Libertades civiles
¿Eres “cercano a entornos potencialmente peligrosos”? Estás despedido del aeropuerto

“Inhabilitado”. Es toda la información que aparecía en la pantalla en el acceso a una de las zonas restringidas de seguridad del aeropuerto de Madrid-Barajas. El mensaje saltó un 24 de agosto después de que, como cada día a las 5 de la mañana, la empleada Victoria Taibo deslizara la tarjeta que le había dado paso a su puesto de trabajo como recepcionista en la sala VIP del aeropuerto, un empleo que había comenzado apenas un mes antes. Ese día no pudo acceder a su puesto y un día después la empresa le comunicaba que no pasaba el periodo de prueba: a la calle sin indemnización. Y, como al menos otro despido más producido en 2018 y ya a las puertas del Tribunal Supremo, sobre todo sin explicación.

A Victoria Taibo y al exauxiliar de vuelo de Iberia Patxi Zamora les une un oscuro proceso administrativo y laboral que ha llegado no sólo al Supremo, sino al despacho de dos ministros del Interior y al turno de preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados. De fondo están las disposiciones de seguridad en aviación civil puestas en marcha en la década de los 2000 después de los atentados del 11S, la última de ellas hecha pública en febrero de 2019 ya con el Gobierno del PSOE. En este caso, las que han permitido el despido de dos personas sin antecedentes penales ni policiales porque un simple informe de idoneidad expedido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no les deja acceder a la zona de seguridad restringida donde se desarrolla su trabajo.

“A mí me la han jugado pero bien. Yo he llevado [en avión] a Aznar, a la reina. Llevo 32 años currando y jamás he tenido ningún problema”, se lamenta Zamora

“Nos pondremos en contacto con usted. Yo lo que espero de este tema es que se haga justicia”, fue la frase de despedida del exministro de Interior Juan Ignacio Zoido (PP), según relata Patxi Zamora en conversación telefónica con El Salto. El apretón de manos de Zoido se producía en un encuentro con Zamora en el Senado. Más tarde, los contactos con Interior del también portavoz de la asociación anticorrupción Kontuz! han continuado también bajo mandato de Fernando Grande-Marlaska, con idéntico resultado hasta ahora: “Nada. Absolutamente nada”, resume Zamora.

“Se van pasando la pelota unos a otros”, explica Taibo, que relata cómo en su juicio por nulidad de despido, cuya vista se celebró en enero en Madrid, “[Los abogados] del Ministerio del Interior dijeron directamente que ellos no tenían nada que ver con esto, que además no comprendían por qué les habíamos citado”. En respuesta a El Salto, AENA señala por su parte que “el PNS (Programa Nacional de Seguridad para la Aviación Civil) impone a Aena la obligación de retirar o no renovar la acreditación en caso contrario [de no haber pasado el informe de idoneidad por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado]”. “AENA desconoce los motivos que sustentan la declaración de apto o no apto de esa evaluación”, precisa la empresa.

En este “proceso kafkiano” Zamora, cuyo despido se ejecutó más de un año y medio antes que el de Taibo, ha llegado a conocer finalmente parte del motivo real detrás del veto. Después de que su caso se pasease por el juzgado de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Audiencia Nacional, se declaró competente en la materia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que instó a la Guardia Civil a mandar un informe sobre el caso. “Ahí supimos que me habían autorizado la tarjeta y que el mismo comandante de la Guardia Civil firmó el sí y diez días después firmó el no”, destaca Zamora. Entre medias, un mail del servicio de información de la Guardia Civil “de tres líneas” había denegado la renovación de la acreditación de seguridad al que fuera durante 32 años auxiliar de vuelo de Iberia “por ser una persona cercana a entornos potencialmente peligrosos”.

Persona. Cercana. A entornos. Potencialmente. Peligrosos.

El punto 6.2 del Programa Nacional de Seguridad Para la Aviación Civil (PNS) establece la “comprobación de antecedentes reforzada”, que se aplica a “todo el personal, incluidos los miembros de las tripulaciones, que para desarrollar su actividad tengan que acceder” a la Zona Reservada de Seguridad (ZRS) del aeropuerto. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero generalmente la Guardia Civil, realizan una comprobación de identidad, de antecedentes penales en “al menos 5 años los cinco años precedentes” y formación laboral. Hasta aquí, todo más o menos razonable.

Pero el apartado d) introduce una consideración más exótica: “Incluir la información de inteligencia y de cualquier otro tipo de que dispongan las autoridades nacionales competentes, que estas consideren pertinente al objeto de determinar la idoneidad de la persona, y que puedan suponer un riesgo para la seguridad de la aviación civil”.

Patxi Zamora es una persona conocida en su tierra. Además de su trabajo en Iberia, desarrollado durante tres décadas sin expedientes y, señala, “incluso con cartas de felicitación”, Zamora es portavoz de la asociación anticorrupción Kontuz! y autor del libro El banquete. Expolio y desaparición de la CAN, sobre los tejemanejes político-empresariales que llevaron a la liquidación de la antigua Caja de Ahorros de Navarra. Además, encabezó la lista de Aldaketa, confluencia de la izquierda navarra y el PNV para el Senado en 2015, formada por Geroa Bai, Podemos, EH Bildu y IU.

Como Zamora, Taibo también aportó en el juicio, en sus alegaciones a la empresa contratante y a la propia AENA su certificado de antecedentes. Limpio, como también ha podido comprobar El Salto. “En el de la Guardia Civil aparecen también antecedentes administrativos, es que ni siquiera tengo antecedentes administrativos, jamás he sido detenida ni enjuiciada”, completa Taibo. También tiene en común con Zamora su activismo político y social, en el caso de Taibo en el movimiento 15M o en el feminismo.

Taibo también aportó en el juicio, en sus alegaciones a la empresa contratante y a la propia AENA su certificado de antecedentes

“Cercanos a entornos potencialmente peligrosos podemos ser tú, yo, el de la esquina, el de la panadería… cualquiera”, resume Zamora. Inmersa todavía en su juicio laboral, tras el que interpondrá un contencioso-administrativo por discriminación ideológica, Taibo ni siquiera conoce todavía motivo alguno para su despido más allá del “no apta” que le impidió pasar el periodo de prueba. La cuestión de si Interior y la Guardia Civil consideran “un riesgo para la seguridad de la aviación civil” a trabajadoras sin antecedentes penales y con militancia política está, por lo tanto, sobre la mesa.

“A mí me la han jugado pero bien. Yo he llevado [en avión] a Aznar, a la reina. Llevo 32 años currando y jamás he tenido ningún problema”, se lamenta Zamora, que acaba de agotar la prestación por desempleo y esperaba poder acceder este abril con 54 años a la jubilación anticipada a la que tenía derecho. Por su parte, Taibo, de 56 años, define como “demoledor, a nivel personal y emocional” el proceso de pérdida de un empleo -con buen horario y cerca de su casa- que le vino “caído del cielo”. Hoy sigue desempleada, estudiando y luchando para que se esclarezca su caso. “Esto abre la puerta al despido libre. ¿Tú has puesto un tuit que no me gusta o criticando al aeropuerto? Pues tú no tienes tarjeta. ¿Que tú has participado en un piquete en una huelga de AENA? Pues a la puñetera calle”, advierte.

El Supremo y las cloacas

Un tecnicismo usado por el TSJM ha llevado el caso de Zamora a una nueva instancia, el Tribunal Supremo. Para sorpresa del grupo de apoyo al despedido, el Supremo aceptó el caso. “Solo aceptaron un 17% de este tipo de recursos el año pasado”, señala Zamora. El tribunal tendrá que decidir sobre la nulidad o no del despido según los argumentos de la acusación.

Zamora insiste en que su estrategia legal y de comunicación no plantea su despido sólo como un asunto de ataque a los derechos libertades individuales. Para Kontuz! y el grupo de apoyo a Zamora hay elementos que permiten hablar de corrupción. “Se está usando una herramienta pública como es la Guardia Civil para un uso partidista y absolutamente demoledor contra un ciudadano que no ha hecho nada”, en una maniobra que equiparan con una vendetta por la labor de denuncia de Kontuz!

La cuestión última, por lo tanto, es quién dió la orden. El tema está en el despacho de Marlaska a través del exsenador vasco Iñaki Bernal (IU) y el diputado Jon Inarritu (EH Bildu) . Ya antes, durante los contactos con Zoido “detectábamos que estaban absolutamente al tanto de la situación”, destaca Zamora. “Aquí el problema de fondo es que la Guardia Civil no la controlan”, advierte, y continúa: “¿Cómo es posible, con una herramienta pública, cómo puede ser que el ministro llama y no le contestan? ¿Dónde estamos?”. Próximo capítulo, el Supremo.