del interés de una mayoría. Con las elecciones cercanas, la fuerza oficialista Cambiemos se perfila como un ganador que arrasará en la capital y que se encuentra en paridad en la Provincia de Buenos Aires, nada menos que ante Cristina Fernández de Kirchner.

“Aparición con vida” vuelve a ser un reclamo doloroso

Las políticas neoliberales retornaron al país a fines de 2015 con una virulencia y una velocidad que no se vieron siquiera en los años 90, durante los mandatos de Carlos Saúl Menem. La represión a las protestas, los despidos masivos en las instituciones estatales, el desmantelamiento o achicamiento de organismos del Estado, el aumento de las importaciones con el deterioro implícito de la industria nacional, el desempleo creciente, las requisas permanentes a los jóvenes en las calles y la presencia exacerbada de la Policía en la vía pública es recurrente desde entonces. Esas políticas han sido ocultadas por los medios de comunicación, cada vez más concentrados empresarialmente desde la anulación por decreto de las partes esenciales de la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual.

Es en este marco en el que un 1 de agosto empieza a escucharse desde el sur del país, tierra en conflicto, tierra rica en recursos naturales, tierra con grandes extensiones compradas por capitales extranjeros (entre ellos Benetton), que había un desaparecido y se llamaba Santiago Maldonado.

A los pocos días se realizó una manifestación en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (de Gobierno), en la capital argentina, y con horror a las voces volvió aquella vieja frase de “Ahora, ahora, resulta indispensable, aparición con vida y castigo a los culpables”, en el lugar preciso en el que se gritó: “Nunca más”.

Dos marchas más se realizaron desde entonces, las tres multitudinarias, las tres encabezadas por la familia Maldonado y los organismos de derechos humanos. La última fue el 1 de octubre. “Santiago, te seguiré buscando”, dijo Sergio, uno de sus hermanos. “Nuestro hermano Germán escribió una ‘Carta a un gendarme bueno’ que nos ayudara. Confieso que me ilusioné. Ahora estoy convencido de que no existe bondad en los gendarmes, en los jefes de Gendarmería, en ministros, jueces y fiscales”, contó a la multitud y reclamó al presidente "¿Dónde está Santiago Maldonado?".

Maldonado, de 28 años, había viajado al Pu Lof en Resistencia de Cushamen, a unos 80 kilómetros de Esquel, en la provincia patagónica de Chubut, para solidarizarse y apoyar la toma de la ruta 40 por parte de esa comunidad del pueblo originario mapuche. La Gendarmería Nacional, fuerza que depende del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, reprimió para desalojar la carretera. Allí fue el último lugar en el que se lo vio a Santiago, siendo golpeado y subido a una camioneta por gendarmes. Hay testimonios de integrantes del pueblo Mapuche que lo afirman en la causa judicial.

El Gobierno intentó desviar la investigación desde el primer momento. Primero dijo que Santiago no estaba allí (lo sigue poniendo en duda) y que Gendarmería no había reprimido. Después asumió parte y dijo que habían llegado hasta el río y que no habían tocado a nadie, aunque luego empezaron a responsabilizar al grupo denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y a adjudicarle vinculaciones internacionales con grupos armados. También anunciaron la aparición, falsa, de Maldonado en diversos lugares del país. Todo ello fue incentivado por las operaciones mediáticas.

La realidad hasta hoy indica que Maldonado sigue desaparecido, que la causa judicial está caratulada como “desaparición forzada”, que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de ONU por las personas desaparecidas se pronunciaron sobre el tema exigiendo al Gobierno respuestas y esclarecimiento inmediato. Y el 3 de octubre se pronunció la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que urgió "al Estado a redoblar sus esfuerzos de investigación para esclarecer lo ocurrido con el joven y dar con su paradero".

Los mapuches, la persecución histórica y los medios

El Pueblo Mapuche es originario de parte de la región patagónica, del territorio que hoy ocupan Argentina y Chile, y parte de la región pampeana, de la actual Argentina. En ambos países este pueblo ha sufrido la aniquilación, la persecución y la estigmatización constantes bajo distintas prácticas. En Argentina los mapuches fueron prácticamente borrados de la faz de la tierra mediante la llamada Campaña del Desierto (1878-1885), por la cual los criollos se apropiaron de las regiones pampeana y patagónica, que se distribuyeron entre un puñado de familias que hoy siguen siendo la aristocracia argentina.

Los mapuches son preexistentes a los estados de Argentina y de Chile y en ese marco es en el que reclaman permanentemente su lugar ancestral.

Es allí que entran en conflicto con diversos propietarios de grandes extensiones de tierras, como el caso del grupo italiano Benetton (con 970.000 hectáreas en las provincias de Santa Cruz, Río Negro y Chubut). Uno de los litigios con esa empresa extranjera (hay otras, como el caso del británico Joe Lewis) es con la comunidad de Pu Lof en Resistencia Cushamen.

A partir de la desaparición de Maldonado, “la manipulación de unos datos y el ocultamiento de otros, el montaje de operaciones noticiosas y la estigmatización de personas y grupos que numerosos medios de comunicación cometen en estos días en asociación con el Gobierno nacional son acciones netamente antidemocráticas, que violan el derecho de la ciudadanía a estar informada”, afirma la organización Comunicadores de la Argentina (COMUNA).

"Una de las operaciones fue estigmatizar a las víctimas de la represión, como fue práctica prolongada de Clarín, La Nación, La Prensa y otros medios durante la dictadura cívico-militar. La comunidad mapuche reprimida fue descrita como un grupo perteneciente al terrorismo internacional, ligado a las FARC, a ETA y a 'los kurdos', una ocurrencia que llama a la hilaridad si no fuera porque está en juego una vida. Lo mismo sucede con el “arsenal terrorista” mostrado en fotos puestas en circulación por el Gobierno: serruchos, martillos e instrumentos de labranza", agrega esa organización.

Noceti, el accionar del Gobierno nacional

Los mismos que denunciaban la desaparición de Santiago Maldonado señalaban que en el lugar había estado el jefe de gabinete de la ministra Bullrich, Pablo Noceti, ex abogado defensor de represores.

Este hecho fue negado sistemáticamente por parte del Gobierno, incluso por la ministra, quien en una interpelación en el Senado el 16 de agosto aseguró que la Gendarmería no estaba vinculada con la desaparición, y puso en duda la presencia de Maldonado en el lugar. Ante las reiteradas preguntas de los senadores por el accionar de Gendarmería, Bullrich dijo: "Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno. Si lo primero que hacemos es tirarle la responsabilidad al gendarme, acusarlo previamente, y echarle solo por el hecho de una presión mediática, sería una mala ministra de Seguridad". Luego afirmó: "¡Me la banco yo! ¿Saben por qué? Porque eso siempre es lo que ha pasado en el país".

Sin embargo, Noceti estaba en la zona de la represión. Así lo dijeron ante el juez Guido Otranto (partado de la causa el 22 de septiembre por pedido de la familia Maldonado ante su inacción o desviación del caso), las mapuches Soraya Maicoño y Neri Garay. Ellas lo supieron porque intentaron llegar al lugar el 1 de agosto pero fueron retenidas por horas y allí les habló alguien en nombre del Ministerio de Seguridad. Luego, al ver las fotos en los medios, supieron que era Noceti.

Este funcionario se encontraba en Bariloche desde el día previo para generar una coordinación con las policías locales contra esa entidad a la que llaman RAM (una pequeña organización que antropólogos locales consideran que está infiltrada parcialmente por miembros de seguridad para deslegitimizar la protesta de los pueblos originarios). Ya en una entrevista radial del 31 de julio, Noceti había asegurado: “Hemos decidido armar un sistema de coordinación entre todas las fuerzas federales y las fuerzas provinciales tanto de Río Negro como de Chubut a fin de empezar a trabajar coordinadamente para empezar a tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en la vía pública y en flagrancia”.

En tanto, el presidente de la Nación tardó un mes en pronunciarse al respecto y, en una pregunta realizada por un cronista en un elevador, claramente armada, contestó: “Estamos trabajando y colaborando con la Justicia todo lo posible”.

Nunca se comunicó nadie del Gobierno con la familia. Por el contrario, trataron de demonizarlos y lo mismo hicieron los medios de comunicación hegemónicos. De hecho, la familia creó una web con un apartado dedicado a las “Noticias falsas”.

Tras dos meses de estos hechos no hay claridad. Un nuevo juez, Gustavo Lleral, está a cargo de la causa y los mapuches han sufrido en este período infinidad de rastrillajes a sus comunidades. Ellos mismos denunciaron que temían que los hicieran responsables de la muerte de Maldonado, de hecho es una de las hipótesis de investigación que mantiene el magistrado.

La instalación en el imaginario colectivo de que los pocos mapuches que sobreviven en las pocas tierras que tienen (la mayoría sumidos en la pobreza) son parte de un grupo terrorista con vinculaciones internacionales es una operación absurda y maliciosa. Esta invención sólo sirve a los intereses de grupos económicos (extranjeros y locales) en la región y a la necesidad de crear un enemigo que justifique compras de armas y acuerdos militaristas.

La pregunta que se replica por todos lados

"Son las 7.05 y estoy yendo a trabajar. Dónde está Santiago Maldonado?" "Soy Agus, estoy terminando de cenar y me pregunto: dónde está Santiago Maldonado?" "Acabo de salir del teatro con mi novia. Quiero saber: ¿Dónde está Santiago Maldonado?" Miles de estos mensajes se vienen replicando en las redes sociales desde hace más de un mes. También aparecen pintadas en las paredes, carteles en los autos o en la ventana de una vivienda o el grito de un transeúnte a un funcionario del Gobierno escoltado y protegido.

Algunos médicos y médicas incluso, en guardias de diversos lugares del país, le dieron turno a un tal “Santiago Maldonado” para salir a preguntar por él ante los pacientes en la sala de espera. Luego explicaban quién era, por si alguien aún no se había enterado.

También algunos maestros y maestras hicieron lo propio en las aulas. Llegaron las sanciones por parte de Estado porque del tema no se podía hablar. Esa persecución también se vio el martes 3 de octubre, cuando en la Facultad de Psicología de la ciudad de Rosario se hacía una actividad por Santiago e irrumpió la Gendarmería, en un acto de absoluta inconstitucionalidad.

Aunque una mayoría no esté agitando la bandera de la Justicia, hay un porcentaje importante de la sociedad que se afirma en sus convicciones y no quiere permitir un desaparecido más en la Argentina.