Comunidad de Madrid
La otra cara de la reducción de impuestos: Madrid ha aumentado su deuda con los bancos en 3.000 millones en 2020

Fiel a su libreto, el PP de la Comunidad de Madrid presume de las bajadas de impuestos en un contexto de crecientes críticas. Las más intensas han llegado esta semana por parte de los presidentes de las generalitats catalana y valenciana, que este 1 de diciembre coincidieron en denunciar la “competencia desleal de aquellos territorios que rebajan la tributación de las grandes fortunas para captarlas”. En septiembre, el informe “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, dirigido por dos investigadores de la Universitat de València, cuantificaba los beneficios y las desventajas de la política fiscal sostenida desde la crisis de 2008. Cada año se dejan de ingresar 4.100 millones de euros anuales, 638 euros por habitante. Ese “dumping” fiscal es el resultado de que Madrid, bajo los gobiernos populares, haya decidido bonificar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio hasta hacerlos casi desaparecer en la región. 

La realidad, sin embargo, se completa con un aspecto que ha pasado desapercibido. Los 4.000 millones que cada año deja voluntariamente de recaudar la Hacienda autonómica ─dirigida por Javier Fernández Lasquetty─ se compensan con el progresivo endeudamiento de la Comunidad de Madrid. Según los datos del Banco de España correspondientes a los dos primeros cuatrimestres del año, Madrid ha sido la comunidad que más ha optado por el acceso al crédito.

A lo largo del año, en paralelo al debate sobre los impuestos, se han ido lanzando emisiones cuyas facturas, en la mayoría de los casos, se acabarán de pagar en la década de los 40 y los 50

Hasta agosto, la Comunidad había lanzado obligaciones por importe de 2.177 millones de euros. El Boletín Oficial (BOCM) confirma que la tendencia se ha mantenido en el último tramo del año: la Comunidad ha emitido 3.254 millones en deuda hasta diciembre, no muy lejos de los 4.400 millones que tenía como límite de endeudamiento autorizado por el Gobierno.

Tres de esas emisiones, que suman 190 millones de euros, han sido lanzadas en noviembre, en los plazos para la construcción e inauguración del Hospital Isabel Zendal, inaugurado el martes 1 de diciembre por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El hospital, que todavía no está en funcionamiento, ha costado cien millones de euros, con un sobrecoste, es decir un gasto no presupuestado inicialmente, del 100%.

No obstante, la principal emisión de deuda, de 1.250 millones, se lanzó en febrero. A lo largo del año, en paralelo al debate sobre los impuestos, se han ido lanzando emisiones cuyas facturas, en la mayoría de los casos, se acabarán de pagar en la década de los 40 y los 50. Son un total de nueve emisiones, siete de ellas como obligaciones, una en forma de bonos y una emisión de pagarés, que se han realizado en febrero, marzo, abril, mayo, septiembre y noviembre.

Mientras el grueso de la deuda de las comunidades autónomas se han contraído con el Fondo de Financiación del Estado, Madrid ha optado en cambio por el endeudamiento en los mercados financieros

Casi el 10% de la deuda de Madrid ha sido contraída en 2020. Se trata de la tercera comunidad más endeudada, tras Catalunya y el País Valenciano, pero es la que más ha recurrido a la deuda en el año del covid y también la única que prioriza la financiación en los mercados frente a las obligaciones con la Hacienda pública.

En la última década, la deuda de Madrid ha aumentado en 21.000 millones de euros.

El recurso a los mercados

Las pocas veces que los dirigentes de la Comunidad de Madrid se han referido a la cuestión del endeudamiento han dado una respuesta fácil: Madrid no es la Comunidad más endeudada. De hecho, el porcentaje del PIB por persona destinado a deuda es menor en comparación a las autonomías con mayor volumen de endeudamiento. Sin embargo, hay una diferencia importante. Mientras el grueso de la deuda de las comunidades autónomas ─incluido el abultado endeudamiento de Catalunya─ se ha contraído con el Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, Madrid ha optado en cambio por el endeudamiento en los mercados financieros.

Los dos elementos fundamentales en relación al crédito son, por un lado, la cantidad y los plazos de devolución y, en segundo, quiénes son los acreedores: no es lo mismo que una administración deba cumplir plazos con la Hacienda pública que tener una deuda con la banca privada o con fondos de inversión. Las condiciones para negociar plazos, postergar o negociar impagos dependen finalmente del interés, o no, de los acreedores en que una administración tenga capacidad de maniobra. 

El Fondo de Financiación a las Comunidades Autónomas, creado en 2014 para el acceso a medidas extraordinarias de liquidez, establece una serie de garantías de control conjunto y de supervisión de las cuentas, pero al mismo tiempo ─y pese a las controversias en la evaluación del reparto de cargas─ actúa no tanto por la lógica de los intereses de los mercados sino como garantía de financiación de último recurso por parte de las Comunidades. Este es uno de los motivos por los que la Comunidad de Madrid decidió explorar la vía de la financiación en los mercados financieros después de que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara, en 2018, el procedimiento para la salida gradual a los mercados financieros.

En el caso de los mercados de deuda, el ejemplo principal de lo que sucede cuando la calificación de la deuda cae o se duda del potencial para hacer frente a los créditos lo sufrió Grecia en su pugna con Alemania, la Comisión Europea y los propios mercados financieros en el ciclo 2010 y 2015. Los mercados atacaron la deuda soberana del país, también la deuda italiana y la española, y esto tiene aún consecuencias en materia de recortes de servicios públicos y venta de activos estratégicos.

Incluso cumpliendo los pagos, el recurso al endeudamiento que promueve el PP de Javier Fernández Lasquetty supone trasladar a las generaciones futuras los problemas derivados de la renuncia a armonizar la recaudación con el resto de comunidades. Una renuncia de la que estas semanas está haciendo gala el Gobierno de Díaz Ayuso.