Pobreza
El 69% de los extremeños no percibe la “recuperación económica” en su vida

Si en el artículo que publicábamos hace unos días destacaba el apartado relacionado con la pobreza laboral del Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Extremadura, abordaremos ahora el de “Percepción de la ciudadanía sobre su nivel de vida y los derechos sociales que deberían ser garantizados”.

Preguntada la población extremeña respecto a la evolución de su nivel de vida en el corto y en el medio plazo, el 44,8% considera que su nivel de vida ha empeorado respecto al que tenía hace diez años; si bien cerca de la mitad de ese grupo (el 20,8% de la población) considera que la situación ha empeorado “mucho” y el resto (24%) que ha empeorado pero poco. Solo el 23,5% piensa, por el contrario, que su nivel de vida ha mejorado y el 31,7% que ha permanecido igual. Eso sí, como se comenta en el informe “aunque globalmente negativa, la valoración de los cambios que la crisis ha provocado en el nivel de vida de la ciudadanía parece, por tanto, algo menos negativa en Extremadura que en el conjunto de España”.

La percepción de la evolución del nivel de vida de la ciudadanía extremeña está, en cualquier caso, determinada por la vivencia de situaciones de exclusión y de integración, y se comprueba que la crisis ha afectado en mayor medida a las personas en situación de exclusión social. Así en definitiva, una gran parte de las personas que viven en hogares en situación de exclusión “han experimentado –o  han percibido, al menos- un deterioro importante de su nivel de vida, tanto en el corto plazo como, sobre todo, en el largo plazo”. Por el contrario, la mayor parte de las personas en situación de integración “no han experimentado –o no han percibido, al menos– cambios negativos en su situación e, incluso, han notado alguna mejora”.

Una gran parte de las personas que viven en hogares en situación de exclusión han experimentado un deterioro importante de su nivel de vida

La situación de Extremadura es similar a la del conjunto de España cuando se pregunta por la percepción de un nuevo ciclo económico. En este sentido, pone de manifiesto el informe que los efectos de la recuperación económica “no parecen haberse hecho notar con claridad en Extremadura”. La mayor parte de la población extremeña (el 69,1%) no percibe la llegada de los efectos de la recuperación económica a su hogar, porcentaje que se amplía hasta el 88,4% en el caso de las personas que viven en hogares en situación de exclusión. El 35,8% de los hogares en situación de integración –frente al 10,8% de los que están en situación de exclusión– sí han percibido el impacto positivo de la recuperación económica.

También se ha preguntado a la población extremeña su opinión en relación con la garantía de determinados derechos sociales. De este modo, se refleja en el informe que “el porcentaje de población que considera que el acceso a los derechos sociales señalados se debe garantizar al conjunto de la población, independientemente de su nivel de necesidad, oscila en Extremadura entre el 86% en el caso del empleo y el 10,3% en el caso de los servicios de atención a la dependencia”. El 55,7% de la población defendería planteamientos universalistas en el caso del derecho a la vivienda, el 59,8% en el caso de los ingresos mínimos, el 26,4% en el caso de los Servicios Sociales y el 17,7% en el de los servicios para la crianza infantil.

De este modo, en general, la población de Extremadura parece mostrarse más ‘universalista’ que la española en relación con el empleo, la vivienda y los ingresos mínimos y, por el contrario, se muestra más ‘selectiva‘ en lo que respecta a los servicios sociales, las prestaciones para la crianza de los hijos y las hijas y la dependencia.

GARANTÍA DEL EMPLEO

Ahondando en algunos de los derechos sociales en el Informe FOESSA, con respecto a la garantía del trabajo, se afirma que el acceso a los derechos sociales en el ámbito del empleo “es el que en mayor medida considera la ciudadanía de Extremadura que debe ser garantizado para todo el mundo: la gran mayoría de la población de Extremadura encuestada (el 86,9%) cree que las administraciones deberían garantizar el acceso a un empleo a toda la población y el 13,1% que las administraciones deben garantizar el acceso a un empleo únicamente en caso de necesidad”.

Respecto a la opinión sobre el funcionamiento de los servicios de empleo el 65,4% de la población consultada cree que el funcionamiento de los servicios públicos de empleo en Extremadura es en la actualidad poco o nada satisfactorio. El 70,8% considera, además, que funcionan peor o mucho peor que hace cinco años. “La insatisfacción respecto al funcionamiento de los servicios públicos de empleo es ligeramente mayor en Extremadura que en España”.

El 86,9% de los extremeños cree que las administraciones deberían garantizar el acceso a un empleo a toda la población

DERECHOS VINCULADOS A LA GARANTÍA DE RENTAS

Según se reflejan en el informe, el 36,1% de la población de Extremadura, y el 22,8% de España reside en hogares que han solicitado en alguna ocasión ayudas o prestaciones económicas de tipo no contributivo. “De ellas, las que se han solicitado con más frecuencia (un 27,7%) son las prestaciones vinculadas a la cobertura asistencial por desempleo (subsidio por desempleo, RAI y PREPARA), seguidas de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social (7,8%), las rentas mínimas autonómicas (7,3%) y las ayudas de emergencia social (1,4%)”.

Pese a las tasas más elevadas de pobreza monetaria, sin embargo, “el recurso a las prestaciones económicas más directamente vinculadas a las situaciones de pobreza y exclusión, como son las ayudas de emergencia social, es en Extremadura inferior al que se registra en el conjunto de España (1,4% frente al 5%) y, en todo caso, muy minoritario”. Por el contrario, es mayor en esta comunidad el porcentaje de población en hogares que han solicitado alguna vez las prestaciones vinculadas a la cobertura asistencial por desempleo (27,7% frente a 17% en España), las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social (7,8% frente a 4,7%) y las rentas mínimas autonómicas (7,3% frente a 4,7% en España).

El 65,4% de los extremeños considera que el funcionamiento de los servicios públicos de empleo en Extremadura es en la actualidad poco o nada satisfactorio. El 70,8% cree que, además funcionan peor o mucho peor que hace cinco años

Finalmente, en lo que se refiere al derecho a la garantía de rentas, refleja el informe que “cabe recordar que el 60% de la población de Extremadura considera que la Administración debería garantizar unos ingresos mínimos al conjunto de la ciudadanía y que el 38,6% opina que se debería garantizar únicamente en caso de necesidad. Apenas el 1,5% de la población cree que la Administración pública no ha de garantizar unos ingresos mínimos a ninguna persona, independientemente de la situación en la que se encuentre”.

Por último “una parte ampliamente mayoritaria de la sociedad extremeña –el 80,8%– opina que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público que en la actualidad. El 16% considera que se debe destinar la misma cantidad y el 3,2% que se debe reducir dicho gasto. De forma similar, el 74,2% de la población optaría por tener más prestaciones y servicios sociales, pagando más impuestos, mientras que el 25,8% sería partidaria de menos prestaciones y menos impuestos”.

El 80,8%– opina que hay que destinar a los Servicios Sociales más dinero público que en la actualidad

DERECHOS VINCULADOS A LA VIVIENDA

Los datos del referido informe ponen de manifiesto que en Extremadura un 24,6% de la población está afectada por la problemática de la vivienda. Así, “si nos ceñimos a la situación de Extremadura en 2018, observamos que la problemática más frecuente es la relativa a los hogares con gastos excesivos de vivienda, que afecta al 11,3% de la población (o, en términos absolutos, 122.000 personas). Le siguen la relativa a los hogares en viviendas insalubres (11% del total, casi 119.000 personas) y, a gran distancia, los hogares en viviendas con deficiencias graves en la construcción o ruina (6,4%)”.

119.000 personas viven en viviendas insalubres en Extremadura. Los hogares en viviendas con deficiencias graves en la construcción o ruina suponen el 6,4%

En ese sentido “los datos que se ofrecen a continuación ponen de manifiesto la relativa extensión, entre el conjunto de la población de Extremadura, de determinadas carencias en el ámbito de la vivienda derivadas en gran medida de la insuficiencia de sus recursos económicos, de los costes energéticos y de la falta de desarrollo de unas políticas públicas que consigan reducir suficientemente las dificultades en esta dimensión”. Así, el 21% de la población de Extremadura se ha visto obligada a reducir los gastos de suministros de la vivienda (electricidad, agua, gas); el 18,3% los gastos de teléfono, televisión o internet; el 10,7% se ha visto sin dinero suficiente para el pago de gastos relacionados con la vivienda y el 10,4% ha tenido que hacer frente a avisos de corte en el suministro de luz, agua o teléfono”. 

Dos de cada diez extremeños se ha visto obligados a reducir los gastos de suministros de la vivienda (electricidad, agua, gas) y uno de cada diez se ha visto sin dinero suficiente para pagar los gastos relacionados con la vivienda

Pues bien, ante esta situación el 55,7% de la población de Extremadura considera que la Administración tiene el deber de garantizar el acceso a una vivienda a toda la población y el 43,7% que ese deber ha de limitarse a los casos de necesidad. Solo el 0,5% opina que la Administración no tiene la obligación de garantizar ese derecho a ningún ciudadano/a, independientemente de su nivel de necesidad”.