Coronavirus
Los erráticos pasos de la incertidumbre en tiempos de pandemia

Una pregunta recorre España, la pregunta de cómo está siendo la gestión de la epidemia del SARS-CoV-19 (el coronavirus). En una rueda de prensa, Pablo Casado acusó al Gobierno de parapetarse detrás de la ciencia y eludir el liderazgo político. En esta dicotomía ciencia-política, nada novedosa, parece que nos situamos en el mismo lugar que el descrito por la cita de Weber: “No se puede ser al mismo tiempo hombre de acción y hombre de estudio, sin atentar contra la dignidad de una y otra profesión, sin faltar a la vocación de ambas”.

Más allá del uso partidista de las respuestas políticas, las respuestas desde las políticas de salud pública en situaciones de importantes epidemias se caracterizan por la dificultad de medir el riesgo real apriorísticamente en base a datos no recogidos por uno mismo, sobre contextos culturales diferentes y generados en situaciones sociopolíticas muy dispares, especialmente cuando hablamos de epidemias causadas por mciroorganismos de nueva aparición en humanos.

Lo mejor que puede hacerse desde las altas instancias de los servicios de salud pública y epidemiología es asumir que ninguna decisión gozará, en términos mayoritarios, del aplauso y el halago de la población general

Ante esta situación, y dentro del furor mediático que trata de calificar y juzgar cada acción día a día, lo mejor que puede hacerse desde las altas instancias de los servicios de salud pública y epidemiología es asumir que ninguna decisión gozará, en términos mayoritarios, del aplauso y el halago de la población general o de los opinadores habituales de la esfera pública, porque es más sencillo acertar a posteriori. Lo que sí se puede exigir es que las medidas que se tomen se hagan de manera efectiva y asegurando que no van a suponer una acumulación de efectos negativos en las personas que se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad.

Cuando la epidemia llegó, tocó hablar de salud y sanidad

Durante una década hemos estado hablando de recortes presupuestarios del gasto sanitario, de cómo algunas comunidades como Madrid apenas recortaban porque la escasez presupuestaria había sido siempre su forma de vida o sobre la necesidad de recuperar niveles, o de la necesidad de mirar más allá de los centros sanitarios y reforzar las estructuras de salud pública que solo se muestran públicamente relevantes cuando algo anómalo ocurre.

En plenas consecuencias de esta década perdida del sistema sanitario, desde que la crisis afectó en 2010 al gasto sanitario público, llega una epidemia que pone en un compromiso tanto la capacidad del sistema sanitario para dar respuesta a unas necesidades muy intensivas de asistencia sanitaria como la capacidad de las estructuras de salud pública para desarrollar acciones que consigan hacer eso que se ha llamado “frenar la curva” y que no es más que disminuir la intensidad del número de contagios distribuyéndolos en un mayor periodo de tiempo para que el sistema sanitario pueda hacerles frente.

La epidemia del coronavirus no afecta igual a ricos y pobres, sino que impacta de forma preferente sobre quienes no tienen capacidad para comprar una butaca en la parte cómoda de las desigualdades sociales

El comienzo de las acciones contra la epidemia del coronavirus centradas en el sistema sanitario se centró en intentar aumentar la capacidad del sistema para hacer frente al incremento de casos que se avecinaba. Sin embargo, esa capacidad, especialmente tras una década de debilitamiento del sistema y en el contexto de un sistema paralelo privado con poca voluntad de colaboración, precisaba de acciones aplicadas sobre la colectividad, con mirada de salud pública, encaminadas a cambiar el ciclo natural de la epidemia y complementadas por políticas desde otros sectores para que el covid19 no se caracterice por ser un amplificador de las desigualdades sociales en salud ya existentes.

En resumen, solo desde la combinación de fortalecimiento previo de los sistemas de salud pública y los servicios sanitarios se puede dar una respuesta adecuada a una situación como la actual, y una vez dentro de ella, solo la acción de políticas a ambos niveles puede contener el daño a la salud y la amplificación de la desigualdad.

¿Es toda la salud pública paternalista?

En unas pocas semanas hemos visto cómo se pasaba de condenar por paternalistas las medidas anunciadas por el Ministerio de Consumo en relación a los impuestos a la comida basura, a exigir que las administraciones públicas tomen medidas coercitivas para limitar la libertad individual relacionada con el libre movimiento de las personas a lo largo del Estado español. Esta comprensión rápida de lo que históricamente han sido las políticas de salud pública, una aplicación más o menos consensuada del paternalismo en salud por parte del Estado ha sido artificialmente rápida, y ha cabalgado a lomos del pánico y la alarma social.

En tiempos de alerta epidemiológica, cabe abrazar miradas del paternalismo que se hagan pensando no solo en una orientación individual (“te prohíbo hacer esto porque es malo para tu salud”) sino colectiva y en primera persona (“nos prohibimos hacer esto porque es malo para la salud de todos”)

Sin embargo, más allá de eso, muchas de las medidas de salud pública bajo las que habitualmente nos comportamos y que con mucha frecuencia ocupan lugares importantes del debate público son profundamente paternalistas, entendidas como acciones que limitan la libertad  autonomía de una persona o un grupo para promover su propio bienestar o salud.

En tiempos de alerta epidemiológica, cabe abrazar miradas del paternalismo que se hagan pensando no solo en una orientación individual (“te prohíbo hacer esto porque es malo para tu salud”) sino colectiva y en primera persona (“nos prohibimos hacer esto porque es malo para la salud de todos”), y que trate de huir del autoritarismo que tan atractivo se presenta en épocas en las que se necesitan grandes certezas y acciones rápidez y sin lugar a la duda.

Más allá del paternalismo nos queda lo que es de todos

Recientemente, Alberto Garzón, ministro de consumo, decía en un programa de radio (Carne Cruda) que no estaba previsto prohibir los desplazamientos desde Madrid argumentando lo siguiente: “Hemos visto que por ejemplo en Madrid hay muchos desplazamientos y pedimos que no se hagan, pero no es una prohibición, es una recomendación. Tenemos que hacer prevalecer los derechos humanos y uno de ellos es la libertad civil”.

Este planteamiento nos lleva a que las limitaciones a las salidas de casa o las restricciones que se acabarán dando a la movilidad fuera de alguna comunidad autónoma podrán ser interpretada en términos de vulneración de los derechos humanos en vez de que implantación de medidas de salud pública encaminadas a limitar la libertad y autonomía individual de unos pocos para su propio beneficio y para el de la colectividad.

Las medidas iniciales sobre el cierre de centros escolares evidenciaron una mayor capacidad para actuar en nombre de la salud pública sobre el tejido “no productivo” (con muchas comillas) que sobre el productivo

Por otro lado, cambiando el marco desde el conflicto yo-nosotros al conflicto trabajo-vida, uno de los fenómenos que hemos visto desde que comenzaron a tomarse decisiones desde las instituciones ha sido su dificultad para actuar de forma decidida rompiendo dicho conflicto. Las medidas iniciales sobre el cierre de centros escolares evidenciaron una mayor capacidad para actuar en nombre de la salud pública sobre el tejido “no productivo” (con muchas comillas) que sobre el productivo, y cuando las medidas han llegado a este sector de la economía, la interpelación ha sido casi más individual que estructural.

El #QuédateEnCasa, que podría haber sido utilizado como el punto de unión entre las medidas del Estado para garantizar un recate social a los más perjudicados económicamente por esta crisis de salud pública y la responsabilidad individual para frenar un contagio en el que el vehículo epidémico somos cada uno, no ha de ser solo un mensaje al trabajador, sino que ha de unirse al mensaje de #DéjaleQuedarseEnCasa al empresario.

El #QuédateEnCasa no ha de ser solo un mensaje al trabajador, sino que ha de unirse al mensaje de #DéjaleQuedarseEnCasa al empresario

Quedarse en casa es reflejo de tener la capacidad de quedarse en casa, ya sea porque el puesto de trabajo permite su realización desde el hogar, porque las condiciones materiales que se tengan lo permiten o porque, simplemente, se dispone de casa. El énfasis en la responsabilidad individual dado desde la comunicación política de la crisis, abogando por un abordaje basado en recomendaciones y no en obligaciones o prohibiciones, oculta que esa responsabilidad descansa sobre la capacidad de poder asumirla, y que esta capacidad tiene un sesgo de clase social muy importante.

Dar la posibilidad a las personas de quedarse en casa es garantizar que todo el mundo percibirá un ingreso de emergencia o suspender el pago de los gastos que pueden llevar a la gente a la bancarrota tales como la hipoteca o los alquileres

Dar la posibilidad a las personas de quedarse en casa es garantizar que todo el mundo percibirá un ingreso de emergencia mientras esto dura, suspender el pago de los gastos que pueden llevar a la gente a la bancarrota tales como la hipoteca o los alquileres, asegurar que quienes tienen un puesto de trabajo no lo perderán y actuar sobre la relación de poder empresario-empleado que hace que incluso con las condiciones previas se puedan dar situaciones en las que el empleado quede desprotegido.

Una situación como la actual, con la salud de la población en el centro y la enfermedad como problema, debería ayudarnos a pensar políticas de salud pública que atraviesen todas las esferas de la vida para mejorarla, ya sea actuando sobre el trabajo, la igualdad de género, las políticas de renta, las educativas o las de urbanismo. La epidemia del coronavirus no afecta igual a ricos y pobres, sino que impacta, como todo en materia de salud, de forma preferente sobre quienes no tienen capacidad para comprar una butaca en la parte cómoda de las desigualdades sociales, y para eso debe de estar un Estado que se construya como instrumento de canalización de los consensos y reclamos populares, y no como correa de transmisión hacia abajo de los intereses de las élites económicas.