Opinión
Ante el proyecto de Ley de Memoria Democrática: el hilo que sigue tejiendo impunidad

El 15 de septiembre de 2020, la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros anunció que el Gobierno había aprobado el texto del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática “que en tres meses se estará debatiendo en el Parlamento”. Esa misma noche, en una entrevista radiofónica, afirmó que el tema de la memoria era muy importante y que “no se puede perder ni un segundo”. 

Cuando hizo esas declaraciones llevaba ocupando la vicepresidencia del Gobierno aproximadamente siete millones setecientos treinta y seis mil setecientos treinta segundos. Si hubiera querido, al día siguiente de su nombramiento hubiera puesto a trabajar a forenses, funcionarios, archiveros, investigadores sin necesitad de una ley ni de ninguna bronca parlamentaria, solo con su capacidad de ser poder ejecutivo. 

Políticas de memoria póstuma, débiles de humanidad, después de años de vericuetos en los que un presidente del Gobierno si quisiera podría haber dado las órdenes pertinentes y abrir el Valle para que los familiares ejercieran sus derechos

Ha pasado un año y el debate de la ley no se ha producido todavía en el Congreso de los Diputados. Más millones de segundos perdidos que se han llevado por delante las vidas de Rufino Juárez, 87 años, toda la vida buscando el cuerpo de su padre en la localidad leonesa de Villadangos del Páramo; o la de Manuel Lapeña, 97 años, peleando durante años para sacar los restos de su padre y de un tío del Valle de los Caídos, con una sentencia favorable que no ejecutaron ni por gobierno de Rajoy ni el de Pedro Sánchez y que no fueron denunciados por ese incumplimiento porque el abogado de varias de las familias que quieren abrir los muros del Valle trabajó para la Ministra de Justicia como asesor de memoria sin apreciar en su actitud ningún conflicto deontológico. Triste ha sido ver que, a los pocos días de la muerte de Manuel Lapeña, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática anunciara que por fin van a exhumar restos de 77 personas del Valle de los Caídos. Políticas de memoria póstuma, débiles de humanidad, después de años de vericuetos en los que un presidente del Gobierno si quisiera podría haber dado las órdenes pertinentes y abrir el Valle para que los familiares ejercieran sus derechos. 

El anteproyecto de ley entró en el congreso el 25 de agosto de 2021, porque sus tiempos son los de la conveniencia de quien lo redacta y no los del corto recorrido biológico de las víctimas. Pasó con la ley de la memoria 52/2007. La comisión del Gobierno se reunió con colectivos en diciembre de 2004 y se les dijo que el texto estaría en el Boletín Oficial del Estado el marzo siguiente. Pero en vez de tres meses transcurrieron tres años. Al final de la legislatura, la discusión con la derecha en materia de memoria generaba movilización del voto y para algunos es mucho más útil la disputa partidista que empezar a solucionar el problema desde el primer día. 

Al final de la legislatura, la discusión con la derecha en materia de memoria generaba movilización del voto y para algunos es mucho más útil la disputa partidista que empezar a solucionar el problema desde el primer día

El texto del anteproyecto inicia ahora un viaje en el que debe tratar de construir una mayoría. Las fuerzas que han apoyado al Gobierno se enfrentan a un dilema político y ético, a un imperativo: apoyar una ley que ponga algunos parches o una que afronte de una vez por todas con la terrible injusticia que ha cometido esta democracia con las víctimas del franquismo.

El espíritu del texto: seguir hilvanando la impunidad

Para entender el espíritu del texto que ha redactado el Gobierno basta analizar las dos fechas que propone para conmemorar a las víctimas del franquismo. Son tan explicativas como el hecho de que en sus setenta y cinco páginas no se menciona a la iglesia católica, que al parecer ni pasaba por allí. 

La primera de ellas, es la fecha elegida por el Gobierno para conmemorar al exilio. Se trata del 8 de mayo, en conmemoración de ese día del año 1945 en el que se conmemora la derrota del nazismo. Está bien que celebremos la derrota de Hitler, pero no que nos hagamos pasar por europeos liberados. Esa fecha alegró a millones de demócratas en el mundo, pero ¿en qué cambió el estatus de un exiliado del franquismo: que si pudo tuvo que esperar treinta años para volver a su pueblo y abrazar a sus seres queridos; que supo cómo iban muriendo sus seres queridos mientras esperaba la posibilidad de regresar? Lo que les ocurrió el 8 de mayo de 1945 es que les quedaba un día menos de exilio que el 7 de mayo. ¿Es esa una fecha verdaderamente conmemorativa o es otra la intención?

Una de las fechas elegida por el Gobierno para conmemorar el exilio es el 8 de mayo, el día de 1945 es el de la derrota del nazismo. Esa fecha alegró a millones de demócratas en el mundo, pero ¿en qué cambió el estatus de un exiliado del franquismo?

La otra fecha es la que propone el Gobierno como día para las víctimas del franquismo; el 31 de octubre. Ese día del año 1978 se aprobó el texto que se llevaría al referéndum constitucional, en un parlamento al que no pudieron optar partidos republicanos en las elecciones de junio de 1977. En el debate de ese día nadie condenó la dictadura, nadie reconoció como antecedente democrático el periodo de la Segunda República y nadie mencionó a las víctimas del franquismo. Un espejo del propio texto constitucional en cuyo preámbulo no se condena la dictadura franquista, no se menciona el antecedente democrático republicano ni se respalda a las víctimas del franquismo y a quienes lucharon por el regreso de las libertades. Entonces, más allá de la alegría de cualquier persona que deseara un texto constitucional salido de un parlamento constituido a través de las urnas ¿qué tienen que celebrar específicamente las víctimas de la dictadura?

Las dos fechas tienen algo en común, algo que explica una estrategia global que ha mantenido el Estado desde la muerte del dictador y que conecta este Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática con la Ley de Amnistía de 1977, con la ignorancia programada en los centros de enseñanza para que no se conozca la historia del fascismo español, con el tratamiento del rey emérito que fue dirigente de la dictadura y ocupó la jefatura de Estado antes de la muerte del dictador cuando el generalísimo estuvo en dos ocasiones de baja. 

Estas dos fechas son la aguja y el hilo con el que este Gobierno pretende seguir hilvanando la impunidad del franquismo

Estas dos fechas son la aguja y el hilo con el que este Gobierno pretende seguir hilvanando la impunidad del franquismo. Y ¿qué tienen en común el 8 de mayo de 1945 y el 31 de octubre de 1978? Tienen en común que son dos fechas en la que los fascistas españoles no aparecen denunciados por sus crímenes en ninguna de las dos conmemoraciones. El 8 de mayo los malos eran los nazis; el 31 de octubre los buenos eran algunos franquistas que se sentaron con algunos líderes de la oposición para pactar un texto negacionista del pasado, dejar a miles de desaparecidos en las cunetas y decidir, como en el Cándido del Voltaire, que a partir de ese momento vivíamos en la mejor de las democracias posibles. 

La ley de 2007, la ley que ahora prepara el Gobierno y que dice responder a los criterios de la ONU sobre las víctimas de la dictadura, no va a despegar ni descolocar una pequeña esquina del marco que se construyó en la transición. Habla del derecho a la verdad y pretende hacer un censo de víctimas pero no de verdugos. Habla de reparación pero no va a indemnizar a las familias de los desaparecidos civiles; y habla de justicia, pero no va a juzgar a nadie.