Represión
España no es país para quejarse: 1.184 vulneraciones de derechos en el contexto de protestas entre 2022 y 2023

Las acciones ecologistas y las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda son los casos de protestas más perseguidos y criminalizados en los últimos años, según recoge un informe de la plataforma Defender a quien Defiende.
23 feb 2024 13:25

La plataforma Defender a quien Defiende, mediante su herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta, ha registrado 1.184 vulneraciones de derechos en un total de 261 casos sistematizados durante los años 2022 y 2023. Las vulneraciones engloban detenciones, multas, amenazas, afectaciones a la integridad psicofísica y encauzamientos y han sido recogidos por la plataforma en el estudio Diagnóstico del derecho a la protesta. Vulneraciones de derechos en el Estado español 2022-2023.

Para Defender a quien Defiende, en los últimos dos años, y particularmente en 2023, “la reactivación de protestas y acciones de desobediencia se ha acompañado del aumento de la represión y de nuevas metodologías represivas que han vulnerado gravemente derechos fundamentales”.

Esta organización entiende que el derecho a la protesta “se sigue vulnerando de manera constante” y precisa que el marco legislativo estatal continúa siendo “uno de los elementos que, de manera recurrente, se utiliza para criminalizar y reprimir indebidamente actos de desobediencia civil no violentos, imponer sanciones y penas desproporcionadas contra diferentes expresiones de protesta, ya sean de carácter sindical, feminista, ecologista, independentista, antirracista o de cualquier otra lucha social”.

También advierten que los datos publicados en este informe no representan los números totales de la vulneración a la protesta en España, ya que “no existe ningún mecanismo de recuento global por parte de la Administración, no hay cifras oficiales”. Lo que hace Defender a quien Defiende es, por tanto, una fotografía aproximada y parcial del mapa de la represión y vulneración a la protesta.

Desde 2017 se ha documentado que las protestas vinculadas al derecho a la vivienda y la ocupación han sido las más represaliadas y criminalizadas. En los últimos años ha entrado en juego la persecución de las acciones de protesta de movimientos ecologistas.

En 2022 se sistematizaron 314 vulneraciones en contexto de protesta. Más de la mitad fueron detenciones (124), represión judicial (82) e identificaciones (60). El movimiento ecologista contó 27 detenciones y 16 procesos judiciales abiertos ese año. El sindicalismo, a pesar de tener solo diez casos recogidos en 2022, sufrió multas y procesos judiciales “desproporcionados”, según Defender a quien Defiende, que señala que solo durante las cuatro huelgas vascas de 2022 se contabilizaron un total de 28 imputados y más de 15.000 euros en multas entre los trabajadores de Tubacex.

Madrid y Catalunya también registraron casos que recogen sanciones y procesos judiciales “desproporcionados”: el Sindicat d’Habitatge del Raval, en Barcelona, denunció en noviembre de 2022 que la Fiscalía reclamaba penas de más de 12 años de prisión a siete personas y multas por valor de 57.000 euros. En enero de 2022, varios grupos antimilitaristas recibieron multas por un importe de 16.800 euros.

En 2022, destaca el informe, se vuelve a manifestar la tendencia de un uso desproporcionado de la fuerza contra activistas por el derecho a la vivienda. En Granada, por ejemplo, la Oficina de Okupación, Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos presentaron en febrero de ese año una denuncia penal señalando un caso de desalojo ilegal, abuso de autoridad, agresiones y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía local y nacional.

En cuanto a 2023, la plataforma registró un total de 178 casos, de los que se desprenden 870 vulneraciones distintas. Se sigue la lógica de que cuando hay incremento de la protesta, hay también un incremento de la represión. El año pasado se produce una “ola represiva contra colectivos y organizaciones ecologistas”. Al menos 74 personas fueron detenidas en un total de 43 casos. Aparece como novedad la vigilancia sobre las movilizaciones en solidaridad con el pueblo palestino, continúa la persecución de la movilización a favor del derecho a la vivienda y el informe menciona también el incremento de las vulneraciones relacionadas con la libertad de expresión e información.

Entre las principales novedades de 2023, Defender a quien Defiende destaca “con mucha preocupación” el uso de balas de goma por parte de la Policía Nacional. En junio y julio, durante la huelga del metal en Vigo, en noviembre en Madrid. También se documentó un aumento de denuncias y quejas por malos tratos bajo custodia policial.

Las vulneraciones que sufren los activistas ecologistas tienen relación con la detención y privación de libertad, con un total de 52 personas detenidas en 2023. Un hecho sorprendente, según el informe, que resalta el carácter no violento de estas acciones

Sobre la represión de las protestas de grupos ecologistas, las vulneraciones que sufren los activistas tienen relación con la detención y privación de libertad, con un total de 52 personas detenidas en 2023. Un hecho sorprendente, según el informe, que resalta el carácter no violento de estas acciones. Aún más grave, considera Defender a quien Defiende, es la acusación de pertenencia a organización criminal por la que 22 personas integrantes del colectivo Futuro Vegetal están siendo investigadas.

El movimiento de defensa del derecho a la vivienda es uno de los colectivos  más afectados por las detenciones, principalmente durante los desahucios, y ha recibido 171 multas en 2023 en relación al libre ejercicio del derecho a la protesta: 89 contra 46 activistas del Sindicat de Llogateres en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) y 77 al Sindicato de Vivienda de Carabanchel (Madrid).

El informe también subraya un tipo de vulneración que requiere “especial atención por la gravedad que supone”, que es la infiltración policial en colectivos y movimientos sociales. Menciona el trabajo de medios como El Salto o La Directa en la detección de seis policías infiltrados que fueron descubiertos en 2023.

“La criminalización y persecución de movimientos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil tiene un efecto de desaliento evidente y generalizado”, concluye Defender a quien Defiende

Tras el análisis de las cifras, esta plataforma concluye que “la criminalización y persecución de movimientos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil tiene un efecto de desaliento evidente y generalizado” y afirma que todo el tejido asociativo es “susceptible de verse afectado por este tipo de metodologías que producen un efecto intimidatorio para toda la ciudadanía y restringen y reducen el espacio de la sociedad civil”.

Defender a quien Defiende también presenta una batería de recomendaciones, entre las que aparecen la derogación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, conocida como Ley Mordaza, y establecer un marco garantista del derecho a la protesta. También sugieren un par de reformas del Código Penal para garantizar que el derecho de manifestación, la desobediencia civil y la lucha no violenta no puedan ser investigadas bajo la atribución indiciaria de delitos de terrorismo o de organización criminal, y para suprimir todos aquellos artículos que atentan contra la libertad de expresión.

En cuanto a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado durante manifestaciones, proponen que se prohíba el uso de las balas de goma, asegurar el derecho a grabar y monitorear la conducta y actuación de los agentes, una adecuación de la política de transparencia de los cuerpos policiales a los estándares internacionales y la creación de un mecanismo externo e independiente de supervisión e investigación de las actuaciones policiales.

También exigen que el Estado asuma responsabilidades e investigue los casos destapados de agentes de la policía infiltrados en movimientos sociales y que se implanten medidas para asegurar mecanismos de protección para los periodistas cuando desarrollan su tarea, particularmente en contexto de protesta.

Defender a quien Defiende se creó en 2014 como una plataforma de personas, colectivos, organizaciones sociales que trabajan frente a la criminalización de la protesta y las vulneraciones de derechos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En la actualidad, componen la plataforma el Instituto Novact de Noviolencia, el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, la Comisión Legal Sol 15-M, la Confederación de Ecologistas en Acción, el Institut de Drets Humans de Catalunya, la Red de Observación de Vulneración de Derechos en Contexto de Protesta de Granada, el sindicato CGT, el grupo de Derechos Civiles y Políticos Zaragoza 15-M, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y el Grupo de Acción Comunitaria.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Represión
Policía infiltrado La Directa destapa un nuevo caso de policía infiltrado, esta vez, en el activismo de Lleida
Bajo la identidad falsa de Joan Llobet García, un agente de la trigesimosegunda promoción de la Academia de Ávila, pasó dos años infiltrado en espacios independentistas, estudiantiles y ecologistas.
El Salvador
Ivania Cruz “El estado de excepción se está utilizando en El Salvador para gobernar en base al miedo”
A esta defensora de derechos humanos y comunitarios le allanaron su casa mientras se encontraba en un viaje internacional. Desde el exterior, denuncia la persecución del gobierno salvadoreño hacia su organización y hacia las comunidades que defiende.
Argentina
Extrema derecha Argentina se revuelve contra la represión del Gobierno de Milei
Decenas de miles de personas marchan en Buenos Aires para mostrar su rechazo a la deriva autoritaria y represiva del Gobierno ultraliberal y conservador de La Libertad Avanza.
Asturias
Asturias Cinco muertos en la mina de Zarréu: demasiadas preguntas sin respuesta
El accidente más grave en la minería asturiana en casi tres décadas vuelve a poner en cuestión el sistema de permisos, controles y ayudas públicas para minas en proceso de reconversión.
Estados Unidos
Estados Unidos Estudiantes de Columbia luchan contra las amenazas de deportación
Los estudiantes de Columbia se unen mientras el ICE y el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) atacan el activismo palestino. “[Columbia] está dispuesta a concederle al gobierno de Trump todo lo que quiera”, declara un estudiante a Mondoweiss.
Aviación
Travel Smart Las multinacionales españolas, a la cola de la reducción de emisiones por vuelos de negocios
Un estudio publicado este martes por organizaciones ecologistas señala que las emisiones por vuelos de negocios a nivel global se han reducido un tercio, pero las empresas españolas van a la zaga y suspenden en transparencia u objetivos concretos.
Universidad
Educación El Gobierno anuncia el endurecimiento de la normativa para la creación de universidades privadas
El Consejo de Ministros aprueba la tramitación urgente de una modificación en la legislación que regula la creación de centros privados de enseñanzas universitarias.
Represión
Policía infiltrado La Directa destapa un nuevo caso de policía infiltrado, esta vez, en el activismo de Lleida
Bajo la identidad falsa de Joan Llobet García, un agente de la trigesimosegunda promoción de la Academia de Ávila, pasó dos años infiltrado en espacios independentistas, estudiantiles y ecologistas.
Madres protectoras
Madres protectoras Una madre, condenada a tres años y medio por secuestrar a su propia hija, solicita su indulto
La libertad de Jewel Lázaro depende de la respuesta del Ministerio de Justicia de España a su petición de indulto con el fin de no separarla de otro bebé de nueve meses.

Últimas

Maltrato animal
Maltrato animal Lidl denuncia a los animalistas que detectaron afecciones en la carne de pollo de la cadena
El Observatorio de Bienestar Animal asegura que el departamento legal de la cadena les pidió que eliminaran todas las publicaciones sobre ellos y creen que es una estrategia legal para silenciarles.
Israel
Guerra en Gaza Israel ordena evacuar Rafah ante la previsión de un ataque terrestre
En la mañana del 31 de marzo, las fuerzas militares de Israel han ordenado a la población evacuar gran parte de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Más noticias
Francia
Francia Marine Le Pen es condenada por malversación y no podrá concurrir a las elecciones de 2027
Un caso de corrupción con los asistentes del Parlamento europeo golpea a la ultraderecha francesa. Le Pen y su partido, Agrupación Nacional, son condenados por el Tribunal Penal de París.
Opinión
Opinión ¿Cómo acabar con el negocio de la vivienda?
Las reivindicaciones del 5A: bajada de alquileres, paralización de desahucios, desmantelamiento de las empresas de desokupación, ayudarían a acabar con la crisis de vivienda. Pero estas medidas son impensables en este sistema económico.

Recomendadas

Militarismo
Alejandro Pozo “El oportunismo de la industria militar española aprovechando lo que pasa en Gaza es grave”
Este investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria denuncia que el rearme ya está teniendo lugar y que el Ejecutivo escamotea información sobre las relaciones comerciales de la industria con Israel.
Galicia
Galicia Bimba y Lola se aleja de las fibras textiles de Altri con la salida del presidente de Greenalia de su consejo
El presidente de Greenalia y antiguo consejero delegado de Inditex, José María Castellano, abandona su puesto en la empresa cerrando una puerta más a la salida de la celulosa supuestamente creada para fibras textiles.
Redes sociales
El asesino de los CEO El fenómeno fan Luigi Mangione, ¿por qué tanta gente apoya a un asesino?
El caso del chico de clase alta que disparó sobre un CEO de una aseguradora médica ha desatado una ola cultural y de apoyo como no se había visto antes.