Cárceles
Los presos políticos seguirán encarcelados pese al riesgo de contagio por coronavirus dentro de prisión

Nombre: Denis. Edad: 78 años. Estos han sido los únicos datos que han trascendido sobre la primera presa muerta por coronavirus en el Estado español. Tanto colectivos sociales como instituciones, e incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS), instan a los gobiernos a tomar medidas inmediatas para evitar la propagación del virus dentro de las prisiones. Las cifras a 25 de marzo, tambaleantes día a día, hablan sobre la magnitud de la situación en todo el Estado: diez presos positivos en el país y 38 casos sospechosos en Catalunya, 51 trabajadores de prisiones con positivo en Covid-19, 343 presos aislados en cuarentena y, obviando a la región catalana, 260 trabajadores ligados a las cárceles también en cuarentena.

Varias son las voces que alertan de la delicada situación en la que se encuentran los más de 59.000 reclusos que pueblan las cárceles  a lo largo y ancho del Estado, unos lugares en los que, “si entra el coronavirus, va a pasar como en las residencias, va a ir de a hecho”, en palabras de Paco Llamazares, secretario general de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP). El Movimiento Antirrepresivo de Madrid (MAR Madrid) defiende la misma opinión y, aprovechando la coyuntura, ha iniciado una campaña por la excarcelación de los presos políticos enfermos y ancianos basándose en la situación de riesgo a la que se exponen en el caso de que el contagio entre masivamente en las cárceles.

Según los últimos datos accesibles de la Administración General de Estado que se refieren a enero del presente año, en las cárceles viven recluidas 2.103 personas que superan los 60 años de edad. Por su parte, Marco Fernández, portavoz del MAR Madrid, cifra en 300 los presos políticos, y es a ellos a quienes está dirigida la campaña que han puesto en marcha: “Se trata de una acción que tiene que hacer cada preso y cada abogado de manera individual; ese es el problema de las vías oficiales que deja la política penitenciaria, que te obliga a fragmentarlo”, denuncia el activista.

Aunque esta medida tan solo la pueden pedir para los presos políticos que se configuran como población de riesgo, ya sea por su estado de salud o su elevada edad, Manuel Pérez Martínez, conocido como el ‘Camarada Arenas’, constituye una de las figuras más simbólicas que cumple con los requisitos y hacia la que han orientado especialmente sus esfuerzos debido a que “el Régimen también se ceba más con él que con otros presos políticos al ser considerado el ‘máximo líder’”, tal y como declaran desde el MAR Madrid.

Diego Herchhoren, abogado del secretario general del ilegalizado PCE(r), que lleva 20 años encarcelado, explica que en el caso de Arenas, con problemas de neumonía, de visión y complicaciones en la columna vertebral, invocan dos herramientas que permiten su excarcelación. Por un lado, el artículo 104 del Régimen Penitenciario, que se refiere a la posibilidad de salir de prisión si el recluso sufre enfermedades graves y, por otro lado, “la instrucción que crea Fernando Grande-Marlaska a finales de 2018 mediante la que se excarceló a Eduardo Zaplana aduciendo que estaba enfermo”, en los términos del letrado.

Pero su historia viene de lejos. “Desde hace tiempo venimos solicitando a Instituciones Penitenciarias y al Juzgado central de vigilancia penitenciaria que Pérez Martínez pueda ser explorado por un médico de confianza de la familia, algo a lo que tenemos derecho. Esta petición, que iniciamos en septiembre del 2019, aún no ha sido respondida, pese a que la hemos reiterado hasta en siete ocasiones sin que el juzgado haya dado trámite a la queja”, comenta el defensor del recluso. Y la historia continua: “El propio juzgado de vigilancia penitenciaria tampoco nos da acceso a los informes médicos internos de la prisión utilizando argumentos de lo más peregrinos, como que en el juzgado no hay escáner o fotocopiadoras”, se queja Herchhoren. El propio letrado alude a una inquina especial con este tipo de presos ya que, comparativamente, “en el caso de la Gurtel ha habido excarcelaciones por problemas de salud menores a las que han accedido sin ningún problema”.

Un familiar del ‘Camarada Arenas’ declara a El Salto que Pérez Martínez tiene prevista su excarcelación para el 2031, y se muestra tajante de cara a esta realidad: “Ahora mismo tiene 75 años, así que no creo que salga vivo si no le sacamos antes”. En este sentido, el gran problema que se manifiesta a la hora de llevar a buen puerto los trámites de la excarcelación de este tipo de presos es la obligatoriedad del arrepentimiento al que el Estado les obliga: “El pedir perdón significa condenar tu propia lucha y la de tus compañeros que la continúan fuera, legitima la represión y aceptas que lo que has hecho está mal”, comenta Fernández.

“No acceden a la excarcelación porque este colectivo no cede al arrepentimiento ni a cubrir los costes de la responsabilidad civil, así que se produce un bucle en el que ni el Estado cede ni los presos tampoco”

“No acceden a la excarcelación porque este colectivo no cede al arrepentimiento ni a cubrir los costes de la responsabilidad civil, así que se produce un bucle en el que ni el Estado cede ni los presos tampoco”, agrega el familiar de Pérez Martínez. Herchhoren no se olvida tampoco del caso de Manuel Arango, también encarcelado por militar en el PCE(r), que a sus 72 años sufre de una grave curvatura en la columna vertebral que le impide caminar erguido y hace imprescindible el uso de muleta durante su presidio. A Arango, que le quedan menos de dos años de prisión por cumplir, le pasa lo mismo que al ‘Camarada Arenas’: se niega a arrepentirse. De hecho, además del arrepentimiento, en alguna ocasión también le han solicitado colaborar con las fuerzas de seguridad para acceder a la excarcelación, según Herchhoren, y agrega que “en ningún reglamento penitenciario se contempla esa medida de colaboración”.

Este hecho entronca directamente con la lucha que siempre han desarrollado desde el MAR Madrid buscando la amnistía total frente al indulto: “Hasta que consigamos la amnistía, estamos reclamando la libertad de los reclusos más mayores y enfermos por razones humanitarias. Pedir el indulto significaría reclamar una medida de gracia al Estado, legitimándole. Sin embargo, con la amnistía sucede al contrario; aquí es el Estado el que reconoce haberse equivocado y que el delito haya consistido en el hecho de haber estado preso”, según aclara Fernández, que resume la situación agregando que “se trata de que salgan, pero que salgan con la cabeza alta”.

Él mismo comenta que España es de los pocos Estados de Europa que tiene el trámite del arrepentimiento en su política penitenciaria. Asimismo, el militante antirrepresivo compara la situación con Italia, donde “a muchos presos los han liberado, les han puesto vigilancia telemática con pulseras de seguimiento y les han permitido irse a sus casas con su familia mientras dure todo esto”, en sus propias palabras. Al respecto, la OMS y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa también se han pronunciado. En una guía que han publicado conjuntamente, recogen que lo adecuado, dada la situación actual, es explorar alternativas al encarcelamiento, tales como la libertad anticipada y condicional, la conmutación de sentencias y reevaluar el internamiento involuntario de pacientes con problemas mentales.

Según la institución supranacional, las prisiones son “una fuente de infección, amplificación y extensión de enfermedades infecciosas dentro y fuera de ellas”, además de que aseveran con rotundidad que “la salud de la cárcel es de esta manera un asunto de salud pública”. De esta forma, algunos Estados europeos se han puesto manos a la obra. Según compendia el bufé de ahogados Red Jurídica, Nueva Jersey (EEUU)  ha suspendido o retrasado las penas de prisión de mil personas condenadas, para evitar someterlas al riesgo de contagio de coronavirus; Irlanda ha liberado anticipadamente a 200 personas presas; y Finlandia suspende todas las penas de menos de 6 meses de prisión durante un periodo de 3 meses.

En Estados Unidos también han empezado a tomar medidas, algunas ya conocidas en España desde hace dos semanas, tales como prohibir las visitas de los familiares, cerrar los talleres y actividades que se llevaban a cabo en el interior de la cárcel y extremar las precauciones entre los reclusos, aunque “si quisieras establecer una situación que promueva la transmisión rápida de un virus respiratorio, diría ‘prisión’: son celdas cercanas unas a otras, insalubres y personas con contacto frecuente“, según declara al New Yorker el profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Yale, Gregg Gonsalves, quien ha investigado el acceso al tratamiento para la hepatitis C en las cárceles estatales estadounidenses.

“Sabemos que somos nosotros los principales portadores que ahora podemos meter al coronavirus en la cárcel, una zona de riesgo porque la gran mayoría de la población reclusa tiene problemas de salud y supera los 50 años, por eso pedimos que nos equipen con mascarillas y guantes”

En el Estado español hay pocas esperanzas: “Si la gestión que hay aquí en torno a los presos políticos es de dispersión, aislamiento y desatención sanitaria, no creo que esto cambie las cosas”, declara Fernández. Llamazares, el máximo representante de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), también alude a la situación sanitaria: “Sabemos que somos nosotros los principales portadores que ahora podemos meter al coronavirus en la cárcel, una zona de riesgo porque la gran mayoría de la población reclusa tiene problemas de salud y supera los 50 años, por eso pedimos que nos equipen con mascarillas y guantes”.

Llamazares atestigua que “la gran parte de los reclusos, si no es por edad, la mayoría tiene complicaciones de salud graves (hepatitis, sida, problemas de riñón y corazón…), por lo que constituyen un grupo de riesgo grandísimo”, una realidad que le lleva a pensar que “en cuanto el coronavirus entre en un módulo, arrasará”. Su reclamación está clara: “El virus está fuera de las prisiones. Si seguimos sin protección, lo más normal es que un funcionario o personal laboral lo pueda meter dentro”, ya que, tal y como él explicita a El Salto, “han tardado la vida en poner gel desinfectante y algunos centros aún ni lo tienen”.

Esta campaña que acaba de iniciarse y aún de corto recorrido se ve con poca esperanza por los propios impulsores. Tanto el familiar de Pérez Martínez, como el abogado, como el portavoz del movimiento antirrepresivo, coinciden en que la institución penitenciaria en el Estado español no va a ceder con estos casos de presos políticos. Herchhoren pone la mirada en el ámbito internacional: “Como no confiamos en que surta ningún efecto en las autoridades españolas, acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. El familiar del actual secretario general del PCE(r) en prisión alega que “es importante hacer hincapié en la denuncia previa, porque como nos tememos lo peor en el caso de los presos mayores, esperamos que al menos quede constancia de que la situación se podría haber evitado”.

Parecidas son las declaraciones de Fernández, que representando al MAR Madrid alude a la responsabilidad del aparato estatal: “Hay que decirles que todo lo que pase dentro de las prisiones será su culpa, al cien por cien. Lo saben, se les ha avisado, tienen la posibilidad de tomar medidas humanitarias mínimas y no lo están haciendo”, comenta el activista antes de afirmar que “si tienes una política penitenciaria que es de venganza, destrucción y castigo hacia los presos políticos, poco se puede esperar”.