Municipalismo
Llamada de atención para la Comisión Europea en su fallido intento de acaparar el poder de los servicios locales

Las protestas de los gobiernos municipales han contribuido a dar carpetazo al intento de la Comisión Europea (CE) de tomar el poder de los servicios. La Comisión no ha logrado instaurar un Procedimiento de Notificación de Servicios, la conocida como Directiva Bolkestein, lo que le habría dado un poder de veto anticipado sobre nuevas leyes de los gobiernos regionales y locales, y podría haber limitado aún más las iniciativas democráticas locales en ámbitos tan variados como la vivienda asequible, el suministro de energía y la gestión de residuos. La Comisión debería aprender su lección y ayudar a los municipios a adoptar medidas sociales y ambientales, respetar su derecho democrático a la regulación y reducir los obstáculos que priorizan los intereses empresariales por encima de los residentes locales.

La retirada de la propuesta de directiva de la Comisión relativa al Procedimiento de Notificación de Servicios fue recibida con ovaciones de funcionarios municipales y activistas de la sociedad civil cuando se anunció en octubre de 2020. El objetivo de la Comisión era endurecer la aplicación de la Directiva de servicios de la Unión Europea (UE) de 2006. Pero las negociaciones con los gobiernos de la UE se estancaron debido a las crecientes preocupaciones por la libertad normativa de las autoridades locales, regionales y nacionales. Al final, se retiró la propuesta cuando, según la Comisión, no se preveía la posibilidad de llegar a un acuerdo. Un factor fundamental, aunque no se ha documentado en su totalidad, fue la resistencia de las ciudades progresistas y los grupos de la sociedad civil de toda Europa.

La directiva habría obligado a las autoridades locales, regionales y nacionales a notificar a la Comisión Europea cualquier nueva normativa prevista que afectara al sector de los servicios

La razón por la que se oponían con vehemencia era simple: la directiva habría obligado a las autoridades locales, regionales y nacionales a notificar a la Comisión Europea cualquier nueva normativa prevista que afectara al sector de los servicios con tres meses de antelación (y no después, como sucede en la actualidad). Esto habría supuesto un retraso mientras los municipios esperaban a que la Comisión utilizara su poder de veto anticipado para rechazar o aprobar la normativa prevista. Uno de los primeros críticos fue el Ayuntamiento de Ámsterdam, cuya resolución de septiembre de 2018 señalaba que la directiva “perjudicaría gravemente la autonomía de los gobiernos locales”, lo que representaría “una amenaza para la democracia local”. Los alcaldes de Ámsterdam, Berlín, Madrid, Barcelona, Budapest y Riga escribieron una dura carta a los negociadores de la UE, vapuleando la directiva propuesta por crear cargas administrativas y perjudicar su capacidad de actuar y de regular en bien del interés público. Otra carta abierta que se oponía a la directiva fue firmada por más de 160 grupos de la sociedad civil, sindicatos, alcaldes y partidos municipales progresistas.

Tumban la Directiva Bolkestein

Yago Álvarez Barba

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Municipalismo

Tumban la Directiva Bolkestein

Yago Álvarez Barba

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El Parlamento Europeo guarda en el cajón la directiva que pretendía que la Comisión Europea pudiera vetar las decisiones de las administraciones locales en temas como el suministro de agua, la electricidad o la gestión de residuos.

En el centro de la batalla en torno a la directiva de notificación de servicios se encuentra el enfrentamiento entre las ciudades que luchan por su derecho democrático a regular y proteger los intereses de sus ciudadanos y una Comisión Europea que está obsesionada con “completar el mercado único” y eliminar lo que las empresas multinacionales consideran “obstáculos reglamentarios”.

La dirección responsable de la política de la Comisión en materia de mercado único (DG GROW) suele favorecer a los lobbies de la industria de servicios cuando se quejan de que los reglamentos locales que les desagradan constituyen “violaciones” de la directiva de servicios. La CE ha atacado un gran número de reglamentos totalmente legítimos como “obstáculos reglamentarios” que supuestamente “discriminan” a las empresas no nacionales. Por ejemplo, la DG GROW se ha enfrentado en repetidas ocasiones con ciudades que intentaban restringir la expansión de AirBnB y de otras plataformas de alquiler a corto plazo para evitar el aumento vertiginoso de los alquileres. La DG GROW tiene una relación estrecha con los grupos de presión de AirBnB, y los grupos de interés de la industria BusinessEurope, EuroCommerce y EuroChambres recibieron un trato privilegiado durante la redacción de la directiva relativa al Procedimiento de Notificación de Servicios.

Este conflicto entre las normas del mercado único favorables a las empresas y el derecho de los municipios a regular en bien del interés público está creciendo a medida que las ciudades se vuelven agentes cada vez más ambiciosos y proactivos a la hora de afrontar problemas tales como la emergencia climática y la falta de vivienda a precios razonables. Algunas ciudades municipalistas, como Barcelona, Grenoble y Ámsterdam, están dando la espalda al neoliberalismo e introduciendo soluciones locales audaces e innovadoras. La crisis del coronavirus ha destacado aún más el papel crucial de las ciudades para solucionar problemas sociales.

La retirada de la directiva de notificación de servicios es una victoria importante para las ciudades de Europa y debería ser una llamada de atención para la Comisión Europea

La retirada de la directiva de notificación de servicios es una victoria importante para las ciudades de Europa y debería ser una llamada de atención para la Comisión. En vez de procurar restringir el espacio regulador de las ciudades, debería empoderarlas en sus esfuerzos encaminados a abordar problemas sociales y ambientales.

Plan de Acción para el Mercado Único

Lamentablemente, la actitud de la Comisión parece mantenerse invariable, como ponen de manifiesto sus nuevas medidas. En marzo de 2020 la Comisión lanzó un Plan de Acción para el Mercado Único, que prevé nuevas “medidas para garantizar que los Estados miembro cumplan la obligación de notificación existente en virtud de la Directiva de servicios con el fin de identificar y eliminar nuevos obstáculos reglamentarios posibles”. Una de ellas es la puesta en marcha por parte de la Comisión de un nuevo sitio web donde se publican todas las notificaciones de los reglamentos del sector de servicios recibidas a nivel nacional. Se invita a los gobiernos a formular observaciones sobre las notificaciones, pero también a los grupos de presión empresariales. En noviembre de 2019 la Comisión asesoró activamente al grupo de interés del sector minorista EuroCommerce sobre este sitio, haciendo hincapié en que los grupos de interés “están invitados a presentar observaciones”.

Un ejemplo de cómo puede funcionar este nuevo mecanismo en la práctica son las reclamaciones presentadas por la European Holiday Home Association (EHHA, Asociación Europea de Viviendas Vacacionales) y su grupo miembro alemán en febrero de 2020. Las solicitudes de libertad de información demuestran que este grupo de presión (portavoz de AirBnB) apuntaba a las nuevas restricciones relativas a los alquileres de residencias vacacionales en la pequeña isla española de Formentera (de 12.000 habitantes). Las medidas, entre las que se incluye un período máximo de 60 días al año para el alquiler a corto plazo de residencias primarias, tienen por objeto hacer frente a la escasez crítica de agua potable y reducir los crecientes volúmenes de residuos domésticos de la isla, ambos agravados por el turismo, así como disminuir el uso de combustibles fósiles. Además, la demanda de alojamientos turísticos ha dejado a la población local sin opciones de viviendas a precios asequibles. Sin embargo, la EHHA se quejó de que las normas imponían “medidas discriminatorias, injustificadas, desproporcionadas e inadecuadas a los alquileres a corto plazo en las Islas Baleares”. La Comisión envió de inmediato una carta al Consejo Insular de Formentera con una larga lista de preguntas críticas, en la que exigía “justificación y proporcionalidad” en torno a lo que, según argumentaban, “constituye una restricción a la libertad económica de alquilar”. En julio de 2020 el Consejo Insular envió una respuesta jurídica de 16 páginas. Queda por ver si la Comisión decidirá iniciar un procedimiento de infracción contra el Gobierno español o adoptará otras medidas contra las normas de Formentera.

El cuestionamiento del Ayuntamiento de Formentera por parte de la CE, en nombre de unos meros intereses comerciales, muestra cómo el programa de desregulación de servicios está reñido con los objetivos sociales y ambientales declarados por la UE

El agresivo cuestionamiento del Ayuntamiento de Formentera por parte de la Comisión (en nombre de unos meros intereses comerciales) muestra cómo el programa de desregulación de servicios está reñido con los objetivos sociales y ambientales declarados por la UE, incluido el nuevo Pacto Verde Europeo. Ya es hora de que la Comisión tenga claro cuáles son sus prioridades, abandone los supuestos neoliberales obsoletos y respete el derecho de regulación de las autoridades locales.

El derecho de las ciudades a regular fue un tema importante durante la conferencia Municipalicemos Europa que tuvo lugar el jueves 5 de noviembre. La conferencia incluyó sesiones sobre cómo las ciudades están combatiendo la crisis de la covid-19, la crisis de vivienda y la crisis climática, y analizó lo que las instituciones de la UE deberían hacer para apoyar estos esfuerzos. Pueden consultarse vídeos, entradas de blog y artículos en el sitio web de la conferencia Municipalicemos Europa.

Ciudades vs multinacionales

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