Opinión
Empresas españolas en riesgo de complicidad con genocidio: el papel de la universidad

El pasado 20 de junio un procedimiento especial de Naciones Unidas, formado por un amplio grupo de expertos de la institución, como Francesca Albanese o el español Pedro Arrojo, emitió una seria advertencia a las empresas implicadas en la política de ocupación y apartheid de Israel: se están arriesgando a ser cómplices en la violación de derechos humanos y crímenes de guerra, “posiblemente incluyendo genocidio”.

Naciones Unidas identifica así una serie de compañías muy concretas que estarían suministrando equipamiento militar a Israel en una invasión que, como ya concluyera previamente la enviada especial de la ONU, Albanese, podemos definir de genocidio. Una denuncia complementada por la solicitud de arresto del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra y contra la humanidad, por parte del fiscal de la Corte de Justicia Internacional, Karim Khan. Entre estas empresas estarían Boeing, Rolls-Royce, General Dynamics o Caterpillar. Literalmente, desde Naciones Unidas se advierte: “Estas empresas, al enviar armas, piezas, componentes y munición a las fuerzas israelíes, corren el riesgo de ser cómplices de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.

Y no termina aquí. Esta comisión especial de Naciones Unidas ha estudiado los mecanismos por los cuales se dota de apoyo a estas empresas para suministrar armas a Israel en sus ataques indiscriminados contra la población civil, que han causado ya cerca de 40.000 personas asesinadas. Así, ha fijado la mirada también en la financiación necesaria para la fabricación y comercialización de este armamento. “Se pide cuentas asimismo a las instituciones financieras que invierten en estas compañías armamentísticas”, se afirma textualmente. Y a continuación se nombran algunas, que no todas, de estas entidades bancarias y financieras, como BlackRock, Bank of America o Citigroup.

Este paso dado por Naciones Unidas reviste una gran importancia. Gracias a la labor de asociaciones de defensa de los derechos humanos, desde hace años se debate en el ámbito jurídico internacional cómo prevenir y sancionar el genocidio cuando las implicadas son grandes multinacionales del sector privado. La definición de genocidio incluida en la Convención de Ginebra de 1948, tomada como base del Estatuto de Roma de la Corte de Justicia Internacional de 1998, habla de “personas” responsables. Sin embargo, se argumenta que las empresas son consideradas personas a efectos legales, tanto para tener derechos como la libertad de expresión, como para ser responsables de crímenes. En todo caso, no resulta fácil plasmar estas consideraciones en acciones concretas.

El gobierno de España tiene la potestad de denegar las autorizaciones para exportar armas a Israel; entre 2001 y 2021, España ha denegado tan solo cinco licencias, y ha autorizado 557

El que fuera el primer fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (2003-2012), Luis Moreno-Ocampo, ya manifestaba en su momento: “La experiencia demuestra que las atrocidades masivas se cometen para obtener o conservar poder político o ventajas financieras. Desbaratar el apoyo financiero o comercial de las organizaciones que cometen estos crímenes es un aspecto fundamental de la obligación de la Fiscalía de prevenir las atrocidades, tal y como establece el Estatuto de Roma”.

En la misma línea, el pasado 8 de mayo de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por el ministro Pablo Bustinduy, solicitaba por carta a las empresas españolas en Israel tomar medidas para no contribuir al genocidio en Gaza. El ministro les solicitaba “evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de derechos humanos que está sufriendo el pueblo palestino”. La solicitud se apoyaba en distintas resoluciones previas de Naciones Unidas (A /HRC/RES/17/4, A/HRC/RES/31/36), así como en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos aprobado por el gobierno español ya en 2017.

Recordemos por otra parte que el gobierno de España tiene la potestad de denegar las autorizaciones para exportar armas a Israel, previo informe vinculante de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), y en aplicación de los criterios de respeto a los derechos humanos o preservación de la paz recogidos en el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. Entre 2001 y 2021, España ha denegado tan solo cinco licencias, y ha autorizado 557. Como recuerda Olga Rodríguez, el camino de las sanciones, el embargo de armas y la ruptura de relaciones es lo que puede frenar las matanzas.

Bancos españoles financiando armamento israelí

Varias empresas españolas participan activamente en la financiación de armamento israelí. El Banco Santander y el BBVA han estado financiando con más de 1.200 y de 900 millones de dólares respectivamente actividades armamentísticas de la empresa Boeing entre 2021 y 2023, como muestra el informe Inversiones insostenibles publicado el pasado mes de febrero. Como denunciaba Pablo Elorduy desde las páginas de El Salto: “A finales de enero de 2024, Estados Unidos e Israel firmaron un acuerdo de ‘tamaño excepcional’, según fuentes de la administración estadounidense, para el suministro de los F-15, F-35 y Apache suministrados por Boeing y fabricados gracias a créditos de, entre otros, los principales bancos españoles”.

En los últimos meses hemos visto cada vez mayores voces pidiendo que se cortasen las relaciones con el Banco Santander mientras prosiga financiando el genocidio palestino

En dicho informe el Banco Santander aparece también financiando con 779 millones de dólares las actividades armamentísticas de Rolls-Royce, responsable de suministrar tanques al Ejército de Israel como los que asaltaron varios hospitales en Gaza. Por su parte, el BBVA habría ofrecido créditos armamentísticos por 62 millones de dólares a la misma empresa, así como 346 millones a la armamentística General Dynamics, también en la picota.

Como denunció Santiago González Vallejo tras la Junta General de Accionistas del Banco Santander celebrada el pasado marzo, esta entidad ha financiado asimismo con 857 millones de euros a otra empresa denunciada por Naciones Unidas: Caterpillar. Sus proyectos de construcción y seguridad contribuyen activamente a la colonización ilegal israelí a través de la demolición de viviendas palestinas.

Tanto el BBVA como el Santander financiaron con más de 500 millones a la mayor fabricante de armas francesa, Thales, asociada para la fabricación de drones con las dos mayores armamentísticas israelíes, Industria Aeroespacial Israelí (IAI) y Elbit Systems. Las mismas entidades bancarias españolas se encuentran también entre las financiadoras de proyectos solares israelíes en asentamientos ilegales en Territorio Ocupado Palestino del Valle del Jordán y en el desierto del Naqab/Nèguev.

Dado este contexto, se plantea la legitimidad de detener toda colaboración con estas entidades, mientras prosiga su implicación en la ocupación y el genocidio. Una petición que ya está teniendo ecos en el mundo universitario, desde las acampadas de estudiantes por Gaza a varias iniciativas del profesorado. 

Así, en los últimos meses hemos visto cada vez mayores voces pidiendo que se cortasen las relaciones con el Banco Santander mientras prosiga financiando el genocidio palestino. El pasado 26 de abril la Junta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid solicitó la suspensión de la cuenta bancaria con esta entidad, de no retirarse esta financiación a la industria armamentística. El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, reaccionó a esta declaración pidiendo “sacar la política” de la Universidad. Casualmente, es lo mismo que pide el código ético que rige en las universidades israelíes, que limita gravemente la libre expresión y el debate libre. Así, cualquier crítica al régimen colonial y de apartheid establecido o al genocidio en curso se califica de “político”, no académico, y por tanto no está permitido.

A pesar de la advertencia de Viciana, 13 grupos de investigación de diversas universidades públicas españolas y del CSIC, pertenecientes a la Red de Humanidades Ecológicas (RHECO), se unieron a la demanda de la Facultad de Políticas y Sociología de la UCM. Es más, el 18 de junio la Junta de la Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid solicitaba ir un paso más allá y romper toda relación con el Banco Santander por estos hechos. No es sólo en España: en Reino Unido, los estudiantes habían protestado para romper con Barclays Bank, también financiador de la industria armamentística israelí. Y el pasado 13 de junio, la Universidad de Reading aprobó su desinversión en Barclays y Bank of America. 

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La multinacional Intel anuncia que congela una inversión de 25.000 millones de dólares en Israel. Crecen los problemas financieros e internos para el régimen de Benjamin Netanyahu.

Empresas colaborando con el apartheid

Airbus es otra empresa armamentística a la que se denuncia por sus vínculos con Israel, y que, tras la adquisición de la armamentística española CASA, cuenta con parte de su producción en España. Sin ningún reparo ante lo que está sucediendo en Gaza, este mismo 15 de mayo de 2024 la compañía anunciaba un nuevo desarrollo tecnológico en el dron militar Heron TP RPAS, desarrollado para el gobierno alemán junto a Israel Aerospace Industries (IAI), el mayor fabricante de defensa y exportador industrial de Israel. Esta colaboración en torno al dron Heron lleva despertando protestas de la sociedad civil desde hace años. Se ha denunciado asimismo que entre 2008 y 2021 Airbus ya había solicitado al gobierno británico una licencia de exportación para suministrar armas y tecnología militar a Israel. Asimismo, Airbus ha incluido en sus helicópteros los misiles Spike, fabricados por la armamentística israelí Rafael Advanced Defense Systems, a quien se acusa de probar su armamento en las ofensivas militares contra la población palestina.

Indra, por su parte, ha sido denunciada por obtener contratos de millones de euros para la instalación de peajes en territorio palestino ocupado

Igualmente, la famosa empresa de impresoras y sistemas informáticos HP, con amplios vínculos con las universidades españolas en la provisión de los mismos, también se suma a esta lista negra. HP contribuye al mantenimiento del régimen de apartheid contra la población palestina, proporcionando tecnología y equipamiento al ejército y fuerzas de seguridad israelíes. En concreto, es el principal proveedor de ordenadores al ejército israelí, y proporciona la tecnología para su sistema de prisiones. Además, su tecnología es empleada en el funcionamiento del Sistema AVIV, utilizado por la Autoridad de Población e Inmigración de Israel para registrar el tráfico de población en los puestos fronterizos y mantener un registro de la población palestina con ciudadanía israelí y aquella residente en Jerusalén Este. Según el movimiento palestino BDS, este sistema “constituye la espina dorsal de la segregación racial y el apartheid de Israel”. De hecho, como explica el periodista Antony Loewenstein en su libro El laboratorio palestino: “Palestina es el laboratorio de Israel, es una nación ocupada a las puertas de su casa que provee millones de personas subyugadas como laboratorio para los métodos de dominación más precisos y efectivos.”

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La industria armamentística israelí ocupa el décimo puesto en el comercio internacional. España ha comprado miles de misiles fabricados originalmente por Rafael, una de las tres grandes compañías de Israel.

Israel La otra clave de la operación de exterminio de Israel: el gas natural

Un estudio del pasado mes de diciembre identifica hasta 28 empresas españolas con presencia en Israel, de las que dependen 32 filiales en la zona. Grandes empresas como Naturgy, Siemens Gamesa, Tous, Enel o Inditex tienen una presencia notable en Israel en diversos sectores económicos del país.

Entre ellas, destaca el ejemplo de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Comsa, TyPSA y GMV, que han sido señaladas por diversos movimientos de protesta sindicales y universitarios por participar en la construcción del llamado tren del apartheid en Jerusalén. Se trata de un proyecto de infraestructura de transporte israelí a gran escala que conecta, mediante unas líneas de tren ligero, la ciudad vieja con los territorios ocupados de Jerusalén Este, asentamientos ilegales según la ONU. Este proyecto está supeditado a la expropiación de tierras palestinas. El pasado 19 de junio la Universidad del País Vasco anunciaba que no firmará ningún nuevo acuerdo con la empresa CAF mientras continúe participando en el proyecto del tren ligero de Jerusalén. Ante la presión de organizaciones como Amnistía Internacional, Comsa anunció recientemente el abandono del proyecto.

Indra, por su parte, ha sido denunciada por obtener contratos de millones de euros para la instalación de peajes en territorio palestino ocupado o por vincularse a la mencionada armamentística israelí IAI. Diversas organizaciones protestaron por este motivo en la Junta General de Accionistas de Indra, celebrada el pasado 27 de junio, denunciando “sus vínculos con empresas israelíes que se benefician de la ocupación y el genocidio en Palestina”.

La presión social y académica es una palanca para que se dejen de financiar acciones criminales. La historia, por fortuna, está llena de grandes ejemplos

Sin embargo, otras empresas, como Airbus o GMV no han suscitado el mismo rechazo. Ambas están invitadas a participar en un curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid este 11 de julio, lo que ya ha despertado las protestas de la comunidad universitaria. Estas empresas poseen sendas cátedras en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Sin ir más lejos, el vicerrector de Estudiantes de esta Universidad, Miguel Ángel Gómez Tierno, que debería haber sido el negociador con el estudiantado acampado y que se negó a ejercer ese papel, figura precisamente como el director de la cátedra GMV.

El rector de la UPM, Guillermo Cisneros, basa en cualquier caso el inmovilismo de la UPM en todo lo relativo a Palestina en su temor a una demanda si cumplen con lo acordado por la CRUE. En este caso le sirve de respaldo la acción de un lobby sionista vinculado a la extrema derecha, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), conocida por denunciar ayuntamientos en el pasado, que el pasado octubre perdió su querella contra Ada Colau, y que en las últimas semanas ha planteado denuncias en los tribunales contra distintas universidades, como la de Granada o la Complutense, cuando avanzan cualquier mínimo paso en lo acordado en mayo desde la CRUE.

Por mucho lawfare que ejerzan lobbies de este tipo, es obvio que la defensa de los derechos humanos nunca puede ser delito. Y ahí quien está dejando las cosas cada vez más claras es Naciones Unidas.

Llamamiento a la acción

Como firmante del Convenio para la prevención y la sanción del delito de genocidio, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 [94], en España un genocidio implica no solo un crimen internacional sino también quebrantar la ley a nivel nacional. Y como se afirmaba previamente, la ONU ve viable extender la responsabilidad penal a instituciones o empresas colaboradoras.

Como afirmaba en 2016 Michael J. Kelly:

“La complicidad típica de las empresas en el genocidio consiste en suministrar al genocida el equipo o el apoyo necesarios para llevar a cabo la atrocidad. Piénsese en las empresas extranjeras que suministraron a Ruanda machetes para matar a los tutsis o al régimen de Sadam en Iraq los componentes del gas mostaza para masacrar a los kurdos (...) La amenaza de enjuiciamiento por crímenes internacionales tendría un inmenso efecto disuasorio (...) La Corte Internacional de Justicia decidió en el caso del genocidio de Serbia que los Estados podían ser cómplices en la comisión de un genocidio. Ampliar ese análisis para incluir a otras personas jurídicas, como las empresas multinacionales, no sería una derivada excesiva”.

Hoy, en junio de 2024, tras cerca de nueve meses de brutal ofensiva militar sobre Gaza; después de que las instituciones internacionales hayan constatado la comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad por parte de Israel; de que la Corte de Justicia Internacional haya reconocido el genocidio como plausible; de que la relatora de Naciones Unidas lo haya certificado en un informe titulado Anatomía de un genocidio; y de que Naciones Unidas haya advertido de la posibilidad de complicidad de las empresas armamentísticas y sus financiadoras en delitos de  violación de derechos humanos tan graves como el genocidio; pensamos que es el momento de que las universidades públicas españolas rompan todo vínculo con estas compañías y entidades bancarias.

Se nos dirá que no hay alternativa, que no van a lograr nada o que todas son iguales. Pero ninguna de estas posibilidades es cierta. La inmensa mayoría de empresas de este país no colabora con la política criminal israelí, y hay alternativas bancarias mucho más éticas. La presión social y académica es una palanca para que se dejen de financiar acciones criminales. La historia, por fortuna, está llena de grandes ejemplos.

Por darle la vuelta a los temores del rector de la UPM, mientras poco a poco las denuncias locales de ACOM se vayan archivando, lo que en unos años es muy posible que nos encontremos es que se sienten en el banquillo de la Corte de Justicia Internacional determinadas personalidades del mundo empresarial y financiero con quienes nuestras Universidades siguieron colaborando a pesar de las advertencias. Este también sería otro ejemplo, esta vez fatídico, para la historia.